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En abril de 2007 la Unión Europea (UE) aprobó los mandatos de negociación de Acuerdos de Asociación (AdA) con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y con Centroamérica. El proceso de negociación comenzó en septiembre de 2007. En este mismo contexto, se ha anunciado la posibilidad de retomar las negociaciones con Mercosur, iniciadas en 1999 y suspendidas hace algunos años. También se cumplen varios años de vigencia de los acuerdos suscritos con Chile (marzo de 2005) y México (abril de 2000). Por último, en septiembre de 2007 culminó la suscripción de estos Acuerdos con los países del Caribe y continuó el proceso de negociaciones de este tipo de tratados con numerosos países del Tercer Mundo, especialmente con las economías débiles de Asia y África.
Estas negociaciones se han realizado en paralelo con el desenvolvimiento de la Ronda de Doha de la OMC, pero han cobrado mayor dinamismo en la medida en que dicha ronda continúa estancada, convirtiéndose en alternativas para avanzar en los temas que allí se encuentran bloqueados, al punto que en los mandatos negociadores de 2007, la UE estableció explícitamente que los AdA no se deben supeditar a los resultados en la OMC.
La Unión Europea ha señalado reiteradamente que no está buscando la firma de Tratados de Libre Comercio sino de Acuerdos de Asociación, que incluyen, además del componente comercial, el diálogo político y la cooperación. Con ello pretende presentar una apariencia más benévola y comprensiva que la de Estados Unidos. Proclama asimismo que la negociación se hace con bloques de países, con la finalidad de fortalecer la integración regional y que por medio de la cláusula democrática concede importancia a los derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de todas estas argumentaciones, la realidad de la relación de Europa con América Latina y el curso mismo de las negociaciones de los AdA ha desmentido buena parte de estas percepciones. Los hechos son evidentemente mucho más crudos y debemos llamar la atención sobre lo que está sucediendo.
Primero que todo, los resultados de los TLC firmados por la Unión Europea con Chile y México distan mucho de las promesas que se hicieron. Los balances realizados arrojan resultados francamente negativos. Las inversiones europeas en ambos países han gozado de protección, en cambio, los ciudadanos afectados por las consecuencias de dichas inversiones no están protegidos. La inversión europea ha estado ligada al sector financiero, a los servicios públicos y a la extracción de recursos naturales, con lo cual, simplemente, se ha profundizado un modelo económico basado en una división internacional del trabajo, que asigna a los países del sur la producción de materias primas y a los países desarrollados la de productos elaborados. Los países que se especializan en producir materias primas desnacionalizan la prestación de servicios esenciales, radicalizan las disparidades en la distribución del ingreso y abandonan cualquier proyecto de desarrollo nacional. Los TLC, además, condenan a las oligarquías locales a cumplir el papel de furgón de cola de las multinacionales y no tienen ningún efecto positivo en materia de derechos laborales o derechos humanos.
Como ocurre con los TLC, los acuerdos de la Unión Europea se negocian y aplican sin ninguna participación de las organizaciones sociales y civiles y se aprueban en los Congresos sin mayor discusión. La experiencia de las rondas de negociaciones realizadas con Centroamérica y la CAN muestran que no existen mecanismos válidos de participación de la sociedad civil, no hay diagnósticos previos sobre el impacto y la Unión Europea mantiene una posición dura y exigente a pesar de los reclamos de sectores sociales europeos y andinos que piden participación y transparencia.
La Unión Europea exige a los países subdesarrollados desmontar todos los mecanismos de protección a su agricultura y les hace casi imposible acudir a cualquier tipo de salvaguardia en caso de afectarse la producción nacional, mientras que la UE mantiene los subsidios otorgados a los agricultores del Viejo Continente a través del Programa Agrícola Común, los cuales sumaron 51.412 millones de euros en 2006. En áreas de vital importancia para el desarrollo de las naciones, las imposiciones de la Unión Europea implicarán la violación del derecho de los Estados a llevar adelante políticas autónomas y soberanas en beneficio de sus productores nacionales.
El mandato negociador europeo constituye una ofensiva en contra de la prestación estatal de los servicios públicos, que ya se ha debilitado en los últimos años. Se ignoran todas las malas experiencias de privatizaciones fallidas y desfalcos al erario público, que se contraponen a los muchos esfuerzos por recuperar el control democrático sobre bienes públicos como agua, energía o tierra. Al mismo tiempo, socavan las políticas de redistribución de la riqueza, las reformas agrarias o las nacionalizaciones de recursos naturales que se están llevando a cabo en países como Bolivia o Ecuador.
Por medio de los tratados y acuerdos bilaterales como los firmados en los últimos tiempos - entre Estados Unidos y Perú, o entre la Unión Europea y México, o con Chile, al igual que con los acuerdos y tratados regionales como el Nafta entre Canadá, Estados Unidos y México-, los países más industrializados del mundo, buscan como objetivo principal abrir negocios a sus corporaciones trasnacionales en los mercados internos de los bienes industriales, agropecuarios, servicios y conocimientos. Pero el primer intento para lograr su agenda fue imponer la liberalización del comercio mundial a través de negociaciones multilaterales en la Organización Mundial de Comercio, OMC.
Tras el fracaso de la reunión ministerial de Seattle, en 1999, los tres grandes recurrieron a la estrategia de “reorientar” el comercio mundial en beneficio de los países menos industrializados, supuestamente privilegiando a los países más atrasados, incluidas algunas elasticidades en el acuerdo ADPIC que permitieran garantizar medicamentos más baratos en situaciones excepcionales. Esto se denominó la Ronda de Doha.
Como otra vía, impulsaron las negociaciones de tratados y acuerdos bilaterales y regionales para conseguir doblegar del todo y someter más fácilmente a sus intereses imperiales a los países o grupos de países bajo su dominación o en sus órbitas geopolíticas. Las potencias económicas del planeta se han refugiado en las supuestas gabelas que recibirían los países menos desarrollados y más atrasados en las negociaciones de la Ronda de Doha para sacar de las negociaciones de los tratados y acuerdos bilaterales y regionales los temas que no aceptan negociar y que en algo interesarían a estos otros países, como los multimillonarios subsidios internos a sus productores y ayudas a sus exportadores para convertirlos en competitivos en el comercio mundial.
La inserción de Colombia en el mercado internacional depende de muchos factores diferentes a la suscripción de tratados de libre comercio. Colombia tiene una escasa oferta exportable, representada esencialmente en recursos naturales y productos agropecuarios. A pesar de que bajo el Sistema General de Preferencias que otorga la Unión Europea, el equivalente al ATPDEA (Acuerdo de preferencias arancelarias) de Estados Unidos, Colombia podría exportar un amplio universo de productos sin pagar aranceles, no lo hace porque no los produce: nuestro país exporta 4.382 millones de dólares a la UE. El 85% de ese comercio son productos primarios, así: el 34% de las exportaciones totales en carbón, el 16% en café, la misma cifra en ferroníquel, el 9% en banano y el 5% en petróleo. El 7% de lo que le vendemos a la UE son productos agroindustriales, casi exclusivamente aceite de palma, azúcar, productos del café, flores y un poco de legumbres y confitería.
Por su lado, el 60,3% de lo que compró la Unión Europea provino de sólo ocho países: Estados Unidos, AELC (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein), Rusia, Japón, China, Corea del Sur, Canadá y Australia. El resto de sus importaciones proviene de 42 países más, de los cuales Colombia es uno de los cinco países a los que menos le compra. Tan sólo el 0,32% de las compras totales de la UE provienen de Colombia.
El gobierno le miente al país al afirmar que las exportaciones hacia la Unión Europea van a aumentar. La UE compra fundamentalmente maquinaria y equipos eléctricos, vehículos, aeronaves, textiles, instrumentos médicos, musicales y ópticos y productos químicos. O se los ofrecen 49 países distintos a mejores precios, o sencillamente Colombia no los produce, porque hace años los gobiernos colombianos han renunciado a realizar cualquier esfuerzo industrializador.
Desde mediados de los años 90 se han incrementado los flujos de inversión extranjera en América Latina, como resultado de las reformas estructurales llevadas a cabo a finales de la década de 1980 en la región. A fin de garantizar la obtención de ganancias por parte de los inversionistas, las reformas desmontaron las normas que regulaban la inversión extranjera, eliminando los requisitos establecidos, que exigían la contratación de mano de obra nacional, transferencia de tecnología a las regiones donde se instalaba la inversión, reinversión de ganancias en el país y promoción del desarrollo local. De esta forma, con la excusa de atraer mayores flujos de inversión extranjera, el Estado ha ido perdiendo la capacidad de regular la llegada de capitales extranjeros para ponerlos al servicio del desarrollo nacional.
En este sentido conviene analizar cuál ha sido el comportamiento de la inversión europea en el país desde los años 90, teniendo en cuenta que las variaciones en los flujos de capital han seguido la tendencia latinoamericana. Por ejemplo, entre 1991 y 1995 la inversión extranjera en la región fue de 20.205 millones de dólares y en 2005, ésta aumentó a 68.046 millones de dólares. En el caso colombiano, pasó de 912 millones de dólares entre 1991 y 1995 a 10.192 millones de dólares en 2006. Esta trayectoria demuestra que el crecimiento de los flujos de inversión extranjera hacia Colombia no depende solamente de la firma de acuerdos comerciales, sino que el interés de los inversionistas está ligado a los cambios en la economía mundial y, especialmente, en América Latina.
| La ‘República Palmera’: el futuro de la agricultura en el TLC CAN-UE
La producción de agrocombustibles corresponde a la exigencia de los países del Norte para subsanar su déficit energético, pues tan sólo producen 2/5 partes de la gasolina que consumen. En correspondencia, la política agrícola de Uribe, en sus 6 años de gobierno, ha sido la de promover la producción de agrocombustibles. El área plantada en palma de aceite pasó de 134 mil hectáreas en 2002 a 301 mil en la actualidad. Para el año 2010 se espera que haya 422 mil y, según el Conpes 3510, sobre biocombustibles, la meta es sembrar 17 millones de hectáreas en biomasas para etanol y agrodiesel, más 17 millones de hectáreas adicionales que hoy están en ganadería, pero que no son tierras de esa vocación. Es decir, el propósito del gobierno es sembrar 34 millones de hectáreas para agrocombustibles, de las 63 de vocación agropecuaria y forestal. La meta es convertirse en una potencia productora para exportar a los países del Norte. Sin embargo, el proyecto enfrenta varios inconvenientes: Malasia e Indonesia producen aceite de palma con costos de 246 y 158 dólares por tonelada, respectivamente, mientras que Colombia lo hace a 354 dólares por tonelada. De entrada, sus costos de producción lo dejan por fuera de la competencia mundial. Pero además, estos países asiáticos pretenden multiplicar por 43 su producción actual, financiados por los conglomerados Archer Daniels Midland, Cargill, Shell, Nestle Oil y otras grandes firmas malayas y chinas. Pero el gobierno colombiano insiste, y para compensar esta realidad, otorga inmensos subsidios a los productores locales. Por cada hectárea sembrada o renovada en palma, el gobierno otorga 5,3 millones de pesos en subsidios. Entre el año 2005 y marzo de 2008, el gobierno se ha gastado 336.000 millones de pesos de los contribuyentes para dar exenciones tributarias al oligopolio que produce agrocombustibles. En el 2007, destinó 81.000 millones de pesos en líneas de crédito Agro, Ingreso Seguro e Incentivos a la Capitalización Rural. Además, los productores de agrocombustibles no pagan el 37,5% de impuesto de renta, que paga el resto de empresarios, sino el 15%. Para completar, les reduce el 40% del impuesto de renta por la inversión en activos fijos reales. ¿Qué otra actividad económica en el país tendrá tantos beneficios? Además, les garantiza un precio producto del valor máximo entre el costo de producción y el precio de paridad de importar el diesel más costoso del mercado mundial. Y como si fuera poco, el Departamento Nacional de Planeación afirma que para hacer más “eficiente” al país en la producción de agrocombustibles es necesario “reducir los costos de producción en los puntos más críticos de la cadena productiva”. En el caso colombiano, éstos son la materia prima y la operación y mantenimiento, dicho de otra forma, el pago a los agricultores y la remuneración laboral. Es decir, el negocio es imposible sin una gigantesca intervención estatal. |
Para los pueblos afrodescendientes, unidos como tales por un vínculo histórico de “raíces y experiencias comunes”, con insuficiencia en sus ingresos y activos, pero sobre todo por sus privaciones sociales y la falta de voz y poder en sus sociedades, es inaceptable que la Unión Europea no haya cambiado su tesis de la Conferencia de Durban en 2001, según la cual, la colonización no es un crimen contra la humanidad, por lo que Europa se niega a pedirle perdón a la humanidad. Las cuestiones de discriminación racial y étnica deben ocupar el centro de la atención en la agenda de la CAN UE. Sin embargo, no son importantes en el contenido de las negociaciones.
Las comunidades afrodescendientes siguen exigiendo que las masacres del pasado, inequidades que tienen que ver con el ocultamiento de las memorias de la esclavización, la explotación, la discriminación y la exclusión generados por una “falsificación y negación de la historia africana” y una política de “imperialismo cultural” que, paralelamente, realza los valores y la historia de Occidente, sean reparadas individualmente en forma económica, social y política.
Sin embargo, estas voces no son escuchadas en el proceso de negociación, en el que los espacios de participación son limitados. Las organizaciones afroandinas consideran que el tratado no aporta al fortalecimiento de un diálogo que propicie el empoderamiento de los movimientos sociales.
Este tratado profundiza los impactos de otros tratados como los de Estados Unidos y Canadá y es la prolongación de los 516 años que se iniciaron con la conquista europea de nuestros territorios y culturas. El carácter de “asociación” que se pretende darle al TLC CAN-UE corresponde, desde la lectura y experiencia de los pueblos indígenas con Europa, a la intención de competir con Estados Unidos por el control hegemónico de nuestros territorios, pero enmascarando esta intención con una pretendida reciprocidad para ocultar el propósito de despojo. La amenaza fundamental para la pervivencia de los pueblos indígenas resulta de comprender que la persona jurídica objeto de estos tratados es la Corporación Trasnacional, cuyo interés esencial y razón de ser es la acumulación de capital, es decir, que “son para tener”, mientras que el paradigma que define a los pueblos indígenas es inverso, pues la generación de riquezas y la acumulación deben supeditarse a la promoción, defensa y protección de la vida territorial en comunidad. Los pueblos indígenas “Tienen para ser”. La vida para los pueblos indígenas es un fin, no un medio para la acumulación. Esta contradicción de fondo amenaza a los pueblos indígenas de manera integral. La totalidad del tratado da prioridad al sometimiento de la vida, como naturaleza y trabajo humano, al propósito de acumulación. Por ello, necesariamente pone en riesgo las formaciones sociales, la identidad y cultura y el arraigo territorial de los pueblos que no conciben los territorios y el trabajo como medios para acumulación privada. Dentro de este marco basta mencionar como ejemplos de impactos los siguientes:
Los acuerdos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, en particular el 169 de la OIT y la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quedan supeditados a los intereses corporativos del TLC CAN-U.E. En la práctica, ello elimina el marco jurídico que reconoce derechos indígenas y obligaciones del Estado frente a los mismos, pues la obligación primera es cumplir con el objeto corporativo del TLC sacrificando los derechos adquiridos de los pueblos originarios.
La propiedad intelectual y las patentes amenazan con privatizar los saberes indígenas ancestrales, la biodiversidad y la vida, incluido el contenido genético de los propios pueblos y de todas las criaturas y seres de los territorios. Por esta vía se despoja con fines comerciales la existencia misma de los pueblos indígenas.
La propiedad colectiva es eliminada en la práctica para dar prioridad a megaproyectos y a proyectos extractivos. Frente a estos últimos, la propiedad colectiva de la tierra es eliminada y los indígenas se convierten en un obstáculo al desarrollo impuesto por intereses corporativos trasnacionales. El TLC CAN-UE establece un blindaje jurídico a favor del despojo y desplazamiento de nuestros territorios para dar paso a la propiedad particular sobre recursos, riquezas y mano de obra. Transformada la tierra en mercancía y los pueblos en trabajadores, la existencia de pueblos ancestrales cuyas culturas son inseparables de los territorios, abre el camino para la explotación desmedida de recursos de interés para el mercado global y nos niega la existencia. El TLC CAN-UE es, como los demás tratados orientados por la misma lógica extractiva, incompatible con la existencia misma de los pueblos indígenas y por ello es la prolongación actualizada de la conquista que inició Europa en 1492.
A pesar de que los países de la Unión Europea han convertido la protección del medio ambiente en una de sus prioridades y han promovido “tecnologías limpias”, las actividades de las empresas europeas fuera del Viejo Continente se han caracterizado por explotar los recursos naturales, destruyendo ecosistemas y acabando con los territorios de las comunidades que allí habitan.
Las actividades de algunas empresas trasnacionales europeas que tienen inversiones en América Latina ejemplifican esta situación: La empresa española Unión Fenosa, que compró las electrificadoras del Caribe (Electricaribe) y del suroccidente colombiano (EPSA), construyó dos represas en esta última región, sobre el río Anchicayá, Valle del Cauca, con el fin de producir energía a menores costos, que fuera exportable a otras regiones en las cuales ha realizado inversiones. Dicha construcción ocasionó el desvío del río generando fuertes daños en el ecosistema del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, donde se ubicaron las dos represas. “Las represas también impactaron sobre la producción agrícola y la pesca de las poblaciones ribereñas formadas, mayoritariamente, por comunidades afrodescendientes”.
La empresa estaba obligada a extraer periódicamente los sedimentos que se acumulan en las represas. Sin embargo, dicha actividad no se acometió y seis años después de la construcción, su capacidad de producir electricidad se había reducido en 70%. EPSA decidió entonces verter los sedimentos en la cuenca del río Anchicayá, abriendo las compuertas de la presa, sin realizar ningún estudio de impacto ambiental. Como resultado de dicha desatino, se redujo el oxígeno en el agua del río, murieron por asfixia millares de peces, se afectó la fertilidad de las riberas y se causó grave perjuicio a las comunidades, cuya subsistencia se basaba principalmente en la pesca y la agricultura.
De esta manera, la experiencia demuestra que a pesar de que la Unión Europea haya promovido la protección del medio ambiente, las empresas de origen europeo en América Latina han extraído los recursos naturales y han contaminado los territorios de nuestros países, sin tener en cuenta los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente ni sobre las comunidades que habitan en las regiones afectadas.
SI. Existe suficiente evidencia teórica y real que demuestra que un país no se desarrolla exportando recursos naturales y bienes primarios. Por el contrario, queda sumido en un mayor atraso y miseria. El ejemplo de las potencias mundiales indica que ellas son ricas y poderosas porque la mayor parte de su comercio se realiza dentro de sus propias fronteras y lo que exportan es excedentario y porque, además, gran parte de las exportaciones genera valor agregado. En la medida en que una nación tenga como principales compradores a sus propios habitantes, los salarios reales de estos tenderán a ser más altos. Pero si toda la producción es dedicada a la exportación, los salarios no serán un mecanismo dinamizador de la economía y acumulador de riqueza, sino una carga que hace menos competitivos los productos en el mercado global.
No nos oponemos a las relaciones comerciales entre naciones ni a que venga al país aquella inversión extranjera que sirva para el progreso de sus ciudadanos y ciudadanas. Lo que sucede es que una cosa es el comercio y otra los Tratados de Libre Comercio, porque son desiguales y porque en ellos el gobierno viene entregando valiosas riquezas naturales, como también la soberanía económica, alimenticia y territorial. Nos oponemos a estos TLC porque impiden el progreso económico, el desarrollo industrial. Con los TLC, todos los proyectos para sacar a los ciudadanos colombianos de la pobreza y la miseria serán imposibles.
Los TLC son una forma de anexión de la economía colombiana a los intereses de las grandes potencias y sus trasnacionales. Por esta razón, nuestra propuesta es que se afiance en el país un modelo de desarrollo autónomo, que privilegie la producción y el trabajo de los nacionales, que tenga en cuenta las necesidades de consumo de sus habitantes, que recupere la soberanía alimentaria, que proteja los recursos naturales y la biodiversidad de la voracidad de las trasnacionales, que genere empleo de calidad y que permita recuperar el derecho a la educación, la salud y los servicios domiciliarios.
Proponemos un modelo que permita una mejor calidad de vida para todos los colombianos, perdida tras 20 años de neoliberalismo. También proponemos diversificar las relaciones económicas, fortalecer la integración latinoamericana, estrechar lazos con los países de similar nivel de desarrollo, buscar una inserción en el mercado internacional exportando productos con valor agregado y perseguir la industrialización y el desarrollo tecnológico. Por eso, nuestra propuesta concreta es que las organizaciones sociales, políticas, sindicales, gremiales y empresariales no permitamos que se aprueben estos TLC y trabajemos juntos por recuperar la democracia y la soberanía nacional. Bajo regímenes antidemocráticos como el colombiano, cualquier negociación de TLC será en contra de los intereses nacionales.
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