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Contexto

Los conflictos ambientales en el escenario del post-acuerdo

Luis, un hombre de sesenta años, bigote poblado, de botas de caucho, sombrero araucano, guiaba una barca por el río Lipa, como ha sucedido hace cuarenta años cuando llegó a las zonas inundables de los llanos orientales. Lo que los lugareños llaman esteros, son inmensos humedales que pueden tener el tamaño del departamento del Quindío, El estero conocido como el Lipa, funciona como un inmenso corazón que bombea agua, la que recibe del nevado del cocuy y entrega a la sabana. Don Luis deja entrever su rabia cuando constata nuevamente la invasión de máquinas arroceras que devoran los humedales, secan la tierra, conducen el agua, y los convierten en un tapete homogéneo color verde pálido del cultivo del arroz. “Cuando la guerrilla estaba esta vaina no pasaba”, concluye.

El añublo bacterial del arroz, una enfermedad del arroz, se volvió particularmente agresiva con las variaciones del clima, las noches cada vez más cálidas aparentemente activan la actividad microbiológica que la convirtió en una amenaza. Los arroceros del Tolima y del Huila al ver como caían sus pérdidas de manera dramática desde el año 2008, buscaron alternativas para continuar con su actividad productiva, una de ellas fue buscar nuevos lugares de cultivo. Los humedales de los llanos, con tierras muy fértiles y con abundante agua constituían espacios ideales para este cultivo a pesar de los estragos ambientales que podía llegar a causar. La variabilidad climática, enlazada con la transición del cambio climático causa paulatinamente nuevos desplazamientos forzados.

La desmovilización de las Farc, como un hecho sin precedentes en la historia del país, deja muy serios cuestionamientos sobre el futuro de los territorios. Nos guste o no, este grupo armado ejercía funciones de Estado en territorios inmensos en la periferia del “Estado colombiano”. Ejercían funciones normativas y de justicia, a su manera, pero existía una estructura de poder que regulaba las relaciones sociales, productivas y con la naturaleza. Don Luis, esta vez sentencia: “con la salida de esta gente ni berraca idea de que va a pasar”, por lo pronto las cantinas de esos pueblos estallan en reggaeton y rancheras, los jóvenes responden con euforia al vértigo de la incertidumbre, los mayores se resguardan en lo poco que tienen, los líderes corroboran lo que ya sabían hace más de cincuenta años: el gobierno no cumple.

 

Los balances de la guerra nunca son positivos, también son incómodos especialmente para los ambientalistas que desconocieron el conflicto armado. A las cien mil hectáreas de coca sembradas de manera móvil en el sur del país, apadrinadas por las Farc y su pragmatismo, hay que contrastar que la tasa de deforestación en la Amazonía colombiana era la más baja de la región, curiosamente las Farc también tuvieron un “efecto” de guarda parques en varias regiones del país. Tampoco puede pasarse por alto que con la explotación por hidrocarburos: se encuentran pozos desde Arauca hasta Putumayo en la falda de la cordillera oriental, excepto en Caquetá, la cuna de las Farc. Las negociaciones activaron varios proyectos de exploración de petróleo, donde las apuestas apuntan a importantes campos de crudos pesados. Los más suspicaces apuntan a que las negociaciones tienen sentido solo en la perspectiva de activar las explotaciones de hidrocarburos y minerales en el sur oriente del país. Lo que desde la otra orilla se traduce en “la paz traerá desarrollo y prosperidad a los municipios azotados por el conflicto”.

Detrás de todo esto aparece una apreciación incómoda, en el contexto del conflicto armado, los actores armados (incluyendo a los paramilitares), actúan como poder y ejercen administración de los territorios. A esta apreciación habría que sumar una aún más incómoda, el Estado colombiano no se encuentra en capacidad de asumir el control de los territorios que se encuentran liberados con la desmovilización de las Farc, los que potencialmente serán (¿son?) copados por las nuevas estructuras paramilitares y en menor medida por el ELN. Esto tiene especial relevancia en el sur del país, donde se encontraban las áreas más significativas.

¿Y lo anterior que tiene que ver con los conflictos ambientales? Las relaciones de poder, el modelo de acumulación determinan las relaciones con la naturaleza. Aquí cabe señalar que el modelo de capital intensivo, de concentración de la riqueza implementado en las áreas de influencia paramilitar (véase: palma africana, ganadería y grandes proyectos extractivos), es muy diferente al modelo de “desarrollo” que se implementaba en las zonas de influencia de las Farc, por lo que también se dieron relacionamientos diferentes con la naturaleza. Sin pretender decir que el uno era malo y el otro bueno, recordando la deforestación por coca o ganadería, cabe recordar que los efectos del modelo intensivo que se encuentra en las regiones de influencia paramilitar es de lejos mucho más destructivo, en la medida que impone la acumulación de capital sobre cualquier otra consideración pasando incluso sobre la vida.

Aquí, hay que retomar una aseveración incómoda: El Estado colombiano no se encuentra en capacidad de ocupar los territorios despejados por la desmovilización de la guerrilla. En este sentido podemos hablar a nivel de veredas o municipios en las cordilleras occidental y central, significativas porciones de las cuencas de ríos importantes como el Atrato o el Naya, o en territorios inmensos como podría ser el bajo Caquetá. Basta recordar el esfuerzo institucional y político que ha significado la política de restitución de tierras, que después de casi seis años de implementación, de cerca de 5,7 millones de hectáreas despojadas, se reconocen dentro del proceso 2 millones, mientras que se han restituido menos de 150 mil.

Aunque los responsables de la unidad de restitución de tierras insisten en las dificultades técnicas de su trabajo, no puede pasarse por alto el presupuesto paupérrimo que tiene esta iniciativa, en contraste con la vigorosa expresión del otrora ejército anti restitución de tierras (¿Ahora abrigados por el clan del golfo?), las vehementes defensas del Centro Democrático y acompañados de solventes gremios como Fedegán.  

 

 

El escepticismo no solo viene de la desventurada experiencia de la “iniciativa” de restitución de tierras, que en términos prácticos no podría ser tildada de “política” al no contar con la efectiva coordinación y apoyo institucional. El escepticismo también proviene de factores señalados por académicos como la “captura y reconfiguración del Estado colombiano” por parte de grupos paramilitares que se inició y consolidó en los primeros años del milenio, y que fue seguido por la captura de intereses corporativos en minerales e hidrocarburos. Para ilustrar lo anterior solo cabría recordar el contrato “secreto” de Cerromatoso en el que se entregan los yacimientos de ferro-níquel a perpetuidad o la impunidad que gozan los antiguos funcionarios de Drummond ante los demostrados vínculos que tuvieron con grupos paramilitares relacionados con crímenes de lesa humanidad.

Con el nuevo escenario de post-acuerdos aparece otro hecho significativo, la derecha (desde Santos a Ordoñez), ha perdido una de las principales consignas políticas, la movilización social ya deja de ser una guerrillerada y empiezan a cobrarse una nueva perspectiva de los movimientos sociales, tanto para el establecimiento como para la sociedad en su conjunto. La derecha, había encontrado su mayor consigna política en el exterminio de la guerrilla (aunque todavía se encuentra el ELN), se extravía con la desmovilización de esta. Siendo esto un significativo punto de quiebre en el debate político nacional.

Lo anterior, sumado a la emergencia de conflictos ambientales surgidos por la exploración en muchos lugares para la minería y el petróleo, ha puesto en primer lugar el debate sobre el ordenamiento del territorio, y en otros casos están planteando ya la necesidad de superar el modelo de desarrollo intensivo, excluyente y concentrador.

El atrevimiento de que cientos de miles de personas de a pie, empiecen a decir que en sus territorios no quieren actividades mineras o de petróleo, está poniendo contra las cuerdas al gobierno colombiano, y se evidencia un debate de fondo sobre los alcances de la democracia participativa. Que pone en entredicho a la misma constitución política que abrió los mecanismos de participación directa pero que consagraba los principios del modelo neoliberal.

En este punto, cabe hacer un nuevo contexto, esta vez desde la dinámica de la globalización. Hasta hace unos pocos años, los precios de las materias primas especialmente de los hidrocarburos (que son los que mueven las maquinas del planeta), estaban estancados en sus precios internacionales alrededor de 100 dólares el barril, en un escenario que favorecía mucho a los productores entre ellos a Venezuela. El desarrollo de otras tecnologías para la extracción de hidrocarburos, entre ellos el fracking, ha hecho que en particular Estados Unidos sea ahora uno de los países con mayores reservas de hidrocarburos en el mundo, lo que ha jalado a la drástica caída de los precios del petróleo que ahora rondan los 40 dólares. Lo anterior, sumado a la desaceleración de la economía global hace que no sea tan rentable hacer inversiones de exploración de hidrocarburos o minerales. Lo que también se manifiesta en nuestro país, con un efecto de desaceleración de la economía y recorte en las finanzas públicas.

Curiosamente, con la introducción de nuevas tecnologías las relaciones internacionales entre los países están cambiando dramáticamente, en la medida en que deja de ser prioritario el control de las reservas de petróleo, y se entra en escenarios en los que las consecuencias del cambio climático son cada vez más claras, lo que empieza a tener consecuencias en los precios internacionales de los alimentos o el acceso al agua. El departamento de Estado de los Estados Unidos, plantea como una amenaza a la seguridad de ese país, las revueltas populares y la inestabilidad política que generan los escenarios de escasez de alimentos y de acceso al agua en regiones enteras, en particular los países latinoamericanos, como potenciales generadores de olas migratorias hacia el sur de este país. Mientras el mundo empieza a prender las alarmas por las consecuencias del cambio climático, la clase política colombiana se empecina en explotar hidrocarburos y de paso debilitar la resiliencia de los territorios frente al clima.

Aquí el lector puede hacerse la pregunta pertinente ¿y sobre los conflictos ambientales que? Lamentablemente para abordar lo “ambiental” hay que aventurarse a entender el “todo” y el todo necesariamente pasa por incluir varias perspectivas, que pasan desde lo político (incluyendo la guerra), la globalización, el Estado y por supuesto: la naturaleza. A partir de lo anterior, y en un esfuerzo de síntesis se plantean varios puntos de quiebre sobre los conflictos latentes y emergentes del post-acuerdo:

1. La impunidad en el proceso de restitución de tierras, lo que significa el mantenimiento de la (brutal) concentración de tierras en el país, que en términos ambientales significa la consolidación del monocultivo de palma, ganadería y agroindustria en regiones enteras como el Magdalena Medio, sabanas del Caribe, el norte del Chocó, que pueden llegar a ser cinco millones de hectáreas. Esta impunidad estará acompañada por la emergencia de nuevos movimientos sociales de campesinos sin tierra, que seguirán buscando verdad, justicia y reparación.

2. El saqueo de los bienes naturales que se encuentran en el área de influencia de las regiones controladas por la Farc, lo que empieza con extracción de madera, a apropiación de tierras para monocultivos, lo que puede significar en muy poco tiempo la desaparición de ecosistemas enteros. Que como se ha dicho, muchos de ellos se encuentran en la región suroriental del país, o como algunos llaman la entrada a la Amazonía colombiana, también las selvas del pacífico colombiano, el Catatumbo y el área de influencia de la serranía del Perijá. Lo que supone del establecimiento más o menos violento de nuevas estructuras de poder que regulen el “saqueo” e impongan lo que seguramente sería el modelo económico extractivista.

3. La ola de consultas populares en contra de proyectos extractivos permite pensar en la emergencia de nuevas dinámicas políticas en los movimientos sociales, esta vez buscando institucionalizar los mandatos populares, buscando modelos económicos propios, y finalmente algo que resulta inevitable: la búsqueda de alternativas políticas y electorales frente a las élites sobre la dirección y construcción del Estado colombiano en un escenario de crisis sistémica ambiental. Tarde o temprano los movimientos sociales que empujaron las consultas populares se verán ante el reto de tomar las riendas de las instituciones y reconstruirlas en sintonía con las necesidades territoriales. Por lo tanto los conflictos ambientales pueden emerger como elementos centrales en la agenda política y electoral en las regiones, algo que las élites y los gamonales locales ya están tomando nota.

4. Los conflictos ambientales se acentúan alrededor del manejo del agua. Varias comunidades observan con preocupación lo que ha sucedido en la Guajira, como una alarma sobre lo que puede suceder en el país, la amenaza de extinción de una comunidad, enfrentada a la crisis ambiental con la consecuente escasez de agua ante proyectos extractivos a gran escala (minería y agroindustria). Con el cambio climático, la escasez de agua y alimentos tiende a agravarse y a generar crecientes inestabilidades sociales, que en un escenario de territorios degradados por el extractivismo presenta un panorama preocupante.

5. La crisis ambiental también se manifiesta en la crisis de las instituciones ambientales colombianas, el sistema nacional ambiental (SINA) ha mostrado su enorme ineficacia, pero también ha jugado en muchos casos a legitimar proyectos extractivos sin mayores consideraciones ambientales, en medio del señalamiento de prácticas clientelistas y corruptas. El anunciado recorte para el año 2018 de la mitad del presupuesto para las instituciones del SINA agrava aún más el escenario planteado.

Con lo anterior, es posible pensar que los movimientos sociales empiecen a construir instituciones fuera del Estado, que permitan ordenar los territorios con criterios ambientales. Algunas comunidades indígenas lo están haciendo con varias dificultades, pero en esa línea se hace necesario plantear que hay lugares considerados como “sagrados” en los que ciertas actividades no pueden realizarse y otros lugares en los que debe haber restricciones. El aumento de los riesgos de desastres en particular por el aumento de lluvias intensas constituye un factor adicional que obliga a las comunidades a constituir instituciones ambientales comunitarias.

Probablemente la mejor esperanza en este panorama la insinúe Don Robert, dirigente de una organización campesina del Nariño, “si el gobierno no cuida el territorio, pues los campesinos lo hacemos”, explicando la expulsión de varias cuadrillas de ingenieros de minas que exploraban sin permiso en su vereda. Precisamente en muchos territorios, especialmente los periféricos, se constituyen instituciones comunitarias de índole ambiental que profundicen en el conocimiento complejo y popular de las problemáticas que enfrentan las comunidades en sus territorios y constituyan nuevas posibilidades de auto regularse, y pensarse a futuro.

Se ha insistido en el contexto de la revista semillas sobre la relevancia y urgencia de atender la soberanía alimentaria y la conservación de las semillas como estrategia de resistencia (y sobrevivencia). Con los escenarios que plantea al cambio climático y la intensificación de la variabilidad climática y las consecuencias que tendrá en términos de estabilidad socio política, es de esperar que en varias regiones la soberanía alimentaria y el acceso al agua como derecho humano empiecen a cobrar nuevas dimensiones en el debate político y en la agenda institucional. También es de esperar que se empiecen a evidenciar las escandalosas cadenas de especulación y acaparamiento de alimentos que se vienen enriqueciendo con las fluctuaciones de producción en el país, lo que seguramente evidenciará la necesidad de replantear toda la cadena de producción y suministro de alimentos como medida de adaptación al cambio climático.

 

Alejo Pulido. *Ingeniero químico MsC en Ambiente y Desarrollo. Investigador en conflictos socio ambientales. C.e. alejo.pulido@gmail.com

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