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Es imposible plantear el desarrollo sostenible, sin considerar que los problemas ambientales han aumentado en complejidad y conectividad (crisis del agua, variabilidad y cambio climático, desastres socio-naturales, pobreza, etc.). Dichos temas deben ser tratados como interrelacionados, inseparables y multicausales. Su manejo demanda la conformación de equipos interdisciplinarios, interinstitucionales e intersectoriales, para plantear soluciones integrales. La variabilidad climática (a)(VC) y el cambio climático (b)(CC) están generando frecuentes anomalías en la precipitación (1); a la vez, la intervención humana en los ecosistemas, las obras de infraestructura, los asentamientos de la población en lechos de ríos, humedales y diques, configuran una “construcción social del riesgo”, que impacta fuertemente en la sociedad y los sectores productivos del país, cuando se manifiesta la amenaza de lluvias intensas (c)(VC): variaciones en los datos estadísticos de clima en todas las escalas temporales y espaciales más allá de fenómenos meteorológicos determinados. b) Cambio climático (CC): todo cambio significativo producido en el clima a lo largo del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad humana que tiene un efecto directo desde el punto de vista social, económico y político. (15) c) Amenaza hidrometeorológica (AH): fenómenos de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico que pueden causar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, las pérdidas de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.
La ONU y el Banco Mundial reportan a Colombia como el tercer país de mayor riesgo climático en el mundo, evidenciando la urgencia de incorporar una concepción de resiliencia en los procesos de planificación del desarrollo, en todos los ámbitos de la sociedad. Teniendo en cuenta que según el Dane (2), el índice de pobreza supera el 46% en las ciudades y 65% en el campo, estamos ante una situación crítica de vulnerabilidad, que implica la necesidad de abordar una Gestión Integral del Riesgo (GIR). Conforme ha sido estimado para Chile y México, el costo económico de atender un desastre es entre 6 y 10 veces mayor que su prevención (3) y (4), situación que se acentúa cuando las pérdidas en sociedades en desarrollo, como la nuestra, son mayores al total de la riqueza que se produce.
En el ámbito mundial, el 95% de los desastres socio-naturales son de origen hídrico (inundaciones, tsunamis, tormentas, sequías, huracanes). Abordar la GIR para el caso de las inundaciones, en el marco de la gestión del recurso hídrico, implica reconocer los riesgos y tomar decisiones colectivas, mediante procesos de planificación participativa con visión integral, que permitan identificar las posibles formas de riesgo que la sociedad puede asumir como aceptables en un periodo determinado.
En Colombia, el entendimiento de la dinámica particular del ciclo hidrológico, de la fisiografía y de los patrones de asentamiento humano que hemos desarrollado históricamente, se vuelve fundamental para la formulación de estrategias de prevención y gestión del riesgo de inundaciones.
Colombia está caracterizada por sus tres cordilleras y áreas de planicie inundable. Tiene un ciclo hidrológico dinámico al estar ubicada en el trópico, y debido a la influencia de la Zona de Confluencia Intertropical, de los procesos que ocurren en los océanos Atlántico Tropical, el mar Caribe y el Pacífico Tropical, lo que ocasiona variaciones en la distribución espacio-temporal de la precipitación, de la temperatura y de otras variables climatológicas.
El volumen de agua disponible anualmente en Colombia es de 2.100 km3 , que representan el 4,5% del agua mundial, situando al país entre los primeros diez productores del líquido. Teniendo en cuenta que la superficie periódicamente inundable es de 10.7 millones de hectáreas, que equivalen al 9.2% del territorio (5), es de prever que los desastres más frecuentes y de mayor impacto económico sean las inundaciones. La información histórica muestra un incremento en el número de eventos al año, debido a la VC y al CC, así como a la deforestación, al ordenamiento territorial, al uso inadecuado del recurso hídrico y a la vulnerabilidad de la población ribereña, entre otros.
El impacto generado por las temporadas de lluvia y el fenómeno de La Niña fue: 3.219.492 damnificados; 444 muertos; 524 heridos; 71 desaparecidos; 1.027 municipios afectados (de los 1.101 registrados); 28 departamentos impactados y el Distrito Capital, para un total de 1.080.000 hectáreas. (6). Las inundaciones se catalogaron dentro de las 20 catástrofes con mayor número de víctimas mortales (444 personas), con un costo por daños totales que ascendió a $ 762.000 millones de pesos (7).
Dentro de las explicaciones a la gravedad de las inundaciones están la VC y el CC, ya que las oscilaciones climáticas durante el año 2010 resultaron ser severas sobre las zonas del país con mayor influencia del fenómeno ENOS, lo que aumentó los niveles de caudal de los ríos, hasta los más altos registrados históricamente (8).
Otra razón que explica la magnitud de las inundaciones, es el deterioro de los bosques, ya que, la cobertura vegetal, las propiedades del suelo y las condiciones de saturación previas a una precipitación, son factores determinantes en la producción de escorrentía después de una lluvia. Por tanto, la deforestación es un factor de aumento del riesgo de inundaciones, ya que contribuye al aumento del agua en los ríos, al depósito de sedimentos en los cauces, a la desestabilización y deslizamientos de tierras saturadas de agua. Colombia se ubica en el octavo lugar entre los países con mayor deforestación en el mundo (9).
Las deficiencias en la gestión del suelo, de los recursos hídricos e inadecuado ordenamiento territorial, también hacen que las inundaciones se transformen en catastróficas. La degradación de los suelos, la modificación de la forma de los cauces y la alteración de los ciclos vitales de los ecosistemas, derivan en inundaciones más frecuentes y de mayor magnitud. La expansión agrícola, la minería, la generación de energía, el crecimiento demográfico y la urbanización son los principales gestores de estos cambios.
La modificación del uso del suelo para agricultura o pastoreo en zonas de alta pendiente, cambia la capacidad de infiltración de agua lluvia y favorece el aumento de escorrentía superficial. En las zonas bajas o planas, la expansión agrícola y el desarrollo urbano, tienden a rellenar, ocupar o cambiar el curso de los ríos y humedales, limitando su capacidad de amortiguar las inundaciones y el depósito de sedimentos. Los cambios incrementan el riesgo de desastre, ya que ante grandes eventos, el río trata de recuperar su espacio natural, afectando cultivos y comunidades enteras.
Las carencias en cuanto la gestión del suelo y del agua, en la ordenación del territorio y los problemas socioeconómicos, hacen que la población más pobre se ubique en áreas peligrosas por ser inundables o susceptibles a deslizamientos. Colombia es por lo tanto, un país con alta vulnerabilidad a los desastres y emergencias; sí adicionalmente tenemos en cuenta, la debilidad institucional y la corrupción que permite usos de la tierra sin tener en cuenta los riesgos y las vulnerabilidades; además de consentir cambios en los permisos de uso del territorio como, la minería en áreas protegidas de bosque y páramo.
Las debilidades en la gestión y administración de las obras de infraestructura, encauzamiento, protección y regulación de los ríos, es una razón más que explica la gravedad de las inundaciones; en el país las labores de operación y mantenimiento de la infraestructura son limitadas o inexistentes. Además la capacidad de protección frente al riesgo de inundaciones de las obras civiles es comparable a la capacidad de daño que pueden ocasionar cuando se presentan fallos. Considerando lo anterior, no se puede confiar plenamente en la seguridad que representan las obras de protección, sobre todo porque el grado de conocimiento sobre la magnitud y frecuencia de las inundaciones extremas del pasado ya no permiten determinar con exactitud el grado máximo de riesgo al que se está expuesto frente al CC.
La adecuada gestión de las estructuras depende de un engranaje interinstitucional debilitado por la política, la corrupción y la burocracia. Aunque se realizan diagnósticos, estudios y diseños para mantener, actualizar y mejorar la infraestructura, el acceso a los recursos para ejecutarlos es lento y complejo. La situación de conflicto en algunas regiones, la propiedad de los predios que colindan con muchas obras y la privatización de entidades, genera dificultades en las relaciones entre instituciones públicas y los actores privados; y en consecuencia, en el manejo de la infraestructura de protección.
El crecimiento demográfico y urbanización descontrolada es otro aspecto que afecta el impacto de las inundaciones. En Colombia la urbanización descontrolada surge a partir de modelos de estado y de desarrollo que no se adaptan las condiciones de las regiones, a visiones que trataron de ignorar las migraciones hacia las ciudades que se vienen presentando desde los años 50, y a legislaciones equivocadas sobre el control del espacio público. Los nuevos pobladores, debido a su baja renta, forman barrios ocupando áreas públicas y zonas de alto riesgo de inundación o deslizamiento. En estos sectores hay baja cobertura de servicios de transporte, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, drenaje de aguas lluvias, aseo, recolección de basuras y contaminación, todo esto además de las inundaciones frecuentes o los movimientos en masa en zonas de ladera (10).
Hoy en día, las periferias marginales ocupan un porcentaje importante de las grandes ciudades de Suramérica como Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá, etc. Este crecimiento se debe al éxodo, migración y desplazamiento desde la zona rural; ya sea por búsqueda de mejores oportunidades, por desastres socio-naturales o situaciones de conflicto armado. En Colombia la urbanización desde la zona rural se viene presentando en los últimos 50 años; las cifras oficiales del desplazamiento reportan 3.700.381 personas (11). De los cuales, el 93% de los desplazados migra hacia las ciudades (12). Por lo tanto, actualmente hay cerca de 31 millones de habitantes (76% del total) ubicados en áreas urbanas de la región Andina y Caribe.
Otra de las principales causas de las inundaciones, fue el débil papel de las instituciones en la gestión del desastre. Colombia debe mejorar aún la preparación adecuada para la prevención y atención de las emergencias climáticas a nivel institucional.
Ha sido evidente que los modelos de gestión ambiental y del riesgo deben articularse más a las necesidades, y tener una mejor coordinación institucional. Dentro de las limitaciones en la atención de desastres se resalta qué las instituciones no manejan estándares internacionales, la respuesta en la asistencia humanitaria fue en muchos casos, inapropiada, desigual, escasa, ineficaz y lenta. Durante la emergencia no había liderazgo o coordinación entre los actores humanitarios, y el suministro de información se limitó a aspectos financieros y gerenciales. Aunque el Estado movilizó el dinero necesario para la emergencia en las zonas afectas, se creó un sistema de gestión en paralelo con un grupo de nuevos actores que ocasionó retraso en la respuesta e ignoró la experiencia sobre atención de desastres, que tenían instituciones ya existentes (13).
Un ejemplo de esto es el papel de la mujer como población vulnerable; en muchos lugares las mujeres se hacen responsables de las condiciones de salud, alimentación, cuidado de niños y ancianos, por tanto para ellas resulta urgente resolver este tipo de problemas. Los hombres sienten como primera necesidad la recuperación de sus parcelas y sus viviendas, por lo que herramientas y conocimientos para reconstruir sus hogares, en muchos casos, es lo más importante. Los ejemplos anteriores muestran la necesidad de incorporar el enfoque de género en la GII para dar respuestas oportunas y satisfactorias a las verdaderas necesidades de los afectados (14).
Otras causas del desastre fueron la corrupción y la falta de capacidades de las instituciones estatales. De acuerdo a los informes de Colombia Humanitaria (2011), se ha denunciado el desvío de dineros de las ayudas en campañas electorales en varios municipios. Además de esto, aunque se han entregado recursos para más de 7.000 proyectos por cerca de 5 billones de pesos, solo el 45% están en ejecución.
Las inundaciones hacen parte del ciclo hidrológico, siempre han existido, y la humanidad ha aprovechado sus beneficios como la recarga de acuíferos, fertilidad de suelos y la biodiversidad de los ecotrópica del clima juegan un papel muy importante, también lo juegan los procesos en los cuales se busca dominar la naturaleza en lugar de convivir con ella, como lo hicieron antiguas civilizaciones. Entonces ¿Cómo debemos gestionar el uso del territorio y de los recursos hídricos para potencializar el desarrollo sostenible y disminuir el riesgo de desastres por inundaciones?
Aún cuando el nuevo Plan de Desarrollo Nacional 2010 tiene un capítulo sobre sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo. El Desarrollo implica la explotación de los recursos naturales (cultivos forestales, expansión agrícola, Minería, generación de Energía, etc.) y esto tiene impactos ambientales en los que se debe pensar. Las pérdidas humanas, el factor ambiental como causa de desplazamiento, las pérdidas de cultivos y animales, los daños en infraestructura vial, los colapsos vehiculares y de servicios en los centros urbanos, representan un costo importante en el desarrollo del país, entonces ¿Cómo logramos transformar el modelo de desarrollo para que las inundaciones y las llanuras de inundación potencien nuestro crecimiento y no se conviertan en un factor periódico de mayor empobrecimiento?
Es necesario replantear la visión de los gobernantes sobre la prevención del riesgo de inundaciones, las partidas presupuestales y la importancia de los programas emprendidos para fortalecer las capacidades de adaptación ante desastres; especialmente en un país con múltiples amenazas como Colombia, donde es necesario fortalecer la gestión integrada de riesgos en el manejo del territorio y de los recursos hídricos. Destacan en casi todas las causas de las inundaciones, las debilidades en cuanto a planeación, capacidad institucional de hacer cumplir las normativas y su responsabilidad sobre actuaciones oportunas y eficaces durante la emergencia presentada. Los problemas asociados a inundaciones y al deterioro de los recursos hídricos no se limitan a una falta de coordinación interinstitucional; están más asociados a fronteras institucionales, a burocracia y a traslape de responsabilidades. La falta de planeación deja vacíos que no son atendidos por el Estado. Pero la pregunta es ¿Cuáles son los aspectos claves que motivarán a los líderes y a las comunidades a actuar de manera propositiva, activa y efectiva en gestión de inundaciones?
La VC y el CC plantean problemas significativos, ya que las condiciones hidrometeorológicas que han imperado desde hace mucho tiempo ya no se conservan y el grado de incertidumbre es alto por lo que se plantea a través de escenarios. Esto hace necesario cambiar el enfoque y pasar de “estar absolutamente a salvo de las inundaciones” a una idea más flexible y con mayor capacidad de adaptación como “vivir con el riesgo de inundaciones” además de otros riesgos que pueden intensificar los desastres socio-naturales. Sobre todo porque los cambios en el clima generan impactos en la producción agrícola y sobre las planicies de inundación urbanizadas; especialmente, si tenemos en cuenta que al mismo tiempo, el crecimiento de la población exigirá más de las fuentes de agua y del ambiente para subsistir.
La visión del recurso hídrico de forma fragmentada, ha provocado la conformación de un gran número de organismos del Estado con alcance sectorial y centralizado para la gestión del agua de consumo humano, el saneamiento, las obras hidráulicas, el ambiente, el agua subterránea, etc. Esta situación no permite gestionar adecuadamente el riesgo de inundaciones de forma integral en una cuenca hidrográfica. Es importante fortalecer todos los niveles institucionales, la cooperación, los roles y competencias, así como el flujo de información, la eficacia y la capacidad de respuesta frente a emergencias.
Asimismo, es necesario reconocer la importancia de las comunidades como actores que conocen sus necesidades y deciden su futuro. Su vinculación y aportes en los procesos de gestión de inundaciones son esenciales para garantizar la sostenibilidad y la eficiencia de las estrategias a emprender. La participación de la comunidad tiene una gran importancia en su capacidad de organización, como veedores de las actividades ejecutadas, como voceros y constructores de desarrollo.
Un aspecto relevante al manejo integrado de las inundaciones es el reto que plantea determinar el grado de riesgo de inundación que estamos dispuestos a aceptar. El problema de la gestión de inundaciones se puede enfocar en estrategias de protección y corrección para máximo riesgo, (inundaciones severas con muy baja probabilidad de ocurrencia), o incorporar el concepto de la inexistencia de una se guridad total viable técnica o económicamente frente a las inundaciones, y por lo tanto, prepararnos integralmente y adaptarnos para vivir con el riesgo de inundaciones.
Resulta contradictorio que las regiones hoy amenazadas por eventos extremos de inundación, en el futuro sean amenazadas por las sequías previstas según los modelos de CC. Esto significa que la gestión integrada de las inundaciones no puede enfocarse solo en grandes obras estructurales, sino en transformar sus formas de vida para adaptarse y gestionar el riesgo, construyendo resiliencia frente a desastres. Un aspecto clave sobre las obras de protección, es la validez de la información técnica necesaria para desarrollar obras robustas y duraderas en el tiempo. Aunque en el pasado el diseño tradicional funcionó para disminuir el riesgo de inundaciones; en la actualidad, se vienen presentando fallos debidos al impacto ambiental, a su corta sostenibilidad y a los costos de su manejo. Las nuevas tendencias deben procurar desarrollos técnicos que se adapten mejor al ambiente, apoyados en medidas no estructurales que promuevan su sostenimiento en el tiempo y acompañen el grado de protección con actitudes de prevención y mejor respuesta ante estos.
* Candidata a Maestría en Ingeniería Hidráulica y Medio ambiente. Universidad Politécnica de Valencia, España. Grupo IREHISA/ Univalle.
** PhD. Hidráulica y Medio ambiente. Profesor Titular. Director del Grupo IREHISA/Universidad del Valle.
*** Ingeniero Agrícola. Grupo IREHISA/Univalle. correo-e: irehisa@univalle.edu.co a) Variabilidad Climática
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