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A nuestro amigo Kimy, a 7 años de su desaparición,
“Karagabí nos testamentó que había creado el agua para que todos nos sirviéramos de ella y que todo debía dejarse tal como estaba, por que si no, los embera nos acabaríamos, o nos caería su maldición”
Kimy Pernía Domicó
En Noviembre de 1994, 660 hombres, mujeres y niños indígenas del pueblo embera katío decidieron lanzarse con sus balsas al río Sinú para mostrarle a Colombia y al mundo que estaban dispuestos a dar la batalla por su territorio ancestral. Con esta acción audaz, los indígenas dieron inicio a una de las confrontaciones legales y políticas más significativas de la historia reciente de Colombia. Los indígenas contendieron a una clase política indolente que no vaciló en usar la violencia para frenar la movilización y doblegar el orgullo de este pueblo. De esta manera fueron inmolados los mejores y más valientes de sus líderes, a quienes los indígenas de Colombia recuerdan con orgullo: Lucindo Domicó, Alonso María Jarupia y a la cabeza de ellos Kimy, el inolvidable e incansable luchador de los derechos de su pueblo, cuyo asesinato fue ordenado por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Estos atropellos se llevaron a cabo con la anuencia de los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente, que forzaron la llamada consulta y expidieron la licencia, a sabiendas que no se había realizado una real consulta previa.
El proyecto hidroeléctrico Urrá inundó 7.400 hectáreas, afectó el resguardo indígena del Alto Sinú y al Parque Nacional Natural de Paramillo, degradó los suelos, las ciénagas y en general los medios de vida en la parte baja de la cuenca del río en donde se asientan los campesinos. Con un costo estimado inicialmente en 640 millones de dólares, terminó siendo un “segundo Guavio” que engulló (y sigue engullendo) recursos cercanos a los 900 millones de dólares. Con este grave antecedente y parapetándose en la crónica amnesia de los colombianos, el presidente Uribe blande el plan de construir Urrá II, una obra ambiental, social y económicamente obscena, que arrasaría la última selva que le queda al Caribe colombiano y expulsaría a las ya vilipendiadas familias emberas que todavía permanecen en el resguardo embera katío del Alto Sinú, su territorio ancestral. La historia se repite, con el mismo escenario y los mismos actores, solo que ahora se encuentran enfrentados a una clase política apoyada por un presidente que tiene puestos sus reales en la región y un pueblo indígena dividido y maltrecho, se trata pues de una pelea de tigre con burro amarrado.
A los ocho años de estar en funcionamiento la represa Urrá, salen a flote de manera clara los verdaderos intereses que motivaron la realización de este megaproyecto. No es tanta ni tan estratégica la energía producida, ni menos fuertes los estragos que causan las recurrentes inundaciones del valle del Sinú, ni han corrido los ríos de fortuna y de prosperidad, para los cordobeses, pregonados por los torvos relacionistas públicos de Urrá y menos aún, han aparecido las tierras que se adecuarían para la agricultura y los distritos de riego para los campesinos.
Urrá fue la oportunidad de la clase política de Córdoba para lucrarse del bien común de los colombianos. Las reservas culturales y políticas que representan los indígenas, la afectación del Parque Paramillo, el capital natural y humano de miles de campesinos desarraigados, la vulneración de leyes y la enorme deuda que fue finalmente asumida por los colombianos, siendo los bienes más significativos que fueron dilapidados por los dueños de este proyecto.
El costo que trasladó Urrá a los embera katío del Alto Sinú, fue aun más grande y desproporcionado: las mejores tierras fueron inundadas, el pescado, la principal fuente de proteína de la población se extinguió, la organización fue desmantelada y el liderazgo asesinado. Todos estos factores y las indemnizaciones particulares, como medio de reparación ordenado por sentencia de la Corte Constitucional (T 652 de 1998) no contribuyeron realmente a la reconstrucción social y económica de este pueblo; por el contrario, desarraigaron y desplazaron a muchas familias hacia las ciudades de Tierralta y Montería. Si los impactos en su vida económica fueron drásticos, más graves fueron aún los impactos en la cultura y organización social, que ha puesto a este pueblo en la lista de aquellos que están condenados a desaparecer.
Entre 1994 y el 2001, los cerca de 900 millones de dólares gastados finalmente en el colosal proyecto, evidenciaron también la fragilidad del ordenamiento jurídico ambiental y político del país. Este fue abiertamente violentado para beneficiar sórdidos intereses de una excluyente clase política.
Los derechos sociales tenían poco valor en un contexto donde operan actividades económicas altamente excluyentes, que como la ganadería, han dado a luz a un proyecto social y económico regional labrado sobre el desalojo violento de sus tierras a miles de familias campesinas, un modelo de sociedad que sustenta su razón de ser en la fuerza. No resulta entonces extraño que la consulta hecha al pueblo embera katío fuera una farsa, pues de antemano ya se había decidido el proyecto. No interesaban consideraciones ambientalistas o antropológicas, no importaron la biodiversidad de un parque natural o el impacto que se generaba para la integridad social de un pueblo indígena. La consulta al pueblo embera katío del Alto Sinú terminó siendo un chiste: se podía decidir solamente sobre el aplazamiento por unos meses del llenado de la represa Urrá. No fue la consulta, una garantía real que considerara los fuertes impactos al territorio y evitara el deterioro de la integridad de este pueblo, como se vio posteriormente con el fraccionamiento de la autoridad y la perdida de sus mejores dirigentes.
La construcción de la hidroeléctrica Urrá, estuvo atravesada por condiciones especiales, que deben ser tenidos en cuenta, para entender la violencia ejercida contra el pueblo embera katío del Alto Sinú:
1. El dominio absoluto del paramilitarismo en Córdoba y Urabá, que garantizaba la expansión de los dos crecientes frentes económicos, el ganadero y el bananero, que atenazaban a los embera.
2. La presencia y presión de las FARC, que instigó la estigmatización de la población (con más veras cuando secuestran a dos ingenieros suecos), pues los lideres amenazados, asesinados o desaparecidos fueron sindicados de ser guerrilleros. El jefe paramilitar Carlos Castaño, que hacía favores a granel al gobierno y a la clase política de Córdoba, reconoció que la muerte de Alonso María Jarupia, venerable autoridad tradicional de la comunidad de Kiparado (Cruz Grande), “había sido a todas luces un asesinato” y manifestó que el no iba a seguir haciéndole mandados a Urrá.
3. La debilidad del recién creado Ministerio del Medio Ambiente, bajo la dirección del inexperto, glamoroso y excelente fotógrafo, Juan Mayr, que sucumbió ante la presión de la comisión quinta del Senado, de la cual hacían parte los cordobeses Salomón Nader y Julio Manssur, el sucreño Julio Cesar Guerra Tulena, el cesarense Pepe Gnecco Cerchar, y el paisa Mario Uribe, que con su primo Álvaro se interesaban por las fértiles tierras de las sabanas de Córdoba.
4. La intimidación del poderoso Ministerio de Minas y Energía que era el que establecía las prioridades, producía las decisiones y armaba los tinglados contra el medio ambiente. No es raro entonces que Juan Mayr haya expedido la licencia de funcionamiento, basándose en estudios ambientales de bolsillo, consultas arregladas y otras farsas. Miremos a grandes rasgos como fueron los artificios de este procedimiento fraudulento.
El proyecto Urrá estuvo rodeado de especiales condiciones en la política pública del país en la década del noventa:
1. La transición del INDERENA al Ministerio del Medio Ambiente. Esto significó minimizar y fraccionar el proyecto, lo cual representó desventajas a las comunidades, puesto que se puso a marchar un proyecto de colosal tamaño, sin informar, consultar y concertar con nadie y se extendió para tal efecto la licencia para el desvío de río, túneles, construcción de la presa, carreteables y demás obras. Posteriormente se exhibió que la ley 99 en sus artículos 49 y 52 eran un problema para continuar con tal obra de desarrollo.
2. El decreto 1320 de 1998 o de consulta a las comunidades étnico-territoriales, el cual de entrada debió retirarse como marco para la consulta, pero que si hizo mella para acciones posteriores.
3. La sentencia T 652 de 1998 frente a la consulta, participación y afectación de la integridad de los pueblos indígenas en proyectos de desarrollo. Esta sentenció sentó un precedente positivo en la jurisprudencia sobre desarrollo, participación y minorías étnicas en Colombia.
Llevar a cabo este proyecto fue prioridad de los gobiernos nacional y regional y en ese sentido se reformaron los esquemas contemplados en la consulta a las comunidades indígenas y también se presentaron casos únicos en el licenciamiento del proyecto.
La ultima acción llevada a cabo por el proyecto en todas sus fases, fue la consulta y el licenciamiento, estando ya el proyecto listo. El itinerario fue el siguiente:
1. El gobierno nacional aprueba en el Plan de Expansión Energética la construcción del proyecto multipropósito Urrá, desconociendo las consideraciones ambientales y la situación de vulnerabilidad de las comunidades embera existentes en la zona. Recomendaciones hechas por estudios realizados por CORELCA (empresa energética del Caribe colombiano) en años anteriores, fueron desestimados.
2. Se declara la zona de utilidad pública, a pesar que esta y el proyecto en mención, traslapaban claramente el entonces resguardo Karagabí, la reserva indígena de Río Verde, el parque nacional natural Paramillo y su zona de amortiguación.
3. Se inicia la construcción de las obras del proyecto con una licencia parcial. Los embera no son tenidos en cuenta. Obras de tanto impacto como el desvío del río Sinú para hacer los túneles, los carreteables y demás obras de la presa se hacen normalmente.
4. La empresa Urrá solicita la licencia para el llenado del embalse al Ministerio del Medio Ambiente, apoyándose en la presión de manera permanente de los políticos caribeños (de Córdoba especialmente) y en el Ministerio de Minas, sin detener obras y con endeudamiento permanente apoyado por el Gobierno de la época (Ernesto Samper).
5. Urrá, con el apoyo del Ministerio del Interior y de la clase política costeña, ejecuta estrategias dirigidas a debilitar la defensa del territorio que emprenden los embera y surgen las divisiones al interior de la comunidad, alentada por los asesores de la empresa. La división tiene por fin debilitar al pueblo embera y agilizar la negociación con la empresa.
6. Se realiza el pre-embalse de la represa.
7. Se lleva a cabo la farsa de la consulta y negociación con los embera en septiembre de 2000. La negociación y consulta se hace con dos grupos de indígenas, en espacios distintos y con acuerdos distintos.
8. Finalmente, se expide la licencia ambiental y se da inicio al llenado del embalse en octubre de 2000.
Fue un error pensar que amparados en la ley, los indígenas podían impedir la realización de un proyecto que beneficiaba intereses particulares de una clase política poderosa y excluyente.
Los indígenas al oponerse a este tipo de proyectos, cuyos impactos lesionan gravemente el territorio, el medio ambiente y las economías comunitarias, son considerados como “el perro del hortelano” (ni come ni deja comer) que es el síndrome, que según el presidente del Perú Alan García, sufren los indígenas que se oponen a la exploración petrolera que afecta gravemente la selva, lagunas y ríos de sus territorios.
El presidente Uribe piensa igual. Y aunque es cierto que el caudal de favorabilidad que tiene le permite hablar con seguridad de la construcción de Urra II, también es cierto que ya Salvatore Mancuso esta guardado en Estados Unidos, Carlos Castaño ya no es de este mundo y los áulicos defensores de Urrá en el congreso están o muertos (Salomón Nader), o presos (Mario Uribe) o en la mira de la Corte Suprema de Justicia como mentores del paramilitarismo (Julio Manzur, Julio Cesar Guerra Tulena, Pepe Gnecco Cerchar y un largo etcétera). El tigre entonces esta amarrado y el burro esta suelto, bien herrado y con ganas de quitarse el yugo. Se tiene además una enjundiosa experiencia y mejores conocimientos sobre los riesgos e impactos ambientales y socioculturales de este tipo de proyectos. La pelea para impedir que se construya Urrá II puede irse equilibrando, aunque en el firmamento de Paramillo revolotean las águilas negras, esperando ordenes para terciar en la contienda.
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