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Los TLC y la crisis del sector rural tocó fondo

Revista Semillas: ¿Cuáles son los principales impactos del TLC en el sector agropecuario colombiano? Aurelio Suárez: El TLC fue un tratado muy mal negociado y especialmente en el capítulo agrícola, sin lugar a dudas Colombia le entrega el mercado interno al sector agropecuario norteamericano y prácticamente todos los cereales, en la soya y en algunas otras oleaginosas y una buena porción en la avicultura, porcicultura, carne de res, cortes tanto estándares como cortes finos y derivados lácteos.

Colombia tenía un sistema de protección arancelaria, denominado Sistema Andino de Franja de Precios que se entrega a la negociación y Estados Unidos que tiene como herramienta de apoyo o de soporte principal los subsidios, que en los próximos cinco años valdrán más de novecientos mil millones de dólares, no los va a ceder. Con frecuencia he dicho que este es un acuerdo entre David y Goliath, con la excepción que David entregó la honda y Goliath se quedó con el mazo. Pero hay una cosa peor, que Colombia le firmó a Estados Unidos la clausula NMF, que significa que si en cualquier tratado comercial con un tercero, Colombia le otorgará concesiones mayores que a Estados Unidos, inmediatamente se le trasladan a la super potencia. O sea, si Colombia en su tratado con Corea en un momento dado le entrega más arroz, esa misma cantidad se le debe trasladar también a Estados Unidos. Y otra cosa, recordar que los productos que Estados Unidos va a mandar son excedentes del mercado norteamericano a precios por debajo del costo de producción. Un dato, Estados Unidos para el año 2013 debe exportar 112 millones de toneladas de productos agropecuarios, eso son sus excedentes de su producción.

R.S: ¿Cuál es el balance en el sector agrícola desde la implementación del TLC?

A.S.: Realmente Colombia ya había perdido el trigo, la cebada, la soya y el sorgo. Con el TLC se incrementan esas pérdidas a mayores importaciones de maíz, comienzan las de arroz, las de papa procesada, Colombia ya es el tercer destino de papa procesada proveniente de Estados Unidos, después de Chile y Kuwait, y adicionalmente se están incrementando las importaciones desde norteamérica de cárnicos, lácteos y muy pronto vendrán de frutas y hortalizas. Dentro de cinco años, el 89% de los productos agropecuarios norteamericanos podrán entrar a Colombia sin pagar aranceles, mientras que de Colombia sólo el 86% podrá hacerlo.

 

R.S: ¿Qué efectos ha generado y tendrá en un futuro próximo los TLCs sobre los territorios y comunidades indígenas, afro y campesinas?

A.S.: Hay que recordar que por lo menos la mitad de la producción de alimentos en Colombia está en manos de comunidades rurales y de pequeños productores, producida por comunidades que se encontrarán en franca desventaja para producir sus propios alimentos, pero los efectos del TLC no pueden medirse solo en el comercio, también hay otros efectos adicionales, como los que se derivan del patentamiento de las semillas, o los que exigen la comercialización de semillas solamente certificadas y también no puede perderse de vista que las inversiones de empresas norteamericanas en tierras tendrán que respetarse, incluso tendrán un status predominante en el dominio de áreas que podrían ubicarse en zonas muy cercanas o allegadas a las comunidades. El tratado de Estados Unidos con Colombia es una matriz cuya arquitectura o estructura está propiamente definida y copiada por los otros tratados. El de Europa será especialmente lesivo en el caso de los productos y derivados lácteos. Europa almacena enormes inventarios que va a trasladar a Colombia y que se sumarán a los otros tratados, como el de Suiza, Chile, México, Mercosur, y por supuesto Estados Unidos. Al primer año de vigencia de todos los tratados, Colombia importará el 25% de los derivados lácteos que hoy consume. Vale recordar que de 450 mil ganaderos que hay en Colombia, 250 mil tienen menos de diez reses y hay que denotar que muchas son mujeres que mediante esta actividad generan ingresos complementarios al hogar campesino.

 

R.S: ¿Existe alguna relación entre las leyes de semillas (Convenio UPOV 91 y resolución 970), con los compromisos adquiridos en el TLC?

A.S.: Con la sola firma del TLC en el capítulo de propiedad intelectual, quedó el compromiso expreso de suscribir UPOV 91 y nueve tratados internacionales más de propiedad intelectual. Todo esto tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de los “obtentores vegetales”. En una carta adjunta del TLC con Estados Unidos, firmada por los dos países se concede el acceso a la biodiversidad y el patentamiento y utilización comercial de la misma y una retribución económica, en caso de que sea necesaria, a quienes se les despoje del género del cual se trate.

 

R.S: ¿Qué relación puede tener la actual política de tierras del gobierno nacional y de extranjerización de tierras con los compromisos adquiridos por Colombia en los TLC, frente a crear las condiciones que dan confianza a los inversionistas?

A.S.: Hay que empezar por recordar que la tierra apta para cultivar se ha vuelto cada vez más un recurso más escaso, a escala global. El Banco Mundial estima que para el año 2030, los países del sur del mundo deberán haber aportado setenta millones de nuevas hectáreas cultivables, una parte fruto de la dinámica propia del crecimiento demográfico de estos países y la otra para sustituir la que se viene disminuyendo en los países del norte del mundo, donde además se ha encarecido. Un acre para arrendar en el “corn belt”, el cinturón de maíz de los Estados Unidos, está valiendo 13.500 dólares al año, más de 25 millones de pesos. Por estas razones, las compañías del agronegocio y sobretodo los fondos de inversión de su propiedad, como el fondo Black River de Carghill, han comenzado a adquirir tierras en el extranjero. Se trata de tomar posición mediante otros mecanismos como el llamado derecho real de superficie que está en los proyectos de ley que el gobierno va a presentar al Congreso. Tierra a bajo costo, o a costo cero. Los inversionistas tienen una agenda global donde el costo de la tierra va a influir, pero también su capacidad productiva, así como el que sean áreas poco pobladas y como dicen, con derechos de propiedad transparentes. Las prerrogativas a los inversionistas en tierras trascienden el capítulo agrícola del TLC y están enmarcadas en el capítulo de inversiones donde hasta la alteración de mínimas condiciones en los planes de negocios le pueden acarrear al país demandas ante tribunales internacionales de arbitraje por una figura inexistente en la constitución, pero sin en el TLC, llamada de expropiación indirecta; y finalmente tener en cuenta que los inversionistas extranjeros, tanto por la constitución como ratificado por el TLC tienen trato nacional, o sea, como si fueran colombianos, es decir, no podrán ser discriminados bajo ninguna circunstancia.

 

R.S.: ¿Cómo afecta la política minera, la viabilidad y sostenibilidad del sector agropecuario y los territorios de las comunidades locales?

A.S.: Hay varias tipos de afectaciones de la minería a la agricultura, la primera que no se nota mucho es que el ingreso masivo de divisas para la explotación de recursos naturales no renovables, minería e hidrocarburos, abaratan el dólar frente al peso colombiano, y eso trae como consecuencia que las exportaciones de productos agrícolas, muchas de ellas de base minifundista como el café y el cacao, se encarezcan y pierdan precio a las importaciones. De igual manera, hay decenas de miles de hectáreas donde los títulos mineros se superponen sobre territorios productivos agrícolas, como en Risaralda, Caldas, Nariño, Huila, Tolima. R.S.: Existe coexistencia entre la minería y la producción agropecuaria? A.S.: Yo diría que son casi excluyentes, aunque hay algunas pequeñas experiencias de pequeña minería campesina que se han adelantado, pero ante todo, la actividad minera como complementaria al ingreso rural. Conozco el caso del municipio de Quinchía en el departamento de Risaralda, donde ese diseño de convivencia existe, pero a mi modo de ver es más la excepción que la regla.

 

R.S.:¿Es posible que el país pueda renegociar o reversar algunos de los aspectos más críticos y lesivos del TLC?

A.S.: Renegociar y denunciar los TLC es algo perfectamente viable y posible. En casos específicos, y en Colombia no es difícil de observar, hay que brindar evidencia de que ese comercio con dumping amerita la aplicación de medidas anti dumping. Yo hago la siguiente pregunta: Cuándo Colombia negoció el TLC con Estados Unidos en el 2006, los subsidios norteamericanos eran casi la mitad del monto que van a empezar a regir a partir del 2013. ¿No es esta una razón suficientemente fuerte para replantear clausulas y medidas negociadas hace siete años? Ahora bien, si la renegociación no es posible, Colombia puede denunciar el Tratado, que dejaría de operar seis meses después de esa denuncia. En el caso del tratado con Estados Unidos, esa denuncia está consagrada en la clausula 23.4 del TLC. El país puede aplicar medidas salvaguardias, medidas antidumpings por un efecto muy amplio sobre poblaciones importantes.

 

R.S: ¿Cuáles son los principales problemas y crisis del sector agropecuario que llevaron al Paro Agrario?

A.S.: Yo creo que hay razones estructurales y conyunturales. En cuanto a las estructurales debo señalar dos, una es el régimen desigual de tierras que hay en este país, uno de los más desiguales del mundo. La otra es que las políticas públicas agropecuarias por lo menos desde 1950, han sido extrañas al interés nacional. La revolución verde, la apertura económica, los TLC, todas son políticas dictadas desde afuera. En cuanto a las coyunturales, se configuran por exceso de oferta, o por los mercados internacionales, caídas de precios muy profundas. Así como ya lo anoté, para los productos exportables, una revaluación del peso que es del 30% en los últimos tres años y que hace que los pequeños agricultores e inclusive los empresarios agrícolas, los pocos que quedan, exporten a perdida. En el caso del café se refleja de manera sencilla, producir una carga de café cuesta 700 mil pesos y el precio de mercado está por debajo de 400 mil. El de una carga de papa es de 70 mil pesos y el valor del mercado llego hasta por debajo de los 20 mil.

 

R.S: ¿Qué avances y enseñanzas ha dejado el paro agrario al movimiento campesino?

A.S.: Lo primero es que muchos sectores, sobretodo en el paro cafetero de febrero y marzo, habían estado desatentos de la problemática rural, creo que esa es la primera enseñanza, enfocarse en la problemática crítica que puede llegar a hacer estructural del campesinado. La segunda es la organización, que en casi todos los sectores, por lo menos en quienes se movilizaron en torno a dignidad agropecuaria, debe construir desde la base, y en ese sentido la diversidad de sectores, inclusive de clases, se unificaron en torno a intereses comunes. Estas organizaciones deben fortalecerse para tener perspectiva futura y no sean fruto de una coyuntura pasajera. Deben tener un programa mínimo, en contra el neoliberalismo y sus engendros como el TLC, pero también, la defensa de las tierras y los territorios, de las semillas y del patrimonio rural del país. También se aprendió a confrontar las tácticas del gobierno, la represión, los señalamientos, la elevación de interlocutores de organizaciones proscritas, como las llamadas federaciones de bolsillo del gobierno. Otro asunto son los acuerdos que exigen especial vigilancia porque el gobierno los incumple.

 

R.S.: ¿Considera que en el proceso de negociación con las FARC y el gobierno nacional, se pueden lograr cambios de fondo en las políticas gubernamentales del sector agropecuario?

A.S.: Yo no he visto con detalle los acuerdos del primer punto, o punto agropecuario. Por lo que conozco, podría decirse que lo que tiene que ver con zonas de reserva campesina, erradicación de cultivos ilícitos e implantación de cultivos sustitutos, así como los bancos de tierras con las propiedades obtenidas de manera ilegal, todas estas propuestas están enmarcadas dentro de los actuales programas y disposiciones del Ministerio de Agricultura.

 

R.S.: ¿Qué cambios estructurales en las políticas y leyes rurales y del sector agropecuario son urgentes realizar en el país, para revertir la profunda crisis que vive actualmente el campo colombiano?

A.S.: Más que un cambio estructural, que podrían requerirse muchos, tocaría hacer tres cosas iniciales: la primera reversar el libre comercio, tanto con los TLC, como con el restablecimiento de una institucionalidad de fomento y apoyo a la agricultura, con énfasis en la economía familiar y campesina, sin descuidar la agricultura empresarial nacional. Empezar por aplicar cabalmente los artículos 64 y 65 de la constitución, que hablan del acceso preferencial a los bienes públicos rurales, tierras, riego, y demás apoyos a partir de los trabajadores rurales y el segundo que prescribe la debida protección a la producción nacional de alimentos, desarrollar consecuentemente estos dos artículos, podría ser el inicio, abrir la puerta a políticas estructurales más profundas, en la medida en que se vayan adelantando.

 

R.S.: ¿Qué tipo de alianzas y articulaciones son necesarias para avanzar entre las organizaciones sociales y campesinas para enfrentar los nuevos retos y desafíos que surgen del paro agrario?

A.S.: En lo que conozco del área de Dignidad Agropecuaria, se desarrollan al interior una alianza de casi todas las clases rurales nacionales, involucradas en la producción agropecuaria. Por supuesto que se requieren tratar de abarcar el mayor espectro posible, bajo estos parámetros, con unos puntos que no excluyan a nadie, pero que se priorizen los interés de los sectores de menores y bajos ingresos. También es necesario establecer vínculos con la ciudadanía, los demócratas, que el grito rural tenga un eco en la ciudades. El paro agrario de agosto y septiembre fue un inicio de ese vínculo indispensable.