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Varias organizaciones campesinas integrantes de la Mesa de Unidad Agraria, en forma unitaria han elaborado un proyecto de ley agraria, que permitiría un marco normativo a la recuperación económica del sector agropecuario, una reversión de la extrema concentración de la propiedad de la tierra, la defensa de la diversidad étnica y cultural, el reconocimiento del papel de la economía campesina y la protección del ambiente.
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La situación del sector agropecuario amerita cambios urgentes en la política económica y en la ley. El fracaso de las políticas agropecuarias gubernamentales de los últimos gobiernos, se expresa en el total incumplimiento de uno de sus objetivos principales: la competitividad.
Un importante indicador que revela la debilidad del desarrollo de la agricultura capitalista en Colombia, es la formación anual de capital fijo, la cual no volvió a alcanzar el nivel de 2002, y en 2009 fue 22% inferior. Estuvo estancada durante ocho años en el sector agropecuario, mientras se duplicaba para el conjunto de la economía. Este dato es especialmente grave, pues expresa la incapacidad para lograr una inversión sostenida, que pueda alcanzar la “competitividad” del sector y su modernización. Además, en Colombia, el 49% de los productores no ha recibido asistencia técnica en los últimos dos años (DNP 2010).
Así, a pesar del pleno auge cíclico de la economía internacional entre 2003 y 2007, el sector agropecuario colombiano perdió una oportunidad única para crecer rápidamente. Con tasas de crecimiento del producto interno entre el 4,6 y el 7,5% anual, y del producto industrial entre el 5,5 y el 9,5% anual, el sector agropecuario solamente creció entre el 1,8 y el 3,9% anual. La participación del sector en el producto interno bruto (PIB) total, bajó del 8% en 2002 a tan solo el 6,8% en 2009. El crecimiento del sector en Colombia contrasta con el resultado obtenido por otros países latinoamericanos como, podemos apreciar en esta gráfica:
Por otra parte, el mercado mundial se encargó de poner patas arriba la visión que puso a importar alimentos a Colombia. Ahora, como a comienzos de 2008, hay pánico por el desaforado aumento de los precios internacionales de los alimentos. Aunque la tendencia al aumento de los precios venía desde 2001, en 2007 y 2008 (y nuevamente en 2010 y 2011) el ascenso ha sido pronunciado.
La carestía de alimentos en el mercado mundial ha hecho que los inversionistas se vuelquen a buscar tierras para producirlos. La FAO estima que en el mundo hay cerca de 2.600’000.000 de hectáreas aprovechables para la agricultura, que no están siendo utilizadas para cultivos. De ellas, 900’000.000 están ubicadas en siete países: Brasil, República Democrática del Congo, Angola, Sudán, Argentina, Bolivia y… ¡Colombia! (DNP 2010). Las tierras de Colombia están en la mira de la inversión agropecuaria internacional.
Cualquiera diría que era el momento para el despegue de la agricultura colombiana, pero por el contrario, la crisis alimentaria mundial tomó a Colombia, y en especial al Gobierno, por sorpresa: en 2008 el comportamiento del sector agropecuario fue uno de los factores que disparó la crisis económica general. El valor de la producción de los principales cultivos, según el Ministerio de Agricultura, se redujo 1,6%. Fue un año de estanflación, en la medida que, precisamente, los precios de los alimentos se elevaron en 13,77%, mientras la producción industrial se redujo en 1,8%.
En 2009, la caída transitoria de precios resultó ruinosa para muchos productores, y la recesión se extendió al sector agropecuario que, durante el primer semestre, registró un PIB inferior al año anterior. En 2010, cuando el conjunto de la economía comenzó a recuperarse y los precios internacionales volvieron a subir rápidamente, el sector agropecuario colombiano volvió a caer: en el primer trimestre el PIB cayó 3,4% con respecto al trimestre anterior; y en el tercer trimestre, el PIB fue 0,9% inferior al del mismo periodo de 2009. Para los cultivos transitorios, la situación se volvió catastrófica, hasta el punto que, en el tercer trimestre de 2010, su producción fue 11% inferior a la del mismo periodo del año anterior, profundizando una tendencia que completa dos décadas; y lo que es peor, de acuerdo con estos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane: los cultivos cereales, cuyo precio se eleva en el mundo, disminuyeron 18,7%, con respecto a 2009.
Resulta entonces que la agricultura colombiana fue totalmente incapaz de responder al estímulo del mercado mundial de alimentos. La reacción al alza de los precios del café tomó a la caficultura colombiana en plena crisis, tras drásticos descensos de producción. La caída de las ventas de las flores, en Estados Unidos, afectó gravemente las tierras (de óptima calidad) monopolizadas durante las décadas anteriores, por el sector floricultor.
Las causas para la lamentable situación de la agricultura colombina comienzan por la subestimación de la producción nacional de alimentos, del mercado interno y de la soberanía alimentaria. También debe tenerse en cuenta el desmonte de la institucionalidad agropecuaria que desbarató institutos que habían logrado en los 60, 70 y 80 cierto nivel de crecimiento agrícola capitalista, y había dado un apoyo subsidiario a la economía campesina. Pero hay otro factor que se quiso subestimar en el discurso público: la tierra.
Según las bases del Plan de Desarrollo 2010-2014, entre las causas principales de la baja competitividad y productividad, está el uso ineficiente de la tierra: “Existe una subutilización de tierras óptimas para la agricultura, lo que se evidencia en que del total de la superficie con vocación agrícola y silvoagrícola, 21’500.000 de hectáreas, sólo son utilizadas 4’900.000” (DNP 2010: 172).
La no utilización de la mayoría de las tierras aptas para la agricultura, no es un fenómeno meramente técnico. Se deja de sembrar porque hay un control monopólico especulativo de la propiedad de la tierra: Un minúsculo número de propietarios, cada uno con más de 2 mil hectáreas, posee el 53,5% de la tierra registrada (Bonilla y González 2006: 60); la gran propiedad, con más de 10 Unidades Agrícolas Familiares, UAF,pasó de tener el 39% de la tierra en 1999, a tener el 53% en 2008 (González 2011). Es este muy pequeño grupo de grandes propietarios, el que tiene el poder para decidir retirar de la producción agrícola una parte relativamente grande de las tierras aptas para la agricultura, actuando así como un monopolio para subir los precios de la tierra y mantener una renta alta.
La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que agrupa a los empresarios, realizó un estudio comparativo de los costos en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil, y si bien detectó que los precios de los fertilizantes y los fletes influyen en los altos costos en Colombia, encontró además que a pesar de ser Colombia el país donde podría ser más barata la tierra, por la violencia, resultó todo lo contario: es mucho más cara, y hasta 4 y 5 veces más (Portafolio 2009).
La firma LMC International realizó un estudio que demostró que en Colombia se paga uno de los precios más altos del mundo por hectárea de caña cosechada, 82% más que China, 75% más que en Brasil, 63% más que en Guatemala, 42% más que en Tailandia; 28% más que en Australia y 6% más que en Sudáfrica. El presidente de Procaña, José Vicente Irurtia informó que los precios de la tierra en el Valle del Cauca, son de los más elevados del mundo (El País 2007).
La llamada “apertura económica”, al facilitar la importación de productos agropecuarios, lejos de lograr que la competencia estimulara mediante las leyes del mercado la competitividad del sector agropecuario colombiano y el uso adecuado del suelo, consiguió todo lo contrario: el área cosechada anual se redujo hasta en 22%, con respecto a 1990, y siempre ha sido 15% inferior a ese año. El problema de la tierra desperdiciada se agudizó, debido a las importaciones.
La apertura económica produjo, además, un cambio en las fuentes de la renta de la tierra. El descenso de la rentabilidad del sector agropecuario condujo a los grandes propietarios a tratar de obtener rentas mayores en las zonas donde se efectuaban inversiones de otros sectores, como la construcción de vías, hidroeléctricas y otros megaproyectos, así como en las explotaciones petroleras y mineras.
La tierra agrícola se está desperdiciando, porque el latifundio no la quiere para producir, sino para “engordar”, para que su precio aumente, como resultado de la inversión del Estado, la minería y las explotaciones petroleras. Es decir los grandes propietarios quieren ganar más sin invertir más, con rentas de monopolio y por las ventajas de la localización de los predios.
En Colombia, en términos de Keynes (1936:232) se ha producido una situación en que la “prima” de propiedad de la tierra supera la rentabilidad de la inversión agropecuaria, e impide que el mercado por sí mismo ajuste la economía.
La concentración de la propiedad de la tierra es una barrera para la inversión y la competitividad agropecuaria, no le importa el crecimiento de las importaciones y en cambio se lleva bien con los megaproyectos viales, hidroeléctricos, turísticos o extractivos, que le generan mayores rentas de localización.
Varias organizaciones campesinas integrantes de la Mesa de Unidad Agraria, en forma unitaria han elaborado un proyecto de ley agraria y han decidido presentarlo primero a consulta de los pueblos indígenas y comunidades afro, y luego al Congreso de la República. El proyecto campesino parte de estos criterios fundamentales:
1. El restablecimiento de la soberanía alimentaria del país y la protección de la producción nacional de alimentos, según lo ordena el artículo 65 de la Constitución Nacional.
2. El respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas.
3. El reconocimiento del papel econó- mico, social y cultural de la economía campesina y de la heterogeneidad de formas de producción.
4. El establecimiento de una institucionalidad que apoye la economía campesina y la producción, procesamiento y distribución de alimentos.
5. La necesidad de establecer un ordenamiento del aprovechamiento de los suelos rurales, de acuerdo con sus características agrológicas y ecológicas;
6. El fortalecimiento del Incoder, como entidad encargada de concretar el ordenamiento social de la propiedad;
7. La necesidad de revertir la alta concentración de la propiedad de la tierra; el carácter especulativo del mercado de tierras, y la alta renta y precio de la tierra; así como la íntima relación entre el incumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra y el incumplimiento de su función ecológica.
8. La participación decisoria de las organizaciones campesinas, indígenas, afro y de los trabajadores rurales, en las decisiones y los organismos de decisión sobre su futuro, su economía y sus territorios.
Lo anterior significa proponer un cambio verdadero y efectivo. Existiría un Consejo Nacional de Desarrollo Rural Integral, ampliamente participativo, que elaboraría un plan para el sector rural y lo sometería para su aprobación al Conpes; propondría los presupuestos de inversión nacional para el campo; definiría los criterios de uso del suelo y el agua, tanto para producción agrícola, pecuaria, forestal, como para explotaciones mineras, petroleras y de recursos naturales no renovables, para reserva natural o conservación ambiental o para fines culturales, y establecería los criterios e instrumentos aplicados a la destinación de los suelos para diferentes fines. Así, la locomotora minera no podría convertirse en aplanadora de la agricultura y el ambiente.
Bajo las políticas definidas en ese Consejo, funcionaría un sistema integral institucional, que permitiría generar y transferir tecnologías adecuadas a las diferentes formas de producción y ecosistemas; sostener programas de procesamiento y comercialización que abastezcan de alimentos a las ciudades; restaurar los programas de crédito de fomento, y ampliar los programas de educación, capacitación y seguridad social para el campo.
Los campesinos no vacilan al proponer programas eficaces de reforma agraria.
Para garantizarlos proponen normas claras sobre:
a. centralización en una sola entidad de la función de ordenamiento social de la propiedad, de manera que tanto la dotación de tierras, como las formalizaciones de propiedad, clarificaciones y deslindes, tengan un curso armónico y así, los programas para campesinos, indígenas y afros no se vean inesperadamente contradichos por la legalización de despojos.
b. extinción de dominio de predios incultos, inadecuada o indebidamente explotados, lo cual incluye los predios donde no se respeta la ley laboral;
c. expropiación con indemnización, por vía administrativa, de las grandes propiedades rurales requeridas para la reforma agraria, si los propietarios no quieren negociar, siguiendo el procedimiento que estuvo vigente cuando se creó la Corporación Nasa Kiwe, y que ahora está vigente para atender a los damnificados por las inundaciones;
d. mantenimiento de los derechos reconocidos por la ley a los pueblos indígenas de todas las regiones, incluidos los resguardos coloniales y los derechos específicos de los pueblos horticultores itinerantes, nómades y seminómades;
e. desarrollo de los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas, reconocidos por la Ley 70 de 1993;
f. fomento al establecimiento de Reservas Campesinas en diversas regiones del país, como reconocimiento de la territorialidad campesina, forma de conservación ambiental y protección frente al desplazamiento;
g. defensa de los derechos de las mujeres rurales;
h. medidas para garantizar el derecho al reintegro a los despojados por la violencia;
i. financiamiento integral para los beneficiarios de la reforma agraria.
Las declaraciones del nuevo Gobierno nacional en sus primeros meses, reconocieron la necesidad de un cambio en la política agropecuaria y, en particular, enfatizaron sobre la gravedad de la alta concentración de la propiedad de la tierra, el despojo de los campesinos y la exagerada cantidad de tierra apta para la agricultura que está siendo desperdiciada (Restrepo 2010), por lo cual se anunció la presentación de un proyecto de ley de tierras.
Sin embargo, la presentación de la ley de tierras se fue aplazando, y pasó el primer semestre de 2011 sin que se presentara. Esto demostró una falta de coherencia para enfrentar una situación urgente, como es la coyuntura de alza mundial de precios, y una influencia determinante, en la coalición de gobierno, del sector que ha sido responsable de la situación actual.
Esto se hizo más evidente, cuando se propuso y aprobó en la Ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo la “flexibilización de la UAF”. Esto significa que tierras tituladas a colonos campesinos que las trabajaron previamente y tierras adquiridas por campesinos con subsidios del Incoder, podrán ser transferidas a grandes empresarios. El campesino vendería barato por ser un colono que adquirió con trabajo o el beneficiario de un subsidio y al otro día el comprador tendrá una tierra cara y así cualquier inversión suya será rentable.
Esto es muy grave, no solamente para los campesinos sino para Colombia. La alta concentración de la propiedad de la tierra ha determinado que su precio sea demasiado elevado. Una alta renta de la tierra se ha convertido en un obstáculo para la inversión productiva. Sería deplorable seguir sosteniendo a unos pocos grandes propietarios, muchos de los cuales se han apoderado de la tierra de campesinos, afros e indígenas, y han recibido prebendas del Estado.
Sería muy triste que la ley agraria continuara el camino marcado por la “flexibilización de las UAF”. En la discusión de la ley de víctimas se anunció que podría tratarse en esa ley el “derecho de superficie”. ¿Para qué, si hace siglos existen contratos de arrendamiento y de usufructo? ¿Con qué objetivo se quiere imponer semejante novedad? ¿Para facilitar que determinados empresarios, a cambio de pagos irrisorios, se apoderen de las tierras, a las cuáles los despojados no pueden regresar? Nuevamente sería despojo, para hacer rentable la inversión.
Otro tema que se dirige a lo mismo es el de una apresurada “formalización de la propiedad”, que aparece en propuestas oficiales y que en las condiciones en que los violentos siguen imperando en el campo, solamente serviría para legalizar despojos, incluso con más facilidad que lo que lo hace la Ley 1182 de 2008, “por la cual se sanea la falsa tradición”, y que debería ser derogada.
Si a eso se le agrega las intenciones de revivir la Unidad Nacional de Tierras (UNAT), del abortado Estatuto Rural, Ley 1152 de 2007, que haría por su cuenta las clarificaciones de propiedad, los deslindes o clarificaciones de límites de Resguardos indígenas y Territorios Colectivos afro, habría un aparato renovado para legalizar el despojo, al cual podría agregarse la norma (antes decreto y ahora parte de la Ley 1450), que pretende que todos los Resguardos Coloniales deben reestructurarse, cuando en realidad los únicos que deberían ser reestructurados son aquellos de los cuales trata el artículo 12 de la Ley 89 de 1890. Éste permite reconocer los Resguardos cuando los indígenas fueron despojados de la copia del título, mediante violencia, hurto o trampas.
La UNAT es un espectro del Estatuto Rural, como los son otras normas que ahora se le quieren colgar a la ley agraria. Por ejemplo, algunos quieren resucitar el artículo 72 de la Ley 1152, el cual establecía una “expropiación de predios improductivos”. Éste pretendía indemnizar a grandes propietarios, que de otra forma serían afectados por la extinción de dominio.
El artículo 121 del Estatuto Rural pretendía eliminar los derechos territoriales de los pueblos indígenas horticultores itinerantes, nómades o seminómades, exigiéndoles utilización “regular y permanentemente” de la tierra. Ahora quieren simplemente eliminar el artículo de la ley vigente que garantiza esos derechos.
Pero no solamente brotan espectros del Estatuto Rural, sino de la ley forestal declarada inconstitucional, y se quiere convertir una ley que se suponía de beneficio para los campesinos, en una ley en beneficio de las “plantaciones forestales comerciales”.
En resumen el Gobierno parece haber retrocedido de sus anuncios iniciales, a una posición de negación de la reforma agraria, en la cual lo único posiblemente novedoso sería la posibilidad de aumentar los subsidios para la economía campesina; claro, con las limitaciones ordenadas ahora por la “sostenibilidad fiscal” y dependiendo como siempre de las leyes de presupuesto.
Por otra parte, no podemos olvidar que “la reciente ola de acaparamientos masivos de tierra en beneficio de intereses privados o de terceros Estados -ya sea por razones alimentarias, energéticas, mineras, ambientales, turísticas, especulativas o geopolíticas - abarca decenas de millones de hectáreas, y viola los derechos humanos al privar a las comunidades locales, indígenas, campesinas, pastoras y pescadoras de sus medios de producción, al restringir su acceso a los bienes naturales, al limitar su libertad para producir lo que quieran, y al exacerbar las desigualdades en el acceso y el control de la tierra por parte de las mujeres.” (Foro Social Mundial 2011)
Sin embargo, los campesinos tienen otro proyecto, y el futuro dependerá de si la sociedad se moviliza a favor de él o no.
BONILLA, Ricardo y GONZÁLEZ, Jorge Iván (2006). “Bien-estar y macroeconomía 2002- 2006: Crecimiento insuficiente, inequitativo e insostenible”. Bogotá: CID-Universidad Nacional.
DNP (2010). “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos”. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
GONZÁLEZ POSSO, Camilo (2011). “El Plan Nacional de Desarrollo y el Fomento del Macrofundio”. Indepaz. “
Amargo debate por precio de la caña”; El País, Cali, 23 de febrero de 2007.
FORO SOCIAL MUNDIAL (2011). “Llamamiento de Dakar contra el Acaparamiento de Tierras”.
KEYNES, John Maynard (1936). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México: Fondo de Cultura Económica, quinta edición, 1958.
“Colombia tendría la tierra más cara de la región, según estudio de la SAC”. Portafolio, 30 de octubre de 2009.
RESTREPO, Juan Camilo (2010). “Una política integral de tierras para Colombia”. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, agosto de 2011.
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