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Ahora que en Colombia están de moda los “Business Plans”, o los “planes de negocios”, con que se pretende entregar el patrimonio nacional minero-energético al mercado internacional, la Biodiversidad no se iba a quedar por fuera. En una fase más de contractualización del patrimonio natural, después de firmados los Tratados de Libre Comercio en el anterior gobierno, se lanzan en la era Santos: los “Business Plans”, uno de ellos el de la bioprospección, para lo cual se acude a los asesores del fracasado proyecto del Instituto Nacional para la Biodiversidad de Costa Rica, (alianza entre la Empresa Merck para explotar en forma conjunta la biodiversidad de ese país en busca de nuevos medicamentos) y que buscan recuperar sus grandes pérdidas con la venta de consultorías a los auspiciadores de la Biopiratería: las empresas farmacéuticas y agroalimentarias, los gobiernos colombianos y algunos profesores universitarios que en sus ratos libres trabajan también para las primeras, fungiendo de científicos neutrales pero que apoyan la mercantilización del conocimiento de las universidades públicas (para ello existen las puertas giratorias), desde Río hasta hoy.
En su libro “La diversidad de la vida” (Wilson, 1992, p. 283) había descrito las “riquezas sin explotar” de las regiones tropicales e invitó a los ambientalistas del mundo a utilizar la bioprospección para “traer más ingresos de las tierras silvestres”, para darle a la mano invisible de la economía del libre mercado un gran pulgar verde. Este llamado a utilizar la megadiversidad de los países del sureste asiático, América Latina y África, que se institucionaliza en Rio 92, significó la promulgación de un nuevo modelo primario-exportador, sustentado por actividades económicas que se debían de regular la extracción, sistematización y comercialización de recursos genéticos, biológicos y conocimientos asociados con el fin de desarrollar practicas agroindustriales y farmacéuticas en alianza con el sector productivo global, a través de un paradigma tecnológico (la biotecnología).
El crecimiento de las patentes relacionadas con la biotecnología agrícola va a generar en Estados Unidos una concentración de las invenciones biotecnológicas a beneficio del sector privado y financiero. De cinco empresas que dominan la agrobiotecnología en el mundo, solo tres estadounidenses, Monsanto, Du Pont, Land O´lakes concentran el 42% de las patentes de todas las semillas genéticamente modificadas. Bayer (Alemania) y Syngenta (Suiza) poseen el 11% (Ribeiro, 2009) el 22% restante pertenecen a centros de investigación, públicos y privados de los países desarrollados.
El monopolio de patentes asociadas a recursos genéticos para la alimentación y la agricultura en Estados Unidos, por parte de corporaciones privadas y empresas, generó una gran preocupación por parte de las universidades públicas, por la transformación y concentración en muy pocas manos de los otrora bienes públicos (semillas, bancos de germoplasma). Esta preocupación se expresó en un anuncio realizado en julio 11 de 2003, por los presidentes de nueve de las universidades públicas más prominentes en los Estados Unidos, quienes sobre la base de un artículo publicado ese mismo año por la revista Science (Richard C. Atkinson et al., 2003), denunciaron el limitado y condicionado acceso de las universidades públicas en ese país a un ámbito amplio de tecnologías patentadas por parte de las corporaciones agroalimentarias y farmacéuticas constituye una de las barreras más significativas para el acceso a aplicaciones derivadas de la biotecnología (Kloppenburg, 2004, p. 327).
Un escenario complejo se genera producto de la desigual división internacional, social y técnica del trabajo en biotecnología en la cual concurren centros de investigación, públicos y privados, campus universitarios de los países biodiversos que poseen el 89% de los recursos genéticos y empresas y centros de investigación de los países desarrollados que poseen el 75% de las patentes. (Heinemann, 2009, pág. 108)
Si bien es cierto que las patentes expiran, esto quiere decir que la información debería ser pública para el libre acceso de los investigadores de los países de origen de los recursos genéticos, la fragmentación de la propiedad de los DPI a través de múltiples propietarios de los sectores público y privado internacional produce situaciones en las cuales pocas instituciones individuales proporcionan un conjunto completo de derechos de propiedad intelectual dando lugar al desarrollo de un procesos “anticommons” contra los bienes comunes (Heller M., 1998) (Heller & Eisenberg, 1998).
Ante las críticas que surgieron en ese momento sobre la eficiencia y la inocuidad de su tecnología, el mismo coinventor del “Golden Rice”, Ingo Potrykus se vio obligado a reconocer un punto débil en la estrategia de utilizar el arroz dorado para reducir la deficiencia de vitamina A en los niños del sud-este asiático. En efecto señaló que se necesitaba mucho más investigación y evaluación de los estándares de bioseguridad (riesgos en humanos asociados a consumo de OGMS) antes de ponerlo en el mercado, aun cuando ya se había experimentado en niños, primero en las pruebas de laboratorio y luego en comunidades del Asia específicamente en China. (Potrykus, undated). ¿Cómo se traduce este problema a la realidad del África a través de la Fundación Melina y Bill Gates? Nuestra discusión no es solo de economía política o geografía de las patentes y acceso a la información, es sobre todo un problema ético y político que algunos biotecnologos intentan soslayar, a nombre de la ciencia, para encubrir su incapacidad en términos de investigación científica y convertirse en comerciantes de productos, en un mundo lleno de inequidades y donde nadie fuera de su esfera, puede hacer preguntas como:
¿Quiénes están tomando las decisiones sobre el tipo de alimentación y de modelo tecnológico de agricultura que necesitamos en los países origen de la mayor biodiversidad del mundo y qué tipo de riesgos se están asumiendo en términos de los efectos en el medio ambiente, la salud y alimentación de sus pobladores? ¿Qué sistemas de valores se implementan detrás de ideologías técnicas dominantes? ¿Cuál es el rol de la universidad pública en este dilema de ausencia de intereses comunes?
Un ejemplo de esta cooperación es el caso del acuerdo del Colegio de Recursos Naturales de la Universidad de Berkeley y la empresa Novartis en 1988. Según este acuerdo la trasnacional financió con 25 millones de dólares la investigación básica del departamento de plantas y biología microbiana y la Universidad de Berkeley se comprometería a entregar a Novartis el derecho para negociar las licencias de casi una tercera parte de las innovaciones que se encontraran en ese departamento, que contaba además con recursos de fuentes federales y estatales. Se le concedió, igualmente, a la empresa multinacional la representación de dos de los cinco asientos que tiene el comité de investigación del departamento (Rausser, 1999) interviniendo en las políticas de investigación a corto y mediano plazo del departamento, lo que evidencia la pérdida de autonomía de los investigadores. El director del departamento de Ciencias de plantas de la Universidad de Manitoba, Rene Van Ackerman referencia en su su libro, Research of the Public, by the Public and for the Public, algunos impactos de la relación industria y empresa en su universidad: la falta de investigación independiente, falta de investigación para el bien público y la falta de visión a largo plazo. (Van Acker, 2004, citado por Rodríguez, S)
En 2004, las universidades recibieron 390 millones de dólares por licencias y solicitaron más de diez mil patentes. (Economist, 2005). Se celebraba el cuarto de siglo de una de las leyes considerada la más inspiradora en Estados Unidos. Pero este mismo informe señala que esta ley distorsionó la misión de las universidades, desviando la búsqueda del conocimiento básico, de libre difusión, a la búsqueda de resultados con fines industriales y comerciales. Aludiendo a un estudio publicado en 2003 por Jerry y Thursby Marie, de la Universidad de Emory y el Instituto de Tecnología de Georgia, respectivamente, muestra que más de una cuarta parte de las licencias expedidas por universidades e institutos de investigación incluyeron cláusulas que permiten al socio comercial eliminar información de sus trabajos de investigación. Los investigadores en ese contexto, se tornan reacios a compartir materiales y conocimientos a menos que esta cooperación se acompañe de acuerdos legales sobre el alcance de las regalías sobre las posibles conclusiones que se alcancen y el derecho a restringir la publicación de los resultados. Lo más grave es que las ideas que surgen de fondos públicos que deberían estar en el dominio público ya no lo están.
Veinte años después las transformaciones de los sistemas de patentes, las protecciones de variedades e instrumentos de propiedad intelectual influencian un tipo de tecnologías que transfieren culturas y prácticas selectivas de producción que afectan las diversas organizaciones del territorio y por su intensificación llegan a relegar formas tradicionales de agro-biodiversidad, sobre las cuales existen serios cuestionamientos éticos en términos de equidad, solidaridad y justicia. Con los TLC y la Organización Mundial de Comercio. Los derechos de propiedad intelectual orientan una nueva estructura de regulación económica, política y comercial internacional, que profundiza el contexto histórico de la sistemática y unilateral adquisición de recursos biológicos y genéticos de nuestros países de América Latina, para continuar ahora con la expropiación del conocimiento público producido en la universidad pública a través de la relación universidad-empresa global.
Así como en el campo de la salud se había reconocido para el año 2000, que el 80% de la producción farmacéutica mundial dependía de la medicina tradicional, y que más de dos terceras partes de sus productos se originan en los países en vías de desarrollo, donde la biodiversidad tiene serios riesgos de extinción, la investigación histórica sobre el flujo de recursos genéticos que realiza Kloppenburg desde los años cincuenta al 2000, señala la dependencia de la comunidad científica ocupada de la investigación agrícola mundial, de los recursos genéticos del sur como base material del desarrollo de la agricultura (Kloppenburg, 2004). A partir de allí, la primitiva acumulación de bancos de genes y semillas, para ser procesados por instituciones científicas del mundo desarrollado del siglo XX, se configura como una de las características de la relación histórica hemisférica entre el corazón capitalista y su periferia global. Las áreas “deprimidas”, en el marco del desarrollo industrial y agrícola, se convirtieron por excelencia en los lugares de origen de la información básica, material para el desarrollo de los países capitalistas. Para la acumulación de capital, asociado históricamente con el acceso, caracterización y transformación de la materia prima para cada cultivo de importancia significativa, se hizo fundamental la creación de instituciones que desarrollaran agendas de investigación centradas en el acceso y sistematización que articularan estos procesos de acumulación originarios al modelo capitalista global.
La exportación de materias primas había sido considerada una de las grandes características de la posición de casi toda la división internacional del trabajo en el tercer mundo. El desarrollo de la agricultura en el primer mundo orientado hacia la adquisición sistemática de este material de los países periféricos “ricos en genes” dependía de la constante infusión de materias primas. Las colecciones globales de germoplasma, iniciadas por la oficina de patentes de los Estados Unidos en 1839, se convirtieron en la base del complejo de las políticas públicas en agricultura para nuestros países. Después de la segunda guerra, producto de una mezcla entre política, diplomacia, guerra, ciencia y altruismo, se crearon los primeros centros de experimentación del maíz en América Latina (Costa Rica, Argentina, México, Colombia, Venezuela, Uruguay y Perú) financiados por el Rockefeller Center y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, como una alternativa para la alimentación global y la recuperación de Europa.
Los avances científicos en la agricultura considerados como bienes públicos, eran transferidos a los agricultores a través de servicios de extensión cooperativa o en organizaciones similares del ámbito internacional. Pero en las tres últimas décadas, debido a la incidencia de la propiedad intelectual (PI) como un mecanismo de protección privada de los avances agrícolas en materia de biotecnología, los productos derivados de la “nueva agricultura” van a ser colocados en el mercado, de tal manera que el desarrollo de la investigación intensiva auspiciada por el sector privado empieza a imponer otro tipo de productividad asociada a un modelo de desarrollo agrícola basado en la ingeniería genética.
Sólo en el año 2001, Monsanto dominó con su tecnología de semillas transgénicas al 91% del área total mundial dedicada a cultivos transgénicos comerciales (James, 2001), (ISAAA, 2008). Desde 1996 al 2001 el área global dedicada a los cultivos transgénicos o genéticamente modificados se incrementó más de 30 veces, de 1.7 millones de hectáreas en 1996 a 52.6 millones de hectáreas en el 2001 en tres países (Estados Unidos, Argentina y Canadá). Cuatro cultivos industriales, frijol de soya (63%), maíz (19%), algodón (13%) y canola (5%) representaron el 100% del área plantada con cultivos transgénicos comerciales en el 2001. De las 72 millones de hectáreas de soya plantadas en todo el mundo durante el 2001, 46% fueron sembradas con soya genéticamente modificada. En 2008, el número de países que sembraron cultivos biotecnológicos transgénicos alcanzó el hito histórico de 25 países, entre ellos Colombia (ISAAA, 2008) (Velez, 2011). En este periodo, una nueva ola de adopción de cultivos transgénicos fue fomentada en varios países como Brasil y Sur Africa donde se extienden los cultivos de maíz Bt, (prohibidos en Alemania y Noruega). Colombia es de los países que más variedades de maíz (8) y algodón transgénico (9) ha autorizado sembrar. En un término de cuatro años (de 2008 a 2012) se pasó a sembrar en el país, de 7 mil hectáreas de maíz transgénico en 2008 a 75.046 hectáreas en 2012.
Como respuesta al debate planteado en revistas como The Plant Journal y The Annual Review of Phytopathologfy, “Todo lo que los científicos deben saber sobre derechos de propiedad intelectual, Cultivos transgénicos y biotecnología” (Kowalski SP, 2002), se sugería a los científicos de las universidades públicas que trabajaran en ingeniería genética, que iniciaran un proceso de “deconstrucción” de sus propuestas de investigación en términos de analizar cada uno de sus componentes en sus relaciones con derechos de propiedad intelectual involucrados, antes de embarcarse en cualquier tipo de investigación. Solo después de haber realizado un análisis de riesgo de posible violación de patentes, los científicos podrían conocer de antemano si tendrían una “cierta libertad de operación” para justificar sus procedimientos y recursos de inversión. Es decir, que podrían conocer en detalle el limitado espacio de acción que dejaba para los investigadores de las universidades públicas y privadas (también las de los países en desarrollo con ciertos recursos), el imbricado y limitado espacio de la propiedad intelectual asociado a la biotecnología de plantas y así de alguna manera insertarse en aquellos “nichos” de inversión no explorados en los centros de investigación del Norte de manera tal que pudieran incorporarse de una manera útil en esta nueva División Internacional del Trabajo.
En primer lugar, porque conseguir esta libertad de operación se ha convertido en los últimos veinte años por parte de los centros de investigación pública, incluso en los Estados Unidos, en algo muy difícil de conseguir; puesto que el camino para validar el esfuerzo científico en ingeniería genética ha sido el de obtener patentes para poder valorizar la investigación en el mercado y convertirse en representantes del éxito en términos de atraer inversionistas (Kloppenburg, 2004, p. 324). Las políticas de patentes parecen dialogar con un círculo limitado de participantes. Los intereses comerciales, cada vez más representados en las oficinas públicas, no son confrontados en todas las ocasiones por la defensa del interés público. O mejor, el interés público en algunas instituciones, en el caso de países como Colombia se ve afectado por la presión de las corporaciones propietarias de patentes comerciales, como Monsanto, que orientan las políticas públicas nacionales en materia de liberación de variedades agrícolas.
El resultado es una tendencia de desarrollo e incentivo del sistema de patentes cuyo umbral en términos de novedad, inventiva y utilidad ha venido descendiendo en los últimos años (Rights, 2002), aunque este reconocimiento y validación científica que protege a las corporaciones, se extienda en Colombia, en términos de plazos de patentes y datos de prueba (Uribe Arbeláez, 2011) en virtud de los Tratados de Libre Comercio (Toro Pérez, 2009). Si una de las premisas funcionales de la biotecnología se basa en la unidad ecológica del genoma, sus manifestaciones y componentes, se deduce que casi cualquier investigación, producto o escala del organismo asociado a la misma será cubierta por varias patentes. Es decir, no solo el material genético es convertido en mercancía a través de la propiedad intelectual, también lo son las técnicas y métodos a través de los cuales este es estudiado y manipulado. El resultado de una proliferación de procesos, escalas, y ámbitos de patentamientos es el entrecruzamiento de derechos de propiedad intelectual y por ende de la progresiva disminución de la libertad de operación.
Por lo tanto, la proliferación del proceso de patentamiento y el complejo traslape de los derechos de propiedad intelectual en investigación, disminuye progresivamente la libertad de operación de investigadores, no solo de países del sur, sino también de parte de investigadores de corporaciones privadas y públicas internacionales. Ello explica la gran cantidad de litigios que se han dado alrededor de cultivos transgénicos Bt como el maíz, y de los cultivos con tolerancia a herbicidas. Siete compañías fueron objeto de varias demandas por infringir las leyes de patentes y licencias asociadas al maíz Bt por parte de Monsanto, que maneja el monopolio de las tecnologías de resistencia al Round up por lo que puede ser considerado violación a prácticas comerciales. El deseo de evitar costosos procesos judiciales es uno de los factores que ha hecho que se articulen y fusionen las grandes firmas multinacionales dominantes.
Para los científicos, el manejo e importancia de la propiedad intelectual durante la investigación y proceso de desarrollo puede variar según la jurisdicción en función del uso de la investigación-leyes en cada país. Como resultado, los académicos a menudo suponen que el uso de tecnologías patentadas en la investigación exploratoria es inmune a la infracción (Chi-Ham CL, 2012). Con el argumento de la geografía de las patentes, algunos suponen que procesos patentados por empresas en Estados Unidos o Canadá, no son válidos por ejemplo en Colombia, por lo que podrían comercializar sus productos libremente. Si bien los países del Sur, que tienen centros de Investigación de Agricultura Tropical, están localizados en lugares que por su situación no reconocerían patentes en organismos vivos, germoplasma y tecnologías patentadas en otros países, están sujetos a las presiones políticas de los países “donantes”, quienes pueden tomar represalias, restringiendo información y fondos para la investigación.
Un ejemplo destacado por Chi Ham de la complejidad resultante de la titularidad de la Propiedad Intelectual y sus batallas, es el caso del arroz dorado en el que más de cuarenta patentes u obligaciones contractuales relacionadas con los acuerdos de transferencia de material (MTA) representaron unas de las posibles limitaciones para su desarrollo comercial. La Fundación Bill y Melinda Gates Foundation, llevo a cabo una evaluación completa del panorama de la Propiedad Intelectual de su proyecto de comercialización de arroz dorado como “ayuda humanitaria” en África para identificar y resolver cualquier problema que pudiera impedir su aplicación comercial. Si bien es indudable que la información a bases de datos consolidados de miles de patentes de propiedad de las universidades y los organismos públicos de investigación del sector permiten apoyar un proyecto de análisis del desarrollo de un producto en términos de su posible comercialización en una compleja urdimbre de patentes, hay otros elementos fundamentales para la cooperación Norte –Sur.
Pues no solo se hace presente un problema para el desarrollo de capacidades en relación con un paradigma tecnológico, en el caso de África, el proyecto no parte de la iniciativa de investigadores o agricultores de ese continente, sino de la iniciativa de grandes corporaciones financieras y fundaciones con ánimo de lucro, que necesitan acceder a la información útil en términos de las condiciones de los imbricados procesos patentables asociados a un producto determinado que se quiere implementar “a nombre de la humanidad” o de los más pobres del planeta, sin estudiar sus causas. Esencialmente, lo que generó este caso en el mundo científico fue la discusión ético-científica sobre las prácticas comerciales asociadas a los alcances de los productos derivados de la tecnología que comportan, precisamente sin demostrar su inocuidad, riesgos a la salud humana, en grandes cadenas de procesos ya protegidos por propiedad intelectual. Otro aspecto fundamental no tenido en cuenta por el consorcio, tiene que ver con los alcances y riesgos de esta tecnología para “paliar el hambre de los pobres del planeta”. (Then, 2009) (Then, 2012) (Enserink, 2008).
Si bien el amplio espectro de lo que es o no patentable implica riesgos y costos de transacción para las empresas, los beneficios pueden ser grandes. Es el caso de la concentración de diversas variedades en una sola patente sobre soya transgénica, propiedad de Monsanto concedida por la oficina de patentes europea. Esta escalada de patentamientos empieza a ser estimulada por los organismos públicos en Estados Unidos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud (NIH), quien en 1995, presentó solicitudes para patentar cuantiosas secuencias de Genoma Humano cuyas funciones no habían sido aún determinadas. Aparentemente estas solicitudes fueron motivadas para cerrar el trato con la compañía Celera Genomics fundada por el biólogo y empresario estadounidense Craig Venter en 1998 y el Proyecto Genoma Humano del NIH, antes de que se perdieran según ellos, para la especulación (Hayden 2000, citado por Kloppenburg p: 325). Se quiera o no los investigadores académicos están inmersos en este esquema de apropiación, orientado hacia el mercado de la biología corporativa y consideran que deben jugar sus reglas.
Los científicos tanto en Estados Unidos como en Colombia solo pueden acceder a los bancos de germoplasma de origen latinoamericano a través de los acuerdos de transferencia, que especifican la manera como un material puede ser utilizado o destruido una vez utilizado. Lo cual le permite a las compañías privadas propietarias de estas patentes de técnicas y procesos exigir en algunos casos el reconocimiento de la propiedad intelectual que pueda emerger de alguna futura investigación que utilice estas técnicas o recursos que pueden ser de origen colombiano o andino-amazonico.
De esta forma las investigaciones cada vez más están controladas y articuladas al capital. Lo que se denomina la tragedia de los “anticomunes” (Heller M., 1998) en el que los conocimientos científicos sobre bienes antes reconocidos como públicos, como la biodiversidad, se ven obstaculizados por las dificultades legales y de coordinación entre diferentes propietarios de patentes, ávidos de negociar y continuar obteniendo beneficios. Esta explosión de patentes en biotecnología impide el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías y de su aplicación para el desarrollo de la salud y agricultura, base de su supuesta justificación social: para el beneficio público. El monopolio de las patentes empieza a plantear además, nuevos interrogantes respecto a la altura inventiva de estas patente. Lo que algunos denominan la “trivialización intelectual” no es otra cosa que la utilización de un procedimiento en múltiples variedades, como una forma de monopolio en donde se establece claramente una ruptura entre propiedad intelectual de procesos y recursos y bienes públicos.
Si bien acceder a estas tecnologías, no es solamente costoso y difícil para las universidades públicas y centros de investigación en países como Gran Bretaña y Estados Unidos, es aún más difícil para aquellas universidades en los países del Sur, desfinanciadas como en Colombia. En 2002, la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual en Gran Bretaña, (Rights, 2002) publicó un reporte en el cual concluye que la extensión de los derechos de propiedad intelectual, regidos por la Organización Mundial de Comercio, no iban a generar beneficios para los países no desarrollados y más bien les impondrían más costos. Expresaron también su preocupación frente a la mercantilización de la información científica (Rights, 2002).
Es necesario aquí abordar el problema de la relación entre división del trabajo, privatización del conocimiento y el rol de las universidades públicas del Norte y del Sur. La extensión de la propiedad intelectual ha sido históricamente y continúa siendo una formidable herramienta para la industria privada que cada vez, en el caso de los Estados Unidos, tiene más poder en términos de articular la división social del trabajo para el mejoramiento de plantas. Así que mientras los derechos de propiedad intelectual se convierten en la herramienta para facilitar y proteger la inversión en la investigación agrícola, el sector público no debe competir con el capital, redistribuyendo sus recursos lejos del desarrollo o mejorando nuevas.
Con la expansión del patentamiento privado, los investigadores de las universidades están dándose cuenta que la naturaleza de su trabajo está seriamente limitado por el acceso a bancos de germoplasma y técnicas que están cada vez más lejos de su alcance. Es indudable que la industria privada en países desarrollados ha aumentado su inversión en investigación agrícola en el área de fitomejoramiento en particular (Richard C. Atkinson, y otros, 2003, pág. 3). A mediados de los años noventa, la industria agroalimentaria privada invirtió en Estados Unidos más del 60% de las actividades de investigación mientras los recursos del sector público disminuían. En una división del trabajo que se transforma todos los días, el sector público se fue convirtiendo en el proveedor de bancos de genes, metodologías y desarrollos para el mejoramiento de plantas a través de la ingeniería genética con apoyo de la industria privada. Las compañías agroindustriales empezaron a ocupar espacios de decisión que estaban a cargo de los sectores públicos planteando “nuevas formas de cooperación”.
Con la intensificación del lazo academia-comercio no solo se transfieren conocimientos y tecnología, también normas y valores que inducen a que la universidad sea más “flexible” con su ambiente corporativo. En ese sentido el expresidente de la Universidad de Harvard, Derek Bok sostenía: “Verdaderamente mucha gente en la academia piensa que allí se pueden tener todas las virtudes de la vida y ser rico al mismo tiempo- en realidad ellos piensan que deben serlo” (Rimer, 2003, citado por Kloppenburg, 2004: 330). Los lazos entre universidades y corporaciones son más evidentes en las Ciencias de la Tierra pero cada vez más, especialmente en los Estados Unidos, se convierte en una constante.
La emergencia de la universidad “empresarial” o capitalismo académico (Sheila Slaughter, 2004) y la comercialización de la educación pública ha generado muchísimo debate (Geoffry D. White, 2001). La ley Bayh-Dole en 1980, nombrada así por los senadores Birch Bayh y Bob Dole, le permitió a las universidades obtener patentes con descubrimientos hechos a partir de fondos federales y otorgar las licencias a la industria. Como resultado las universidades empezaron a incrementar el número de patentes en los últimos veinte años, y las regalías por este concepto se doblaron entre 1992 y 1997, de manera tal que el decano Gordon Rausser del Colegio de Recursos Naturales de la Universidad de Berkeley admitió que las universidades se estaban convirtiendo en “compañías privadas” (Rausser, 1999). Los efectos de esta ley, facilitadora del conocimiento para la industria, permitió la obtención del financiamiento privado para la investigación. En ese lapso más de 4,500 empresas se beneficiaron de las investigaciones gracias a las patentes conseguidas.
En Colombia las cosas no son distintas. Si bien la investigación en Biotecnología es un sector emergente, entre 2000 a 2008, de acuerdo a un estudio que realizó la vicerrectoría de investigación en la Universidad Nacional, encontró que de 178 grupos que trabajan ciencias y tecnologías agropecuarias, biotecnología y ciencias del medio ambiente y hábitat, solo 29 trabajan en Biotecnología (Investigación, 2009, p. 79). Sin embargo, el sector de la biotecnología, entre los doce programas financiados por Colciencias en todas las áreas del conocimiento incluyendo las ciencias sociales y las artes, (Instituto Colombiano de Ciencia y tecnología) entre 2002 y 2007 en la Universidad, recibe el octavo monto más alto (Investigación, 2009, p. 296), la mitad de lo destinado a ciencias agropecuarias.
De tres enfoques que financia el Ministerio de Agricultura en cadenas productivas agroindustriales, el mayor porcentaje de participación en recursos para investigación en Biotecnología se identifica en el enfoque tres cadenas de papa, frutales y piscicultura. Los sectores que atañen a las ciencias ambientales: agricultura ecológica relacionada con componentes de la biodiversidad, restauración ecológica, taxonomía y sistemática de flora, fauna, microrganismos del suelo, economía y ambiente, son financiados principalmente con recursos internos de la universidad y no se observa ninguna financiación por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Cevipapa, el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Cadena Agroalimentaria de la papa, se convierte en la quinta institución externa (en términos de montos de recursos de investigación) que participa en el desarrollo de investigación de proyectos en el sector, y en la Universidad financiados por Colciencias, que cuenta también con apoyo de la fundación Rockefeller, CIAT, Walter Reed Byosistematic, Units Smithsonian Institute, entre otras. (Investigación, 2009, pág. 300).
La orientación del capital se evidencia entonces en la “biotecnologización de la investigación y el desarrollo de la agricultura” (Buttel, 1999). Este proceso en términos de la división del trabajo entre lo público y lo privado tiene dos significados: El primero, resulta en el descenso del intercambio de cultivos entre instituciones públicas y agricultores y viceversa, lo que es fundamental para ofrecer alternativas frente a las pocas variedades que ofrecen las empresas de semillas; y además para ofrecer cultivos cuyos mercados locales no son los suficientemente atractivos para atraer inversión privada. Las empresas agroindustriales (biocombustibles, biotecnología) han demostrado como quieren desarrollar las grandes plantaciones del futuro y son agresivos en términos de la presión que ejercen sobre los agricultores que todavía defienden el desarrollo de variedades criollas frente a las empresas que buscan presionar la venta de genes “protegidos” por propiedad intelectual, el caso del trigo en los Estados Unidos y en Colombia, y México con el maíz. El hecho de perder los cultivos y las variedades garantiza la imposibilidad de desarrollar alternativas a las semillas que producen los laboratorios corporativos.
El segundo, que el énfasis creciente de desarrollo de científicos en biotecnología y en genómica en el sector público, los convierte en una producción similar a la de trabajadores del conocimiento incorporados a procesos de acumulación del capital, con la mercantilización de la universidad, que se desarrolla al mismo tiempo que la biotecnología, ofreciendo una nueva oportunidad de generar beneficios con base en el trabajo de los profesores del sector, los nuevos managers académicos de la propiedad intelectual están muy interesados en otorgar licencias de invenciones de biotecnología a quien más ofrezca, en este caso las empresas, aún cuando esto les impida preservar sus derechos para usar las tecnologías, como le ocurrió a la Universidad de Cornell quien le otorgó la licencia del “gene gun” el gen terminator, (Etc Group, 2009) que había inventado, a la empresa Agracetus que luego fue comprada por Monsanto.
Existen otros impactos además de la relación de propiedad y derechos humanos, en términos del beneficio generalizado de los resultados de la ciencia. (Humanos, 2000) La docencia y la investigación podrían verse afectadas por las barreras a la información y las dificultades que existen para intercambiar materiales biológicos, entre ellos las semillas. Las universidades estarían expuestas a convertirse en maquiladoras de investigación, en esta nueva división del trabajo. A su vez al no poder revisar a través de pares externos e internos bases de datos protegidas por propiedad intelectual, pueden afectar su credibilidad al asesorar en políticas públicas en materia agrícola o sanitaria. (Rodriguez S. , 2008) (Altman, 2006)
No es una sorpresa en Colombia el rumbo que le quiere imponer Santos a la Universidad pública. Con el Compes 3697 de 2011, de Biotecnología en Colombia, se propone crear las condiciones económicas para atraer la inversión extranjera para el desarrollo de empresas comerciales asociadas a la Biodiversidad. Y para ello propone desregular los marcos jurídicos de acceso a los recursos genéticos y con ello permitir el proceso de apropiación no solo de los recursos genéticos y biológicos sino el conocimiento científico que por generaciones ha producido la Universidad. Para ello necesita los emprendedores académicos dispuestos a vender a cualquier precio el patrimonio del conocimiento de las universidad
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