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La “fiebre del oro” fue una enfermedad social que afectó a buena parte del mundo en la segunda mitad del siglo XIX. Causó desplazamientos masivos de personas, hacia áreas rurales; facilitados por el desarrollo de los medios de comunicación y de transporte, y motivados por un sistema monetario internacional basado en el patrón oro. Las consecuencias sociales y ambientales fueron inmensas. Comunidades indígenas fueron masacradas, desplazadas de sus territorios, o sucumbieron victimas de enfermedades que llegaron con los buscadores de oro. Grandes extensiones de esos territorios fueron devastadas. Los ríos afectados con sedimentos y químicos venenosos. Muchas personas cambiaron la idea de conseguir fortuna con trabajo y esfuerzo por la idea de ganarla, en poco tiempo, con algo de trabajo y mucha “suerte”… la violencia se enseñoreó de aquellas tierras: la violencia entre los hombres y contra la Naturaleza.
Ahora esa misma enfermedad empieza a afectar a Colombia. Nos la han contagiado grandes empresas mineras internacionales con la ayuda de nuestros gobiernos que promueven políticas públicas como las de “seguridad democrática”, “seguridad inversionista”, “flexibilización laboral”, “incentivos tributarios”, “Plan Nacional para el Desarrollo Minero 2019”, y por el paulatino debilitamiento de la normativa y la institucionalidad ambiental, la adecuación de las normas mineras a los intereses de esas empresas y, en general, la entrega del país a los grandes conglomerados económicos internacionales.
Y la situación no cambiará en poco tiempo porque en el programa de gobierno del nuevo presidente, “109 iniciativas para lograr la Prosperidad Democrática”, ya se anuncia que la minería será una de los cinco “sectores locomotora” de la economía (punto 30) y, además, se mantendrá como “punta de lanza del país” (punto 92). La “fiebre del oro” subirá.
En los últimos 20 años, mientras estábamos distraídos, sin tener tiempo, ni lugar, para pensar en lo nuestro, en nuestras riquezas, o para pensar o hablar de los asuntos públicos, otras personas, al servicio de los grandes conglomerados económicos nacionales o internacionales, nos despojaban de casi todo…de nuestros bienes comunes, del suelo, del agua, del aire, de la Vida, del subsuelo. Violentamente o a punta de expedir leyes o cambiar “articulitos”.
Un artículo de la Constitución Política de Colombia (Art. 332) dice, ahora, que “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”. Hasta no hace mucho esos recursos eran propiedad de “La Nación” o sea de todas las personas que habitamos el país. Ahora son propiedad del Estado y de esa manera el gobierno ha adquirido práctica autonomía para decidir sobre el subsuelo, sin consultar a la Nación, pues se entiende que el gobierno nos representa. En Bogotá se entrega buena parte del territorio nacional a las multinacionales mineras mientras las comunidades, incluso las mismas autoridades locales y regionales, no se enteran, o lo hacen años después, cuando ya es tarde para iniciar procesos de respuesta social a los proyectos mineros. Como ha ocurrido en Tolima y el Quindío. La empresa AngloGold Ashanti (AGA) ha estado trabajando en la región desde el año 2.000, pero la opinión pública regional y nacional solo se entera a mediados del 2008 cuando el gobierno nacional anunció el que denominó “más grande hallazgo de oro de la década en el mundo”: la mina “La Colosa”, en Cajamarca, Tolima. Hasta ahora AGA ha realizado actividades de exploración sobre más de 11 millones de hectáreas en 15 departamentos. En otros municipios y departamentos la opinión pública ha sido sorprendida con la noticia de que son o forman parte de “Distritos Mineros”. No ha mediado para ello información oportuna ni consulta en lo local.
Otro “articulito”, en el Código de Minas, Ley 685 de 2001 (Art. 13), establece: “declárase de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases. Por tanto podrán decretarse a su favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este Código, las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo”. Esto quiere decir que si debajo de la propiedad de cualquier persona se encuentra oro, por ejemplo, esa persona se tiene que ir de allí, su propiedad le será expropiada. Ni siquiera tendrá derecho a discutir el precio que se le pagará como indemnización; eso lo definirá Lonja de Propiedad Raíz. La Constitución y las leyes solo ofrecen alguna protección para comunidades indígenas o negras, pero tales normas, por lo general redactadas de tal manera que facilitan su violación, son desconocidas por las empresas mineras como se ha visto en numerosos casos en los últimos años.
El proyecto minero “La Colosa”, de la AngloGold Ashanti, en Cajamarca, Tolima, es el más claro ejemplo de lo que está sucediendo. La empresa inició trabajos de prospección a finales de 1999. En 2006 tramitó ante Ingeominas, con el nombre de Sociedad Kedahda S. A., contratos de concesión para exploración y explotación de oro y otros minerales (plata, platino, molibdeno, Zinc y cobre). A principios de 2007 inició actividades de exploración. El 21 de febrero de 2008 Cortolima suspendió esas actividades porque la empresa incumplió el requisito de solicitar, previamente, permiso para explorar dentro de la Reserva Forestal Central (Ley 2 de 1959). A mediados del mismo año la Sociedad Kedahda S. A. cambió de razón social para llamarse, en adelante, Anglo Gold Ashanti.
Es a mediados de 2008 cuando los habitantes de la región empiezan a enterarse de la presencia de una de las multinacionales mineras más grandes del mundo y del gran hallazgo de oro. La empresa ya llevaba más de ocho años estableciendo sus objetivos corporativos, revisando prospectos, compilando sus bases de datos, estudiando el Código Minero Colombiano y el sistema catastral minero, desarrollando su estrategia del Negocio y haciendo exploración. Invirtió en ello más de 195 millones de dólares. Sólo entonces la comunidad de Cajamarca empieza a asimilar lo que sucede y a reaccionar, bastante tarde en comparación con el recorrido de la empresa. En la práctica el Estado ha incumplido uno de sus fines esenciales, consignado en el Art. 2 de la Constitución Política, como es el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. Sin información, ni tiempo, ni recursos, es casi imposible participar, efectivamente, en las decisiones que nos afectan. Las personas afectadas por el proyecto no fueron informadas a tiempo de lo que estaba sucediendo.
La creciente reacción social contra el proyecto minero se debe, en parte, a que pone en peligro una de las mayores despensas agrícolas de Colombia. La mina, que por sus características sería una explotación a cielo abierto, se ubica en la parte alta de las cuencas de los ríos Bermellón y Toche, ríos que luego forman el río Coello que surte de agua al Distrito de Riego de Coello y Cucuana, el más grande e importante de Colombia, y a más de 180.000 personas que la consumen en Gualanday, Chicoral, Coello y El Espinal. Del distrito de riego depende la agricultura en la zona centro del Tolima, en los municipios de Espinal, Guamo, Flandes y San Luis; infraestructura de riego para unas 25.600 has. que comprenden 2.577 predios a cargo de 1.813 usuarios.
El peligro que se cierne sobre tan importante zona es muy grande debido a la utilización masiva de sustancias químicas de alta toxicidad en la minería a cielo abierto. Eventos geológicos comunes en la región como los movimientos telúricos, accidentes como los muchos reportados por el mundo en este tipo de minas, o una posible erupción del volcán Machín, podrían desatar un gran desastre social y económico para el país. Organizaciones ambientalistas, gremios, organizaciones sociales, entidades internacionales y hasta la misma Procuraduría General de la Nación se ha manifestado al respecto sin recibir atención por parte del gobierno. Por el contrario lo que se ha visto es la promoción del proyecto minero por parte del expresidentes Uribe quien en varias oportunidades ha afirmado que “la mina de La Colosa, va porque va”; o el apoyo del mismo Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial que, a pesar de la violación de normas ambientales por parte de la empresa, le ha otorgado los permisos necesarios para que continúe con su actividad exploratoria.
La situación exige un debate nacional en torno a la minería y una gran movilización social. No tenemos otra alternativa porque, como se ha visto, hemos quedado desprotegidos legalmente y no podemos confiar el asunto solo en manos de políticos, gobernantes o administradores.
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