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La propuesta original del referendo, respaldada por más de dos millones de firmas, volverá a ser considerada, esta vez por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes a partir de la nueva legislatura que se inaugura el próximo 20 de Julio.
La decisión de enviarlo a dicha Comisión, encargada de los asuntos ambientales, fue tomada por el Presidente de la Cámara, Germán Varón, en virtud de la apelación interpuesta por el Comité Promotor del Referendo la cual fue aceptada, por 66 votos a favor y 23 en contra, en la sesión plenaria del 26 de mayo pasado. La decisión que no dejó de sorprender a muchos, incluidos los propios promotores, entre quienes me cuento, significó un gesto de independencia del poder legislativo frente a las presiones del ejecutivo y un acto de justicia con los ciudadanos y ciudadanas que estamparon su firma para que se sometiera a votación del pueblo colombiano ese texto y no otro.
La trascendental decisión deja atrás las radicales modificaciones introducidas al articulado original, las cuales equivalían a una negativa del mismo y así lo entendió la mayoría de la Cámara en pleno al aceptar nuestra apelación. Como se recordará dichas modificaciones eliminaban del texto el derecho humano fundamental al agua potable, el carácter de bien común y público del agua, la destinación prioritaria de los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico al cumplimiento de su función natural y la gestión exclusivamente pública del servicio de acueducto y alcantarillado, al tiempo que reducían el alcance del mínimo vital gratuito.
Entre tanto nuevos y variados hechos mantienen el tema del agua en los primeros planos de la agenda mundial y nacional.
En primer lugar, el actual Presidente de la Asamblea de la ONU, Señor Miguel D´Escotto, en su discurso de instalación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y Su Impacto sobre el Desarrollo, realizada en Nueva York del 24 al 26 de Junio, ha propuesto una nueva ética planetaria señalando que: “Especialmente el agua, los océanos y los bosques pertenecen al Bien Común de la Humanidad y de la Tierra. El agua es un bien natural, común, esencial e insustituible y todos tienen derecho al acceso a ella, independientemente de los costos implicados en su captación, reserva, purificación y distribución que serán asumidos por el poder público y por la sociedad. Por eso, nos preocupa enormemente el afán de privatizarla y transformarla en mercancía con la cual, sin duda, se puede ganar mucho dinero. Agua es vida y la vida es sagrada y no objeto de trueques. Esta Asamblea quiere apoyar los esfuerzos para llegar a un pacto internacional del agua con una gestión colectiva para garantizar a todos este bien tan vital” (1).
Un pacto internacional del agua viene siendo promovido por la autora de “El Oro Azul”, Maude Barlow, quien es la principal asesora de D´Escotto sobre el tema. De paso Maude Barlow encabeza la solidaridad internacional con el referendo colombiano del agua, destacándose la carta que envió al Presidente de la Cámara de Representantes solicitando la aprobación del texto original.
Reafirma de esta manera el Presidente de la ONU lo expuesto en su mensaje al V Foro Mundial del Agua, realizado en marzo pasado en Estambul, cuando instó a reconocer el acceso al agua potable como derecho fundamental y rechazó la privatización del suministro del vital líquido.
Lo anterior demuestra que la propuesta de establecer en la Constitución colombiana el mencionado derecho no es simple demagogia, como lo han calificado algunos, sino que forma parte de una corriente mundial que cada vez otorga más relevancia a este tipo de derechos y con la cual se sintonizan, cada vez más, los organismos de las Naciones Unidas. Recordemos que el 25 de Febrero fue presentado el primer informe de la experta designada el año pasado para estudiar el tema, la Abogada portuguesa Catarina de Alburquerque, quien ha expresado su preocupación por la muerte de 1.6 millones de personas al año, por carecer de agua potable, incluidos cinco mil niños menores de cinco años que diariamente perecen por la misma razón.
De otra parte, los Planes Departamentales de Agua en Colombia, enfrentan tenaz resistencia en varias regiones del país como el nororiente antioqueño y el norte del Cauca, donde varios Alcaldes y numerosos Concejales se oponen a que sus municipios ingresen en los mismos por la perdida de la autonomía municipal que tal decisión implica. Entre tanto, La Viceministra de Agua, Leyla Rojas, enfrentó un fuerte debate de control político en la Cámara de Representantes donde fue citada por un grupo de parlamentarios encabezados por el liberal del Meta, Miguel Angel Galvis.
Un estudio sobre los mencionados planes, elaborado para el Foro Nacional Ambiental por los expertos Aurelio Suárez e Iván Cardona, pone de presente sus graves implicaciones para el país y su ineficacia para resolver los problemas de acceso al agua potable de más de 13 millones de colombianos. Según los autores del estudio, los planes “…están diseñados dentro del modelo del mercado del agua como negocio, es decir, los sesgos que imponen la rentabilidad y las ganancias esperadas de los distintos agentes que intervienen en el proceso, fiduciarios, con una comisión equivalente al 5% de los recursos administrados; operadores, a quienes se les mantendrá una Tasa Interna de Retorno – TIR- del 12% al 15%, gestores y demás, limita los verdaderos alcances de los propósitos inicialmente propuestos”(2) .
Según los mismos autores, existe un desfase de 1.7 billones de pesos, en la inversión prevista por los operadores privados para el primer cuatrenio de operación de los planes, que no podrá ser resuelta sino aumentando las tarifas que deberán pagar los usuarios, en municipios de escasos recursos. Las tarifas de acueducto y alcantarillado han subido considerablemente para la gran mayoría de la población urbana, a la cual se le aplica el esquema mercantilista de la Ley 142 de 1994. Así entre 1998 y 2008, el índice de precios al consumidor del sector aumentó en 200% mientras que la inflación general fue del 92%. Esto ha conducido a que en Colombia, el 20% más pobre de la población emplee más del 8% de sus ingresos en el pago del agua. De allí que la cifra de desconectados del servicio, en promedio anual, haya alcanzado los 400 mil usuarios (1.6 millones de personas), de ellos 236.000 en Bogotá, 60.000 en Medellín y 15.000 en Cartagena. Los planes implican, finalmente, un fuerte endeudamiento con la Banca multilateral, cuyos intereses rondan el 50% del capital prestado, e implican la pignoración de las transferencias del sistema general de participación a los municipios.
Todo lo anterior ha llevado a que crezca la inquietud y comience la protesta contra esta política del gobierno nacional, que no parece conducir a la solución del problema de acceso al agua potable de millones de colombianos sino a un agravamiento del mismo.
En las últimas semanas el otorgamiento de la licencia de exploración a la compañía surafricana Anglogold Ashanti, para la extracción de oro en el páramo de Anaime, en el municipio de Cajamarca, ha puesto el dedo en la llaga sobre el atentado que contra el ciclo hídrico supone la minería en los páramos. La gravedad del asunto se comprende mejor si se considera que, según los expertos, la extracción de un gramo de oro implica la remoción de una tonelada de tierra. En el caso en cuestión, de llegarse a la etapa de explotación, se afectarán 9.500 hectáreas, 161 vertientes o drenajes naturales y se pondrá en riesgo el distrito de riego de Coello. La preocupación crece pues el 54% de las zonas de páramo en el país están afectadas por concesiones mineras, ya otorgadas o en camino de serlo, como lo denunció el ex – ministro de medio ambiente, Manuel Rodríguez, en su columna de El Tiempo el pasado 14 de Junio.
A lo anterior se suma la aprobación del nuevo Código de Minas, por la Cámara de Representantes, con el “mico” consistente en revivir el uso de dragas para la extracción de minerales en los ríos, procedimiento actualmente prohibido. A esto se suma la eliminación de la licencia ambiental para la exploración minera.
Estos hechos permiten comprender mejor la importancia del parágrafo propuesto en el referendo para el artículo 80 de la Constitución: “Los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua deben gozar de especial protección por parte del Estado y se destinarán prioritariamente a garantizar el funcionamiento de dicho ciclo, sin vulnerar los derechos de las comunidades que tradicionalmente los habitan, procurando modelos de uso sustentable, de tal manera que se disponga de agua abundante y limpia para todos los seres vivos”.
La inclusión de la anterior norma en la Carta haría imposible la minería en los páramos pues estos ecosistemas son captadores y almacenadores de agua, al punto que los principales ríos colombianos nacen en zonas de páramo al igual que numerosas quebradas. Si no puede existir duda de que los páramos deben conservarse para el ciclo hídrico, menos puede existir sobre los ríos nuevamente sometidos a la amenaza de las dragas. ¿Sacrificaremos el potencial hídrico colombiano en aras de la quimera del oro?
Al respecto llama la atención que la operación de cercenamiento a que fue sometido el referendo en la Comisión Primera de la Cámara, en buena hora descartada por la plenaria de esa corporación, hubiera incluido el mencionado parágrafo. Se demuestra así que quienes utilizaron el bisturí bien sabían a que intereses servían.
La segunda oportunidad que el referendo por el derecho humano al agua tendrá en la Comisión Quinta de la Cámara no estará exenta de tropiezos pero será ocasión para volver a mirar esta propuesta, de gran aceptación ciudadana, a la luz de los acontecimientos nacionales e internacionales que mantienen el tema en un primerísimo plano de actualidad. Se espera, de otra parte, un debate mas objetivo de la iniciativa, desprovisto de la expectativa de poder juntar los tres referendos en una misma jornada de votación pues el referendo por el derecho humano al agua se ha rezagado considerablemente de los otros dos. Las leyes que convocan los relativos a la reelección y la cadena perpetua a los violadores de menores, han completado o están a punto de completar los cuatro debates reglamentarios, mientras que el del agua regresa a primer debate en virtud de la apelación aceptada.
En el marco anterior se realizó la VI Asamblea del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, el 11 de Julio en el Auditorio de la Universidad Cooperativa en Bogotá. Dicha Asamblea ratificó su decisión de mantener el texto original y fortalecer la movilización social en apoyo no solo al referendo sino en perspectiva de profundizar la lucha por los postulados plasmados en el articulado original. Para ello se han previsto nuevos foros regionales, una segunda marcha hacia la Plaza de Bolívar en Bogotá, en el mes de Agosto y un foro acompañado de movilización en Cajamarca, a fin de ampliar el conocimiento y la protesta por el otorgamiento de licencia ambiental a la transnacional Anglo Gold Ashanti para la fase de exploración del proyecto aurífero de “La Colosa”.
(1)Véase, www.un.org
(2)Véase, Aurelio Suárez e Iván Cardona, “Análisis de los Planes Departamentales de Água” em www.ecofondo.org
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