Desde hace dos décadas, Colombia viene perdiendo su autonomía en la producción de alimentos. La disminución drástica de producción nacional ha afectado especialmente a los pequeños agricultores, quienes, históricamente, y aún hoy, siguen sustentado gran parte de la seguridad alimentaria del país. En la actualidad los pequeños agricultores son los responsables del 70 % del área cultivada de maíz en el país, del 89% de la caña panelera, del 80 % del fríjol, del 75.5 % de las hortalizas y del 85 % de la yuca, entre muchos otros productos. En el año 2011 Colombia importó 9.000.000 toneladas de alimentos básicos como maíz, soya, arroz, trigo, sorgo, ajonjolí, ajo y cebolla, frutales, plátano, cacao, lácteos, cárnicos, entre otros. En la última década se incrementó fuertemente la importación de maíz. Para el año 2011 ingresaron al país más de 2.800.000 toneladas de este alimento, lo que corresponde al 85 % del consumo nacional. El área total sembrada de maíz fue de 605.700 hectáreas (350.000 hectáreas con maíz tradicional y 255.700 hectáreas con maíz tecnificado), y la producción total fue 1.715.000 toneladas (ICA, 2011).
El cultivo de algodón transgénico (Bt y algodón RR de Monsanto) fue aprobado por el ICA en 2002. Hasta la fecha, en el país, ha sido aprobada la siembra comercial de ocho variedades de algodón transgénico. Adicionalmente, en 2007, el ICA dio luz verde a siembras comerciales “controladas” de tres variedades de maíz GM y luego, desde 2008, a la siembra de otros cuatro tipos de maíces GM. Los maices aprobados son: Yieldgard (Bt) - Roundup Ready (RR) - Yieldgard II x RR - Bt-11 - GA21 de Monsanto y Herculex I y Herculex + RR de la empresas Dupont. El CA autorizó, además, las investigaciones de cultivos transgénicos de papa, caña de azúcar, pastos, soya, café, arroz y yuca, entre otros.
Las autorizaciones para la siembra y consumo de organismos transgénicos en el país se realiza mediante el decreto 4525 de 2005, que reglamenta el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad (Ley 740/02). Esta norma crea tres comités técnicos de Bioseguridad (CTNbio) independientes[1]. Este decreto no incluye evaluaciones de bioseguridad integrales, en aspectos ambientales, socioeconómicos y de salud. Adicionalmente, en el proceso de aprobación de cultivos transgénicos, no se realizó consulta previa ni se consideró la participación del público, como lo estipula el Artículo 23. de la Ley 740/02.
Según los estudios taxonómicos sobre maíz más completos realizados en Colombia[2], en el país existen 23 razas de maíz. De cada una de estas razas, las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas han desarrollado, conservado y utilizado cientos de variedades criollas de maíz adaptadas a las diferentes condiciones ambientales y culturales de las diferentes regiones del país. El ICA, autorizó la siembra de maíces transgénicos en todo el territorio nacional; pero prohibió su cultivo en los resguardos indígenas. Se estableció que deben sembrarse a una distancia de separación mínima de 300 metros de los resguardos, distancia a todas luces ineficaz para proteger las semillas criollas de la contaminación genética proveniente de los maíces transgénicos[3]. También la contaminación puede provenir del maíz importado para uso alimentario que llega a los agricultores, mediante los programas de fomento agrícola y ayuda alimentaria. Igualmente la contaminación puede llegar a través de prácticas de intercambio y ensayo de semillas provenientes de otros lugares, que permanentemente realizan los indígenas y campesinos. El ICA no consideró ninguna restricción para la siembra de maíz GM en territorios campesinos, quienes constituyen más del 61 % de la comunidad maicera nacional, quedando totalmente desprotegidas de la contaminación las variedades criollas que han compartido los campesinos e indígenas por mucho tiempo.
El área total sembrada de maíz transgénico en el país aumento de 6 mil hectáreas en año 2007 a 38.896 hectáreas en 2010. La mayor área se estableció en el Valle del Cauca con 10.658,5 hectáreas; luego Córdoba con 9.339.6 hectáreas; le siguen el Meta con 6.167.7 hectáreas y el Tolima con 6.600 hectáreas. En el año 2011 se sembraron 59.239 hectáreas, Los departamentos con mayores áreas fueron Tolima 19.642,7 has, Meta 12.817,3 has, Valle 11.296,7 has, Córdoba 9.500 has y Cesar 8.415 has. En el primer semestre de 2012 el ICA reporta que se sembraron 49.710 has de maíz transgénico, solo para el departamento de Córdoba se establecieron 15.506 has. Las semillas de maíz transgénico utilizadas corresponden a las tecnologías Herculex I 15.983,8 has y Herculex I x RR, 7.786,9 has, de la empresa Dupont; y también las semillas de las variedades Yieldgard x RR, 9.437,4 has, Roundup Ready 2.757,5 has, Yieldgard 1.822,4 hectáreas, y Bt11 1.107,9 hectáreas, de Monsanto (ICA, 2011)
Si se analiza el área total de maíz sembrado en el país, con respecto al área establecida con maíz transgénico, se observa que el maíz modificado genéticamente solo representa el 9.7% del área. Pero si se compara el área de maíz transgénico con respecto el área de maíz tecnificado, representa el 23% del área. Aunque todavía no se ha masificado la siembra de maíz transgénico en todo el país, en algunas regiones representa un área significativa, que hace que la contaminación genética de las variedades criollas es muy probable que este muy extendida, como lo demuestra un estudio realizado en el valle del San Juan Tolima, por la el grupo de ingeniería genética de la Universidad Nacional [4].
Gráfico 1. Área sembrada con maíz transgénico en Colombia 2007 – 2011 - AGROBIO, 2012 En 2011 se sembraron 59.239 Hectáreas de maíz transgénico
El Consejo Técnico Nacional de bioseguridad (CTN Bio de Salud), y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aprobaron, desde 2005, mediante la expedición de registros sanitarios, diecisiete alimentos derivados de cultivos transgénicos de las empresas Monsanto, Dupont y Syngenta, para el consumo humano. De estos, siete registros corresponden a productos derivados de maíz, y otros ocho maíces están en trámite para su aprobación. Las empresas biotecnológicas han logrado que en el país sean aprobados productos derivados de maíz (Bt y RR), soya (RR), algodón (Bt y RR), trigo (RR), remolacha RR, y de otros cultivos, tanto para consumo humano, como materia prima para alimentación animal[4] .
Los registros sanitarios otorgados por el Invima, para la comercialización de estos productos alimentarios, se autorizaron sin realizar rigurosas evaluaciones de bioseguridad sobre los riesgos en salud humana y animal. En el país no se han realizado evaluaciones de riesgos de toxicidad, alergenicidad, y demás pruebas que garanticen su seguridad. El Invima se ha limitado a homologar y sacar conclusiones sobre estos alimentos, a partir de los estudios que le entrega la compañía solicitante al CTN Bio de Salud. En Colombia estamos importando masivamente alimentos sin realizar ningún tipo de separación y etiquetado, por lo cual es imposible evitar la entrada de productos transgénicos a la cadena alimentaria; quitándonos a los consumidores el derecho de poder decidir de forma libre e informada si aceptamos o no que los alimentos transgénicos entren a nuestra alimentación.
En el país se aprobó la siembra comercial del algodón Bt desde 2002, se sembraron 2000 hectáreas. Posteriormente, en 2003, se autorizó el algodón Roundup Ready (RR) y en 2006 se introdujo la tecnología conjunta de algodón Bt y RR (semillas de propiedad de Monsanto). En 2011 se sembraron 49.334 Hectáreas de algodón transgénico en el país, Los departamentos con mayor área sembrada fueron Córdoba 20.390 hectáreas, Tolima 10.847 hectáreas, Cesar 8.415 hectáreas y Sucre 3.109 hectáreas (ICA, 2012).
La aprobación de la liberación comercial del algodón Bt en Colombia se hizo a través de procedimientos irregulares por parte del ICA y de Monsanto. No se realizaron estudios completos y necesarios para garantizar una seguridad total. Luego de la aprobación de la siembra del algodón Bt, se interpusieron por parte de varias organizaciones de la sociedad civil dos acciones populares. El Consejo de Estado falló en febrero de 2005 en una de estas demandas, y ordenó que todas las solicitudes para cultivos transgénicos aprobados posteriores a la expedición de la ley 740, que adopta el Protocolo de Cartagena de bioseguridad, tienen la obligación de tramitar “Licencia ambiental” ante el Ministerio de Ambiente. El gobierno, sin embargo, en las aprobaciones de cultivos transgénicos posteriores a este fallo, ha desconocido la obligación de este trámite.
Luego de una década de siembra comercial de algodón transgénico en Colombia, han surgido muchos problemas e impactos negativos de esta tecnología, especialmente en Córdoba y Tolima, que son las dos regiones más algodoneras del país. En el Tolima en el año 2008 se sembraron 3.902 hectáreas de algodón GM, fueron de la variedad DP 455 BG/RR de Monsanto. Se perdió entre el 50 y el 75% de la producción, las pérdidas ascendieron a cerca de 20 mil millones de pesos y más de mil productores se vieron afectados. Según Monsanto, la mala cosecha se debió al exceso de agua y alta humedad y a problemas de manejo agronómicos de los agricultores. Por su lado, los agricultores consideraron que las causas obedecieron a la baja calidad de la semilla. Monsanto le prometió a los agricultores que el Bt iba a disminuir el uso de plaguicidas, y que controlaría entre el 50 y 70 % de la plaga Spodoptera spp, pero en realidad controló menos del 10 %. Adicionalmente en la región se presentó resurgencia del Picudo, requiriéndose hasta seis aplicaciones de insecticidas para controlar esta plaga. (Varon, B. Óscar, El Nuevo día, 2008, 2009; Conalgodón, 2009)
En Córdoba y Sucre, en el semestre 2009 B se sembraran 7.101,7 hectáreas con algodón transgénico Bt/RR. Según Conalgodón, en 2009 en la región se perdió el 15% de la cosecha, 2.400 agricultores tuvieron pérdidas en 7 mil hectáreas, por más de 7 millones de dólares. El algodón transgénico obtuvo un rendimiento de 1.762 kg/ha, mientras que el algodón no transgénico llego hasta 2.027 kg/ha. El precio de la semilla GM fue cuatro tres veces mayor que la semilla tradicional de algodón. Monsanto le prometió a los agricultores que el algodón Bt les reduciría significativamente el consumo de plaguicidas; pero el 70 % de los plaguicidas que utilizan los agricultores es para el control de plaga Picudo (Anthonomus grandis), la cual no es controlada por el Bt. A pesar de estas dificultades con el algodón GM muchos agricultores sembraron estas semillas porque no había disponible en el mercado semillas convencionales. Luego de las denuncias públicas realizadas por el gremio de los algodoneros, la Confederación Colombiana del Algodón, Conalgodón, le solicitó al ICA aplicar las sanciones a Monsanto por engaño a los agricultores. Finalmente, en 2010 el ICA le impuso una multa por 515 millones de pesos, por información errónea, engañosa de la semilla DP 164 B2RF de Monsanto (Portafolio.com, 2010).
En la cosecha de 2012 en Córdoba, mas de 4.000 familias y empresarios de algodón se quebraron, por las deudas acumuladas, por el invierno de los últimos años y por el fracaso de la semillas transgénicas. En la región el rendimiento de la cosecha fue de 1.400 Kg/hectárea, pero el punto de equilibrio fue de 2.400 Kg/ hectárea, por lo que los agricultores perdieron 72.000 millones de pesos. Luego del colapso que se presento con la cosecha de algodón, los productores no quieren saber de las semillas transgénicas; pero la estrategia que ha utilizado Monsanto ha sido retirar del mercado las variedades convencionales como la Delta Opal 90, e insólitamente Corpoica tampoco tiene disponible sus semillas no transgénicas M-123 y Sinuana; por lo que la mayoría de los agricultores se vieron obligados a sembrar solo semillas GM. Es así como para la siembra de 2011-2012, el 83 % de la siembra fue con semilla transgénica y solo el 17 % semillas convencionales.
Al presentarse el fracaso de la cosecha de 2012, tanto los pequeños como grandes productores de algodón, masivamente realizaron una protesta y bloqueo de la troncal de la costa en marzo 1 de 2012. Aunque el Ministro de agricultura les prometió ayudarlos para salir de la quiebra, hasta hoy día no se ve solución al problema y mientras tanto los agricultores tienen la soga al cuello de las manos de los bancos y de Monsanto.
Lo sucedido con el algodón, ha sido una “crónica de una muerte anunciada”, Esperemos que esta triste historia que le ha ocurrido a los algodoneros no se repita con los millones de agricultores de maíz en el país, puesto que en varias regiones muchos productores de maíz principalmente grandes y medianos, están maravillados con estas semillas, porque les da buena rentabilidad, pero se niegan a mirar los impactos ambientales sobre la enorme diversidad de semillas criollas que existe en el país y los impactos socioeconómicos y culturales que puede generar estas tecnologías. Ojala que los agricultores que tienen una cultura de maíz, reaccionen y adopten acciones para defender el maíz como patrimonio estratégico de la nación y no reaccionen cuando ya todo este consumado y estemos esclavizados por las empresas semilleras.
En muchas regiones del país las organizaciones indígenas y campesinas, las ONG, los movimientos sociales y ambientalistas, tienen una posición crítica sobre los organismos transgénicos y para enfrentar estas tecnologías están implementando acciones como:
• Recuperación, manejo e intercambio local de las semillas nativas y de los sistemas productivos tradicionales y agroecológicos libres de semillas transgénicas.
• Alianzas y campañas entre diferentes sectores sociales para articular acciones en defensa de la soberanía alimentaria.
• Demandas judiciales en contra de la introducción de cultivos transgénicos.
• Rechazo a los programas agrícolas de fomento y ayuda alimentaria que promuevan o utilizan semillas y alimentos transgénicos.
• La declaración de zonas y territorios libres de transgénicos, en diferentes regiones del país.
• Exigencia al Estado de etiquetado de productos transgénicos y acceso a información completa y veraz, sobre los riesgos de los cultivos y alimentos transgénicos.
El pueblo indígena Zenú, ubicado en el resguardo de San Andrés de Sotavento en Córdoba y Sucre, se consideran una cultura “de maíz”, puesto que poseen 27 variedades criollas de de maíz. Es así como que en el año 2005 declararon su territorio libre de transgénicos (RECAR, 2005). Igualmente en 2009 el resguardo indígena embera de Cañamomo, en Riosucio Caldas, declaró su resguardo libre de transgénicos (Resguardo Cañamomo, 2009); y también adoptaron una decisión similar, los resguardos paeces del Huila y el resguardo de Mayamangloma en la Guajira.
Teniendo en cuenta la forma irregular como se ha aprobado la siembra de varios tipos de maíces transgénicos en el país, el Grupo Semillas, en mayo de 2007, presentó ante el Consejo de Estado, dos “Acciones de Nulidad” a las autorizaciones del ICA para las siembras controladas del maíz Bt YieldGard de Monsanto y maíz Herculex I de Dupont. El argumento central de estas demandas fue que en el proceso de aprobación de estas siembras, no se realizaron consultas previas con las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. También el Grupo Semillas interpuso una Acción de nulidad del Decreto 4525, que reglamenta el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad en el país. Actualmente estas demandas están en curso en el Consejo de Estado.
Si el gobierno de Colombia quisiera proteger la agrobiodiversidad de la cual el país es centro de origen, de la contaminación genética por semillas transgénicas, debería en aplicación del Principio de Precaución, declarar “el territorio nacional libre de transgénicos”, como única posibilidad de poder garantizar la seguridad ambiental, socioeconómica y la salubridad pública.
[1] Estos comités son: CTNbio Agrícola, a cargo del Ministerio de Agricultura, el cual aprueba transgénicos de uso exclusivo agrícola; CTNbio Ambiental, a cargo del Ministerio de Ambiente, aprueba transgénicos para uso exclusivo ambiental, y CTNbio de Salud, a cargo del Ministerio de la Protección Social que aprueba transgénicos de uso exclusivo para la salud y para alimentación humana
[2] Trabajos de Roberts et al (1957) y Torregrosa (1957).
[3] Estudios científicos realizados en Europa, Estados Unidos y México muestran que la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos es imposible, puesto que una vez liberadas al ambiente las semillas transgénicas, la contaminación genética de las semillas criollas es inevitable. Esto ocurre porque el polen es arrastrado por el viento a varios kilómetros, cuando se presentan condiciones de convección y/o vientos fuertes y, también, por la polinización realizada por abejas que pueden viajar hasta diez kilómetros.
[4] Kelly Avila, Alejandro
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