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Una de las propuestas de gestión de las empresas mineras se basa en la responsabilidad social empresarial, RSE. El concepto no es nuevo pero su aplicación se ha convertido actualmente en materia de discusión entre quienes apoyan esta propuesta de gestión y quienes la critican. Parte de la discusión esta relacionada con lo que entienden unos y otros de esta estrategia. Se trata esencialmente de verificar si la RSE resuelve los problemas provocados por las industrias extractivas y para el caso, específicamente la minería, o solo es un maquillaje que permite presentar resultados positivos y éticos a los accionistas y ser aceptados para acceder mejor a los mercados y acallar las criticas de los opositores a la actividad.
Existe suficiente promoción de la RSE por parte de las industrias, gobiernos, gremios e incluso ONG, por lo que haremos aquí un análisis crítico del concepto y su puesta en práctica por parte de la industria minera. La RSE puede presentarse como un instrumento de autocontrol social y ambiental aplicado por las grandes empresas para garantizar la aceptabilidad de sus actividades por parte de la sociedad civil y, de paso, los gobiernos de los países donde realizan sus inversiones.
El mismo sector empresarial cuenta con diversas definiciones de RSE entre las que se destacan las siguientes:
• RSE es “una visión sobre la empresa que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al medio ambiente, como una estrategia integral que incrementa el valor añadido y, por lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa”.
• “Es el compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas, y que partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico". (Definición aprobada en el comité de normalización 180 de responsabilidad social).
A pesar que existen organismos que tratan de normar la RSE, es importante destacar que al referirse a valores “éticos” no se menciona cuales y el respeto a las personas no hace mención a la declaración universal de los Derechos Humanos de la ONU ni al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT. Tampoco especifica a qué comunidades se refiere, su eventual vulnerabilidad y fragilidad. Finalmente, el medio ambiente genéricamente mencionado no aporta conceptualmente a su valoración.
Vemos que esta definición, como varias otras referidas a la RSE(1) se basa en la interpretación libre y voluntaria de cada entidad que la aplica, lo que constituye una de las mayores críticas a la RSE: su interpretación y aplicación de carácter voluntario impide que se aplique de manera coercitiva, es decir obligada o forzada por leyes, decretos y reglamentos.
Como respuesta a esta crítica las empresas han desarrollado códigos de conducta específicos y son asumidos generalmente por los gremios que agrupan al sector minero. El problema es que dichos códigos también son de carácter voluntarios y carecen en la mayoría de los casos de medidas que permitan castigar su incumplimiento, mas allá de ser borrado de la lista.
Un ejemplo es el “Código del Cianuro” que permite certificar la gestión de producción, transporte y uso del cianuro de acuerdo a los lineamientos de dicho código. Lo que llama la atención es que hay empresas mineras que someten algunas de sus actividades a dicho código y otras actividades quedan fuera, impidiendo una visión integral de la gestión del cianuro de la empresa minera.
Luego, otro problema planteado es la complementación entre la falta de fiscalización por parte de los Estados a las industrias extractivas y la aplicación del principio de la RSE. Una complementación que puede transformarse en un mecanismo perverso que presenta una actividad como social y ambientalmente responsable debilitando la capacidad fiscalizadora estatal. La perversidad se manifiesta cuando un Estado quiere intervenir y ya no esta en condiciones de hacerlo. Ha desmantelado sus medios físicos como el transporte y ha debilitado las fortalezas técnicas de sus funcionarios.
Las experiencias han mostrado que algunos países que han seguido ese camino han tenido que optar por fortalecer sus capacidades fiscalizadoras, aunque en la mayoría de los casos ha sido luego de comprobar en la práctica que la RSE ha servido para ocultar problemas sociales y ambientales provocados por la explotación minera. Hay otros países que aun aplican la táctica del avestruz, lo que otorga una importante ventaja en externalización de efectos negativos a las actividades mineras.
Esto ha sucedido en países que han confiado en el autocontrol de las empresas mineras bajo el compromiso de la implementación de la RSE. Un ejemplo lamentable lo constituye el Perú, con una industria minera que aporta mas del 50% de ingresos por exportaciones, en 2004, había 8 funcionarios para monitorear en terreno más de 6.200 concesiones mineras. Chile con su extensa geografía no ha estado lejano en materia de fiscalización a la minería. La idea de la autorregulación en el sector ha sido un concepto instalado en el Estado y ha ayudado a encubrir los daños ambientales causados por la industria minera en el país.
| Las críticas más recurrentes en materia de RSE provienen de las organizaciones y comunidades que deben convivir con las industrias extractivas y se resumen en las siguientes: - Es una forma de publicidad empresarial. - No constituye necesariamente una forma de responsabilidad jurídica por ser voluntario. - Las sanciones son indirectas e influyen en los accionistas (sanciones bursátiles). - Encubre acciones de cooptación y corrupción. - Facilita el lobby con gobiernos nacionales y regionales. - Enfatiza la riesgosa auto-regulación. - Aprovecha las debilidades y necesidades socio-económicas de las comunidades para cooptarlas y dividirlas. - Desacredita las críticas de las comunidades y organizaciones. |
En este escenario, la RSE, desde la perspectiva de las comunidades que deben convivir con la minería, es más bien un desafío para develar la verdadera cara de las industrias extractivas, evitar que la RSE se convierta en un instrumento de cooptación y corrupción de las comunidades y que el Estado ejerza su rol fiscalizador. Entonces, más que una ventaja, la RSE se presenta como un problema que plantea a las comunidades muchos más riesgos que oportunidades.
Volviendo a Perú, uno de los países mineros por excelencia en la región, un informe señala que “Los conflictos vinculados a actividades extractivas han aumentado, no solo en número sino también en intensidad y poco es lo que han podido hacer las empresas y sus códigos para enfrentarlos. Los informes de la Defensoría del Pueblo nos demuestran que la mitad de los conflictos que se producen en el país son conflictos socio-ambientales y de estos, el 80% son mineros y de hidrocarburos...Además, la mayoría de conflictos vinculados a minería e hidrocarburos involucran a empresas que cuentan con códigos de responsabilidad social”(2)
RSE es un concepto desarrollado en el Norte, pues de allá provienen la mayoría de las inversiones y actividades industriales del planeta. Allá también han repercutido las críticas a la actividad. Para el caso de la expansión de la frontera minera en América Latina en la década del 90, las empresas que participaron de este proceso provenían principalmente de Canadá. Transcurrido poco tiempo de la materialización de las inversiones mineras canadienses, quedó en evidencia que las prácticas mostradas por dichas empresas en América Latina se diferenciaban de aquellas que mostraban en su país de origen. Esto incluía las políticas laborales, de seguridad, salariales, ambientales y sociales.
El resultado de esas políticas diferenciadas fue una ola de críticas expresadas en las embajadas canadienses en los países de América Latina, las denuncias públicas mediante las alianzas con organizaciones sociales y ambientales en Canadá y finalmente la presentación de casos en el sistema judicial en ese país. Para este caso se puede afirmar que las empresas mineras canadienses tenían dos estándares para RSE: aquella válida en su país de origen y otra aplicada en los países más allá de sus fronteras. Esta actitud ayuda a poner en duda la honestidad de la RSE salvo que reconozcamos que la población del planeta se divide en seres de, al menos, primera y segunda categoría.
La respuesta de las ONG y del gobierno canadiense, en acuerdo con las empresas mineras fue realizar una serie de mesas redondas donde se expusieran los problemas del sector, de frente a las visiones de cada uno de los actores. El resultado de las mesas fue la recomendación en consenso de alcanzar estándares internacionales, no obstante el gobierno desatendió dicha recomendación.
Un comunicado de la prensa canadiense del 26 de marzo de 2009 señala: “El anuncio de hoy del gobierno sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha desaprovechado el importante consenso alcanzado por la industria y organizaciones de la sociedad civil sobre la manera de asegurar que las operaciones de las empresas extractivas canadienses en el exterior se adhieran a las normas internacionales de derechos humanos y medio ambiente. Hace casi dos años, las diversas partes interesadas del Grupo Asesor de las mesas redondas nacionales sobre la RSE en el sector extractivo, presentaron su informe de consenso al gobierno canadiense. Hoy día la respuesta tan esperada del gobierno hace caso omiso de las recomendaciones centrales del informe”(3) .
Por otro lado, una iniciativa parlamentaria también canadiense, que pretende regular mejor las actividades extractivas nacionales más allá de sus fronteras, espera obtener el respaldo que la transforme en ley (Bill C-300). Se trata de otro esfuerzo por controlar la avidez de las empresas extractivas canadienses sujetas a duras críticas a nivel internacional pero especialmente en América Latina. El siguiente titular del 13 de julio de 2010 grafica la situación que vive la iniciativa legal: “Gobierno canadiense desperdicia oportunidad de obligar a rendir cuentas a empresas extractivas”. La nota dice: “Si se aprueba, la ley C-300 creará: Normas sobre los derechos humanos, los derechos laborales, y el medio ambiente, con las cuales las empresas extractivas canadienses que reciben apoyo del gobierno deben cumplir cuando operan en países en desarrollo; un mecanismo de denuncia que permitirá a los miembros de las comunidades afectadas en el extranjero, y a los canadienses, presentar denuncias contra empresas que parecen estar violando esas normas; Una posible sanción hacia las empresas que se encuentran fuera del cumplimiento de las normas, en forma de pérdida del apoyo financiero y político del gobierno”(4) .
Desde luego un avance significativo en materia de regulación de actividades extractivas canadienses donde quiera que ellas se desarrollen. Estas iniciativas son un reconocimiento que se requiere mucho más que la RSE para lograr la protección de los derechos de las comunidades y el ambiente.
Estos antecedentes y muchos otros que por falta de espacio no pueden ser traídos a colación han ido formando la visión con que las comunidades observan el concepto de responsabilidad social en la gestión empresarial. Por ello se fortalece la exigencia cada vez más enérgica para que los países prohíban las actividades mineras que han demostrado ser un gran riesgo para el medio ambiente y la salud de la población. El control interno a través de la RSE o la fiscalización estatal, han demostrado que no pueden evitar los desastres ambientales que recurrentemente se suceden en el desarrollo de las actividades mineras.
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1.Hay ciertos organismos de carácter internacional que se encargan de delimitar en lo posible el concepto teórico de la Responsabilidad Social Empresarial :Global Compact (Pacto Mundial) de Naciones Unidas; Global Reporting Initiative (Iniciativa para la Rendición de Cuentas Global) ;OCDE, con sus líneas directrices en materia de RSC. Del mundo empresarial español, las más significativas se encuentran en la siguiente lista: Fundación Empresa y Sociedad; Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ;Fundación Entorno Responsables.biz
2.En “Actualidad minera” n° 135. CooperAcción: Acción solidaria para el desarrollo. www.cooperaccion.org.pe
3.Alerta minera Canadá de Miningwatch www.miningwatch.ca/es/actividades-de-alerta-minera-canada
4. Idem http://www.miningwatch.ca/es/acci-n-urgente-apoyar-legislaci-n-para-condicionar-al-apoyo-del-gobierno-canadiense-para-las-empresa
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