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No puedo iniciar esta reflexión sin reconocer que para mí ha sido un honor haber sido parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer gobierno progresista en más de 200 años de vida republicana. Mis aportes los hago con el mayor respeto a este proceso de cambio que vive el país, y desde un profundo agradecimiento por la oportunidad de haber contribuido, desde el Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a una agenda que recoge luchas históricas y aspiraciones colectivas. Ha sido también un tiempo de enormes aprendizajes: sobre las posibilidades y los límites de la acción estatal, sobre la complejidad de transformar estructuras profundamente arraigadas, y sobre la necesidad de seguir tendiendo puentes entre el Estado y los territorios. Me llevo la convicción de que estos procesos, aun con sus tensiones, son imprescindibles para abrir caminos hacia una sociedad más justa, democrática y en paz con la naturaleza. Arranco este análisis situando esta reflexión en un plano más general. Mi paso por el viceministerio me permitió ver desde dentro algo que muchas y muchos ya intuíamos: la institucionalidad ambiental en Colombia está atravesada por profundas tensiones estructurales.
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