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De cada 100 campesinos del Sur de Bolívar en el municipio de Simití, 71 no tienen forma alguna de acceder a la tierra. “Estamos acorralados en las propias tierras que teníamos para vivir decentemente como campesinos y que de manera colectiva aprovechábamos. Ahora, las vemos, pero no podemos llegar a ellas, están cercadas y fueron arrasados los rastrojos que teníamos para la leña y tumbadas las palmas amargas con las que hacíamos los techos de las casas. Estamos en una situación muy dolorosa de ser campesinos sin tierra, campesinos que vemos como las sabanas y playones comunales son cercados y saturados de Palma africana y ganado”. Los medios de vida de las comunidades campesinas y pescadoras del Sur de Bolívar, están seriamente amenazados. El monocultivo de la palma africana con su paquete tecnológico de “tierra arrasada” es un evento que genera vulnerabilidad y tiene fuertes impactos en la zona de la Sabana ya que afecta el sistema de producción y de particular manera el patio patio productivo de las mujeres en tanto reduce la disponibilidad de recursos de los rastrojos y sabanas y apropia las áreas de cultivos de pancoger [2] . “Estamos expuestos a un gran desplazamiento”. Los playones y sabanas que por la ley 160 de 1994 (Decreto 2663 de 1994), que reglamenta lo relativo a los procedimientos de clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, de delimitación o deslinde de las tierras ) no podían ser tituladas a los campesinos y pescadores, sí fueron entregadas a las empresas de palma.
Más allá, en el Sur de Córdoba, los embera katío del Alto San Jorge, dicen que de su gran dirigente Kimy Pernía [3] entendieron eso de que embera sin tierra no es embera “êbêra drua nê´ea babe eá” y tomaron la firme decisión de ir por las tierras que necesitan para frenar el desplazamiento forzado de casi 1000 personas que se produjo cuando fueron asesinados los jaibanás y varios maestros en el año 2001 y que los condujo a hacinarse en pequeñas fincas de campesinos, migrar al Bajo Cauca antioqueño y a algunos a raspar coca o enfilar la lista de beneficiados por la indemnización de los impactos de Urrá al Alto Sinú. Ahora, el joven gobernador Aurelio Jumí expresa “No buscar el territorio para tener comida suficiente, para enterrar nuestros muertos cerca de las comunidades y los ombligos de nuestros hijos, es dejar morirnos como pueblo êbêra” El líder tradicional que lo acompaña, Luis Ángel Pernía, afirma “tampoco podemos decir que somos gobierno y que tenemos autonomía cuando no hay un territorio claro y suficiente para ejercer dominio, para organizarnos y para desarrollar nuestra propia economía y organización”. El resguardo Quebrada Cañaveral está sitiado por las minas quiebrapatas (anti persona) y por los cultivos de coca y su ampliación amerita urgencia en la medida que determina allí, la presencia y la pervivencia de este grupo humano. Esa ampliación está limitada así mismo por la expansión de la minería a gran escala de carbón, oro, níquel.
Los campesinos y pescadores de la Ciénaga Grande de Lorica del Bajo Sinú y de otros cuerpos de agua que han ido desapareciendo, como la ciénaga de Corralito y la misma Ciénaga Grande, deben a buscar trabajo en otras regiones o vender su poca tierra ante la agresiva presión que tienen de actores económicos y políticos externos y de inversionistas, en muchos casos con fortunas asociadas al narcotráfico, que desecan las ciénagas para establecer ganadería y cultivos con elevadas aplicaciones de agroquímicos e incluso con algodón transgénico, cultivos de camarones, monocultivos forestales, carreteras y proyectos turísticos. Las recomendaciones la Defensoría para efectuar el deslinde para el restablecimiento de los cuerpos de agua en Córdoba no son cumplidas, las acciones de la Procuraduría Judicial Agraria no aparecen y el propio Incoder espera las transformaciones territoriales inducidas por los grandes ganaderos, que luego legaliza. En la zona de Corralito en la medida que desecaron un humedal de más de 700 hectáreas, del cual sólo se mantienen menos de 200 de las mismas; es una región donde los campesinos en ningún caso logran tener más de ½ hectárea de tierra y a la mayoría de las 342 familias que dependían de la producción estacional de hortalizas en los taludes del río, les fue arrebatada esta única forma de economía local y cohesión social y cultural.
En el Bajo Sinú en el departamento de Córdoba, 1120 familias que hacen parte de Asprocig (Asociación de productores alternativos de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú) y que apenas alcanzan a tener 426 hectáreas, demandan la crisis ambiental y económica que atraviesan y buscan mecanismos y acciones para detener los impactos inducidos y acumulados por el proyecto Multipropósito Urrá [4] . Entre ellos, una mayor concentración de tierras, degradación y deterioro de los ecosistemas, alteración de los ciclos estaciónales asociados a la abundancia de recursos acuícolas, migración a la ciudad y deterioro de la alimentación ante la falta del pescado. Para estos pescadores y agricultores, el conjunto agua- tierra es un espacio fundamental de las reivindicaciones económicas, sociales, culturales y políticas y tal espacio, poco a poco viene siendo arrebatado también por las camaroneras, los proyectos agroindustriales y turísticos, y los planes de ordenamiento impuestos desde afuera sobre la cuenca baja del Río Sinú.
Por otro lado, en el Norte del departamento de Bolívar, en los Montes de María, 170 familias de campesinos y campesinas que se encuentran desplazadas en los cascos urbanos de los municipios de San Jacinto y Carmen de Bolívar, se sienten en guetos que les impiden definir su situación entre comunidades rurales o comunidades de servicios. No están integrados dignamente a las condiciones mínimas de bienestar en el casco urbano, pero tampoco pueden tomar una reapropiación de sus tierras. Muchas familias tienen tierras, pero éstas están abandonadas, y sobre ellos persisten amenazas crecientes sobre el territorio, no sólo por los actores del conflicto armado, sino por poderosos intereses económicos que desde el establecimiento de bosques artificiales y ganaderías, entre otros; sobre la estratégica región de Montes de María, han generado un elevado riesgo de enajenación y arrebato a sus verdaderos dueños.. Volver a esas tierras con garantías y protección por parte del Estado es una necesidad urgente y fundamental.
En la región de Chocó Biogeográfico, la comunidad negra del bajo San Juan, asentada en la margen izquierda del Río San Juan, sobre el departamento del Valle del Cauca en límites con el departamento del Chocó, ha participado de manera histórica en valiosos esfuerzos encaminados a la territorialización de las comunidades negras en el Pacífico. Inicialmente se organizaron como campesinos (Asociación Campesina del San Juan - ACADESAN) y posteriormente participaron activamente en las demandas recogidas en el Artículo transitorio 55 de la Constitución Nacional y la ley 70 de 1993. Hoy, sin embargo no tienen territorios titulados y sostienen que de no tenerlos, saldrán de su territorio, porque están más que nunca, cerca de un desarrollo basado en la alteración de la región para dar paso a los proyectos de infraestructura de elevado impacto y a la enajenación de los recursos asociados al delta del río. El puerto de Bahía Málaga, la llamada acuapista Norte del Plan Arquímedes consistente en la rectificación de los esteros del manglar entre los ríos San Juan y el Baudó y el impulso a los proyectos turísticos, pueden pasar sobre la legítima demanda de acceso legal al territorio que realizan las comunidades de Cuéllar, Malaguita y Cabeceras.
Más al Sur en la región del Naya, entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, se presenta una singular disputa por el territorio: El Estado colombiano demora la entrega de más de 200.000 hectáreas a comunidades negras y 70.000 hectáreas a comunidades indígenas, que vienen siendo pedidas en titulación por las comunidades desde los años 90, ante la pretensión de la Universidad del Cauca, la que basada en los derechos mineros entregados por el general Santander en 1827 a esta institución, desconoce la presencia histórica de más de 20.000 afrodescendientes en esta cuenca.
El pago por la utilización de los activos de la Universidad para la guerra de independencia que le hizo a la Universidad del Cauca el general Santander marcó un desconocimiento de derechos reales que aún sigue vigente. Es paradójico que el enriquecimiento de las selvas del Naya, no le sea reconocido a quienes lo han realizado y en cambio la Universidad coloque este territorio como prenda de garantía para sus deudas y para su interés de convertir la zona un corredor biológico por los beneficios económicos, por el valor estratégico de los ecosistemas para adelantar actividades de bioprospección. El INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) como reconocimiento de derechos colectivos de las comunidades debe extinguir el derecho de dominio que alega la Universidad y dar reconocimiento a los verdaderos dueños de ese territorio, las comunidades afrocolombianas, los indígenas paeces y eperara y los campesinos.
En todos estos casos surgen como constante la tensión entre las comunidades que asumen la defensa de su territorio y los fuertes intereses de quienes ven en tales espacios una oportunidad económica a corto plazo. También es claro que se vuelven reales las acciones de despojo territorial y la pérdida acelerada de la calidad de los ecosistemas que aseguran los medios de vida de las comunidades. Esta situación genera una pérdida de derechos colectivos que en lo económico, social y cultural amenazan la integridad y la vida misma de grupos históricamente excluidos en Colombia.
El acceso legal a los territorios y tierras de las comunidades se aplaza y entorpece, se privilegian formas de acceso foránea a los territorios y tierras que tengan potencial para desarrollar iniciativas empresariales y extractivistas, utilizando estrategias que dejan de lado las salvaguardias ambientales y socioeconómicas, lo que provoca impactos irreparables en los ecosistemas y en la integridad y vida de las comunidades.
La tierra que en un sentido más amplio incluye parcelas, fincas, cuencas hidrográficas, territorios colectivos, sigue y seguirá siendo en Colombia el escenario de definición de tensiones políticas, económicas y sociales. No en vano, una de las preocupaciones más fuertes que tiene el actual proceso de paz, es definir que puede pasar con los millones de hectáreas arrebatadas de manera violenta y fraudulenta. El poder en Colombia, pasa por el control de la tierra y ésta no es un factor de producción esencialmente como insiste colocarlo el gobierno colombiano en condiciones de equidad, competitividad y sostenibilidad que realmente no se dan, teniendo en cuenta los casos anteriores.
De igual manera toma relevancia considerar que para pensar un escenario de paz firme y duradero es fundamental tener en cuenta el acceso real y con justicia de las comunidades a las adecuadas tierras en las que se pueda establecer de manera efectiva sistemas de producción sostenibles y competitivos. El asunto de fondo radica en que las mejores tierras, arrebatadas muchas de ellas a la fuerza y con violencia, en las condiciones actuales de la ley de Justicia y Paz y de la ley de Desarrollo Rural, en juicio de muchos sectores sociales y expertos, serán entregadas a quienes se las apropiaron de manera ilegal y también a quienes no tienen necesariamente vínculo con la cultura rural, para que puedan hacer negocios en ellas. Está realmente disponible la tierra para las multinacionales y las empresas extractivistas y de uso intensivo de recursos.
Queda claro además, que desde la cultura y las reivindicaciones históricas que ofrece la diversidad biológica, cultural y política, la tierra – territorio es el elemento central de debate en Colombia, en la medida que:
1. Es el espacio de vida y cultura de 10 a 12 millones de colombianos y colombianas que tienen su permanencia ligada al campo. Ahí, una ruralidad nueva emerge, en tanto se reconoce abiertamente el papel de las mujeres en estas economías, se ven alternativas para el manejo y apropiación de recursos, se entiende que localidades medianas y pequeñas siguen entrelazadas al campo y al igual que las minorías étnicas los campesinos exigen reconocimiento de su cultura y proponen prácticas respetuosas con el medio ambiente y con fuerte apropiación económica, social y política.
2. Garantiza que Colombia además de ser un país megabiodiverso, siga siendo un centro de domesticación y diversificación de especies animales y vegetales.
3. Puede dar cabida a sociedades con condiciones más igualitarias entre hombres y mujeres y también, más respetuosas con el medio natural.
4. La producción rural de pequeños agricultores, constituye la principal reserva para la producción de alimentos para la producción humana.
5. Es paso obligado para pensar escenarios reales del posconflicto.
6. Aporta a la resolución de manera duradera de los problemas de inseguridad alimentaria, conflictos políticos y a la ordenación ambientalmente sostenible de los ecosistemas.
En las condiciones actuales en las que se impulsa una controvertida política marco para el sector rural, conviene hacer ver los casos como los anteriores, para entender que si bien los principios que justifican la ley, en parte, son buscados también en las demandas de los campesinos, indígenas, pescadores, artesanos y afrodescendientes; pero los mecanismos y los enfoques que plantea el estatuto rural ahondarán las brechas entre las sociedades urbanas con acceso a los servicios y las sociedades rurales cada vez más marginadas y entre los sectores rurales que insisten en visiones propias del desarrollo y defienden la autonomía y soberanía alimentaria y entre quienes ven el campo como la oportunidad de negocios rápidos, la mayoría de ellos dirigidos a la agroexportación industrial y no a la producción de alimentos. Estas políticas rurales buscan perpetuar el poder político y económico excluyente, que en Colombia, se exhibe como en pocos países del mundo, en el control de la tierra y en el desarrollo de prácticas insostenibles como la ganadería extensiva, monocultivos perennes como la palma africana y exportaciones de cultivos basados en intensivo uso de los recursos agua y suelo principalmente.
Las reacciones históricas de las comunidades y sus organizaciones para defender el territorio tienen un claro asidero en la defensa de la vida misma y de los intereses basados en los derechos reconocidos por el Estado duramente ganados, y los derechos consuetudinarios comúnmnente desconocidos, que son reales y vigentes. Una política que no garantice los derechos legalmente vinculantes a la tenencia de los recursos estratégicos del campo colombiano por parte de sus pobladores históricos y culturalmente vinculados a él, no da garantías y posibilidades para una solución de los conflictos relativos a la tierra, que han sido generados por parte de los diversos intereses públicos y privados que se enfrentan a las débiles instituciones de las comunidades, que también tienen intereses basados legítimamente en sus derechos.
En este sentido, 26 organizaciones de comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, artesanas y de mujeres que hacen parte de Swissaid Colombia, le apuestan a una visión incluyente del desarrollo rural. Estas organizaciones asignan un papel prioritario a una gestión desde las comunidades para la identificación de sus oportunidades y la búsqueda de su desarrollo social y económico, en el que el entorno natural es un componente de su bienestar y asumen como compromiso el fortalecimiento organizativo de las organizaciones locales para la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades sobre los recursos naturales, territorio y cultura, con pleno ejercicio de la autonomía que tienen a decidir sobre su futuro.
Esto reconoce experiencias históricas y da espacio a aquellas comunidades como los campesinos del Sur de Bolívar, el Bajo Sinú y los Montes de María, los indígenas embera y las comunidades afrocolombianas del centro de litoral Pacífico, para que puedan mantenerse en la diferencia y sobre todo, acceder a la tierra y al territorio, apropiarse de los medios y de los derechos que les son inherentes. Son reservas reales de la democracia y garantías para que los ecosistemas que habitan sigan siendo espacio de vida y diversidad. De esta manera Swissaid Colombia prioriza junto con la promoción de la agroecología y manejo sostenible de recursos naturales y el empoderamiento de la mujer para la participación y ejercicio de los DESC, la Gestión Territorial de las comunidades rurales.
Esta Gestión territorial se entiende como un proceso sostenido que busca fortalecer capacidades de las comunidades rurales a través de procesos alternativos de gobierno y gestión local para el ejercicio de los derechos colectivos en torno al territorio, sus recursos, la autonomía y la integridad, mediante el trabajo de dos componentes:
Esto precisamente da cabida y desarrollo a pilares fundamentales de la constitución y el ordenamiento jurídico y territorial colombiano porque reconoce el carácter definido para el Estado colombiano en la Constitución Política de 1991, se acerca a los planes de los municipios y las corporaciones ambientales, fomenta el diálogo y la proactividad con las instituciones y enriquece con visiones propias la planificación, la participación, la superación de causas de la guerra, el reconocimiento al papel de las mujeres en las sociedades rurales; entre otros aportes identificados.
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[1]Swissaid Colombia- Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo es una organización no gubernamental con presencia en Colombia por cerca de 25 años, que acompaña y promueve procesos autogestionarios dirigidos a que las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas puedan contar con tierras y territorios suficientes, con una producción sana de alimentos a partir de los recursos propios y locales que dinamice la economía local y a que definitivamente haya un lugar especial de respeto, oportunidad y reconocimiento en las relaciones comunitarias al papel de las mujeres para que las sociedades locales puedan aportar a la transformación positiva de Colombia como un país diverso, multiétnico, pluricultural, incluyente y respetuoso de los derechos.
swissaid@swissaid.org.co
[2] Astrid Álvarez, Trabajo de investigación. Universidad Pontificia Javeriana. 2006
[3] Kimy Pernía fue el líder natural del pueblo embera del Alto Sinú que emprendió la defensa de su pueblo y del territorio que habitan, el cual fue notablemente afectado por la construcción de la hidroeléctrica Urrá. El 2 de junio del año 2001, fue desaparecido por las AUC en Tierralta, Córdoba, como lo reconoció el propio comandante Mancuso y hoy, es una de las figuras emblemáticas de los pueblos indígenas en Colombia y del mundo.
[4] El proyecto multipropósito Urrá, que consistió en la anegación de 7.400 hectáreas en el Alto Sinú para la producción de energía eléctrica, generó impactos muy fuertes a las comunidades, entre los que se cuentan la desaparición del pez Bocachico, la alteración de la navegabilidad por el mismo, desecación de humedales, desestructuración de familias indígenas y campesinos, entre muchos más que fueron provocados por un proyecto de elevado costo y de reducidos y concentrados beneficios.
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