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Los Pagos por Servicios Ambientales y la neo liberalización del clima en el marco del post acuerdo

El desarrollo del modelo de producción capitalista, viene acompañado de la dependencia de energías fósiles, lo que ha generado un aumento significativo de emisiones de CO2, de tal modo que mientras la producción (crecimiento económico) se multiplicó entre el año 1850 a 2007 en un rango cercano a los 9,5 %, las emisiones globales sufrieron un aumento exponencial, al pasar de cerca de 54 millones de toneladas a 8.365 millones. (Husson, 2017). Este proceso ha llevado invariablemente a una alteración importante dentro de la relación clima - sociedad producto del calentamiento global generado, lo cual se ha consolidado como uno de los mayores retos para la sociedad en general y para los Estados como formas de organización del poder político.

 

Resumen

Para tratar de mitigar dichas emisiones se ha propuesto toda una serie de estrategias políticas que podríamos enmarcar bajo el concepto de “gobernanza del clima”, expresadas en conferencias y tratados internacionales, con la intencionalidad de hacerle frente a este problema. Sin embargo, más que un accionar destinado a la verdadera reducción de gases de efecto invernadero, dichos intentos han sido la forma de adaptar el capitalismo al reto que le supone el cambio climático, logrando consolidar así bajo el marco de la “economía verde” soluciones mercantiles para la reducción de emisiones. 

 

Los mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y el pago por servicios ambientales (PSA) son algunas de dichas medidas, que aunque parecieran ser figuras adecuadas, ya que promueven la preservación de escenarios naturales, en realidad responden a un modelo que no trastoca la estructura del sistema de producción y que no hace más que maquillarlo, haciendo parte además de un sistema macro causal conocido como la financiarización de la naturaleza, que consiste en volver a la naturaleza un activo financiero, es decir que los recursos naturales puede ser avaluados y cotizados en la bolsa, y en ultimas privatizados.

 

El presente documento pretende hacer un acercamiento critico a la forma en que se ha planteado la gobernanza del clima a nivel mundial, haciendo énfasis en la estructura del PSA en el marco del pos acuerdo, entrando a discutir no solo su eficacia como medida de mitigación al cambio climático, sino también sus consecuencias directas sobre las territorios, las comunidades y el medio ambiente.  

 

Introducción

El capital siempre ha buscado la forma de regenerarse a partir de sus crisis, de tal forma que, por ejemplo, en un primer momento, se generó el Estado de bienestar para hacer frente a crisis del 29 , mientras que para tratar de solucionar  la reducción en su tasa de ganancia producto de la crisis interna dentro de su composición orgánica (capital variable y flexible), adujo a la fórmula neoliberal que consistía en medidas como, la primacía del capital por sobre el trabajo, las privatizaciones de empresas públicas, un reestructuramiento del Estado al servicio del mercado, el endeudamiento para compensar dicho conflicto capital- trabajo, entre otras.

 

 Sin embargo, el neoliberalismo lejos de ser una solución a largo plazo, tuvo su debacle más importante en la crisis financiera del 2008, lo cual supuso una reducción aun mayor dentro de la tasa de ganancia, que no podía ser subsanada a partir de la misma receta - dado que dichas medidas ya se habían aplicado - pero si mediante el incremento de sus fuentes de ganancia, es decir, a través de la creación de nuevos mercados y por ende de nuevas mercancías. Dicho proceso de creación de nuevos mercados tiene en la actualidad como punto central a la naturaleza como fuente de recursos, o de lo que podríamos entender como bienes comunes, es decir, como todos aquellos bienes que son de uso común, no particular y que sirven para la satisfacción de necesidades básicas de las comunidades que habitan en cercanía a estos. 

 

Lo anterior es lo que conocemos como la “financiarización de la naturaleza” que podríamos definir en estricto como el “proceso por el cual el capital especulativo toma el control de los bienes y componentes de la naturaleza y los comercializa por medio de certificados, créditos, acciones, bonos, etc., con el fin de obtener las mayores ganancias posibles gracias a la especulación financiera” (Movimiento mundial por los bosques tropicales, 2016). En América Latina esto empezó su incursión a través del tan conocido Consenso de Washington y en la última etapa por medio de lo que Maristella Svampa denomina como el “consenso de los commodities” entendido como “un nuevo orden económico y político, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes" (Svampa, 2013).

Además de ello, dicho proceso de financiarización tiene una cara más oculta que es el manejo que se le ha empezado a dar al cambio climático a través de la gobernanza del clima entendida como las formas en que los gobiernos y los privados han empezado a manejar el tema de la mitigación. Dicho proceso empezó en el año 1983 con la creación de la comisión mundial para el desarrollo del ambiente, de donde surgió él informe “nuestro futuro común” que si bien entendía los severos problemas que atravesaba en planeta en términos ambientales, no adoptaba las medidas necesarias para dar solución al asunto al no tocar el patrón de acumulación capitalista y emerger el concepto de desarrollo sostenible; 20 años después se transita hacia el modelo de capitalismo verde o economía verde que ha incidido de manera directa en la forma en que se han decidido tomar acciones frente al cambio climático, trayendo soluciones mercantiles, que más que apostar por la verdadera reducción de emisiones opta por salvar al capital de la crisis que representa el cambio climático, premiando a los generadores de las grandes emisiones y trasladando la responsabilidad mundial de emisiones a los países del sur con proyectos como los MDL y los PSA, entre muchos elementos.    

 

Gobernanza y globalización: ¿Cómo hacerle frente al cambio climático?

Para entender la estructura que sustenta el modelo de PSA, es necesario antes que nada entrar a definir qué podríamos entender por gobernanza en su simple acepción, para así comprender el contexto bajo el que se enmarca la gobernanza del clima. En primera medida, hablar de gobernanza nos lleva necesariamente a un debate acerca de cuál es el papel del Estado dentro de la solución de conflictos y la resolución de problemas socialmente relevantes. Dicho asunto va a ser bastante importante en cuanto al cambio climático, ya que va a suponer un asunto central como lo es definir el actor o los actores centrales que le harán frente a este problema.

 

El concepto de gobernanza surge del proceso de debilitamiento del Estado ante el crecimiento del mercado, durante las reformas neoliberales y la globalización, en contraposición al concepto de gobernabilidad en donde la posición del Estado era mucho más fuerte y presencial, dando paso al surgimiento de nuevos actores en el escenario de la solución de asuntos públicos. A primera impresión dicho enfoque podríamos catalogarlo como bueno, en la medida en que reconoce a nuevos actores existentes dentro del espacio social para el trámite de demandas. Sin embargo, el problema radica en que la gobernanza le ha otorgado un papel central al mercado y por ende a los privados, utilizando al estado simplemente bajo un rol regulativo y de fuerza.

 

La gobernanza tiene así un enorme problema y es que implica la privatización de la política, reduciéndola a un asunto de técnicos, que reproducen la ideología imperante y que en términos prácticos terminan beneficiando la acumulación del capital por sobre cualquier otro elemento, e imponiendo su lógica economicista para leer y “solucionar” problemas tan complejos como el cambio climático.

 

Esto último es bastante importante, ya que si bien cada que vemos negociaciones en torno a la reducción de emisiones, son los Estados los que deciden negociar y firmar dichas convenciones o pactos, en realidad la responsabilidad de dar trámite al asunto no pasa por estos, sino por las grandes compañías trasnacionales, ya sea por su influencia directa en la negociación o porque sobre ellas mismas recae la responsabilidad de hacerle frente al cambio climático. En este sentido, la gobernanza del clima, a lo largo de toda su historia desde la convención del 83 hasta el acuerdo de París como el precedente más reciente, tiene un problema estructural y es que otorga la responsabilidad de reducir las emisiones a los mismos que las han generado, no simplemente permitiéndoles generar las mismas o mayores emisiones, sino generándoles incentivos para la realización de las mismas[1].

 

La economía verde y las soluciones mercantiles al cambio climático

Las soluciones mercantiles a la cuestión del ambiente han sido un precedente desde 1992, de tal forma que por ejemplo a partir del protocolo de Kioto en el 97 se crearon algunas figuras como los mecanismos de desarrollo limpio y el mercado de emisiones de carbono, que lo que han buscado es transformar el cambio climático en un instrumento de acumulación capitalista.

 

El proyecto de la economía verde tiene una tradición bastante antigua que podemos rastrear en los trabajos de autores como Pearce y Barbier, sin embargo, no es sino hasta los años 2008 en donde dicho proyecto surge como un instrumento director de política pública en torno a la regulación de los asuntos ambientales. En este sentido, para el año 2008 el PNUMA saca un texto conocido como el New Deal Verde, que serviría junto con otro llamado “Hacia la economía verde: guía para el desarrollo sostenible la erradicación de la pobreza” de base para las negociaciones en el 2012 de la cumbre Río+20 y que impondrían la economía verde como paradigma de solución y tratamiento de las cuestiones ambientales en relación con la sociedad.

Teniendo esto de presente, valdría preguntarnos ¿qué es lo que plantea la economía verde?, ¿Cuáles son sus problemas? y ¿Cómo se materializa? Para dar respuesta a estas preguntas hay que empezar por decir, que la economía verde, parte de romper con una disyuntiva clásica para el entendimiento de los problemas ambientales, y es que según ella no existe contradicción alguna entre crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, de tal forma que lo único que habría que hacer para darle solución a los distintos procesos de degradación ambiental era incursionar estos costos dentro de las dinámicas mismas del mercado.

 

En este sentido, no se trata de cuestionar la noción de desarrollo capitalista medida en términos de crecimiento económico, sino en reorientar la orientación del capital de tal forma que los procesos de degradación ambiental no van a ser leídos como una problemática dentro de la relación sociedad - ambiente, sino como una simple falla de mercado. Desde dicha lógica, por ejemplo, el aumento indiscriminado de emisiones de CO2 a la atmosfera no ha sido producto de un patrón de acumulación que intrínsecamente tiene como vector la degradación del ambiente y la sobreexplotación de elementos como la regulación natural del clima, sino es producto de falta de incentivos para el capital o fallas de mercado.  

 

El informe por tanto reconoce que el capitalismo es el problema pero no por su naturaleza misma, sino por errores que pueden llegar a ser subsanados mediante el perfeccionamiento del mercado, lo cual da muestras de la incapacidad que existe para pensar soluciones a la crisis ecológica alternativas a la lógica mercantil. 

 

Además de ello, la economía verde tiene tras de sí una connotación bastante importante respecto de la naturaleza, y es la denominación de “capital natural”, que es una categoría que defiende la idea de que todos los componentes de la naturaleza – desde lo material hasta lo intangible - pueden ser tazados y comercializados, idea de la que surge y como lo veremos más adelante el pago por servicios ambientales (PSA). El problema de esto radica en que, no solo le abre la puerta a la privatización de la naturaleza como bien común, sino que le permite al capital una apropiación global y sin igual de todos lo existente en el planeta.

 

Además de estos problemas estructurales que van a entrar a definir los mecanismos para hacerle frente a la mitigación del cambio climático, la economía verde tiene asuntos muy preocupantes en términos políticos, y es que desde los informes hasta los mecanismos, la economía verde no tiene en cuenta el asunto de las relaciones de poder al interior de la política ambiental. En primera medida, el informe carece de una lectura real en torno a cómo se toman las decisiones en los Estados y en la capacidad regulativa que estos tienen en el marco de la globalización financiera. Además, la economía verde parte de una visión light que no tiene en cuenta a la ecología política, como la forma de entender la relaciones de poder que se dan en el marco de la regulación de los bienes naturales. En este sentido, no toma en cuenta las relaciones de explotación y subordinación a la que están sometidos muchos países del sur y sus poblaciones a quienes como lo veremos más adelante se les traspasa la responsabilidad climática, así como tampoco toma en cuenta el proceso de apropiación territorial que cada vez más tiene el capital, a través de procesos de privatización de bienes comunes como el extractivismo en sus diferentes vertientes.

 

¿Cuáles son los mecanismos?

Hablar de pago por servicios ambientales en el marco de la mitigación del cambio climático, nos lleva necesariamente a dos MDL como lo son los mercados de carbono y el programa REDD+.

 

• Comercio de emisiones

El comercio de emisiones es tal vez el ejemplo más claro de lo que es la gobernanza neoliberal del clima. Lo que hace esta figura es considerar el derecho a contaminar como cualquier otro derecho de capital, tal como lo puede ser ocupar la tierra o contratar mano de obra. En este sentido, la estrategia central del comercio de emisiones será crear toda una estructura que le permita a los grandes contaminantes seguir generando emisiones por encima de la capacidad de absorción de gases del planeta siempre y cuando tenga un permiso por contaminación, que puede ser comprado a otra empresa que genere menos, o mediante proyectos que generen absorción de CO2 como lo veremos más adelante como el programa REDD+.

En teoría, el comercio de emisiones se sostiene bajo la idea de que el límite o tope de contaminación será cada vez menor, buscando que la transición de combustibles fósiles a energías renovables se de en un plazo no muy largo. Sin embargo, dicho sistema es demasiado laxo y no supone fechas o topes verdaderamente exigibles. Esto quiere decir que el comercio de emisiones no solo no es una medida eficaz en términos de mitigación, sino que además de ello, distorsiona las verdaderas soluciones. Por el contrario, lo que genera los bonos de carbono o el mercado de carbono es el crecimiento del mercado financiero, que como es natural genera dinámicas especulativas en torno a la reducción con el simple hecho de generar bonos que puedan ser comercializables dentro de la bolsa de valores.

 

La convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CNMUCC) es quien le dio el primer apoyo al comercio de emisiones al hablar de que dentro de la discusión en torno al cambio climático, era necesario apostar por un “sistema económico mundial abierto”, apoyando así el papel de las grandes compañías trasnacionales. Así mismo, la CNMUCC avalaba la responsabilidad que tenían los países desarrollados, frente a lo cual se adoptaron unos compromisos de reducción que como era de saberse no podían cumplirse. Producto de esta imposibilidad y previo a las negociaciones de Kioto, en Estados Unidos y de la mano de Al Gore empezó a rondar la idea de la flexibilidad frente a las metas a cumplir. De allí surge el mecanismo de desarrollo limpio (MDL).

 

• REDD+ : estrategias para el despojo

REDD es la sigla para denominar una estrategia llamada reducción de emisiones por desforestación y degradación de bosques, que lo que busca es conservar bosques tropicales con el fin de no generar mayores emisiones de carbono en el ambiente y además de eso, para comercializar bonos de carbono. En retribución a esta conservación, se supone que los países industrializados pagarán por la conservación.

 

La idea en sí misma no suena mal, sin embargo REDD+ tiene varios problemas que van desde lo técnico hasta lo social y que hacen que el programa sea bastante problemático. Primero, porque hace parte del sistema de bonos de carbono que como lo hemos venido sosteniendo no ataca de forma directa las causas del cambio climático y además de ello por las siguientes razones:

 

• Es importante tener en cuenta de donde proviene la contaminación ya que no es lo mismo el CO2 liberado por quema o procesos naturales de los árboles que el usado por la quema de combustibles fósiles. Como lo expresa Carrere : "En el caso de los combustibles estos han estado almacenados bajo tierra durante millones de años y sólo pueden emitir carbono a la atmósfera cuando se extraen y se queman. Una vez quemados, el resultado es un aumento neto en la cantidad de carbono presente en la biosfera. Los árboles en cambio almacenan carbono durante períodos relativamente cortos — mueren, se descomponen, son talados, arden— y son parte de la circulación del carbono presente en la biosfera desde hace millones de años. Su desaparición no implica cambios en el balance neto de carbono en la biosfera, que se mantiene igual” (Carrere, 2010, pág. 15)

 

Lo anterior implicaría que en estricto no es posible hablar de compensación a través de mecanismo como REDD.

• Apropiación de tierras: el programa REDD tiene múltiples precedentes en torno a la apropiación de tierras por parte de los grandes capitales, en donde si bien estos no serán los dueños de la tierra si ejercerán actividades de despojo por sobre las comunidades que allí habitan.[2]
• Ni la CMNUCC ni los demás pactos que “reglamentan” a REDD hacen una distinción tajante acerca de lo que son bosques nativos y plantaciones forestales, por lo que se termina premiando actividades también nocivas como los monocultivos de caña o de palma aceitera, o de bosques forestales de plantas ajenas.
• El discurso del costo de oportunidad sirve para romper con dinámicas ancestrales de relacionamiento con la tierra, de tal forma que los habitantes pierden todo derecho a ocupar y usar la tierra para subsistir de la misma. Además de ello, dichas dinámicas de costo de oportunidad no son verdaderamente medidas de tal forma que se miden y materializan intangibles como bienes naturales.[3]
• Los pagos en realidad no llegan a las comunidades sino que se quedan en intermediarios como consultores, fundaciones, etc.  

 

¿PSA para la paz?

En Colombia podemos hablar de programas de pagos por servicios ambientales (PSA) aproximadamente desde el año 2000 momento desde el cual se han empezado a abordar algunos programas como REDD o medidas de corte tributario como un impuesto al carbono que rigüe desde el primero de enero de este año – sin embargo, en el marco del proceso de paz se ha proferido uno de los precedentes legislativos más importantes en términos de PSA como lo es el Decreto 870, tramitado vía fast track.

 

El presente decreto es importante porque no solo monta la estructura base de los PSA en Colombia sino que además lo hace sobre el marco de la construcción de paz, como una estrategia para la conservación del ambiente y el tránsito a la paz, enfatizando por ejemplo en estrategias como REDD para la sustitución de cultivos ilícitos.

Hacer una lectura de dicho decreto es un asunto bastante complejo, dada la ambigüedad del mismo, sin embargo en el siguiente cuadro se abordaran algunos elementos importantes, para finalizar con una corta reflexión:

Por último, hay que tener en cuenta dos elementos más; primero, los proyectos de PSA se concatenan con la visión de campo que se plantea desde la reforma rural integral (RRI), es decir como un campo con visión de desarrollo empresarial y agroindustrial, por lo que se podrá terminar premiando, acumulación de tierras y generación de proyectos forestales de gran importancia como la expansión de la caña en la llanura y altillanura, que tienen efectos bastante nocivos, tanto en lo ambiental como en el impacto con las comunidades. En segunda medida hay que tener en cuenta la contradicción existente en torno a la adaptación de estos supuestos mecanismos para reducir las emisiones y la profundización del extractivismo como modelo económico, buscando, ante la baja en reservas y los precios del petróleo, ahondar en técnicas como el fracking para la explotación de no convencionales.  

 

Autor: Sebastian Stiven Guzmán García. Estudiante de Ciencia Política y Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo UNAL. , miembro investigador del Grupo de investigación GEED - Grupo de Estudio Economía Digna. Universidad Nacional de Colombia. C.e: ssguzmang@unal.edu.co

 

Bibliografía

 

Ambrosano, L. (2001). Los pagos por servicios ambientales como propuesta de privatizacion . En El cuento de la economia verde . Quito: Agencia latinoamericana de informacion y OXFAM.

Banco Mundial. (1992). Governance and Development. Washington D.C.

Caicedo, J. D. (2013). Cambio climático: realidad,discurso, politica y practicas en los paises de desarrollo. Cuadernos de geografia: Revista Colombiana de geografia, 9-13.

Carrere, R. (2010). Una vision critica del REED . Ecologia Politica, 13-17.

Husson, M. (2017). El capitalismo en 10 lecciones : breve curso de eonomia heterodoxa. Bogota D.C: Ediciones Caña Verde.

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Moreno, C. (2012). La economia verde y los mercados de carbono . En Capitalismo verde (págs. 45-72). Quito: Intituto de estudios ecologistas del tercer mundo .

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Reyes, V. (2014). La politica publica y el cambio climatico . En V. R. Cruz, Cambio climatico : efectos sociales y propuesta (págs. 61-81 ). Oxaca: Universidad Autonoma Benito Juarez.

Svampa, M. (2013). Consenso de commodities y lenguajes de valoracion en AL. Nueva sociedad , 30-46.

Yanez, I. (2011). En Cambio climatico : una mirada desde los derechos de la naturaleza (págs. 6-22). Quito : Via campesina.

 

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