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“No podemos permitir que hagan negocio con el agua”. Líder de La Esperanza, comunidad del Pueblo Kayambi, Ecuador

Cecilia Chérrez, Acción Ecológica (Ecuador) (1)

 

Según varios estudios recientes, el Ecuador es un país con tal abundancia de agua que cada habitante podría disponer de cuarenta mil litros, es decir, cuatro veces la media mundial. Sin embargo, la historia de numerosos pueblos y comunidades recoge conflictos desatados a causa del acaparamiento del agua en manos de sectores poderosos que utilizaron, y siguen utilizando, a su antojo, distintas formas de control de caudales y vertientes. Por ejemplo, en provincias como Cotopaxi, casi el 90% del agua de riego está controlado por hacendados dedicados a la ganadería o el cultivo de flores para la exportación.  

Por su parte, el sector industrial instalado en áreas rurales y urbanas utiliza las vertientes y ríos como cloacas para descargar desechos tóxicos de sus operaciones (petroleras, mineras, de las plantaciones de banano, de la palma aceitera, del procesamiento metalúrgico, de pinturas, lubricadoras, por poner algunas) sin que a alguna autoridad le quite el sueño. La historia del petróleo, vale decir, ha significado para la provincia amazónica de Sucumbíos que todos sus acuíferos -superficiales y subterráneos- tengan algún nivel de contaminación. Sólo la empresa Texaco, que operó en esta zona entre 1967 y 1992, vertió más de 30 millones de galones de crudo y al menos 19 mil millones de galones de aguas tóxicas2  directamente en los ríos, provocando el surgimiento de una cantidad alarmante de casos de cáncer y otros daños a la salud de la población, por lo que la empresa enfrenta desde hace trece años un juicio interpuesto por los afectados, en demanda de restauración ambiental.  

Otro ámbito de apropiación del agua se da a causa de las 160.000 hectáreas de plantaciones forestales, en su mayoría de eucalipto y pino, que cubren gran parte de la sierra ecuatoriana, debido al acucioso trabajo de agencias de “cooperación” y “desarrollo” y de instituciones públicas atraídas por las facilidades con que se promocionan estas fábricas de celulosa.  

En los últimos años, la frontera del eucalipto se amplió hacia zonas más calientes. En Muisne, al sur de la provincia de Esmeraldas, la empresa Eucapacific, conformada por cuatro firmas japonesas (Mitsubishi Paper Mills, Sumitomo Corporation, Electric Power Deve­lopment y Environmental Engineering Service) está sembrando 10.500 hectáreas de eucalipto3  que se convierten en astillas antes de ser embarcadas para Japón, donde se transforman en celulosa y papel.  

No es difícil imaginar el impacto de las plantaciones de eucalipto en los acuíferos, si cada árbol de éstos absorbe mínimo 30 litros de agua por día y en cada hectárea suelen plantarse unos 1.100 árboles, es decir con una capacidad de absorber más de 30.000 litros por día!4. El impacto de las plantaciones de pino es diferente, pero no menos dañino. Por iniciativa de los impulsores del proyecto Face-Profafor5, unas doscientas mil hectáreas de pinos fueron plantadas principalmente en páramos, con lo que se perdieron grandes extensiones de la vegetación clave para la regulación del acopio y distribución ecológica del agua. Según el estudio de Acción Ecológica en varias comunidades donde se aplica el proyecto Face-Profafor, varias de éstas, que perdieron parte de sus páramos por plantar pinos, a los 5-7 años comprobaron que las vertientes desaparecieron casi por completo, y además, por los términos del convenio firmado, deben mantener por décadas su compromiso de cuidar las plantaciones. 

 

Las nuevas formas de privar el derecho al agua

Nuevas formas de privatización del agua han aparecido, como consecuencia de políticas neoliberales que pretenden desconocer la soberanía nacional sobre los recursos naturales, entre ellos el agua, y manipular los derechos comunitarios en relación a ella, para beneficio de empresas transnacionales. 

En el contexto de las recientemente truncadas negociaciones de un TLC con Estados Unidos, trascendió que Estados Unidos se opuso a que fuera incluido el tema de la soberanía sobre los recursos naturales. Por largo tiempo permaneció como “tema pendiente”; pero más tarde fue desmentido por la negociadora ambiental: finalmente se había logrado resolver este asunto con la fórmula de “soberanía compartida”6. En realidad, es posible constatar con creciente frecuencia el rol de ONG conservacionistas que con su retórica y las estrategias que llevan adelante, han dado origen al “eco-neoliberalismo”7. 

 

Un poco de historia

Como preparación al ingreso del Ecuador en la OMC en 1996, el Banco Mundial y el BID presionaron para que se den pasos contundentes hacia la privatización del agua, en el marco de la Ley de Modernización del Estado. Entre estos pasos constaban las reformas de leyes que tengan que ver con el agua: en el campo agrícola, para agua potable, para uso industrial. Se hizo especial presión para que se aprobara en 1994 una nueva ley agraria que, entre otras medidas, abriera el mercado de tierras; y se iniciara un proceso de transferencia (en cuanto a administración, operación y mantenimiento) de los sistemas de riego construidos por el Estado. 

Simultáneamente se exigió la reforma profunda de instituciones vinculadas con el manejo del agua, para que basaran sus planes en una supuesta búsqueda de eficiencia, a partir del manejo “rentable” del recurso, con lo cual el Estado queda forzado a recuperar la inversión hecha en los sistemas de riego y abandona a las organizaciones de regantes, que hasta ahora no cuentan con la suficiente capacidad de amortización de sus sistemas de riego8. De esta manera, actividades orientadas a la exportación, como las plantaciones de flores, adquirieron mejores condiciones para acceder al agua, que los pequeños agricultores que abastecen de alimentos los mercados locales y el nacional. 

Las grandes movilizaciones del movimiento indígena y campesino, y la decisión de la mayor organización indígena del país, CONAIE, de presentar al Congreso Nacional, en 1996, un proyecto propio de ley de aguas, hizo que los privatizadores –que en un momento presentaran una veintena de proyectos de ley, uno tras otro–, se apoyaron en políticas sectoriales y de descentralización, de corte neoliberal, para lograr sus objetivos. Se debilitó la capacidad estatal de decidir sobre la política hídrica nacional; se entregó un enorme poder a corporaciones de desarrollo regional –susceptibles de ser utilizadas por poderosos grupos económicos– que con base a planes a nivel de cuencas, realizaron concesiones de agua difícilmente controlables.  

Sobre esta base se presentan actualmente proyecciones de desarrollo a tono con las agendas de apertura comercial, de integración energética, que incluyen al agua como “bien”, “recurso” y “mercancía” estratégica. Una de estas expresiones es el Plan Nacional de Electrificación 2002-20119, que propone construir 23 grandes represas multipropósito (para riego, electricidad, agua potable), 127 pequeñas represas hidroeléctricas de 0 a 10 MW, y 76 medianas, de 10 a 100 MW. Quienes promueven el Plan de Electrificación prevén que todas las represas serán construidas por la empresa privada, de preferencia transnacionales en el caso de las mayores, y nacionales en el de las pequeñas. 

 

Más represas, menos ríos

Si el plan de electrificación contempla construir 226 represas, por simple cálculo matemático las 79 cuencas hidrográficas y 137 sub-cuencas que tiene nuestro país serían intervenidos.

Proyectos para producción hidroeléctrica*

 

MW	Nro. de proyectos	Producción en MW
0-1	82	24.3
1-10	45	246
10-100	76	2377
> 100	23	9171
Total	226	11.818.3

* Datos de CONELEC.

 

En otras palabras, la construcción de estas represas hidroeléctricas, será una de las formas más violentas y excluyentes de acaparamiento del agua porque favorece una perspectiva de desarrollo basada en las exportaciones, el comercio superfluo sobre todo en las grandes urbes, la perversión de los objetivos de integración con otros países andinos y latinoamericanos y, la transformación del agua en una mercancía colocada bajo la presión de las reglas de la oferta y la demanda. A cambio, se despoja del agua y con ello, paulatinamente de las tierras, a miles de pequeños agricultores, a quienes se les va a dejar a su suerte, como parte de los costos inevitables del desarrollo, o las nuevas víctimas de esa vieja falacia. 

Cuando se autoriza la construcción de estas represas hidroeléctricas va incluida la concesión de caudales, que generalmente se sobredimensionan, de ríos y vertientes. Con lo cual, a manera de compensación se concesiona también, como en paquete, el área de drenaje de la cuenca o micro cuenca, según sea el caso. Esto está sucediendo en proyectos en marcha, identificados por las organizaciones comunitarias afectadas por los proyectos Angamarca, Pilaló, Río Calope, San José del Tambo, Hidro Abanico, Sibimbe, Cameri C.A. Este último, ubicado dentro del territorio del Pueblo Kayambi, entrega a la empresa beneficiada, las aguas comprendidas entre los 3.200 - 4.000 m, lo que equivale a casi toda la generación de agua de una parte de ese páramo. Para el caso de la represa Río Calope, el embalse será llenado con una derivación de casi 6 km del río del mismo nombre y el trasvase del río Pilaló. 

Varias cosas hacen esto más escandaloso. Por un lado, estos proyectos son propuestos por empresas privadas, en algunos casos muy poderosas (como la cadena de supermercados Supermaxi, Coca Cola, Acerías del Ecuador, la más grande cadena de cría de pollos Pronaca, uno de los mayores ingenios azucareros, San Carlos), que de esta manera van a asegurarse su abastecimiento propio de energía eléctrica, pero además tienen la certeza de poder pasar al Sistema Nacional Interconectado, es decir venderle al Estado con una tarifa comercial, el excedente de energía que tendrán con estas hidroeléctricas. 

Además, varios de estos proyectos están solicitando financiamiento a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en aplicación del Protocolo de Kyoto, pues ayudarían a sustituir el uso de combustibles fósiles por una energía “más limpia”. Sin embargo, esto no es convincente si se toman en cuenta las cifras oficiales que señalan que nuestro país tiene una capacidad instalada de 3.500 MW10, y cuyo uso ha sido hasta ahora de 2.400 MW. Por las declaraciones hechas públicas, es claro que se busca contar con una capacidad de generación que permita exportar energía al área andina, por lo pronto. Mientras tanto, motivadas por los fondos “verdes” prometidos, las empresas están recurriendo al trabajo campesino e indígena para que ayuden a plantar árboles y con ello proteger la cuenca hídrica concedida. 

Estos impactos se suman a los ya conocidos por numerosas comunidades campesinas afectadas por las hidroeléctricas. La más grande, Daule Peripa, construida entre 1982-1986, con un embalse de 30.000 hectáreas (cubierto en más del 60% por lechuguines y una altísima sedimentación) provocó el represamiento de varios ríos; el desplazamiento o el aislamiento, forzoso y violento, a partir de 1979, de miles de familias campesinas; el agravamiento de enfermedades tropicales como el paludismo y el dengue. Pero, ni los fracasos técnicos, ni las graves violaciones de los derechos humanos, ni los desastres ambientales, dejaron alguna huella en la óptica oficial. Más bien, la medicina con la que se quieren curar estos males es el mismo error que los produjo, pues para resolver las fallas de la Daule Peripa se quieren construir tres represas medianas (proyectos Baba Vinces, Abras de Mantequilla y Pueblo Viejo) que tendrán los mismos efectos sociales y ambientales, además de un nuevo componente, la concentración del riego en manos de empresarios que aspiran a enriquecerse más con las reglas del agro-negocio. “Con estos embalses nos van a secar los ríos para después vender el agua a través de canales”, explica uno de los líderes de la lucha campesina contra la Presa Baba Vinces.  

Estos nuevos proyectos tienen un gran respaldo político, y eso puede significar que se multipliquen los actos represivos del último año contra la población que rechaza estos proyectos y se aferra a sus tierras y a su cultura campesina. 

 

El control de las bioregiones

Hace dos años estuvo a punto de aprobarse en el Congreso Nacional una ley de protección de la biodiversidad que busca hacer posible la concesión de todas las áreas protegidas del país y sus áreas de influencia, a las ONG e institutos de investigación, pueden ser nacionales o extranjeros en ambos casos, para que puedan hacer uso de los “bienes” y “servicios” que se encuentren dentro de estas áreas. La iniciativa quedó truncada porque fue denunciada cuando sus autoras (The Nature Conservancy, TNC, USAID y varias ONG nacionales socias de estas) estaban a punto de desplegar una agresiva campaña de presión sobre parlamentarios, el Ministro del Ambiente y la opinión publica. Sin embargo, la agenda de tecnócratas de la conservación para facilitar el control estratégico no sólo de los recursos naturales sino de bioregiones sigue avanzando. 

El agua no es para nada ajena a estos planes. De los numerosos casos en que van quedando al descubierto, las amenazas de despojo del agua a las comunidades junto con la posibilidad de que la población pueda ser desplazada, tomaremos dos11 que tienen en común: involucrar las zonas genera­doras de agua, como son los páramos, y tener como actores claves a los poderes seccionales, que con el modelo de descentralización tienen la capacidad para declarar áreas protegidas y darlas en concesión a la empresa privada para la conservación basada en la ejecución de planes de manejo: 

–   La ordenanza municipal de Otavalo y Tabacundo, expedida en abril de 2002 para la conservación de un área de 10.000 hectáreas a partir de los 3.000 m, que incluye bosque andino, fuentes de agua y tres lagunas, de cuyos caudales se abastecen 38 comunidades para el uso doméstico y el riego de sus tierras productivas. En su artículo 28, bajo el acápite ”de los incentivos” revela que la privati­zación de la conservación es el objetivo medular de la ordenanza: “Los miembros del Comité Bicantonal de Gestión Ambiental de Mojanda (formado en el marco de la ordenanza) gestionarán los recursos financieros necesarios entre las instituciones ambientales nacionales e internacionales para la adquisición de tierras dentro del Área Bicantonal de Protección y Conservación, o para el establecimiento de servidumbres ecológicas y otros incentivos”. 

–   Convenio entre el municipio de Cayambe y la Fundación Antisana. A partir de 1997, TNC, USAID, sus socias nacionales (Ecociencia, Antisana, Rumicocha) y el Ministerio del Ambiente impulsan la Bio-reserva del Cóndor, que abarca 2.4 millones de hectáreas, y dentro de ellas siete áreas protegidas, y varias provincias, cantones y parroquias, entre los que se encuentra el municipio de Cayambe. En abril de 2004, Antisana propone al municipio “… un convenio de cooperación interinstitucional de cinco años de duración, con el fin de formalizar la colaboración entre la fundación y el municipio para lograr que la propuesta de la Fundación Antisana sea el marco de referencia para el plan de desarrollo del Cantón. Dicha propuesta está relacionada con la planificación participativa para el ordenamiento territorial sobre la base de la conservación y el mejor uso de los recursos naturales del cantón…”. Convenios similares habría firmado Antisana con otros nueve municipios incluidos dentro de la Bio-reserva. 

De las fuentes de agua que están dentro de la Bio-reserva del Cóndor se abastece un 70% de la demanda de Quito, las mismas que según el Convenio están sometidas al manejo privado, diseñado y dirigido en última instancia por un programa de la embajada de Estados Unidos, y una ONG conservacionista de ese mismo país, reconocida por ser uno de los mayores terratenientes a nivel mundial. 

 

Se instala la Bechtel

Puede verse que sobre el agua potable ya pesan propuestas de privatización que no sólo se refieren a la entrega de los servicios de comercialización, como se anunció para el caso de la privatización en ciernes del agua de Quito, sino que involucran la entrega de las fuentes mismas de abastecimiento. En Guayaquil, la ciudad más poblada, se dio un proceso de privatización desde hace más de cuatro años, cuando Interagua (nombre adoptado localmente por la Bechtel) recibió en concesión el servicio municipal de agua y saneamiento, después de que con créditos del BID se realizó un minucioso trabajo jurídico y administrativo para desmantelar a ECAPAG, la empresa de agua de ese municipio. 

Actualmente, Interagua goza de mala reputación entre los habitantes de barrios populares de Guayaquil, pues a pesar de que la entrega al sector privado se hizo con la promesa de universalizar la distribución del agua, hasta la fecha una buena parte de ellos todavía están fuera del servicio, y algunos que empezaron a recibirlo, recibieron sólo una “agüita amarilla”, denuncian los moradores de El Guasmo, que no es apta para el consumo humano, de acuerdo a los análisis realizados por el Instituto de Higiene Izquieta Pérez, y ya provocó varios casos de hepatitis. Ahora, el bien ganado desprestigio de esta empresa se ha extendido a Machala, donde Bechtel está negociando una concesión bajo el nombre de Triple Oro, y también ha llegado a la zona donde se quieren construir, a sangre y fuego, nuevos embalses que alimenten a la agonizante Presa Daule Peripa, para garantizar a Interagua un porcentaje del abastecimiento. 

 

Las resistencias se unen

Cada frente de privatización del agua enfrenta algún tipo de resistencia. La defensa del agua se conjuga con el derecho a la tierra, con la defensa de la cultura y los derechos comunitarios, con reafirmar la soberanía. Con la defensa del agua en la palabra, ha crecido la oposición a las plantaciones forestales, a las petroleras, a las represas, a las ONG eco-neolibe­rales. Mientras, surgen observatorios de los servicios públicos y colectivos en defensa del agua; se construyen alianzas con la esperanza de que los ríos represados vuelvan a fluir; jóvenes y mujeres asumen liderazgos locales para desentrañar las trampas de “la venta del oxígeno” y organizan intercambios en los que presentan su testimonio con sus propios videos; comunidades indígenas fortalecen espacios de coordinación sobre páramos para analizar y organizar estrategias en nombre de sus intereses comunitarios.  

Comuneros, de La Esperanza, se declaran libres del Banco Mundial al rechazar un crédito de 300.000 dólares para mejorar un sistema de agua potable al que decidieron trabajarle con su propio esfuerzo –al costo de 50.000 dólares!– “Si aceptábamos al Banco Mundial y su proyecto PRAGUAS (que busca que los servicios de agua de todos los municipios pequeños sean concesionados al sector privado), igual teníamos que poner el trabajo y nuestra plata, y nos habrían dejado sin el agua. No podemos permitir que hagan negocio con el agua!”  

Como vertientes que confluyen en un mismo río, estas distintas voces, estos distintos caminos, se han ido encontrando para construir propuestas conjuntas y luchar con una fuerza colectiva mayor.

 

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[1] Acción Ecológica, Ecuador. C.e: instituto@accionecologica.org

[2] Acción Ecológica, www.accionecologica.org

[3] Las proyecciones de la empresa se refieren a 30.000 hectáreas, según consta en documentos entregados por Eucapacific al Ministerio del Ambiente

[4] Ivonne Ramos, Ricardo Carrere, Nuria Vinaixa, Cora Cadena.  Símbolos de un modelo destructivo.  Pinos y eucaliptos. Mayo 2006. pp.15

[5]  Forest Absorbing Carbon dioxide Emissions, FACE, o “Bosques para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono”, fundación holandesa creada en 1990 por el directorio de empresas holandesas generadoras de electricidad, N.V. Sep, con el objetivo inicial de establecer 150.000 ha de plantaciones forestales para compensar las emisiones (mínimo 75 millones de toneladas de CO2) de una nueva planta térmica de carbón que se construiría en Holanda.  Por razones de costos, su acción se orientó al establecimiento de proyectos de forestación en países en desarrollo…En: Patricia Granda. Sumideros de carbono en los andes ecuatorianos.  Ecuador, Colección del WRM sobre plantaciones, Nro. 1

[6] foro sobre Problemática petrolera y negociaciones ambientales en el TLC, organizado por la Coordinadora Nacional Campesina en Portoviejo el 4 de mayo ’06

[7] Christian Biederbick.  La Nueva Conquista de América. De privatizadores y mercaderes de la naturaleza. ¿La liberalización de servicios como ataque final?. Enero 2006

[8] Ibid

[9] Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC.  Plan Nacional de Electrificación 2002-2011

[10] ibid

[11] estos casos, juntos con otros, están agudamente analizados en el informe de Christian Biederbick ya citado anteriormente, del que se toman varios datos precisos de ambas experiencias