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Experiencias Locales

Resistencia al proyecto hidroeléctrico el Quimbo

Desde que en septiembre de 2008, el Ministerio de Minas y Energía, mediante la resolución 321, declarara de utilidad pública los terrenos que serían inundados por la construcción del megaproyecto El Quimbo, en el centro del departamento del Huila, la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades aledañas al proyecto hidroeléctrico, se ha venido agravando.

Las comunidades campesinas del departamento del Huila, en el sur del país, se debaten entre la guerra, el desplazamiento y la pobreza. A pesar de contar con treinta ecosistemas estratégicos y una enorme riqueza natural, la región surcolombiana presenta una aguda situación de pobreza que afecta al 90% de su población. Quienes se ven más afectados por esta realidad son los campesinos, los cuales representan la mitad de la población del Huila. En la actualidad, este departamento se disputa el cuarto lugar entre los departamentos más pobres del país, y como el segundo más inequitativo, luego de la Guajira.

La minería, sobre todo en el sector energético, ha venido ocupando un lugar preponderante en la economía local de los huilenses, con una participación para el 2010 del 13%, frente a un desarrollo rural que se ha venido estancando y quedando rezagado desde la década de los noventa, dándole paso a otros sectores, como el de servicios (comercio, transportes, comunicaciones, hoteles y turismo, entre otros), que hoy ocupan el principal renglón de la economía. Lo anterior es preocupante, en tanto el sector energético, junto al de la minería, son los que menos aportan al empleo en la región . Pese a su estancamiento, el agrícola aporta un 40% de empleos; sin embargo, los malos salarios y las pésimas condiciones laborales, reflejan el abandono estatal en el que se encuentra el sector. 

El Huila ocupa hoy el tercer renglón en la producción nacional de petróleo con alrededor de 51 mil barriles/día, después de Casanare y Meta, lo que le significa unos $188.940 millones de pesos anuales en regalías (alrededor del 35% de los ingresos del departamento ). Sin embargo, la utilización y destinación de estos recursos han estado empañadas por escándalos públicos de corrupción y desviación de fondos, y no han representado una real incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del departamento. Esta constante presencia de corrupción en las instituciones, sumada a la precaria política de desarrollo rural e industrialización, así como la ausencia de políticas de paz, se traduce en las altas cifras de violación de los derechos humanos. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el desplazamiento forzado en el Huila, en el lapso de diez años, afectó a unas 82 mil personas, las cuales tuvieron que abandonar su hogar, por situaciones de conflicto o de pobreza . 

Ello demuestra la incapacidad de los gobiernos, tanto en el ámbito local, como regional y nacional, para atender la compleja situación de las comunidades y el papel importante que éstas cumplen hoy, principalmente las campesinas, para construir región a partir de apuestas de desarrollo rural construidas desde abajo, mediante un empoderamiento de los derechos y del desarrollo, de manera autónoma y comunitaria. Plataforma Sur de Organizaciones Sociales  ha venido fortaleciendo los procesos de formación y apropiación del tema de los derechos humanos en estas comunidades. El marco espacial de este acompañamiento han sido los corredores geoestratégicos del Sumapáz y del piedemonte amazónico, ubicados en la Cordillera Oriental, y también en el centro del Huila, en el corredor del Macizo Colombiano. Se ha buscado construir, en conjunto con las comunidades, alternativas de desarrollo rural, mediante la organización social, la elaboración de diagnósticos y planes de desarrollo, y mediante la creación de secretarías de derechos humanos dentro de las asociaciones de juntas comunales, como medida para contrarrestar la violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y como alternativa para aportar en la construcción de la paz. 

La propuesta que el Gobierno nacional y regional le hace a las comunidades y al departamento, desde hace cerca de dos décadas, para lograr un desarrollo social y económico, se centra en la tecnificación de la producción agrícola con fines de exportación (caso del café); el aprovechamiento de los recursos hídricos y mineros, y una variada oferta turística. Estos renglones, que se constituirían en las Apuestas Productivas del Huila , están consignados en los planes de desarrollo decenales. En la práctica, sin embargo, se han traducido en la reprimarización de la economía huilense, con explotación y exploración de petróleo en la cuenca alta del río Magdalena, por parte de empresas privadas como Hocol, Petrobras y Emerald; explotación de oro, cobre, plata y fosfato, y la proyección de más proyectos hidroeléctricos en las cuencas hidrográficas que componen el macizo colombiano , a cargo de la empresa multinacional Emgesa, hoy propietaria de la hidroeléctrica de Betania. De la misma manera que ha venido implantándose este modelo de desarrollo, sin tener en cuenta las necesidades sociales de la región, se han venido gestando resistencias en el campo, el sector más golpeado por el abandono del Estado, dado que las políticas de desarrollo rural no logran el cumplimiento con los deberes de protección, promoción y respeto de los derechos del trabajador del campo, de cara a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria regional. 

Una de esas resistencias la lideran campesinos y ciudadanos huilenses en el centro del departamento, en donde la multinacional Emgesa construye el proyecto hidroeléctrico El Quimbo , a 1300 metros de la cola de embalse de la represa de Betania.

 

Proyecto El Quimbo

Los planes y programas contenidos en la licencia ambiental 0899 del 15 de mayo de 2009, con la cual el Gobierno nacional, a través del Minambiente, autorizó a Emgesa el inicio de obras, no son suficientes para compensar los daños ocasionados por la inundación de más de 8 mil hectáreas de tierra (5 mil de ellas en producción), y la afectación de una economía local que mueve más de 31 mil millones de pesos (equivalentes a 35 mil toneladas de alimentos al año), y que termina de manera definitiva con más de 1.700 empleos rurales permanentes . A fecha de hoy estos empleos no tienen manera de ser compensados ni restablecidos, según se demostró en la audiencia pública, que se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2009 . Esta situación se torna arbitraria, por las presiones ilegales que ejerce la multinacional, sobre los pequeños propietarios, a quienes no les ha reconocido el derecho al reasentamiento de su actividad productiva, y los presiona para que vendan sus terrenos. Lo más grave, la licencia ambiental no prevé el reasentamiento de grandes predios y haciendas con agroindustria, que hoy ocupan laboralmente a gran parte de campesinos y jornaleros de la región. Esta situación es similar para los gremios de volqueteros, transportadores de carga y de pasajeros, productores de leche, entre otros. 

Al tiempo que las afectaciones laborales a los pobladores (que empiezan a hacerse visibles con la construcción del megaproyecto y el no cumplimiento de las expectativas generadas, dado que el proyecto ha sido promocionado como eje articulador de desarrollo), aparecen situaciones que ponen en evidencia las irregularidades existentes en el proceso de licenciamiento del mismo. A las ocho empresas comunitarias existentes en la zona de embalse, se les dejó de iniciar trámites para definir su situación jurídica. Los antiguos socios han solicitado al Incoder resolución administrativa individual, desde hace más de cinco años, ante las cuales dicha entidad no se ha pronunciado, en tanto que para Emgesa el tema ya está definido frente a la misma entidad. Como lo han hecho durante décadas, hoy estas empresas comunitarias desarrollan actividades, sin ningún tipo de apoyo del Estado . Una de las grandes preocupaciones es el incumplimiento de las obligaciones sociales que tiene la multinacional, y que hoy ya ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaría regional. 

Como consecuencia de estos impactos sociales, las comunidades campesinas de las veredas que serán inundadas, en  tres municipios (Garzón, Gigante y El Agrado) de los seis municipios afectados, y que agrupan a pescadores artesanales, pequeños propietarios agricultores, parceleros de ocho empresas comunitarias (adjudicadas por el Incora y que son el resultado de procesos de movilización y toma de tierras dirigidas por la ANUC desde hace décadas), mayordomos, jornaleros y jornaleras, partijeros  y arrendatarios. Todos ellos se han organizado en la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), la cual con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, están en la tarea de organizar la resistencia por la defensa del territorio, la defensa del río Magdalena, y de los derechos de las comunidades campesinas; y de proponer como alternativa al proyecto hidroeléctrico, la creación en esa parte del departamento de una Zona de Reserva Campesina Agroalimentaria, capaz de disminuir los altos niveles de desnutrición rural, que en varios municipios alcanza el 10% , cifra superior la media nacional, según el DANE. 

La resistencia y la movilización campesina ha sido la salida a esta penosa situación. Asoquimbo y los distintos gremios de la región, aunados con el trabajo que Plataforma Sur de Organizaciones sociales realiza desde hace cuatro años, en un proceso de acompañamiento y de formación de herramientas de exigibilidad desde los derechos humanos, ha permitido un empoderamiento, desde las comunidades, de su propia realidad. Hasta la fecha, se suman varias acciones de resistencia, utilizando la protesta social y la organización como herramientas de denuncia, así como acciones jurídicas de protección de los derechos humanos y los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (Desca), construidas por las comunidades afectadas. Sin embargo, el Estado (salvo alguna presencia de la Defensoría del Pueblo), solo ha respondido destacando un batallón hidroenergético en la Inspección de La Jagua, municipio de Garzón, el cual es subvencionado con ayuda de Emgesa-Endesa-ENEL, en una actitud apátrida de entrega del territorio sin precedentes, dado que utilizan los recursos públicos para defender a la multinacional, despojando a las comunidades autóctonas. 

La movilización y la resistencia social y jurídica, frente a la multinacional y al Gobierno colombiano, son las herramientas con las que las comunidades pretenden detener el proyecto hidroeléctrico, suspender la licencia ambiental y lograr la indemnización y restitución de los derechos afectados. Las comunidades que han visto agotadas todas las vías pacíficas y legales a las que han acudido y las que, incluso, han ganado en algunos escenarios institucionales, han anunciado la toma de tierras ya adquiridas por Emgesa, como medida para contrarrestar la grave situación de hambre que padece hoy la población, y como preludio para iniciar de hecho la Zona de Reserva Campesina. 

Desde el sur, la resistencia está construyendo alternativas de desarrollo y de paz, y un nuevo horizonte para el país.