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SEMILLAS

Experiencias locales

¡Que nos dejen ser como somos!

Esta fue la respuesta que dio un grupo de campesinos del corregimiento de Palocabildo a unas jóvenes estudiantes universitarias que habían llegado desde Medellín, unas tres horas de carretera para salir del área metropolitanas, cruzar el cañón del río Cauca y ascender el flanco de la cordillera occidental hasta el pequeño municipio de Jericó, para preguntar a esos campesinos caficultores qué pretendían enfrentando a la AngloGold Ashanti en su territorio.

En el año 2003 la multinacional minera había comprado títulos mineros en el suroeste antioqueño, así como en otras regiones colombianas, a través de personas particulares que poco después las transfirieron a los verdaderos dueños; al mismo tiempo de estos trámites, llegaron a Jericó y otras poblaciones del Suroeste geólogos y otras personas a recoger arenas y agua de las quebradas y nacimientos, meses más tarde regresaron para extraer con herramientas manuales muestras del subsuelo en unos 60 metros de profundidad mientras informaban a los campesinos que estaban haciendo estudios de suelos para el mejoramiento de las actividades agrícolas; poco después empezaron los sobrevuelos diarios de helicópteros por todo el área municipal, estaban identificando los lugares con presencia de metales en los cuales ubicarían entre los años 2007 y 2016 plataformas con taladros que perforarían durante meses las 24 horas del día hasta unos 2.500 metros de profundidad sacando muestras en un radio de varios kilómetros.

 

Con el estudio de muestras, AngloGold Ashanti, que adoptó el nombre de una de nuestras quebradas para encubrirse como “minera quebradona”, ha informado la existencia de un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno, ocultando la presencia de los metales pesados que suelen estar asociados y quedan acumulados en  las represas de lodos contaminados después de la separación de los otros metales. La licencia para extracción del cobre y los otros metales para ser exportados sería solicitada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en los próximos dos o tres años, y supondría una mina subterránea que removería 617 millones de toneladas de rocas de una montaña situada en los límites de Jericó y Támesis. Esta montaña es una estrella hídrica que abastece acueductos veredales de ambos municipios y hace parte de las 7.600 hectáreas que los títulos mineros de AngloGold Ashanti ocupan principalmente en Jericó y de las cuales el 30 % está dentro del área protegida por Corantioquia, distrito de manejo integrado cuchilla jardín Támesis.

 

¿Qué querían decir los campesinos?

Con su respuesta manifestaban el rechazo a la pretensión del gobierno nacional y departamental por imponer una actividad que jamás ha sido ejercida en las de 19.300 hectáreas de Jericó dedicadas desde su fundación en 1850 a la agricultura y ganadería, en especial la siembra y cosecha de café.

 

Ya desde la instalación de las primeras plataformas de perforación pudimos evidenciar lo que significaba la minería para un pueblo pacífico y de valioso legado cultural, que basa su subsistencia en la producción cafetera y de frutales, en el turismo gracias a la conservación del paisaje, la arquitectura y por ser Jericó la cuna de la santa madre Laura. En primer lugar, se sufrió la merma de caudales de los nacimientos de agua por las perforaciones que alteraron el flujo de aguas subterráneas, motivo que llevó a los campesinos del corregimiento Palocabildo a bloquear el acceso de vehículos de la minera el 20 de septiembre de 2013 y dejar clara la determinación campesina de impedir las actividades de exploración en varias de las veredas del corregimiento.

 

Segundo, la división en las comunidades rurales que habían permanecido unidas, pues quienes trabajaban para la empresa por temporadas en actividades de campo, generalmente defendían con vehemencia la multinacional que les proporcionaba salarios estables y la ilusión de un trabajo ambiental y socialmente responsable, mientras la mayoría de las familias campesinas entendían el grave peligro que se cernía sobre ellas. Es así como las comunidades se han dispuesto a proteger el territorio sin reparar en los sacrificios que eso represente, lo cual se expresa en marchas, bloqueos al tránsito de vehículos de la empresa, caminatas por la zona de exploración a pesar de los obstáculos puestos por vigilantes, policía y soldados, asambleas, foros, cabildo abierto, talleres, debates, etc.

La mesa ambiental de Jericó había identificado unos dos años antes del inicio de la instalación de plataformas, cuál era la mayor amenaza para el municipio en el ámbito ambiental y social y venía participando del espacio de articulación de diferentes movimientos en el suroeste por la defensa del territorio frente al extractivismo, el cinturón occidental ambiental (COA). Desde aquí se promovieron acciones de formación, denuncia y movilización ciudadanas contra la minería en distintos municipios, incluso una correría durante siete días del mes de noviembre de 2012 por varios pueblos llevando el mensaje de unión por la protección de nuestros patrimonios naturales y culturales llamado un abrazo a la montaña.

 

Identificar el proyecto minero del gobierno nacional como el principal peligro para Jericó fue un proceso arduo en el interior de la mesa ambiental. La Corporación Autónoma Regional de Antioquia - Corantioquia, estableció dentro de una política de participación ciudadana y educación ambiental la conformación, hacia el año 2007, de mesas ambientales en cada uno de los 80 municipios que integran la corporación, convocando para ello a todos los estamentos públicos, privados, educativos, productivos y asociativos a la participación continua en espacios de discusión para acciones de protección ambiental en cada municipio. Así, en las reuniones de la mesa de Jericó asistían, entre las entidades mencionadas, AngloGold Ashanti y funcionarios de la administración municipal de entonces que apoyaba la presencia de la minera. Hacia el año 2010 algunos participantes de la mesa que compartían posiciones de defensa territorial que se expandían por el Suroeste y originarían el COA, iniciaron una serie de debates dentro de la mesa y por fuera de ella que condujeron al retiro de la multinacional y gradualmente de los funcionarios municipales de la mesa, a una mayor participación campesina en sus conversaciones y acciones, también una creciente independencia de los planes de Corantioquia.

 

En el transcurso de estos eventos se ha conseguido que la población jericoana entienda que la resistencia contra el proyecto minero del gobierno nacional, departamental y de algunas administraciones municipales, no se resuelve con una simple acción aislada de movilización ni jurídica, es un camino largo en el que los opositores hemos demostrado conocimiento, firmeza y claridad en los objetivos, a pesar de la continua campaña de descrédito que la empresa mantiene por la radio local y por los empleados dedicados a visitar y reunir los habitantes de distintos sectores del municipio.

En las últimas votaciones municipales el alcalde elegido fue un miembro de la mesa, en el concejo se conformó una alianza mayoritaria que aprobó un acuerdo que prohíbe la minería metálica, acuerdo que fue replicado en 10 municipios del suroeste en el segundo semestre de 2017, gestándose de este modo un elemento adicional de identidad y unión de la región, marcado por la defensa del patrimonio ecológico y cultural de los municipios en correspondencia con el artículo 313, numeral 9 de la Constitución Política, que expresa: “ artículo 313: Corresponde a los municipios... 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

Varias han sido las vías para evitar el aislamiento que podría encerrar nuestro movimiento local en contra del plan de explotación metálica de la Anglogold Ashanti en Jericó; en los otros municipios no ha avanzado de prospecciones iniciales gracias a la resistencia de los pobladores y las limitaciones propias de la empresa. Algunas estrategias implementadas son: comunicación constante y apoyo mutuo con organizaciones y líderes sociales de los poblados del entorno para la realización de movilizaciones en diferentes lugares; continuidad en una actitud de resistencia firme pero pacífica que evade provocaciones hacia violencia o engaños; independencia total de agrupaciones partidistas pero sin discriminación por las simpatías o creencias políticas de los individuos; respaldo de algunas ong que realizan programas de incidencia social en la región en temas como gestión comunitaria del agua, participación ciudadana y democracia, escuelas de la sustentabilidad, etc.; incidencia de nuestra mesa en el relacionamiento con otras mesas ambientales y espacios de debate; permanencia por cinco años de nuestro medio de comunicación escrito mensual de amplia difusión entre la población local y líderes regionales; participación de algunos empresarios rurales de la región, cuyo compromiso y recursos económicos y jurídicos han sido importantes a partir del 2016 para la movilización ciudadana y la difusión del proceso de resistencia.

 

Si bien en el 2017 alcanzamos a promover once acuerdos municipales en el Suroeste que prohíben la minería metálica, este año debemos defenderlos frente al desconocimiento de ellos que se ha iniciado el Tribunal Administrativo de Antioquia, defensa jurídica ante el Consejo de Estado y defensa desde las comunidades. Varios de estos  municipios han decidido llamar a consultas populares y confrontar las autoridades que niegan su realización. También impulsaremos la revisión de los esquemas de ordenamiento territorial para desde allí eliminar la presencia minero metálica y proteger la vida campesina, indígena y pueblerina en nuestra región.

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