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La historia reciente del sur de Bolívar está signada por la lucha de sus pobladores en defensa de su territorio contra los intentos de despojo de los recursos naturales, particularmente del oro que contiene el subsuelo de esta región.
Geográficamente la región se caracteriza por una cadena montañosa que forma la serranía de San Lucas que a su vez está rodeada por los ríos Cauca y Magdalena. Administrativamente está compuesta por veinte municipios y su principal actividad económica es la explotación de oro, de cuya labor se encargan los pequeños mineros que habitan la región desde hace varias décadas.
Según las cifras oficiales la producción de oro de la región fue, durante los años 2008 y 2009, de 860 kilos de material. Aunque esta cifra no es muy confiable debido a que se calcula sobre la base de las regalías declaradas en cada uno de los municipios y una práctica común allí es que los compradores declaran el oro allí donde les ofrezcan cierto tipo de incentivos, generalmente económicos, por lo que el oro sur bolivarense puede aparecer declarado en Santander, Córdoba o Antioquia por poner unos pocos ejemplos. Sin embargo, es importante destacar la cantidad de oro declarada así no corresponda a la realidad, porque muestra que las reservas de oro de la región son altas, más si se tiene en cuenta que ese oro es extraído de manera artesanal casi en su totalidad.
El oro del sur de Bolívar ha despertado la codicia de las grandes compañías mineras nacionales y extranjeras, que no han escatimado esfuerzos para apropiarse de éste al costo que sea, contando para ello conla complacencia de las autoridades estatales, que actúan como cómplices de la voracidad de las empresas. En una combinación perversa de “todas la formas de lucha”, han intentado desalojar a los pequeños mineros de esta región para poder desarrollar sus actividades extractivas a gran escala.
Hace aproximadamente 15 años mientras en los estrados judiciales la familia Illera Palacio junto a las empresas canadienses Conquistador Mines y Corona Goldfields intentaban apropiarse de las más importantes zonas de producción de oro ubicadas en San Pedro Frío, jurisdicción de los municipios de Santa Rosa, Morales y Montecristo; los paramilitares rodearon la región, asesinaron varios líderes agromineros y miles de pobladores, quemaron caseríos completos y bloquearon el ingreso de alimentos, medicamentos e insumos para la minería. Así nos presionaron durante casi seis años para que abandonáramos nuestra tierra.
Ante el fracaso de la presión armada ya que resistimos el bloqueo y logramos romperlo, y como parte de uno de los tantos acuerdos firmados con diferentes gobiernos, el gobierno de Andrés Pastrana, de manera engañosa puso en ejecución un proyecto según el cual podríamos legalizar la actividad minera artesanal que desarrollamos y obtener una serie de mejoras en la forma como trabajamos para mejorar nuestra productividad. Este proyecto se denominó “Integración de Áreas Mineras” y era ejecutado de manera conjunta por Minercol y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. Durante el tiempo de ejecución del proyecto nos hicieron creer que este era una real alternativa para nuestro mejoramiento económico y social y sobre la base de esa promesa les permitimos conocer la región, recorrerla y estudiarla. Al terminar su labor, muy pocos de los compromisos adquiridos con nosotros se hicieron realidad, sin embargo para quienes estaban interesados en la explotación minera a gran escala, los resultado no pudieron ser mejores: tuvieron en sus manos los informes de los estudios que permitían conocer geológica y geográficamente la región y sus reservas auríferas.
Los funcionarios que con tanta astucia lograron engañarnos y hacerse, en muchos casos nuestros amigos, pasaron directamente a trabajar con la multinacional Anglogold Ashanti que de inmediato presentó solicitudes para exploración minera en casi la totalidad de la región. De la mano de la Anglogold llegó la militarización de nuestras tierras, la fuerza pública arribó allí a tratar de convencernos por las buenas o por las malas de los “beneficios” que nos traería la llegada de la multinacional a la región. La empresa ofreció asociarse con nosotros, este ofrecimiento consistía en que tendríamos derecho al 10% del total de la producción y de este porcentaje se nos descontarían proporcionalmente los gastos en los que se incurriera para la producción. La fuerza pública ha sido menos sutil, presiona, señala, amenaza, judicializa, asesina, hostiga y genera división al interior de las comunidades.
Más recientemente han ido invadiendo nuestro territorio con retroexcavadoras que a su paso van destruyendo bosques, fuentes de agua y el tejido social. Las autoridades, aunque sean actividades ilegales, miran para otro lado. Saben perfectamente que de funcionar esta estrategia de destrucción, los beneficiarios serán aquellos que desean fervientemente vernos fuera de la región.
La arremetida oficial contra las comunidades ha sido sangrienta y dolorosa, miles de hombres, mujeres y niños hemos sufrido en carne propia la agresión de quienes constitucionalmente tienen la obligación de velar por nuestras vidas. Pero han encontrado unas comunidades dignas y siempre dispuestas a defender lo que hemos construido y que según nuestra consideración, debe estar al servicio de todos y no de unos cuantos.
En 1998, cuando la represión hacía sus primeros estragos, nos movilizamos masivamente en lo que se ha conocido como el Éxodo Campesino. Durante 103 días más de 12.000 personas salimos hacía San Pablo, Barrancabermeja y Bogotá. Denunciamos lo que estaba pasando en nuestra región y obligamos al gobierno del presidente Pastrana a negociar con los campesinos y mineros. Poco de lo acordado fue cumplido pero lo más importante fue mostrarle al país quiénes éramos y qué tipo de crímenes se estaban cometiendo contra nosotros. Al regresar a nuestros caseríos la represión se incrementó, los crímenes no se detuvieron, pero nos mantuvimos firmes.
Nos declaramos como “Comunidades en Resistencia”, que por una parte nos ne - gábamos al desplazamiento forzado, pero que por otra avanzábamos en la construcción de un proyecto de vida donde la dignidad humana era la que marcaba nuestro que hacer. Establecimos unas normas de convivencia que nos permitieron fortalecernos como comunidad, esas normas se conocen como “leyes agromineras” que aún hoy marcan el comportamiento social individual y colectivo en nuestro territorio. Además fuimos avanzando en nuestra conciencia sobre la importancia económica, social y cultural del territorio que habitamos y la urgencia de defenderlo.
Para romper el bloqueo al que fuimos so - metidos, desarrollamos una estrategia de difusión nacional e internacional sobre la situación que estábamos viviendo. Logramos en 2001 realizar la Caravana Internacional por la Vida en el Sur de Bolívar, que efectivamente rompió el bloqueo y nos permitió tomar un nuevo aire.
Fue así que con la llegada de las multinacionales las comunidades nos opusimos radicalmente a que se establecieran en nuestras tierras. Desarrollamos una serie de estrategias de formación y concientización con los pobladores sobre los efectos de la gran minería para nosotros, para nuestras familias y para el entorno medio ambiental. Realizamos una serie de talleres con los pobladores y logramos construir consenso alrededor de que por ningún motivo permitiríamos que nuestra región fuera destruida por una práctica minera irracional como lo pretendían las autoridades y las empresas multinacionales, y en particular la Anglogold Ashanti. En ese contexto fue asesinado uno de los líderes más destacados de la región, Alejandro Uribe Chacón, que murió a manos del ejército nacional, quien lo señaló de ser guerrillero. Durante 40 días nos movilizamos y presionamos para que se establecieran unos mecanismos claros de diálogo y concertación entre las comunidades y las autoridades. Fortalecimos la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar que es un espacio de construcción de propuestas para la región; así mismo se acordó con el gobierno poner en funcionamiento una Mesa de Interlocución para discutir en ella los proyectos estatales para le región y concertar en ese espacio proyectos para el desarrollo de la misma. Desafortunadamente la falta de voluntad del Estado no ha permitido avances sustantivos en ese sentido y la actitud gubernamental ha sido la de la imposición de proyectos lesivos para la región.
Hoy, la legislación minera nuevamente se adecua para ponerla al servicio de las multinacionales mineras, por eso en febrero se sancionó el nuevo código de minas que busca darle la estocada final a los pequeños mineros, poniéndonos a competir con las multinacionales. Impone una serie de condiciones a nuestra labor que la hace inviable y pretende que cometamos suicidio acogiéndonos a un censo minero que es el primer paso para nuestra destrucción.
Por eso ante el avance a pasos agigantados hacia una explotación minera a gran escala, destructiva social, económica y ambientalmente, y nefasta para los miles de pequeños mineros; en el sur de Bolívar tenemos claro que seguiremos resistiendo, que seguiremos movilizándonos y que seguiremos defendiendo a la región y al país contra esta plaga que solo nos dejará dolor, desolación y destrucción.
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