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Colombia, por sus condiciones particulares, cuenta con extensos territorios selváticos, que juegan tanto para el Estado colombiano como para las naciones que promueven las negociaciones sobre el mecanismo REDD+, un papel significativo. Sin embargo, las comunidades que viven en estos ecosistemas, permanecen al margen de las discusiones en torno a su implementación, lo que compromete seriamente el éxito de dicho mecanismo.
Quienes insisten en un manejo autónomo del territorio, desde las comunidades, para hacer frente al calentamiento global, parten de la premisa de que en Colombia los bosques nativos son selvas y los espacios reforestados corresponden a otro tipo de bosques. Esto se debe a que existe una diferencia significativa cuando se alude a selva y bosque; se debe entender que para las comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y campesinos, la selva o el monte hacen parte de su espacio de vida, es decir, la interrelación y coexistencia entre hombre y selva (recursos bió- ticos y abióticos) guardan formas de explotación equilibradas y armónicas con la naturaleza; en este sentido, la selva hace parte del territorio y se encuentra directamente ligada a la salvaguarda del patrimonio cultural del cual hacen parte la lengua, así como determinadas costumbres y prácticas cotidianas, y se diferencia del término bosque, el cual se configura como un espacio apartado de las dinámicas sociales y culturales de las comunidades.
Desde el análisis científico, los bosques naturales están conformados por árboles de altura promedio superior a cinco metros, con densidad de copas superior al 70% y con una extensión superior a las cincuenta hectáreas; incluyendo bosques densos, fragmentados, de galería o riparios, y manglares. Estos pueden: i) ser fuente de gases de efecto invernadero por las emisiones generadas en su deforestación y degradación, o ii) si estos logran conservarse o se generan nuevas plantaciones, actuarían como sumideros que almacenan el carbono en su biomasa al ir creciendo. Aquí, por ejemplo, se incluyen las plantaciones de palma aceitera.
Aunque prácticamente se suponen incuestionables y exclusivos, los conceptos, informes y evaluaciones del grupo de científicos expertos del cambio climático, que centran su visión en la economía de la naturaleza e intentan manipularla con costosas tecnologías, es evidente que en la conceptualización de REDD+ aparece una reconfiguración de las relaciones entre las comunidades locales que habitan, se relacionan y sustentan el conocimiento de preservación ancestral en las selvas y bosques del mundo, y los grupos científicos, que prescinden de las selvas, y aún cuando estudian el bosque lo hacen de manera diferenciada.
La Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC, determinó que la extensión de bosques naturales en Colombia es de 61´246.659 hectáreas, es decir, el 53,64% de la superficie continental del país. El 37,35% de los bosques y selvas nacionales se ubican primordialmente en las regiones de la Amazonia y del Pacífico4 , lugares donde se encuentra una de las mayores diversidades biológicas del planeta y que protegen la mayor parte de las estrellas hidrográficas del país.
La Amazonia colombiana, ubicada al sur del país5 , cubre una superficie aproximada de 406.000 km2 , abarca el 36 % del territorio nacional, y constituye un 5,3 % del total del territorio; esta región ostenta el mayor área de selva y bosque natural del país, aproximadamente 29´388.782 hectáreas; a la vez, la Amazonia representa una gran riqueza étnico-cultural, al poseer la mayor extensión de resguardos indígenas.
La región del Pacífico colombiano se ubica en la zona más occidental del país, con cerca de 1.300 km de largo, y aproximadamente 71 mil km2 ; por su alta densidad en variedad de vegetación y fauna, se distingue como uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta. Las comunidades negras representan más del 90% de la población; algunos pueblos indígenas también habitan la región.
Como se demuestra en el siguiente cuadro, la mayor parte de las selvas y bosques de Colombia son habitadas por pueblos indígenas y comunidades negras, quienes bajo la figura de propiedad colectiva, poseen más de 30 millones de hectáreas que cubren casi el 50% de los bosques del país, si bien, su legítima posesión ancestral y milenaria del territorio, es más amplia que la reconocida hasta el momento por el Estado.
Para estas comunidades étnicas, el derecho a la tierra es la salvaguarda de la mayoría de los “derechos territoriales y colectivos”. Las tierras de los pueblos indígenas y de comunidades negras destinadas al uso colectivo, según la norma colombiana, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Los derechos territoriales facultan el acceso a otros derechos de las comunidades étnicas como la posibilidad de practicar sus propias formas de explotación; la potestad colectiva sobre los recursosnaturales; la preservación de sitios sagrados; un gobierno y jurisdicción autónoma; la permanencia colectiva, y el desarrollo de concepciones propias de desarrollo y vida, entre otros.
Las comunidades étnicas, a través de grandes luchas de reivindicación, han logrado defender algunas garantías para los derechos territoriales, como el caso de las tierras de las comunidades negras y pueblos indígenas, reconocidas legalmente por la Ley 70 de 1993, el decreto 2164 de 1995 y la ley 89 de 1890. Estas y otras normas, reconocen la propiedad y el dominio sobre los suelos y los bosques, abrogándoles principalmente su ejercicio en la función ecológica y social.
La mayoría de los territorios de comunidades negras e indígenas son selváticos. Se estima que entre 27 y 31 millones de hectáreas de las comunidades, están constituidos por bosques.
En Colombia, muchas de las selvas habitadas por comunidades, son enriquecidas y protegidas por estas. Sin embargo, el Estado colombiano inició, desde mediados de 2010, el Proceso de Preparación para REDD+ (R-PP por sus siglas en inglés), con el objetivo de postularse a los millonarios recursos que ofrecen los países desarrollados y los fondos de organismos multilaterales como el FCPF del Banco Mundial, puerta de ampliación a los negocios del carbono, los cuales serán sustraí- dos de los territorios de propiedad colectiva de indígenas y negros de la Amazonia y el Pacífico colombianos.
Las comunidades ya han alertado sobre los peligros y profundos riesgos que correrían los derechos territoriales y colectivos, de implementarse el Mecanismo REDD+ sin los debidos procesos de consulta y participación efectiva; han exigido, además, la coherencia del Gobierno nacional. Mientras se encuentra en curso el proceso de entendimiento REDD+, avanzan las locomotoras del desarrollo (minera, energética y de infraestructura) sobre los territorios selváticos.
Según la cuarta evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el cambio en el uso de la tierra por la acción humana representa el 20% de las emisiones de Gases Efecto de Invernadero, GEI6 . El Mecanismo REDD+ es discutido en las Conferencias de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), máximo órgano de autoridad de la CMNUCC.
La COP 13 de 2007 (Bali) ratifica el mecanismo REDD como estrategia potencial para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques de los países en desarrollo, si bien las COP 11 y 12 ya habían considerado el mecanismo, e identificado algunos factores impulsores de la deforestación y los costos para la puesta en marcha de sus actividades.
De esta manera, sobresale en las negociaciones de la CMNUCC el sector de uso y cambio en el uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS, por su sigla en inglés); de esta manera la actividad forestal se convirtió en la forma más simple y rentable de comprometerse frente al cambio climático por los países desarrollados, en su mayoría los que componen el anexo I del protocolo de Kioto; así lo expresa textualmente el Plan de Acción de Bali “[…] como el modo de compensar las emisiones, para evitar cambiar estrategias de consumo y energía de los principales emisores […]”.
Los detalles para el funcionamiento de REDD+ aún no están finalizados, no obstante pueden apreciarse algunas modificaciones en los acuerdos internacionales, como por ejemplo:
Todavía faltan por definirse en REDD+ aspectos como el mecanismo de financiación; para este fin se han propuesto tres enfoques: i) basado en el mercado, ii) ligado al mercado y iii) fuera del mercado; en ese sentido hay países que optan para que un impuesto sobre las transacciones de mercado cree fondos; otros promueven el mercado como único actor de regulación; del otro lado se encuentran quienes consideran que la mejor forma de financiación del mecanismo debe ser fuera del mercado, a través de impuestos y fondos donantes que administren los recursos; no obstante, países como Colombia aceptan una manera mixta de financiación, ambas direccionadas al mercado.
A pesar de los escasos avances en los acuerdos internacionales, el mecanismo ya despliega lucrativos recursos econó- micos y variados fondos que promueven REDD+ en los países, este es el caso del fondo cooperativo para el carbono de los bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, el cual asume las funciones de fideicomisario, secretariado y socio implementador.
El lanzamiento del FCPF se hizo en la COP 13; desde su entrada en funcionamiento se conformó por dos tipos de financiación: i) el fondo para actividades preparatorias, el cual sustenta actualmente 112 millones de dólares, y ii) el fondo de carbono con alrededor de 55 millones de dólares.
La estructura del fondo está conformada por tres tipos de participantes:
El Banco Mundial por la creación de este fondo y otros relacionados con el cambio climático, ha merecido críticas de las diferentes comunidades, organizaciones y sociedad civil. Estas cuestionan su doble discurso al interior del organismo multilateral, dado que también ha otorgado recursos, a través de sus financiaciones, a actores privados y públicos, para actividades que causan la deforestación, como son la explotación de combustibles fósiles, la minería, la tala y las plantaciones industriales, la infraestructura, entre otras.
El Estado colombiano, a través del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), pactó un contrato en 2010 con el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez8 , por un monto de $200 mil dólares, recursos de donación del FCPF, para dar inicio a la construcción del R-PP en el país.
El propósito primordial de ofrecer al mercado los bosques de Colombia, es la postulación del Estado colombiano a los millonarios recursos que ofrecen los países desarrollados y los fondos de organismos multilaterales que adoptan la compensación económica como solución a los graves daños ambientales del cambio climático que influyen irremediablemente en las prácticas y calidad de vida de las personas, en mayor medida los más pobres del país.
En 2008 Colombia presentó el documento Nota Idea de Proyecto (PIN, por sus siglas en inglés) para ser incluido en el FCPF como país REDD; en 2009 fue aceptada la solicitud y a mediados de 2010 se inició el proceso de socialización con las comunidades y la construcción del documento R-PP, el cual apeló cinco borradores para su aprobación.
Se puede decir que básicamente el MADS orientó los primeros esfuerzos a conseguir los $3.600.000 dólares, recursos aprobados en la reciente PC 10 de octubre 2011 en Berlín, Alemania, y soportados en la parte técnica por el Banco Mundial, y en la parte financiera por el FCPF.
Del otro lado, las comunidades y organizaciones sociales que consideran estar en riesgo o que van a ser profundamente afectadas por el Mecanismo REDD+, han basado su participación partiendo de la reivindicación de los derechos territoriales y colectivos, exigiendo la responsabilidad social del Estado colombiano y los demás Estados que financian el FCPF.
Las comunidades durante el R-PP hicieron un llamado de atención en aspectos tan importantes como los conceptos del Mecanismo REDD+, completamente alejados de la realidad étnica, territorial y cultural, y la determinación de la propiedad de las selvas; estos han sido, entre otros, elementos de importante debate y discusión en lo corrido del proceso para entender sí proyectos REDD+ en el país son viables.
En este sentido, antes de iniciar la construcción de la estrategia REDD+ en el país, debe existir un compromiso manifiesto, desde el Gobierno colombiano, en atender los siguientes aspectos relacionados con los derechos territoriales:
1. Legalización y ampliación de los Territorios Colectivos y Resguardos Indígenas en Colombia.
2. Saneamiento legal por posesión de los Territorios Colectivos y Resguardos Indígenas.
3. Solución y esclarecimiento de gobernabilidad y usos, en zonas de traslapes o superposiciones de títulos mineros, parques naturales y otras figuras de preservación estatal, en Territorios Colectivos y Resguardos Indígenas.
4. Reglamentación de la ley 70 de 1993; en este caso específico de los capítulos cuarto, quinto, sexto y séptimo (4º, 5º, 6º y 7º) que trata sobre los recursos naturales no renovables (recursos mineros).
5. Reglamentación para proteger y preservar los ecosistemas manglares, definiendo gobernabilidad y responsabilidad de los diversos actores asentados en la zona.
6. Fortalecimiento de los procesos de planificación y ordenamiento autónomo de los territorios colectivos y resguardos indígenas, articulados con los ejercicios de ordenamiento municipal.
7. Identificación y consolidación de inventarios de los ecosistemas estraté- gicos, caracterizando la relación que tienen las comunidades con selvas y bosques.
Aunque hay muchos debates para dar frente a REDD+ en el país, puede precisarse que la principal crítica de las comunidades es la total incoherencia de las políticas públicas de Estado y la falta de voluntad política del Gobierno colombiano actual con los derechos territoriales de quienes habitan y se relacionan con las selvas y bosques del país; desde las locomotoras que impulsa el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, las selvas son licenciadas y concesionadas para la penetración minera, petrolera y maderera, la construcción de represas y carreteras, y la implementación de cultivos de agrocombustibles. Este hecho desestabiliza cualquier estrategia REDD+ que se pretenda aprobar en el país.
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