GRUPO
SEMILLAS

Municipio de Támesis: Reserva agroalimentaria e hídrica

El municipio de Támesis, ubicado en esta región, específicamente en el suroeste del departamento de Antioquia con una enorme riqueza hídrica (ver mapa 1) y paisajística, es un territorio que, sin ninguna vocación minera, el 91% de su jurisdicción (22.339 has) está solicitada para proyectos de minería (Catastro Minero 2009. Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia), de los cuales el 29% (7.112 has) de las solicitudes pertenecen a la transnacional sudafricana Anglo Gold Ashanti AGA, quien desde hace unos tres o cuatro años viene realizando actividades de prospección y exploración en todas las zonas ecológicas del territorio.

Esta empresa, de la cual ya conocemos ampliamente de sus antecedentes por el mundo, ha entrado a algunas zonas utilizando alta tecnología para la exploración minera de las áreas concedidas por la nación, cuyo modus operandi que hemos conocido hasta ahora, es el siguiente:

- Utilizan la fuerza pública como parte de su departamento de seguridad
- Involucran y “conquistan” a las comunidades al ofrecerles empleos por 15 días, pagándoles mezquinos jornales y con dádivas que van desde un almuerzo comunitario hasta huertas productivas, según su grado de intervención.
- El personal profesional de campo de la empresa también lo integran ecólogos, trabajadores sociales, quienes manejan el discurso del no impacto de la exploración minera.
- Es importante mencionar  la clara contradicción del discurso de la minería sustentable, pues la minería es un recurso no renovable que se agotará con su explotación, y más aún cuando la minería que se propone realizar es a cielo abierto.
- También hemos encontrado casos de ex funcionarios públicos de altos rangos vinculados a las empresas mineras, como el anterior director de la Corporación Autónoma Regional CORANTIOQUIA, quien hoy en día maneja un alto cargo y un nuevo discurso pro-minería en una de las empresas mineras presentes en la región,  al igual también que ex alcaldes y ex personeros, entre otros.
- Durante la tercera fase de exploración en la cual deben hacerse profundas perforaciones de más de 400 metros  con taladros especializados, se han presentado daños en el ecosistema, al perforar acuíferos o reservorios internos de agua, los cuales por presión hidrostática brotan a la superficie y el manejo que se le ha dado por parte de la empresa minera es simplemente conducirla con mangueras a la fuente más cercana. Este caso ocurrió en el municipio de Jericó, sector Palo Cabildo en 2008.

Es importante destacar la fragilidad del Código de Minas en esta fase de exploración minera en cuanto al tema del impacto ambiental, donde solamente se le exige a las empresas un Plan de Manejo Ambiental.

- Otro aspecto importante que encontramos y que probablemente va a darse más ahora con la nueva reforma minera, al permitir que la fase de exploración pueda darse en un lapso de tiempo de hasta 11 años, tiene que ver con el cambio de propiedad de la tierra, lo que probablemente podría repercutir en un negocio especulativo de venta de títulos. En la información documentada, logramos encontrar como las empresas cambian de nombre en los títulos, de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia:

1.El Contrato de Concesión número 6318 perteneciente a la Anglo Gold Ashanti Colombia S.A. (julio de 2008), solicitado para oro, plata, cobre, zinc, platino y sus concentrados en un área de 1.770 hectáreas, en mayo de 2009 y con las mismas especificaciones, cambió su nombre actualmente por Minera Quebradona S.A.y con un área de 286 hectáreas.
2.El Contrato de Concesión 7344 a nombre de Continental Gold Colombia S.A. con un área de 1.980 has., hoy aparece a nombre de Negocios Mineros S.A.

Es decir, que este aspecto puede evidenciar quizás una pirámide de títulos mineros, los cuales pueden haber pasado por muchas manos o simplemente para evitar gravámenes por parte del Estado, aunque es innegable ocultar que las normas mineras actuales están adecuadas a los intereses de estas transnacionales, como se pudo comprobar en la última reforma realizada al Código de Minas.

Uno de los aspectos jurídicos que la población ve como una posibilidad de blindaje contra estos proyectos mineros para por lo menos el 40% del total  del territorio municipal, tiene que ver con la declaratoria de una Reserva Regional por parte de Corantioquia.

Esta declaratoria estuvo dando vueltas desde el año 2002 cuando se realizó el Plan de manejo propuesto para la Reserva, hasta hace unos 3 meses, en abril de 2009, después de que coincidencialmente la empresa minera Anglo Gold Ashanti AGA, culminara en estas áreas su fase exploratoria, ha sido reglamentada mediante Acuerdo número 316 de la Corporación Autónoma Regional Corantioquia.

Aunque finalmente consideramos que esto se convierte en una estratagema que profundiza el problema, por dos razones principales:

- La primera porque en el último Código de Minas aprobado en 2001, se cambió el término jurídico de zonas excluidas para la minería, por zonas “excluibles” para la minería, entre las que se encuentran estas áreas de conservación, lo que quiere decir que hoy en día en dichas áreas, sí puede hacerse minería, pero con condiciones, o sea que, lo que anteriormente se prohibía, hoy en día simplemente se restringe.

- La segunda razón tiene que ver con que esta declaratoria de reserva, que se integra con otros ecosistemas estratégicos en la cordillera occidental para la creación de corredores biológicos, contemplados en los Planes de desarrollo nacional y regionales, “es una estrategia geopolítica para controlar, expropiar y someter a los territorios más ricos y estratégicos del planeta, por parte de los países más desarrollados, de las compañías o casas comerciales y de las empresas multinacionales, dejando ver como en la globalización de América Latina es, además de estrategia, imprescindible para las potencias de la orbe al asumir el control económico mediante el control de los recursos naturales estratégicos (biodiversidad, energía, agua y minerales), la agricultura, la industria y los recursos humanos” (2) .

Otro aspecto que nos hemos encontrado es, como algunas Alcaldías municipales se alían a favor de estas empresas, como sucede con el municipio de Caramanta, donde en el actual Acuerdo municipal que reglamenta la revisión y ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997, en el numeral 3 de los programas del sistema ambiental territorial, menciona como primer programa el potencial minero y dice que “casi todo el territorio está declarado como potencial minero y que es de vital importancia que la minería se aproveche de manera sostenible y con todas las especificaciones ambientales”.

A esto se suma el atropello hecho propiamente por el señor Alcalde municipal de la localidad quien en el pasado mes de abril del presente año, en un foro sobre minería organizado por la Asamblea municipal Constituyente, envió a la fuerza pública a expulsar del lugar del evento a todos los participantes, los cuales hicieron resistencia, lo que conllevó finalmente a que les fuera suspendido el sonido y  ser asediados todo el tiempo en el lugar por hombres de la policía nacional como si se tratara de un acto delincuencial. La empresa Anglo Gold Ashanti AGA que se invitó y confirmó su participación, nunca hizo presencia en el evento.

Es importante mencionar también como el actual Código de Minas desconoce y supedita instrumentos de planificación del territorio, como los Planes de Ordenamiento Territorial POT, reglamentados por la Ley 388 de 1997, imponiendo un instrumento sectorial con alcance netamente económico como son los planes mineros. 

Conclusiones

- Las regiones hoy en día viven una reconfiguración de los territorios, desconectada totalmente del espacio que las rodea, encontrándose municipios que antes no tenían características de pueblos mineros, de la noche a la mañana pasaron a ser de vocación minera, a pesar de sus potenciales agroalimentarios, hídricos, entre otros.

- La Anglo Gold Ashanti AGA es la transnacional que más zonas para concesión posee en la región del suroeste y eje cafetero.

- Se están imponiendo mecanismos o instrumentos sectoriales con alcances netamente económicos como los planes mineros, sobre instrumentos de planificación del territorio.

- Todas las etapas de la minería no son inocuas al medio ambiente, el Estudio de Impacto Ambiental establece como prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos ambientales negativos, pero esto no se exige en la fase de exploración minera, a pesar de que se ocasionan daños en los ecosistemas.

- El término “zonas excluibles” utilizado en el actual Código de Minas, permite que puedan ser intervenidas por la minería áreas de conservación local o regional, entre otras, aunque es necesario que las comunidades estén muy bien informadas, dado que bajo el “paraguas conceptual del conservacionismo” se impone la privatización y el negocio de nuestra biodiversidad.

- La actual reforma al Código de Minas permitirá congelar los territorios solicitados para minería, hasta por 11 años, permitiendo que se pueda dar todo un negocio especulativo de títulos mineros.

- Algunas administraciones Municipales de la región se han convertido en “ruedas de transmisión” de las pretensiones de estas compañías mineras al imponer a través de normas de ordenamiento del territorio, por ejemplo, la actividad minera.

- Aunque se viene implementando algunas acciones locales y regionales que denuncien estas situaciones e informen a las comunidades, es evidente que todo el marco jurídico actual está en favor de la explotación minera en el país, por encima incluso de la normatividad ambiental.

- Se hace necesario fortalecer más los tejidos sociales en las regiones y a nivel nacional que permita denunciar internacionalmente y hacer incidencia frente a la imposición de este nuevo orden geopolítico.

(1)Molano Barrero, Joaquín “Riquezas selváticas y lógicas de expropiación”, Censat Agua Viva