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Utilidad Pública: la deformación de un concepto a costa del bien común. Análisis en Colombia.

/ Diciembre 01 de 2021 / Este artículo ha sido consultado 289 veces

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Las actividades extractivas cobran cada vez más fuerza en América Latina poniendo en riesgo la permanencia en los territorios de las comunidades afectadas con su implementación, la integridad de éstos y la garantía y realización de derechos. Esta tendencia se ha consolidado en América Latina y en Colombia, aun cuando la Constitución Política contiene orientaciones para la garantía y protección del bien común, el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, la protección del ambiente, la biodiversidad y el conocimiento tradicional, como forma de garantizar a las poblaciones el disfrute de sus derechos fundamentales y el bienestar colectivo.

Esta noción de bien común viene siendo un elemento en disputa, en donde se entremezclan elementos de justicia, necesidad, ley y la definición misma de bien común. Mientras el Estado colombiano justifica sus políticas extractivas como una necesidad  inexorable para el desarrollo, la inversión y otorga títulos y concesiones a las empresas para legitimar sus operaciones, las comunidades reclaman la protección de sus territorios, los ecosistemas, el agua, las semillas, el alimento, el respeto a sus formas de vida y su derecho a decidir sobre estos elementos, que son entendidos como bienes comunes de los pueblos. 


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Publicado en Diciembre 01 de 2021| Compartir
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