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De no haberse caído la Ley Forestal, el país habría puesto en mayor riesgo su gran riqueza en bosques naturales

Paradójicamente, el mismo día en que se anunció a Colombia como uno de los nueve países del mundo que mejor protegen el medio ambiente, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley General Forestal. El primer hecho simboliza el balance acumulado en materia de protección ambiental en el largo plazo, mientras que el segundo simboliza cuán errada ha sido, en muchos aspectos, la política ambiental del gobierno del presidente Álvaro Uribe.

El alto puesto ocupado por Colombia en la clasificación global referente al índice de desempeño ambiental, elaborado por las universidades de Yale y Columbia, es expresión del éxito relativo alcanzado por las políticas puestas en práctica en las últimas décadas, en comparación con lo sucedido en los 149 países considerados. Es un hecho que honra al país, no obstante que reconozcamos los graves problemas ambientales que nos aquejan y los daños infligidos a nuestros valiosos ecosistemas.

El índice Columbia-Yale establece en qué medida los países se acercan al cumplimiento de un conjunto de objetivos de desempeño ambiental. Colombia puntúa muy alto en materia de política forestal y de biodiversidad, un hecho derivado de la gran extensión de la cobertura de bosques naturales que aún poseemos y, sobre todo, de la sustantiva disminución de la tasa de deforestación registrada en los últimos 15 años, a pesar de los cultivos ilícitos. Además, ello explica, en gran medida, nuestra baja contribución al fenómeno del calentamiento global, en comparación con otros países, como Indonesia y Brasil, que hacen un aporte significativo de CO2 a la atmósfera debido a la quema anual de extensos bosques para cambiar el uso del suelo.

¿Cuáles son las políticas que han conducido a Colombia a esta situación de sus bosques y su biodiversidad? Quizá el principal factor explicativo sea el hecho de que aproximadamente 35 millones de hectáreas, en su mayor parte cubiertas por bosque natural, pertenezcan a las comunidades indígenas y negras, una política que nos diferencia de la casi totalidad de los países del mundo tropical. Ella adquirió un definitivo impulso durante la administración del presidente Barco, que declaró numerosos resguardos indígenas, y continuó durante la administración Gaviria cuando, en la Constitución de 1991, se reconoció a las comunidades negras del Pacífico la titularidad colectiva de las tierras que habían ocupado tradicionalmente. Mediante esta política se ha hecho justicia a estas poblaciones y se han protegido los bosques naturales, sin con ello desconocer los aberrantes casos de desplazamiento detonados por los grupos armados ilegales, o la deforestación presentada en muchos lugares.

Justamente, la ley forestal fue declarada como inconstitucional por vulnerar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras, al haberse presentado al Congreso sin que se les consultara previamente. En la Corte pendía otra demanda que señala cómo muchos artículos de la mencionada ley constituyen un claro retroceso frente a las normas sobre medio ambiente consagradas en la Carta Política. En últimas, se trataba de una ley que priorizaba la explotación maderera a gran escala, en perjuicio de servicios críticos del bosque natural, como constituir el hábitat de diversas comunidades, soportar la biodiversidad, proteger las fuentes de agua, y servir de sumidero de CO2.

De no haberse caído la Ley Forestal, el país habría puesto en mayor riesgo su gran riqueza en bosques naturales, y, de contera, habría perdido puntos en el índice Columbia-Yale de desempeño ambiental, un descenso que, de todas maneras, se podría dar de mantenerse muchas de las políticas ambientales del actual gobierno. El ministro Lozano ha dado algunos indicios de querer corregir la ruta ambiental que quedó tan extraviada en la primera administración Uribe. Ojalá se radicalice en este ejercicio.