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Durante los días 30 y 31 de marzo de 2016 se realizó en Tibú, Norte del Santander, la ruta del agua y el 1 de abril, el foro por la defensa del territorio, el agua y las semillas del Catatumbo. Esta iniciativa de las Juntas de Acción Comunal y Apacdos fue acompañada por la Pastoral Social de la Diócesis de Tibú, el Grupo Semillas, Censat Agua Viva, la misión MAPP OEA, la Universidad Santo Tomás y el apoyo de HEKS-Eper, quien ha acompañado desde hace diez años el proceso del campesinado en la zona de Campo Dos. Acompañaron también la organización indígena Barí y campesinos de Gramalote y Cúcuta.
La ruta se promovió para llamar la atención sobre la crisis que crece sobre el territorio y la cultura campesina en el Catatumbo. Se realizaron verificaciones de campo basadas en la observación directa y en el testimonio de mujeres y hombres acerca de la delicada y creciente situación de deterioro de sus medios de vida y del riesgo de desplazamiento debido al conflicto de cambio de uso del suelo y las nuevas disposiciones relacionadas con las leyes que incentivan tales impactos como las Zidres, la privatización de los recursos y el bloqueo al uso activo y libre de las semillas por parte de las comunidades.
En Tibú, municipio considerado como epicentro de la región del Catatumbo en el fronterizo departamento de Norte de Santander, se empieza a evidenciar un intenso conflicto por el agua el cual se articula con mayor claridad al conflicto estructural por el territorio. Las medidas orientadas a sustituir cultivos de tipo ilícito terminaron reemplazando el paisaje agrario y la cultura de los campesinos por el monocultivo de palma y los negocios de los agroinversores, quienes en la mayoría de los casos adoptaron prácticas desprovistas de adecuadas consideraciones socio-ambientales para intervenir el territorio. Adicionalmente dos grandes actividades de alto impacto ambiental como es la explotación minero-energética (petróleo y en menor grado carbón) y la producción y transformación de la coca; han ocasionado problemas directos sobre el agua y los medios de vida de las comunidades campesinas locales.
Las demandas y pretensiones sobre el agua son fuertes y crecen día a día en medio de un conflicto entre los nuevos actores que intervienen el territorio y el campesinado local. En ese escenario, las autoridades gubernamentales y ambientales operan desde distintas lógicas y en el intento por brindar condiciones a todos los actores y sectores que demandan y presionan del recurso hídrico; propician desequilibrios que están generando impactos acumulativos negativos de magnitud considerable y carácter irreversible en este territorio y en los medios de vida de las comunidades campesinas asentadas históricamente allí.
Asuntos esenciales para la población local como la drástica variación del nivel de profundidad de los ríos Catatumbo, Nuevo Presidente, Tibú y Sardinata, se vuelven alarmantes. El Sardinata por ejemplo, pasó de tener 8 metros de profundidad tiempo atrás a sólo 30 centímetros en gran parte del año 2015; el secamiento de las casimbas (aljibes) y puntos de agua, la desecación de los nacimientos de fuentes y de humedales para la siembra masiva de palma, el vertimiento de residuos de la síntesis de la coca, residuos de degüello del ganado, aguas contaminadas de la extracción petrolera y basuras vertidas a los ríos; son actividades reportadas a diario. De igual manera preocupa la monoespecialización productiva del territorio, la pérdida neta de los hatos ganaderos y de la agricultura tradicional.
Ante la falta de planificación ordenada y adecuada del territorio tanto desde los planes de ordenamiento del territorio, se destacan las propuestas de las comunidades y las organizaciones. Varias familias optan por formas de producir que respetan los ciclos de la naturaleza, involucran el uso de las semillas tradicionales, vinculan las mujeres y jóvenes y rompen las cadenas de dependencia de agroquímicos y de comercializadores intermediarios. De igual manera piden que se priorice como elemento estructural de paz, el cuidado y la protección de los bienes comunes y en especial el agua.
En Tres Bocas, que queda exactamente en la margen izquierda de la convergencia de los ríos Tibú, Sardinata y Nuevo Presidente y al frente de Venezuela; no solo se unen tres ríos y dos países, sino también muchos problemas. Los pescadores añoran las épocas cuando llenaban sus canoas de peces sabrosos y abundantes como la mariana, el paletón, los rampuches, las muelonas y muchos más. Ahora les preocupa incluso que sus canoas encallen en el fondo del río por la falta de caudal. Allí un pescador cuenta: “Todo lo que se haga río arriba, se siente en la parte baja del mismo. Vemos que el agua merma cuando tumban árboles y que sus caudales se vuelven a los extremos de mucha sequedad o completamente desbordados. Sentimos cuando lo envenenan con la producción de la coca y le sentimos el olor y el rastro a muerte cuando le echan los residuos de la explotación petrolera o de las plantas extractoras de aceite”.
Los pescadores y su función en el territorio pueden desaparecer si escasea el pescado, su principal recurso. Las poblaciones ribereñas de las cuencas bajas de los ríos de los dos países, dependen del manejo de los ríos y no hay acuerdo alguno para salvarlos. Los pescadores, siguen ahí pese a la crisis económica y política que existe en el hermano país, porque ellos son como el río, “un lado colombiano y otro lado venezolano”. En la frontera se suman además los efectos de las políticas económicas no acordadas y la producción de alimentos da cuenta de ello. Hasta hace poco, pasaban todos los alimentos del lado venezolano a precios irrisorios y sin ningún control. Ahora es al contrario.
En Tibú se estiman algo más de 30.000 hectáreas de palma aceitera las que ya están establecidas y eso se nota en el paisaje. La palma tuvo varios momentos: El primero, como estrategia frente a la sustitución de cultivos de coca, la cual fue en parte la llamada palma campesina. Esto permitió el establecimiento y la consolidación de organizaciones de productores que han funcionado debido a que hubo apoyo estatal a la producción palmicultora en apoyar las alianzas, encadenamientos y mecanismos de asistencia técnica, acceso a la tierra y al crédito. Luego, se dio un viraje en la estrategia. Se facilitó que está actividad estuviera guiada por inversores externos que aprovecharon los bajos precios de la tierra, canalizaron el apoyo estatal y actualmente establecen una fuerte presión sobre el territorio.
Actualmente surge una gran preocupación por la implantación de este monocultivo y la refinación de la fruta de palma En las veredas Campo Hermoso, Kilómetro 15, Kilómetro 12, La Guajira, Malecón, El Porvenir, Galicia, La Batería, Llano Grande; se identifican varios impactos:
Los campesinos no solo pierden sus medios de vida, especialmente el agua, sino también sus derechos territoriales, su poblamiento histórico y la cultura campesina que desarrolla allí formas particulares. En ello, las semillas criollas y nativas son parte significativa de las pérdidas.
Del otro lado, el exministro Carlos Murgas, ha ido controlando todo el proceso a través del establecimiento de clústers agroindustriales que pasan por el control del sistema de transporte que combina movilización de carbón y corozo de palma de acuerdos a los precios del mercado, la asistencia técnica, la venta de agroquímicos, la intermediación del crédito bancario y el control del proceso de refinación y venta de aceite. Incluso, saca provecho de la crisis venezolana y trae directamente corozo de palma desde el estado vecino del Zulia, “sin control militar, aduanero y sanitario y a precios demasiado bajos“. No extraña entonces, que el exministro Murgas en visita reciente al Catatumbo, declarara que quiere 400.000 hectáreas de palma en esta zona y para eso cuenta a su favor la política pública, la orientación de los estímulos y de los instrumentos financieros, el debilitamiento del campesinado y nuevas herramientas jurídicas como la ley 1776 o Zidres[2]. Es por eso lógico entender al campesino que explicaba de manera concreta que “todos los caminos de la palma, conducen a Murgas.[3]”
Se identificó en campo que la producción de hojas y la síntesis de la pasta de coca, son actividades que generan también impactos directos sobre el agua. Los relatos de algunos campesinos y autoridades describen como dramática la pérdida de aguas en sitios como El Tarra. Las quemas para la siembra de coca contribuyeron en gran medida a esta situación y la deforestación y deterioro de los suelos también contribuyen a que la retención del agua sea mínima y no se acumule en el suelo.
Pero además, la coca cambió la visión frente al territorio en la medida que lo volvió una cosa. Es decir, un espacio para sacar plata rápidamente y que por lo tanto podía venderse, comprarse sin problemas y usarlo sin respeto. Un hecho grave fue el de envenenar las aguas arrojando en ella los vertimientos de la extracción de la pasta de coca y también el lavado por lluvias y de los equipos usados para aplicar herbicidas, insecticidas, abonos químicos, etc.
Se constató que las veredas de Tibú donde se concentra la extracción de petróleo y gas, presentan condiciones deplorables de calidad de vida.
El acueducto multiveredal de 8 veredas a partir del aprovechamiento del caño San Martín (Golondrinas) que tuvo un costo de $2.200 millones, nunca funcionó porque la bocatoma quedó a una altura inferior de las redes de distribución y el agua inyectada a los tubos se devuelve. Este tipo de acciones, junto con las contrataciones temporales por cuatro meses en celaduría; son las compensaciones que establecen Ecopetrol y otras empresas relacionadas a la industria del gas y petróleo por el uso de las aguas y vertimientos sobre los cuerpos de agua. En la vereda de la Batería, Gases de Oriente vierte directamente las piscinas de tratamiento al caño más cercano. La preocupación con la ocurrencia de estos impactos se basa en el hecho del aumento de la explotación petrolera: Ecopetrol pasó de producir 3.000 barriles diarios hasta llegar a 20.000 y además preocupa el uso del fracturamiento hidráulico o fracking en la zona.
La producción petrolera deja como saldo poblaciones empobrecidas, dependientes, sin acceso al agua, alcantarillado ni vivienda digna, entre otras condiciones. Lo más preocupante es la baja capacidad de diálogo y cualificación organizativa de las comunidades con las empresas y con las instituciones estatales.
Las propuestas viables desde lo ambiental, lo social y lo económico existen, pero los extremos no las dejan ver. No es sostenible la economía de los ilícitos como tampoco lo es la monoespecialización del territorio y la desaparición del campesinado con el establecimiento de la palma aceitera, el caucho, el cacao y los forestales como monocultivos. Ha sido tan dañino el remedio como la enfermedad. Sin embargo los campesinos consideran que no se trata de estar en contra de que haya palma, caucho, cacao; como tampoco el no aprovechar los minerales y recursos energéticos. No están atacando ciegamente el desarrollo como se demostró en el Foro Público por el defensa del territorio, el agua y las semillas, celebrado en Tibú el 1 de abril de 2016. No obstante allí también quedó claro que no es viable ni justo un desarrollo ciego y hegemónico como el que se está planteando mantener en esta región.
En ese sentido la ley 1776 o ley Zidres se convierte en un riesgo adicional que afectaría negativamente la permanencia de las comunidades en los territorios campesinos, en la medida que muchas tierras del Catatumbo no están legalizadas a favor de sus poseedores históricos y son consideradas baldías. La ley orienta los estímulos y mecanismos al desarrollo de proyectos empresariales, que según lo visto en Tibú es la explotación no planificada del territorio con grandes riesgos ambientales.
En contraste, la economía y la cultura campesina son elemento central para que funcionen los ecosistemas, para que la vida silvestre se mantenga y se puedan conectar a futuro los fragmentados bosques existentes. De igual manera para que surja una economía propia basada no solo en los ingresos sino también en flujos alimentarios fuertes que rompan la dependencia y en donde la cultura y vida de los hombres y mujeres que tienen arraigo y apuesta por este territorio, sea fuente de desarrollo endógeno y paz.
“La palma en sí, no es mala, es el modelo que se impone en torno al control de todo el proceso productivo. Los compradores de tierras no son de acá y esta tierra no les importa”. Estas palabras campesinas muestran la necesidad urgente de establecer un ordenamiento del territorio que tenga en cuenta la función ecológica y social de la propiedad, que respete la permanencia del campesinado y que obligue a los inversionistas, a los ministerios de agricultura, ambiente, salud y a la corporación ambiental Corponor al respeto mínimo de las normas ambientales, sanitarias y agrarias. Superar la visión asistencialista e intervencionista desde el nivel central basada en que el Catatumbo es un receptáculo ciego de inversiones y programas delirantes de desarrollo no concertado, debe ser una prioridad en las agendas estatales y también debe ser parte de un diálogo respetuoso, sincero y con condiciones establecidas con los dueños de casa que son las comunidades campesinas e indígenas. No se puede seguir interviniendo y licenciando cuanto proyecto febril surja sin respetar los límites de la naturaleza.
Los reclamos de las comunidades y sus líderes, son justos y sensatos; pero esto les acarrea señalamientos y conflictos. Pensar en ejercicios de inclusión y respeto es un punto de partida esencial para que en el campesinado permanezca y para lograrlo se necesita que las comunidades locales no sean receptoras pasivas de las propuestas diseñadas desde el nivel central bogotano.
Una conclusión central de la ruta y el foro fue la de promover acuerdos urgentes para la protección del agua. Es un mandato ético, ambiental, cultural, político, social y económico que el agua sea respetada y protegida, porque es el bien central y más apreciado por las comunidades del Catatumbo. En ese sentido, las organizaciones, los líderes y lideresas, expusieron varias alte
En el escenario político actual de paz, la región del Catatumbo tiene una gran esperanza y muchas preocupaciones. Tres situaciones fueron puestas con claridad en el foro. El primero, detener la perdida cultural, demográfica, política y económica del campesinado en Tibú. El segundo, considerar que la violencia ejercida contra la naturaleza ha sido tan dañina como la violencia ejercida contra los humanos y tercero, instar urgentemente a que sea posible un acuerdo por el agua y con ello, la defensa de las semillas criollas como un recurso estratégico para el bienestar futuro de las comunidades.
[1] De acuerdo a la silla vacía http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/carlos-alberto-murgas-guerrero A Murgas se conoce como el “zar de la palma” por las 44 mil hectáreas sembradas que tiene su grupo Oleo flores en Cesar y fue presidente y miembro honorario de Fedepalma. Este empresario se ha vinculado con varios políticos notables, quienes le han servido a Murgas como fuentes de poder. Fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Andrés Pastrana y fue muy cercano, en sus respectivos gobiernos con César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos lo nombró presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla
[2] Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres). Ley No. 1776 26 de enero de 2016. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201776%20DEL%2029%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf
[3] Varias investigaciones muestran las favorables condiciones con las que Murgas se adueñó del negocio, entre ellas el contrato que obliga a los pequeños productores a vender por 25 años la producción a la Promotora Las Flores del exministro Murgas, el control de la mayoría de acciones de la refinadora de biodiesel, la alteración por vías de hecho y con la tolerancia de notarios y autoridades de la UAF, entre otras acciones, como se puede ver en http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5569-la-encrucijada-de-los-pequenos-palmeros-del-catatumbo
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