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Francisco Ramírez[1]
“Un fogón sin leña no hace fuego y la leña sin fuego no arde, así como una tradición indígena sin su lugar donde vivirla es como un fogón sin leña y sin fuego. Por eso los indígenas del la Sierra, los Ikja o Arhuacos, los Kággaba o Kogi y los Wiwa o Arzarios, en vos viva y palabra de Mamas, pedimos el derecho que tenemos a nuestra tierra, a nuestro cuerpo en el cual desarrollar nuestro espíritu, nuestra tradición y ley. Así dice nuestro saber y memoria cultural, así pensamos y lo decimos” (sobre el territorio, 1993).
Desde cuando estos lugares eran poblados por nuestros antepasados indígenas, la tierra tuvo usos colectivos, mesurados y dirigidos esencialmente a suplir las necesidades primarias de los pobladores, la utilización de las riquezas del suelo, incluso del subsuelo ( del que solo se extraían minerales para la joyería ritual, aleaciones para las armas y algunos utensilios), estaba basada y sigue estándolo en el equilibrio de la tierra, el ser humano y el cosmos; ese equilibrio implica hacer una explotación racional, cautelosa, prudente de la tierra para no impactar a los otros seres vivientes que dependen de ella, a los elementos de la tierra como el aire, el bosque, el agua y también al cosmos, pues la cosmogonía Kogi señala que todo lo que aquí sucede repercute en el.
La tierra era y sigue siendo utilizada por estas comunidades, en la mayoría de los casos, para la agricultura que hoy se llama orgánica, pues se adecuaba con regadíos, se cultivaba en terrazas, solo se usaba para sembrar lo que ese suelo aceptaba, sus bosques eran conservados como banco de medicinas, reservorio de agua, zona de refugio de la fauna, a la que por lo general solo se utilizaba para calmar el hambre o en algunos casos como medio de transporte; el subsuelo suplía solo lo mas básico de sus usos y con un rango de minerales muy bajo, en algunos casos estos no llegaba a ser mas de cinco.
Con la llegada de los Conquistadores ese uso se privatizó, la tierra se parceló, se le sembraron fauna y flora no propias del continente, se le desgarraron sus entrañas para explotar irracionalmente sus recursos; quien lo hacia debía pagar un porcentaje al rey invasor y se le autorizaba utilizar la vida de cientos de seres humanos, que como en Potosí murieron de cansancio y hambre, en fin se desbordaron los limites impuestos por el conocimiento y la sabiduría humana, el destino de estas tierras fue ser el sustento de un continente que crecía y crece bajo la égida del saqueo, el crimen y el despojo a sus verdaderos dueños.
En la construcción de la República se distribuyó la tierra entre los generales que participaron en el proceso de independencia, se le transfirieron grandes extensiones a familias “prestantes”, se desconocieron y se les despojo de sus propiedades a los afrodescendientes y a los indígenas se les arrincono a vivir en campos de concentración llamados resguardos; se introdujeron cultivos y ganadería intensiva y extensiva; en 1534 se utilizó el oro de Marmato y Supía como garantía de prestamos para la guerra con la banca inglesa agiotista, que exigió como contraprestación 50 años “voluntarios” y 25 forzosos de explotación exclusiva de los recursos auríferos de estas dos regiones de Colombia, 75 años que terminaron convirtiéndose en 100 años de saqueo.
Las primeras legislaciones mineras que se aplicaron en el territorio, heredadas del concepto de propiedad del subsuelo del invasor español, fueron las ordenanzas de rodas de 1600 y la de Mon y Velarde de 1770, posteriormente surgió la ley de Minas de Antioquia, que luego fue aplicada en la mayoría de las regiones del Colombia.
En las últimas décadas, los posteriores desarrollos de la legislación del sector, el uso industrial de los recursos mineros, la inserción de esta economía en el ciclo capitalista, los descubrimientos de grandes yacimientos carboníferos en Guajira y Cesar, la explotación y exportación de Níquel de Cerromatoso, la intensificación de la extracción de esmeraldas en el cinturón del altiplano Cundí-boyacense, el beneficio de materiales de construcción como gravas, gravillas, arcillas para esa industria, han generado un inusitado desarrollo minero que mas que suplir necesidades básicas, destruye la tierra, acaba culturas y desplaza campesinos.
Hoy la situación no mejora, al contrario se ha empeorado bajo el manto de la globalización, pues la sed de recursos minero-energéticos de aquellos saqueadores que hoy siguen siéndolo, no tiene limite alguno; el uso de las riquezas del suelo y el subsuelo, esta dirigido a satisfacer las necesidades de un capitalismo depredador, que extrae el oro arrasando una selva húmeda para guardarlo en lingotes en la bóveda de un banco o destinarlo en el 80% de los casos, para la fina joyería que solo una minoría compra; pero esta actividad acaba con la tierra, los bosques y los ríos con el proceso de extracción de níquel, plomo, cadmio, que luego se utiliza para hacer armas, que destruyen la vida; depone presidentes, tortura, y asesina a miles para sacar cobre, que permite por ejemplo cablear la telefonía en New York, convirtiendo esta ciudad en la mina de cobre mas grande del mundo; adicionalmente la actividad minera-energética arma paramilitares, masacra y desplaza para robar el carbón que mantendrá calientes e iluminadas las oficinas del mundo “desarrollado”; aunque solo en algunos casos el uso de esos minerales contribuye radicalmente al desarrollo humano.
Para mantener este orden de cosas, los gobiernos, las multinacionales y las trasnacionales de los países desarrollados y de las elites del tercer mundo, imponen modelos económicos a través de su Banca multilateral, prestan dinero para que un país se convierta en maquila de los mas poderosos, controla el modelo con “acuerdos” de desempeño que no son mas que recetas para empobrecer y arruinar continentes enteros; influyen y elaboran las leyes de estos países, privatizan sus empresas y sus recursos naturales, generan procesos de violencia que le endosan la vida de millones de seres humanos a sus industrias y agotan día a día la posibilidad de vivir en esta tierra ya exhausta de tanto saqueo.
Las imposiciones del modelo de desarrollo minero-energético en Colombia han pasado por grandes transformaciones en el campo legal, que de la mano de CIDA-CERI, la una institución oficial Canadiense y la otra una, ong de Multinacionales norteamericanas, han adecuado las leyes del país a sus intereses. Primero fue el proyecto de ley de Código de Minas de 1996, elaborado por una abogada de la compañía Canadiense Corona Goldfiels, subsidiaria de la Norteamericana Conquistador Mines (nombre que nos recuerda un pasado oprobioso), ella fue nombrada por el entonces Ministro Villamizar-AlvarGonzáles, para elaborar el proyecto de Ley de Minas, proyecto del que no debía participar, habida cuenta de sus intereses personales y corporativos en la mayor mina de oro de las Américas, ubicada en el sur del departamento de Bolívar. En este proyecto no solo se buscaba expropiar la tierra que poseían los pequeños mineros de la región, también se quería convertir las zonas de exclusión de la minería (donde hay prohibición total de explotación), en restringidas, es decir se buscaba hacer minería con un simple permiso en áreas declaradas por la autoridad competente, como parte del sistema de parques nacionales, reservas naturales, áreas naturales únicas, santuarios de flora y fauna, parques y las zonas arqueológicas o de patrimonio histórico y cultura. Con este proyecto se buscaba cambiar el uso y destino de la tierra, dañar el equilibrio que estos ecosistemas proporcionan, en beneficio de compañías multinacionales que se lucran con la tragedia que significa para un país este tipo de legislación, finalmente este proyecto fue retirado del Congreso por la presión de las marchas de mineros y campesinos y la denuncia internacional.
El segundo intento este si desgraciadamente aprobado, es la ley 685 de 2001, la cual fue preparada, asesorada y reglamentada por abogados de las firmas CEMEX, HOLCIM y Ladrillera Santafé de la familia del entonces presidente Pastrana entre otros. Esta ley plasmó los intereses más mezquinos de estas compañías, quitó la soberanía nacional sobre nuestros recursos, los privatizó, los transnacionalizó y priorizó la tierra para uso de la minería, desconociendo la presencia de bosque, la agricultura, el agua y por supuesto las culturas que habitan en los territorios. La ley declara de interés social la minería, ello equivale que ningún título se le puede oponer a esta, ni el de los indígenas, ni el de los afros, ni el de los campesinos, ninguno, incluso así la tierra tenga otros destinos y usos, estos deben dejarse para ser utilizados en la extracción de minerales.
El manejo del medio ambiente queda en manos de las multinacionales, pues ellas determinan si se adicionan o no cambios en todo el proceso de exploración, explotación y cierre de la mina; introdujeron el artículo 35 que permite la explotación en área urbana (cosa que ningún código del mundo permite) para que las principales compañías cementeras puedan explotar las canteras de Ciudad Bolívar; de ñapa se aplican el artículo 211, pues ante la existencia de reiteradas y graves violaciones a las obligaciones ambientales del explotador, el Estado “podrá” quitarles la licencia ambiental, artículo que se introduce previendo dejar impunes los gravísimos impactos que la minería deja en Ciudad Bolívar y otras regiones del país, no atendiendo los impactos colosales que hace la minería a cielo abierto de materiales de construcción, impactos que van desde el desvió de ríos, la colmatación de estos, la destrucción de nacederos de agua y el polvillo que produce la silicosis y otras enfermedades pulmonares en la población mas vulnerable. Además se dan rebajas de regalías del 15 al 0.4% para la Glencore, (artículo 227) introducidas de manera irregular por el coordinador de ponentes, Álvaro Araujo, para favorecer esta compañía que opera en el Cesar y Guajira; adicionalmente el 228 le da estabilidad a la regalía por todo el periodo de explotación, de esa manera se garantiza que los operadores pagaran nada o casi nada durante todo el tiempo que exploten una mina. El artículo 235 permite rebajas tributarias totales por 30 años a quien tale el bosque y lo exporte, por ello la minera Canadiense Muriel Mining contrató la explotación de oro, cobre, molibdeno con la gobernación de Antioquia, sin pagar un peso, porque va a talar el bosque húmedo de la selva de Antioquia-Choco y lo va a exportar, para ganarse esta “rebaja”.
Se le adicionaron otros artículos que básicamente garantizan que el Estado no pueda cambiar el contrato original, solo lo podrá hacer la compañía, que no haya impuestos que permitan la recuperación del impacto ambiental y la reubicación de poblaciones afectadas; también se limita inconstitucionalmente la demanda de nulidad del contrato al ciudadano común y se le quita el carácter de autoridad minera a Minercol Ltda., para luego liquidarla y tratar de acallar de esta manera las voces que desde esta organización, clamamos por el respeto a la soberanía nacional sobre los recursos del suelo y subsuelo Colombiano.
Los procesos asociados a la minería tienen un impacto negativo en la tierra, comenzando por la exploración, en ella se abren zanjas, se preparan y abren caminos y carreteables de gran envergadura para el transporte de maquinaria pesada para esta industria; hay permanentes explosiones sobre las áreas a estudiar, se destruye parte del bosque con la fauna y la flora que la contienen, se desvían ríos, quebradas, se impactan los nacederos de agua, se comienza a desplazar al poblador natural de la región, se presiona la venta de las tierras que se utilizaran en la mina y en las zonas de amortiguación con procesos basados fundamentalmente en el uso de la violencia a partir de ejércitos públicos, privados y empresas de mercenarios.
En el montaje de la minería se comienzan a preparar áreas, a calcular y adecuar las zonas de explotación, se monta toda la infraestructura de la mina como tal, se comienzan las voladuras utilizando para ellos 42.000 toneladas de dinamita (en caso de minería a cielo abierto), que luego pasaran a ser 150.000/día; se gastan en promedio 250.000 litros por hora, (en minería aurífera) mientras un campesino gasta 30 litros por día. En la explotación se remueven 150.000 toneladas diarias de tierra, el ruido, el polvo y la polución aumentan desproporcionadamente, se hacen procesos de lixiviación que en el caso del cobre utilizan el acido sulfúrico que difícilmente se degrada; en la concentración de Níquel se usa el cloro, producto altamente contaminante; para el caso del oro se concentra utilizando sodio, mercurio y cianuro, (se llegan a utilizar 6 toneladas de cianuro por día para concentrar oro), lo que no solo es peligroso para el ser humano, sino también para la flora y la fauna. Esto fue el caso que ocurrió en un derramamiento de cianuro ocurrido hace algunos años en un rió de Guyana, lo que provocó un impacto inmensamente dañino a los componentes bióticos y abióticos de la zona afectada; finalmente en el proceso de cierre de la mina, se debieron adecuar botaderos y disponer de residuos altamente contaminantes que impactan aguas subterráneas, nacederos de agua, fauna migratoria, entre otros efectos.
Uno de los mas grandes impactos de esta industria en Colombia es la violación a derechos fundamentales de las y los Colombianos, desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados, decidieron tomar a Colombia como fuente de recursos minero-energéticos, nuestro país comenzó a sufrir un proceso de paramilitarización de los municipios donde había industria minero-energética o se iban a implementar proyectos del sector. La “política de seguridad” dirigió los recursos del Plan Colombia y Plan Patriota a proteger la infraestructura del Harken Energy donde la familia del presidente Bush tiene grandes inversiones (Sur de Bolívar, Santander, Llanos Orientales, Norte de Santander, Putumayo), a la Oxy donde Al Gore, Vicepresidente de Estados Unidos tiene una posición accionaría dominante, donde operan la B.P-Amoco de capital Ingles y de Estados Unidos; la ayuda militar de Gran Bretaña se dirigió a zonas donde operan sus compañías Angloamerican, BHP Billiton, B.P.-Amoco; la de Israel a zonas de producción carbonífera de donde sale este mineral que alimenta la industria energética de ese país y la de España a “respaldar” las inversiones de Repsol-YPF en el Arauca.
El resultado de esta política es que el 88% de las violaciones a los derechos humanos ocurren en el 34% de los municipios colombianos que tienen industria minero-energética, 87 de cada 100 desplazados forzados proviene de estas zonas, 89 de cada 100 afrodescendientes son asesinados en estos municipios, 82 de cada 100 sindicalistas son asesinados en estas regiones, en promedio se asesina un sindicalista cada 5 días. La pobreza en el campo aumentó a un 67%, en la ciudad a un 64%, el 23.4% de la población vive en la indigencia, hay mas de 3 millones de desempleados, alrededor de 4 millones de desplazados forzados, se mueren 160 niños diariamente de hambre, desnutrición y falta de atención medica, el 85% de los jóvenes no tiene derecho a la educación universitaria, las minas del Cerrejón, Drummond en el Cesar y Níquel en Córdoba, han dejado en los últimos 27 años, 13.5 billones de dólares en perdidas, 303 municipios mineros-energéticos fueron obligados a elegir a 26 senadores y representantes por presión de los militares-paramilitares, la mayoría de ellos fueron ponentes de leyes que cedieron la soberanía nacional sobre nuestros recursos de agua, flora y fauna, mineros, petroleros, gasiferos, de seguridad alimentaría etc.. En conclusión la industria minera produce no solo un grave impacto en la tierra sino fundamentalmente en la población que vive en ella.
Después de la aprobación de la ley 685 de 2001 la exploración minera se expandió en un 300%, el caso de la Anglogold Ashanti que aquí opera con el nombre de Kedhada es una muestra de ello, solo estaba en Marmato y Sur de Bolívar y ahora esta en 21 departamentos y 326 municipios; solicitó explorar 1.800.000 hectáreas de tierra en Antioquia, ha provocado problemas de tierras en Cauca, Bolívar, Huila, Putumayo, Santander, Guajira, Risaralda, Caldas. La Drummond se esta expandiendo hacia el sur del Cesar, el Cerrejón planea abrir nuevos frentes en Guajira expulsando a afrodescendientes de Chancleta y Patilla. Las Cementares Holcim, Cemex, Cementos Argos, explotan casi todo Ciudad Bolívar en Bogotá y planean expandirse a Usme provocando el desplazamiento forzado de millones de personas que hoy habitan esas zonas. Otras compañías como Greystar Resources, provocan desplazamientos en Vetas y California-Santander; Muriel Mining genera problemas con afrodescendientes e indígenas en Antioquia y Choco; en Suárez - Cauca también la Kedhada arremete contra campesinos e indígenas. La situación de estas tierras ya se suma al despojo de tierra por parte de militares-paramilitares de alrededor de 6 millones de hectáreas, el 53% de la tierra la concentra el 1.8 % de la población y la minería va a provocar mayores problemas de concentración e uso indebido de tierras.
Pasan por la construcción de un modelo propio de desarrollo del sector minero, que busque potenciar los beneficios de esta industria, hacerla donde la población quiera y no donde la impongan las multinacionales; dejar de producir minerales que como el oro ya circula en gran cantidad, limitar la producción de carbón que provoca calentamiento global, prohibir la minería en zonas de riesgo, áreas urbanas, parques nacionales, zonas de nacimiento de agua, vía parques etc. En fin limitarla para que solo se haga si es muy rentable, donde no haya tan graves daños, donde pueda producir desarrollo humano, donde se pueda conservar la frágil biodiversidad y donde se respeten y protejan los derechos fundamentales de las culturas que lo pueblan. Se debe cambiar la legislación actual y crear una nueva que proteja los recursos, en conjunto con todos los actores sociales, es el primer paso para construir un modelo propio de desarrollo minero.
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