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Contexto

Soberanía alimentaria y resistencia popular en Colombia

Dentro de la amplia gama de problemas globales que afectan especialmente a los países llamados subdesarrollados, se destaca el tema del hambre que afecta a centenares de millones de personas en el mundo. Con las políticas impuestas por la llamada globalización, con sus recetas neoliberales de privatización, libre comercio y mercantilización de los bienes esenciales para la vida humana en las últimas décadas, se ha agudizado el problema del acceso a los alimentos por parte de los sectores más vulnerables de la sociedad a escala global. Se pregona por los voceros de los gobiernos y de los organismos financieros internacionales, que el paradigma de la época implica la existencia y el funcionamiento de una trinidad compuesta por el mercado, democracia y derechos humanos. No obstante, precisamente son las políticas de apertura total al libre mercado, los tratados de libre comercio, la imposición de monocultivos dirigidos a la exportación -en los que juegan un papel destacado los alimentos transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y los llamados “biocombustibles”, ahora en acelerado crecimiento y que concentran aún más la propiedad agraria-, amenazan la agricultura tradicional e incrementan sustancialmente el precio de los alimentos.

En este marco el derecho a la alimentación emerge como uno de los derechos humanos esenciales con carácter tanto individual como colectivo y social plenamente exigible, que ha sido recogido en diversos instrumentos de derecho internacional; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo consagra ampliamente y en su artículo 11, los Estados parte del tratado reconocen “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia”. En el mismo instrumento se estipula que para garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición, deberán tomarse mediatas más urgentes e inmediatas. La observación general No. 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU acerca del derecho a una alimentación adecuada, desarrolla aspectos cruciales acerca de la adecuación y sostenibilidad de los alimentos y del acceso a ellos, que éstos se mantengan libres de sustancias nocivas y que sean aceptables para una cultura y consumidores determinados. La observación también recalca la obligación de los Estados de respetar, proteger y realizar este derecho.

Las violaciones del derecho a la alimentación pueden provenir de actos efectuados por los Estados o  por otras entidades reguladas por éstos. Entre los actos violatorios pueden estar la suspensión o derogación de la legislación protectora del derecho a la alimentación; negar el acceso a los alimentos a determinados individuos o grupos, bien sea por medio de la legislación o en la práctica; obstaculizar o impedir el acceso a la ayuda alimentaria de carácter humanitario en los conflictos internos o en situaciones de emergencia; no controlar la actuación de individuos o grupos que violen el derecho a la alimentación de otras personas, o que el Estado no tenga en cuenta obligaciones jurídicas internacionales referentes a este derecho al concertar acuerdos con otros Estados o con organizaciones internacionales.

Por definición y por su conexión con el derecho a una vida digna, el derecho a una alimentación adecuada es de  capital importancia  para el disfrute de todos los otros derechos. Es así como la concepción de integralidad de los derechos nos conduce a tratar el de la alimentación en conjunto con otros derechos de los pueblos como los de su autodeterminación, soberanía, respeto al medio ambiente, derechos de los trabajadores y pueblos indígenas, diversidad cultural, etc.

 

Naturaleza especial de los alimentos

Por la condición natural del ser humano  y por su necesidad de supervivencia el valor de los alimentos es literalmente vital y por  ello son un bien radicalmente diferente a los demás.  Por ejemplo, pueden faltarnos muchas otras cosas y la vida sería más difícil sin comunicaciones o sin electricidad y eso traería grandes catástrofes pero la humanidad no desaparecería. Pero si quedáramos sin comida, alimentos así fuera por pocos días, la especie dejaría de existir.

Cuando hablamos de alimentos estamos hablando entonces de un bien que no se parece a ningún otro y dentro de ese bien incluimos el agua porque sin ella no se puede vivir y porque es indispensable para la producción de los alimentos y para la crianza  de los animales para consumo humano. La realidad  y especificidad de los alimentos como un bien diferente a los demás y el hecho de que  la comida podría faltar aún cuando se disponga del dinero para comprarla, hizo que en 1974 la FAO realizara la cumbre sobre la alimentación. Según la FAO, ese fue un año de escasez de alimentos no solo por los costos, sino también por condiciones meteorológicas, porque aumentó la demanda y porque además hubo especulación cuando subieron los precios del petróleo.

A partir de ese año se comienza a desarrollar el concepto de seguridad alimentaria, inicialmente entendido como “la necesidad de garantizar la disponibilidad de alimentos”, al problema de si había o no alimentos, fundamentalmente los básicos. En 1983, la FAO crea el Comité de Seguridad Alimentaria con el propósito de “asegurar en todo momento la disponibilidad de suficientes suministros mundiales de alimentos básicos, en primer lugar de cereales, a fin de evitar carestías agudas de alimentos en casos de malas cosechas generales o catástrofes naturales, sosteniendo una expansión constante de la producción y el consumo y reduciendo las fluctuaciones en la producción y en los precios”. Ya hacia  1996 surgió el concepto de soberanía alimentaria, producto de elaboraciones teóricas y de luchas prácticas de diversos  movimientos sociales y comunidades populares, que encontró su formulación por la organización Vía Campesina, liderada entre otros por el reconocido dirigente francés José Bové. 

 

¿Qué es la soberanía alimentaria?

El concepto de soberanía alimentaria fue  llevado al debate público por Vía Campesina con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 como alternativa a las políticas neoliberales. En artículo publicado el 13 de febrero de 2004 en “Ecoportalnet” el Directorio Ecológico y Natural Vía Campesina sostiene: “La soberanía alimentaria es el Derecho de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién lo produce”.

La soberanía alimentaria incluye:

• Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM, para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público, para que se reparta de una forma sostenible.
• El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién lo produce.
• El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas; mantener unos precios agrícolas ligados a los costes de producción, implicaría la posibilidad para que los países o las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, comprometiéndose a favorecer una producción campesina sostenible, al controlar la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. Así, la participación de los pueblos en la definición de política agraria resulta imprescindible.
• El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.

La idea de soberanía alimentaria se convirtió posteriormente en aspecto central del debate agrario internacional y ha llegado a las instancias de las Naciones Unidas. En el foro de 0NG internacionales paralelo a la cumbre mundial de la alimentación de la FAO de junio del 2002, fue uno de los aspectos más debatidos al insistir en que la soberanía alimentaria no es una idea meramente negativa de oposición al neoliberalismo, ni está en contra de los intercambios, sino de la prioridad dada a las exportaciones. La soberanía alimentaria permite reconocer a los pueblos la seguridad alimentaria, al  mismo tiempo que intercambian con otras regiones unas producciones específicas que constituyen la diversidad de nuestro planeta. También exige un comercio internacional justo y propone que en un ámbito de igualdad de los países y bajo el auspicio de la ONU, los intercambios comerciales sean dotados de un nuevo marco en el que las política agrícolas apoyen una agricultura campesina sostenible en el Norte y en el Sur y garanticen el derecho a la alimentación de la población, preserven el medio ambiente y estén protegidas contra el dumping .

 

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”. Declaración política del Foro de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria. Roma, junio de 2002

 

Seguridad, soberanía o autonomía alimentaria

Conviene precisar estas tres nociones, sus diferencias y similitudes, no tanto por su importancia teórica sino por las implicaciones prácticas para el movimiento social.

La idea de seguridad alimentaria guió durante muchos años la acción de los estudiosos del tema de los alimentos y de su disponibilidad y es así como en “La alimentación que nos ofrecen “, número 4 de los folletos “Alcatemas”, Alejandro Mantilla explica que hay seguridad alimentaria “cuando todas las personas, durante todo el tiempo tienen acceso físico, social y económico a la alimentación suficiente, segura y nutricionalmente necesaria para satisfacer las necesidades nutritivas y las preferencias alimentarias que le permitan llevar una vida activa y saludable”.

Este concepto enfatiza la disponibilidad de alimentos, el acceso a ellos y la sostenibilidad de tal acceso pero invalida el problema de la adquisición de los alimentos, al sobreentender que cuando hay disponibilidad de alimentos se tiene acceso a ellos, premisa que no es cierta, porque con frecuencia existe oferta total de alimentos sin que muchos grupos sociales puedan adquirirlos. Por otra parte, la seguridad no comprende a la alimentación como derecho ni le da un estatus jurídico exigible, al denotar exclusivamente las situaciones de seguridad o inseguridad en la provisión de los alimentos sin preocuparse suficientemente acerca de las personas que las sufren.

Con el auge  y aplicación del neoliberalismo, el concepto de la seguridad alimentaria, aferrados a sus concepciones de libre mercado, los neoliberales fueron debilitando la idea de la disponibilidad y levantando la teoría de que no importa dónde esté la comida mientras sea barata y se tenga con que comprarla. Ese es el proceso que sufre la definición.

No obstante, la FAO sostuvo  en su definición la importancia del acceso, sin sucumbir a la influencia neoliberal: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.

De esta manera, la noción de soberanía significó un gran avance frente a la mera seguridad alimentaria porque tiene en cuenta las dinámicas propias del mercado mundial de alimentos, el poder de las instituciones financieras internacionales y de las grandes empresas transnacionales del ramo.

Mantilla ve como problema el hecho de que el concepto de soberanía se ha relacionado siempre con el poder del estado como ente hegemónico al cual se subordinan los colectivos sociales y los individuos y que como tal la soberanía es indivisible. Agrega también, que si bien surge como alternativa frente a lo transnacional o global privilegia claramente lo nacional, no es claro cómo puede compaginarse la soberanía alimentaria con los conflictos al interior de un país entre la soberanía nacional y la autonomía local.

Enfatiza que la idea de soberanía alimentaria sigue teniendo un componente demasiado defensivo más que realmente alternativo que puede dar a lugar a políticas meramente proteccionistas y por ello propone una nueva categoría que ayude en la lucha por el derecho a una alimentación adecuada en dos aspectos: a). La exigencia de construcción de realidades acordes con la garantía completa del este derecho para todas las personas, que posibilite actuar como caja de herramientas para crear nuevas realidades de liberación. b) Que retome las ventajas de las nociones de seguridad y soberanía pero a la vez supere sus falencias. c) Ve en la noción de “autonomía alimentaria” la categoría que podría responder a estas exigencias porque comprende la autonomía de los pueblos y comunidades, en el entendido que la alimentación adecuada es un derecho que tiene como sujeto tanto a los individuos como a los pueblos y comunidades. Por eso destaca que esta autonomía busca los mecanismos necesarios para que los pueblos y las comunidades decidan sobre la producción agraria y de alimentos sin intromisión del poder político ni de las corporaciones o los organismos multilaterales, en una forma tal que las determinaciones sobre este tema fluyan de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo.

Y finalmente, en estas condiciones, la soberanía alimentaria propugna por redes de comercio justo entre los espacios rural y urbano, buscando una relación directa entre productores y consumidores, respetando los hábitos culturales alimenticios de los pueblos, privilegiando la agricultura sostenible en la que primen los insumos naturales u orgánicos, una agricultura ecológica que propenda por la conservación del agua, la fertilidad del suelo y que aboga por la distribución igualitaria de la tierra, autogestionada por los campesinos.

En la realidad subsisten tres posiciones sobre este problema de la seguridad, de la soberanía o la autonomía alimentaria. En Colombia se asume la tendencia de seguridad alimentaria, impulsada por la globalización y el neoliberalismo, que no ha logrado imponerse en la FAO, que asevera  que lo  importante es que en el mundo haya comida, no importa en qué sitio, y que yo no tenga dinero con que comprarla. La política se impone en Colombia con toda crudeza, especialmente por las condiciones favorables que le da un gobierno totalmente proclive a las políticas del libre mercado, comprometido con el capital transnacional, obsecuente con los organismos financieros internacionales y con el gobierno estadounidense. Los defensores del TLC con Estados Unidos dicen  que si tenemos petróleo y carbón compramos el trigo y compramos el maíz. Pero en la óptica del movimiento social se advierte que puede ocurrir que el trigo y el maíz no estén disponibles aún cuando tengamos con que comprarlos.

Es así como después de las primeras medidas de apertura económica en 1990 pasamos de ser un país autosuficiente en alimentos a importar cerca de cinco millones de toneladas de alimentos al año solamente una década después, tendencia que va aumentando en detrimento de la producción agrícola nacional y del empleo rural.  La llamada contrarreforma agraria que en el lapso de 6 años despojó a los campesinos de cerca de seis millones de hectáreas que pasaron a manos de los narcotraficantes, paramilitares o socios políticos de éstos ha sido otra estocada a la producción nacional de alimentos que agravó el panorama crítico.

A esto se añade la política de guerra y terrorismo de Estado que no solamente conlleva bombardeos a las zonas agrarias, sino que acelera el desplazamiento y despojo del campesinado, so pretexto de combatir a los grupos guerrilleros. En este marco, los bloqueos impuestos por la fuerza pública o por los grupos paramilitares impiden el acceso de alimentos a comunidades que no son afectas a las políticas o que se han declarado neutrales en el conflicto armado, resultan una violación flagrante a las normas protectoras del derecho a la alimentación. También lo son las restricciones y limitaciones impuestas por el ejército a la cantidad de alimentos que puede llevar una familia campesina, que a pesar de ser contrarias a la Constitución y a las normas del derecho internacional humanitario, forman parte de la cotidianidad del conflicto armado en el país.

Como si esto fuera poco, el gobierno colombiano ha emprendido una agresiva campaña de promoción del cultivo de palma africana, caña de azúcar y maíz como base de agrocombustibles, brindado a los grandes productores cuantiosos subsidios directos y estímulos tributarios que se combinan con el desalojo violento a las comunidades que se resisten, como es el caso de las comunidades del Jiguamiandó, el Cacarica, entre otras. El caso de la hacienda Carimagua, en plena Orinoquía colombiana es emblemático, este predio de 17.000 hectáreas debía ser destinado a proyectos productivos en beneficio de familias de campesinos desplazados por la violencia y en lugar de ello el Ministerio de Agricultura lo ofertó en condiciones sumamente favorables a grandes inversionistas interesados en los agrocombustibles. Solamente la presión de la opinión pública impidió temporalmente ese despropósito pero aún no se ha encontrado una solución al problema.

También están frescas en la memoria las situaciones relacionadas con la adjudicación de terrenos de la nación en la altillanura del departamento del Vichada a personas vinculadas a un senador partidario del actual gobierno, por lo demás también comprometido en las investigaciones sobre relaciones con los grupos paramilitares, totalmente ajenas a la región pero claramente interesadas en participar del festín de los agrocombustibles.

Mención especial merecen las últimas medidas del gobierno de Colombia que con el aparente deseo de defender la salud de los consumidores y la higiene con la que deben procesarse los alimentos, vienen afectando seriamente a los productores rurales. Algunas de esas decisiones resultan risibles por su contradicción con las condiciones en que se desenvuelve la vida en el campo colombiano, como es la exigencia de que compren la carne congelada cuando en la mayoría de los casos ni siquiera hay nevera y en algunas zonas ni existe luz eléctrica. Otros ejemplos de estas situaciones son el decreto que prohíbe la venta de leche cruda y exige tanques de enfriamiento que no están al alcance de los pequeños ganaderos; los requisitos de certificación para los paneleros y los decretos que obligan al sacrificio de pollos y gallinas en determinados mataderos cuando en muchos departamentos no hay.

El tema del agua no es ajeno al de la soberanía alimentaria. Primero el derecho humano al agua tiene una relación directa con el derecho a una alimentación adecuada y ambos se ven amenazados por el mismo proyecto de mercantilización total de la vida y de eliminación de las formas comunitarias de propiedad y de la economía campesina. En segundo término porque con la privatización de las empresas de acueducto y con el control de los principales recursos hídricos por las empresas transnacionales, los pueblos y las comunidades quedan más indefensos y dependientes y de esa manera su soberanía o autonomía alimentaria están aún en mayor riesgo.

 

Otro mundo mejor es posible

Además del cuestionamiento a los modelos imperantes y la denuncia de la injusticia hay muchas otras modalidades de resistencia al modelo inhumano y depredador del capitalismo transnacional. La resistencia de los trabajadores, de la que la reciente huelga de los corteros de caña del Valle del Cauca es digna de mención, muestra que sí se pueden lograr avances en los derechos laborales y en la mejora de las condiciones en que se desempeñan. Otro ejemplo de resistencia y de búsqueda real de alternativas fue el referéndum sobre el TLC de Colombia con Estados Unidos realizado hace poco años en las comunidades indígenas del departamento del Cauca, en el cual, después de un proceso amplio, democrático y participativo, más del 90% de los votantes se pronunció rotundamente en contra de dicho tratado y de todo lo que implica en cuanto a elementos de colonización económica y de destrucción de la agricultura campesina y de la soberanía alimentaria se refiere.

En esa misma tónica la "Minga de los pueblos", promovida principalmente por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que movilizó hacia las principales ciudades del país miles de personas a finales de 2008 en reclamo de la defensa de su autonomía, por la vida y por el respeto a sus comunidades y tradiciones, se constituyó en un verdadero hito en la gesta por la soberanía de los pueblos: no solamente expresó reivindicaciones de los indígenas sino que recogió a su paso por diferentes lugares los reclamos represados (y reprimidos) de sectores populares, obreros y estudiantiles.

La lucha de las comunidades indígenas y negras por defender sus territorios y por la biodiversidad, contra los monocultivos que arrasan la selva y la convierten en desierto verde es otro eslabón de una cadena de resistencia que necesita enlazar, coordinar las redes y movimientos alternativos.

El movimiento ambientalista nacional e internacional que denuncia los efectos nefastos sobre los ecosistemas de la agricultura transgénica y de los agrocombustibles viene contribuyendo a encontrar alternativas más amigables con el medio ambiente.  Las redes de comercio justo y de agricultura orgánica son otra forma de lucha contra el monopolio de las trasnacionales y sus intentos de imponer los organismos genéticamente modificados.

Las alianzas entre estos sectores con los movimientos campesinos y de consumidores son una necesidad indispensable. En estas redes tienen también un gran papel las ONG de derechos humanos para desplegar propuestas y estrategias fundamentales para que cesen las políticas neoliberales, para desarrollar  políticas solidarias, para apoyar acciones locales en defensa del territorio, para promover iniciativas de producción campesina sostenible, la defensa de las semillas locales, acciones contra los OGM y el dumping, etc. También es importante llevar este debate a todos los niveles en las organizaciones sociales, gobiernos, parlamentos y entidades territoriales.

En definitiva, se trata de concretar una política de autosuficiencia alimentaria, de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, en la que lo que se importe sean déficit temporales y no lo fundamental de la dieta básica, en condiciones de justicia social, sostenibilidad de la explotación y respeto al medio ambiente. Esa producción no debe eliminar la agricultura campesina, indígena ni comunitaria como tampoco excluye la participación de empresarios y obreros agrícolas. Difícilmente pueda llevarla a cabo un Estado que no responde a las necesidades e intereses de las mayorías nacionales y en cambio sí es viable en un nuevo Estado que desmonte la violencia como mecanismo de gobierno de las minorías plutocráticas y que incorpore a los grupos excluidos. En este sentido cabe recordar las propuestas del recientemente fallecido maestro Orlando Fals Borda, que al fundamentar la necesidad de un socialismo raizal que recogiera las tradiciones y luchas de los grupos aborígenes, negros, campesinos y colonos mestizos garantizara el abastecimiento de comida nutritiva y sabrosa del trópico para toda la sociedad, producida sin agotar la tierra y sin degradar los ecosistemas.

 

Bibliografía:

- ESPINOSA, Rangel Laura. “La inequidad se legitima”.  Alcatemas No. 3. ALCA y Agricultura
-  MANTILLA, Alejandro. “La alimentación que nos ofrecen”  Alcatemas No. 4
- RALT, Acción Ecológica Red por una América Latina Libre de Transgénicos. “Maíz, de alimento sagrado a negocio del hambre”.
- Comisión Pastoral de la Tierra. Red Social de Justicia y Derechos Humanos de Brasil.”Agroenergía,  mitos e impactos en América Latina.
- Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de Agricultura sobre seguridad alimentaria, Comisión Quinta del Senado, 26 de noviembre de 2008.