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El proceso de deforestación en la Amazonia colombiana ha sido constante. Si bien ha tenido picos históricos muy altos (más de 300 mil ha año) así como años en los que bajó significativamente, en los últimos años ha venido subiendo de manera persistente, llegando a su máximo nivel de crecimiento el año anterior cuando llegó al 44 % sobre el anterior. Este crecimiento se produce en medio de la firma de los acuerdos de paz, la concentración de la guerrilla de las Farc en las zonas de reintegración e igualmente de un incremento importante en el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, avance agroindustrial, expectativa por la política de cultivos ilícitos, entre otros temas.
Si bien la deforestación ha estado históricamente concentrada en los departamentos límite con la Orinoquia y los Andes (Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo), también se empieza a evidenciar una concentración de áreas cuya dinámica indica factores que propician mayores tasas de deforestación y una cierta predictibilidad en su tendencia. Agencias como el IDEAM han desarrollado un importante sistema de monitoreo y alertas tempranas que aún no ha sido debidamente utilizado por el resto del Estado para contrarrestar la deforestación.
Las zonas en las que históricamente tenía presencia la guerrilla, y en especial aquellas que se encontraban en la frontera agropecuaria, tenía procesos de deforestación más bajos y focalizados (en los últimos años, lo cual no quiere decir que también promovieron transformaciones significativas en zonas sensibles) que los que actualmente se observan. El control territorial del Estado (en especial las encargadas de la formalización de la propiedad y manejo de los baldíos de la Nación) y de sus agencias ambientales ha sido más lento de lo necesario, e infortunadamente se viene dando un proceso de deforestación acelerado, acompañado de la aparición de capitales que han impulsado la instalación de grandes fincas y cultivos de coca, así como el denominado potrerización, que es un fenómeno reciente pero significativo de instalación de potreros desprovistos de casas y ganado, en zonas deforestadas para tal fin (tipificado de manera detallada por el Instituto SINCHI (“Construyendo agenda 21 para el municipio de la Macarena”, 2007; “Plan de ordenamiento territorial y desarrollo alternativo interfluvio Losada - Guayabero”, 2004).
De manera complementaria, un sinnúmero de agencias del Estado (p.ej.: PNIS[1], ART[2], ADR[3], ANT[4]) han venido llegando, muchas veces, de manera desordenada y caótica al territorio, en el afán de cumplir con la agenda de los acuerdos de paz, y en otros, en el desarrollo de la agenda de desarrollo económico, la cual no necesariamente es convergente con los postulados planteados por el Ministerio de Ambiente frente a su política contra la deforestación, así como los compromisos internacionales de reducción de emisiones que ha realizado el país. (Como son los casos de agenda agroindustrial, de infraestructura y frontera agropecuaria, y desarrollo minero - energético).
Con todo lo anterior, se puede evidenciar que hay una diversidad importante de factores que está incidiendo en un incremento en la tasa de deforestación, algunos de ellos derivados de actividades legales y políticas del Estado y en otros casos ligados a actividades ilegales generados por diferentes actores del territorio. Análisis detallados de los diferentes sectores de la región, y estrategias diferenciadas para cada caso, pueden hacer parte de las soluciones para este complejo entramado que resulta en esta pérdida de biodiversidad y servicios ambientales.
El tema del efecto de las carreteras en la deforestación, ha sido en nuestro criterio, algo que se subvaloró durante muchos años y solo hasta ahora se empieza a dar la relevancia que merece. Estudios en otras partes del mundo revelan que el 95 % del área al borde de los primeros 5 km de las carreteras está deforestado (Laurence Bill, 2016); en un reciente estudio en el tramo entre La Macarena y San José del Guaviare, la fundación para la conservación y el desarrollo sostenible (FCDS) encontró que la deforestación más significativa se encuentra en los primeros 2 km alrededor de la vía y el IDEAM ha corroborado que esta zona representa un importante núcleo de deforestación persistente a partir del proyecto vial Marginal de la Selva.
El estudio revela que las expectativas de valorización del suelo han incrementado la deforestación de manera sustantiva, sin que a la fecha el proyecto haya presentado una propuesta de diseño y trazado final, así como no tiene un estudio de impacto ambiental aprobado. De hecho, el proyecto, que fue presentado por el gobierno nacional en su Plan Maestro Intermodal, bajo la categoría de “mejoramiento vial” tiene serias repercusiones potenciales, no solo respecto a la deforestación sino frente a la fragmentación del corredor de conectividad Amazonia – Andes - Orinoquía que se ubica entre los parques Chiribiquete, Macarena, Tinigua, Picachos y Sumapaz. (Fragmentado a su vez por los proyectos “Transversal de la Macarena”, “Neiva – Balsillas - San Vicente” y las vías informales e ilegales que atraviesan el parque Macarena entre el río Guayabero y Ariari y Guejar).
Corredores viales como el de la transversal de la Macarena, coinciden con zonas de gran deforestación, expectativas por valorización de tierras y corredores de conectividad (Véase Municipio de La Uribe, Meta). Pero si bien esto ocurre con los proyectos del orden nacional, también es cierto que el país hasta ahora empieza a develar lo que se da en medio de los planes viales departamentales y municipales. Para citar un ejemplo, en el caso del departamento del Guaviare, de catorce vías priorizadas, diez tienen algún tipo de restricción, ya sea por las consideraciones legales (por ejemplo plantear atravesar resguardos indígenas sin consulta previa) o por los trazados que impactan importantes zonas de reserva forestal sin sustracción de la misma. Algunas de estas vías, conectan otras que fueron establecidas en el marco del conflicto armado y que hoy representan un riesgo enorme para el avance de la frontera agropecuaria en zonas donde el Estado ha querido evitarlo (como es el caso de la carretera Calamar – Miraflores.)
En general, la Amazonia colombiana ha sido escenario de un desarrollo no planificado de sus vías, sean nacionales o locales. Una multitud de carreteables en mal estado y con bajos estándares técnicos se ve desplegado por todo el territorio, muchas veces yendo detrás de los procesos de colonización espontáneos y de cultivos ilícitos, minería ilegal, entre otros. No han sido las carreteras, un eje articulador de ordenamiento y de definición de las zonas de ocupación y desarrollo. En la actualidad, muchas de las vías de la región, no están inventariadas, (localizadas, tipificadas, etc.), y cada vez se encuentra una mayor evidencia de cómo es a partir de la construcción de carreteables, que se establecen los núcleos de deforestación y nuevos asentamientos.
En la actualidad, podemos mencionar, además de los casos de vías nacionales con efectos sobre la deforestación (marginal de la selva en los sectores de Villa Garzón a San José del Fragua; y Macarena a San José del Guaviare; transversal de la Macarena, de Uribe a Colombia) algunos casos regionales de interés: la vía Calamar Miraflores, la trocha ganadera sobre el parque la Macarena, las vías que conducen a las cabeceras del río Yarí en San Vicente del Caguán y las vías que de Solano quieren ampliar hacia Solita. Todas ellas, tienen hoy procesos de deforestación asociados importantes, algunas de ellas dando respuesta a la necesidad de tierras de población marginal, y en muchos otros casos, permitiendo la ocupación ilegal y desenfrenada de tierras baldías en manos de inversionistas de diferente calado.
La Coca:Los cultivos de coca han tenido un importante papel en los procesos de colonización en la región amazónica pues han servido como economía complementaria a la ganadería en muchas zonas, como ha sido documentado en investigaciones previas. También han servido de mecanismo de financiación de grupos armados ilegales, ya fuera la guerrilla, los paramilitares y más recientemente Bacrim y disidencias. Adicionalmente, existen zonas de grades cultivos que no corresponden a economías campesinas, sino a grupos organizados con gran capacidad financiera que desarrollan áreas de gran extensión. Lo interesante del caso, es que revisando los datos históricos de cultivos, estos tiene áreas de gran persistencia en el tiempo, concentración y de alguna manera predictibilidad.
Los cultivos de coca en la amazonia han permanecido en los mismos territorios durante los últimos quince años lo cual revela un acaso importante en las estrategias utilizadas, que estuvieron basadas principalmente en erradicación forzosa, ya fuera manual o por aspersión. Es importante señalar que hubo tendencias en años recientes, en la que muchos cultivadores de coca incursionaron en el mercado de la minería ilegal, por ser esta más rentable y menos perseguida, sobre todo en fases de comercialización de la cadena. Sin embargo, los precios de la coca cristalizada, aunado a las expectativas y los estímulos perversos de los programas de sustitución, generaron (entre otros factores) un efecto acumulativo negativo que incidió en la ampliación del área de siembra.
Los acuerdos de paz apuntaban a que con el apoyo de las Farc en los procesos de sustitución, el escenario de mediano plazo sería de disminución del área cultivada; sin embargo, mientras la actividad sea rentable, habrá grupos armados y económicos que utilizan esta estrategia para fortalecer sus ejércitos y controlar una base poblacional y territorial. Este es el caso de lo que viene sucediendo en Guaviare y Putumayo, donde la actividad ha pasado a manos de otros grupos y tiene tendencia a crecer en sus zonas de control. Parques como la Macarena o la reserva Nukak, están teniendo grandes impactos de deforestación por el incremento de cultivos ilícitos de manera selectiva en su interior. (Véase informe SIMCI 2017 para el área cultivada en áreas de Parques Nacionales).
El caso de apropiación masiva de tierras, es a nuestro juicio, el más importante y dinámico factor de deforestación que se da en la región amazónica. La velocidad de los procesos de formalización de la propiedad, definición de frontera agropecuaria, clarificación de los conflictos por uso en zonas con restricción, son muy inferiores a las necesidades de las poblaciones locales y de otras zonas del país. El caso de las reservas campesinas alrededor del área de manejo especial de la Macarena, es un buen ejemplo. Las dos últimas propuestas, en el Guejar - Cafre y la de Losada - Perdido, han quedado en el congelador, a pesar de estar con todo lo requerido para su formalización. Y en este caso de la reserva campesina del Guaviare, es la zona que presenta mayor concentración de tierras, con su consecuente desplazamiento de familias campesinas hacia los bordes de la reserva forestal de la Amazonía, o hacia el PNN Macarena con ocupación creciente.
El proceso, que en vez de estar disminuyendo, se acrecienta y se ve reforzado por el mercado informal de tierras. Veredas como Turpial, La Pizarra, San Lucas, han sido objeto de su compra por un solo propietario, no siendo este el único caso a nivel regional. Este fenómeno, va acompañado no solo de deforestación, sino de desarrollo de infraestructura de vías terciarias, como es el caso de las veredas que colindan con el río Itilla en Calamar, que son recientemente deforestadas, los tamaños de lotes deforestados son mayores que el resto de la región, y coinciden con la reciente solicitud de sustracción de la reserva forestal, sustentada en un estudio cofinanciado por la gobernación.
En este sentido, lo que es importante saber, es que no es esa población campesina o colona de bajos recursos la que está haciendo esta apropiación masiva de tierras, sino que son grandes capitales, de diferente índole (comerciantes, ganaderos, narcotraficantes, políticos, y muchos más) quienes contratan personal local para las labores de corta y quema, instalación de pastos y algunas estructuras de vivienda.
Los sistemas de monitoreo del país, así como otros usados internacionalmente, tienen la precisión para detectar quiénes y dónde están estos grandes deforestadores. Infortunadamente la incapacidad operativa para aplicación de la ley que tienen las agencias ambientales y operadores de justicia, en particular la Fiscalía ambiental, generan una impunidad que alienta e incrementa este proceso. Algunas fotografías recientes, en las áreas de Guaviare, Macarena, y Caquetá, sirven para ilustrar lo que está sucediendo. La invasión que está viviendo el resguardo Yaguará, en las sabanas del Yarí, es extremadamente preocupante, con inconsistencias del municipio al reconocer veredas en su área, a pesar de conocer su existencia y linderos. Caso similar y agravado, el del Resguardo Nukak, en el Guaviare, que tiene procesos de inversión pública (carreteras, tendido eléctrico, escuelas, sustitución de cultivos) sobre la zona del resguardo. Más que la deforestación, lo que hay allí es un etnocidio anunciado y a la luz pública.
Recientemente, en actividades de monitoreo sobre la reserva forestal, se han encontrado incluso área deforestadas que se dejan en “abandono” los lotes, sin quemar, sin pasto, ni coca, pero distribuidas estratégicamente en cuadrículas de bosque lo que permite inferir nuevos modelos de colonización, no en el borde, sino en cuadrículas en medio de áreas de bosque que son delimitadas por trochas bajo el mismo. Esto, ha sido corroborado por campesinos de las regiones mencionadas.
El alto y medio Caguán corresponde con los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Estos dos municipios, llevan de tiempo atrás los mayores niveles de deforestación amazónica y nacional; corresponde a la deforestación asociada en particular, al avance de la ganadería. Las facilidades en la articulación a mercados regionales de carne bovina, el establecimiento de cadenas comerciales de derivados lácteos, hacen de la ganadería un importante renglón económico regional.
De hecho, el proceso de consolidación ganadera, disminución de los cultivos de coca y aumento en la deforestación que se dio en los últimos 15 años entre la zona sur del Meta y norte de San Vicente, es en gran parte debido a la consolidación de un importante modelo de ganadería doble propósito en esa área, que tuvo un incentivo importante con la disposición de tanques fríos para leche en la mayoría de veredas y áreas de producción, que además contó con una activa y muy organizada forma de gestión social para el desarrollo de infraestructura vial, así como una participación decidida de las Farc en el proceso. En la zona sur del parque Tinigua, entre los ríos Losada, Perdido y Guayabero, existen más de 500 km de vías terciarias autogestionadas en gran medida, con una
producción de leche significativa. Coincide con zonas de alta deforestación histórica, y la desaparición de la mayoría de cultivos de coca, y la estabilización de una economía licita. ¿Divorcio obligado entre conservación y desarrollo local en la amazonia?
Un poco menos consolidado como mercado de ganadería doble propósito, viene la zona del alto y medio río Caguán, pero muy activo en la deforestación, apertura de nuevas fincas, y desarrollo de infraestructura vial creciente, en el cual sobresalen proyectos de municipalidades, contratos plan, planes viales departamentales y autogestión. Cartagena del Chairá se convierte hoy en día, en el punto de choque de la gran avanzada de la ganadería sobre el territorio amazónico. Situación similar, en menor escala, se da en el municipio de Miraflores, que “gracias” a la apertura de la vía Calamar - Miraflores, empieza a tener adecuaciones en sus embarcaciones y transporte de carga, para introducir grandes cantidades de ganado, y abrir definitivamente ese “tapón” de la frontera agropecuaria. La participación del Estado, por acción u omisión, en la apertura así como falta de control de este acceso vial, indica que aún no hay claridad en la delimitación de la frontera agropecuaria y el modelo de desarrollo propuesto para las zonas de estabilización de esa frontera.
Derivado de la implementación de los acuerdos de paz, un cúmulo de agencias ha llegado al territorio, con buenas intenciones pero con debilidades importantes que están incidiendo en los procesos de deforestación negativamente (un caso excepcional podría ser el PNIS en el departamento de Guaviare). Estas debilidades se pueden sintetizar en lo siguiente:
Finalmente, la palma africana ha llegado hasta el borde la Amazonia, en los municipios de Puerto Concordia, Puerto Rico, Mapiripán y Vistahermosa en el Meta. Si bien, este proceso fue detenido, a finales del 2017 se presentó un inicio de siembra en el departamento del Guaviare, sobre la trocha ganadera, en el camino a la zona de concentración de Charras. Evaluando las iniciativas que se vienen dando sobre las zonas que tendrán mejoramientos viales nacionales y terciarios, como lo son el área marginal de la Selva entre San José y Macarena (y su conexión con las sabanas del Yarí), la zona de la trocha ganadera hacia el oriente de San José, y el mejoramiento y pavimentación hacia el Retorno, podría estarse configurando una zona de potencial para la producción de palma de aceite, que utilice estas áreas de influencia aluvial antigua y la conectividad vial para mejorar la competitividad del área y permitir un proceso de ampliación en las zonas de siembra.
Si bien, no se puede afirmar que hoy se encuentre evidencia de que hay deforestación generada directamente por cultivos de palma, es importante señalar que las condiciones de conectividad, seguridad, precio de la tierra, están dadas para su expansión, y parte de este síntoma puede ser el proceso de acumulación masiva de tierras. Es de señalar que un proceso similar se dio, en el eje del río Ariari, entre el año 2000 y 2012, dando como resultado una de las zonas de ampliación del cultivo de palma más grandes del país, y un proceso de desplazamiento campesino en un área que sigue siendo epicentro de la confrontación armada en Colombia.
Finalizamos este análisis, con el tema minero, el cual a nuestro juicio, es un elemento que ha promovido la degradación de bosques y aguas en la Amazonia, pero que en términos netos de deforestación no es tan sensible. Es de aclararse que si bien es que las iniciativas mineras legales con títulos vigentes son pequeñas en extensión, no dejan de ser preocupantes, pues sus efectos son principalmente de carácter indirecto, lo cual no lo exime de ser evaluado. Los títulos mineros de coltán en el Guainía, de oro en el Putumayo y Vaupés, no pueden ser vistos con desdén sino en una perspectiva de análisis regionales sobre sus implicaciones en áreas de influencia y de manera previa a su operación, lo cual es un ejemplo clásico de impactos indirectos no contemplado para proyectos minero - energéticos y de infraestructura.
Para el caso de la minería ilegal de oro y coltán, las cosas no son menos preocupantes, sino por el contrario, críticas. La degradación de suelos y aguas por sus métodos de extracción están haciendo estragos en áreas de reserva forestal, parques nacionales, resguardos indígenas, en casi todo el territorio, incluyendo las zonas fronterizas con los cuatro países de la cuenca que son limítrofes con Colombia. En términos de grandes o medianos ríos amazónicos, hay actividad de minería ilegal de oro en: el Guaviare, Inírida, Guainía, Isana, Vaupés, Apaporis, Tararira, Caquetá, Putumayo, Orteguaza, Cothué, Puré, Yarí, Caguán, y otros más. Allí, se puede evidenciar el proceso de deforestación en sus riberas, y particularmente los impactos sociales en sus poblaciones, y la fatal contaminación por mercurio, creciente en población vulnerable, particularmente comunidades indígenas y campesinos que derivan parte básica de su dieta en el consumo de pescado local.
Autor: Rodrigo Botero García. Director fundación para la conservación y el desarrollo sostenible. Fuente de datos: Adriana Rojas – coordinadora análisis espacial FCDS. C.e. rbotero@fcds.org.co
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