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Contexto

Responsabilidad social empresarial y gobernanza

El proceso de reconfiguración de los territorios, se apoya también en otros conceptos que forman parte del discurso global. Entre estos conceptos se destacan el de «responsabilidad social empresarial» y «gobernanza». Veamos brevemente el uso de cada uno de ellos. La noción de responsabilidad social empresarial (RSE) es un concepto reciente, de resonancias globales, que apunta a combinar la filantropía empresarial con una idea más general acerca de la responsabilidad de las empresas respecto del impacto social y ambiental que generan sus actividades. La importancia de tal concepto debe ser entendida en el marco de la nueva matriz neoliberal, en la cual se consolida el rol metarregulador del Estado y las empresas pasan a ser consideradas como el actor central y dinámico por excelencia.

Este nuevo modelo de acción empresarial, que surgió del Foro Económico de Davos, en 1999, ha sido propuesto por y para las grandes empresas, que operan en contextos de gran diversidad, de fuerte competencia internacional y, sobre todo, de creciente exposición ante la opinión pública. No es casual que muchas de las grandes empresas que lideran internacionalmente el movimiento de Responsabilidad Social Empresarial, con fuertes campañas mediáticas y enormes presupuestos, sean responsables de daños ambientales, de explotación de trabajo infantil y subcontratación de trabajo esclavo, sobre todo en las regiones periféricas, donde los marcos regulatorios son siempre más permisivos que en los países industrializados del centro.

La RSE adquirió rango institucional a través del Pacto Global, en el año 2000, el cual es definido como «un Programa Interagencial, liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tendiente a aumentar la responsabilidad social empresarial en los campos de los derechos humanos, los estándares laborales y el medio ambiente» (www. rseonline.com.ar).

En Argentina, el mismo se instaló en la agenda luego de la crisis de 2001 y encontró un gran dinamismo en el campo de la actividad minera. Como ha analizado M. Antonelli (2007) es en 2002 que en este país se presenta el informe final del programa Mining Minerals & Sustainable Development (MMSD) y que tendría por objetivo «cargar de contenidos la responsabilidad empresarial». Así, dicho concepto aparecía como una de las claves tendientes a producir «un cambio cultural respecto de la minería a gran escala, para ser concebida como factor de desarrollo sustentable».

Ciertamente, la responsabilidad social empresarial forma parte de un dispositivo más amplio, que apunta a instalar y legitimar el nuevo modelo extractivista. Hacia afuera, las empresas se orientan a desarrollar vínculos estrechos con instituciones, Universidades privadas y públicas, a partir de convenios y subsidios, al tiempo que desarrollan una intensa publicidad en los más diversos medios de comunicación, en el marco de un discurso que subraya la opción por una «minería responsable».

En América Latina, como parte de dicha estrategia de legitimación, instituciones como la OLAMI (Organismo Latinoamericano de Minería), creada en 1997, han instituido premios, como el de «Ecología y Ambiente Gildo Sá de lbuquerque» y «Gestión Social Zonia Osorio de Fernández», que se entregan cada dos años(2) . Hacia adentro, en relación con las comunidades en las cuales se desarrolla la actividad extractiva, sus efectos son aún mayores, en la medida en que sus intervenciones focalizadas y el entramado que generan, introducen cambios sustantivos en el plano de la ciudadanía. Así, puede establecerse que en aquellos contextos en los que se implanta habitualmente la actividad minera (matrices sociopolíticas jerárquicas, pequeñas localidades, escasa diversificación económica; debilidad institucional), las grandes empresas tienden a convertirse en un actor social total. En efecto, en primer lugar, tienden a reconfigurar bruscamente las economías locales preexis¬tentes, reorientando la actividad económica de la comunidad en función de la minería, y creando nuevos enclaves de exportación; en segundo lugar, producen un impacto negativo en términos am¬bientales y sanitarios, que repercute sobre las condiciones de vida de la población. En tercer y último lugar, a través de la llamada RSE, las empresas tienden a ampliar su esfera de acción, convirtiéndose en agentes de socialización directa, mediante una batería múltiple de acciones sociales, educativas y comunitarias. El caso de la minera La Alumbrera, el primer megaemprendimiento a cielo abierto instalado en Argentina, desde 1997, constituye uno de los ejemplos más ambiciosos, en el cual una empresa pretende asumir un rol como agente socializador, apuntando así a un control general de la producción y reproducción de la vida de las poblaciones.

En fin, otro concepto clave de esta reformulación y aggiornamento del paradigma neoliberal, que hoy recorre el lenguaje de organizaciones internacionales y de las ciencias sociales, es el de «gobernanza», que puede ser definido como «una forma de gobierno que no pasa por la acción aislada de una élite político-administrativa relativamente homogénea y centralizada, sino por la adopción de formas de coordinación a distintos niveles, y multiactoral, en cuanto incluye al sector público y al sector privado, a los actores de la sociedad civil y al mercado»(3)). Como sostiene Boaventura de Sousa Santos (2007:36), la gobernanza opera como una síntesis entre legitimidad y gobernabilidad. «La gobernanza busca, de hecho, armonizar las reivindicaciones a favor de de la participación y la inclusión, resultado de la interpretación de las crisis social que parte del concepto de legitimidad, con las exigencias de una mayor autonomía y autorregulación producto de la interpretación guiada por la idea de gobernabilidad. Sin embargo, es una falsa síntesis, puesto que opera totalmente dentro del marco de la gobernabilidad».

De manera paradigmática, en la actualidad el modelo de la gobernanza está siendo aplicado hoy en América Latina en el marco de la extensión de un modelo extractivo-exportador. La concepción que subyace a este modelo es que, más allá de la opacidad de los sistemas de representación y de las nuevas incertidumbres, los antagonismos y las contradicciones pueden resolverse en una esfera de mediación y de entendimientos recíprocos, en las cuales el objetivo es tanto la consolidación de la gobernabilidad como la materialización del llamado «capital social» en términos de redes sociales y políticas.

En este sentido, dicha visión apunta a diluir la idea de que los antagonismos pueden ser, en un punto, irreconciliables, de que éstos están insertos en relaciones de poder asimétricas y que en definitiva enfrentan —o pueden enfrentar— proyectos de sociedad diferentes y, en mucho, antagónicos (Rodríguez Garavito 2005, Svampa, 2007). En fin, se trata de un modelo que, dado el actual escenario latinoamericano y las cartografías de resistencias existentes, intenta una recomposición de la dinámica del capitalismo neoliberal a través de ciertos dispositivos de intervención públicos y privados, que colocan el acento, por un lado, en la responsabilidad social empresarial y, por el otro, en la necesaria autolimitación de las demandas y reclamos de las poblaciones afectadas, frente a una realidad de «hechos consumados», esto es, la expansión «inevitable» del capitalismo transnacional en nuestras latitudes.

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1.Maristella Svampa. La disputa por el desarrollo: Conflictos socioambientales, territorios y lenguajes de valoración. En: Minería y territorio en el Perú. Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización. José de Echave C., Raphael Hoetmer y Mario Palacios Panéz (coordinadores). Lima, junio de 2009.  pp. 48-50.

2.Este año fueron premiadas Minera Bajo La Alumbrera, que ya estaba procesada por delito de contaminación peligrosa para la salud, el Proyecto Veladero (Barrick Gold, San Juan) por un plan de revegetación , y a la Empresa Minera Inti Raymi S. A. (Emirsa), subsidiaria de Newmont Gold, en Bolivia, denunciada por contaminación. La agenda de ¬la OLAMI contempla también la elaboración de estudios de casos por país y propuestas de herramientas de prevención y resolución de conflictos mineros (Antonelli: 2008).

3.Ruano de la Fuente (2002). Asimismo, ver De Sousa Santos (2007) y Antonelli (2007).