CORPORACIÓN
GRUPO
Suscribase por $45.000 a la revista Semillas y reciba cuatro números, dos por año
La represa de la Salvajina está ubicada al suroccidente de Colombia y al noroccidente del departamento del Cauca, en los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires. Cubre una extensa área que abarca una longitud de 23 kilómetros, 400 metros de ancho y 150 metros de profundidad.
La cuenca hidrográfica del río Cauca, en los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires, ha sido rica en oro, explotada desde el año 1600 por los españoles, quienes trajeron directamente de África gran número de esclavos, para explotar las tierras y las minas, donde viven actualmente sus descendientes quienes han conservado sus valores e identidad cultural. Después llegaron a esta región norteamericanos sedientos de oro a explotar por varias décadas las minas con dragas, permitido directamente por la presidencia de la República, quienes además cobraban a la misma gente de la región por ocupar y trabajar sus propias tierras. Posteriormente en el año 1932 los norteamericanos le vendieron el permiso de explotación a la familia Garcés Giraldo, quienes a su vez en el año 1950 le vendieron estas tierras al departamento del Cauca, quien las legalizó adjudicando a los pobladores que ya tenían posesión desde tiempo atrás.
Se construye en 1920, el ferrocarril que comunicaba a Suárez entonces corregimiento del municipio de Buenos Aires, luego con Morales, Piendamó y Popayán, siendo la única vía para comunicarse con el resto del país. La vía carreteable de Timba – Suárez fue construida por los norteamericanos y en 1977 la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC) continuó la construcción de varias obras viales, por que tenía proyectado la construcción de la hidroeléctrica. La vía Suárez-Morales fue construida por Caminos Vecinales, con aporte de la Federación Nacional y el Comité departamental de cafeteros.<br />
La CVC, entonces con radio de acción en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, como institución operante del manejo ambiental, desarrolló programas de manejo de cuencas hidrográficas y recursos naturales, asistencia técnica para el mejoramiento de la actividad productiva y capacitaciones a las poblaciones asentadas en su jurisdicción, en el mejoramiento social y en la conservación, manejo y uso adecuado de los recursos naturales. A finales de la década de los años 70`s y comienzo de los 80`s, dentro de sus políticas de generación de energía eléctrica, empezó la construcción de la represa de la Salvajina, creando gran expectativa, donde llegó gente de diferentes partes del país, buscando una oportunidad de trabajo, unos instalando negocios de venta de comidas, víveres, licores y otros trabajando directamente en la obra durante cinco años. Para las comunidades de la región también se creaba expectativas para toda la vida, por que el argumento era invitando a las “comunidades al desarrollo” en una forma integral; construyendo obras de infraestructura escolar, salud y sus dotaciones respectivas, carreteras con afirmado y obras de arte, puentes y electrificación. En la actividad productiva hablaban de apoyar la planificación del manejo del uso potencial de los suelos y la apropiación para el mejoramiento de la producción.
En la confluencia de los ríos Cauca e Higuito, entre otros, comenzó la compra de fincas y parcelas a las familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes desde ese momento sintieron que les quitaban un pedazo de su vida, al ver arrasadas sus plantaciones de plátano, café, frutales y otras fincas que estaban en la zona de ladera con la construcción de las carreteras por la parte alta, que arrastró una gran cantidad de tierra y roca que los tapó. El otro sentimiento fue al ver que sus casas empezaron a ser destruidas, sentir que allí los vieron nacer y crecer y ahora era el sitio para la construcción de la hidroeléctrica, también vieron que las minas de oro quedaron sepultadas para siempre bajo toneladas de roca y miles de millones de metros cúbicos de agua.
Para cumplir con las promesas de desarrollo hechas a la comunidad ubicada en el entorno a la represa de la Salvajina por parte de la CVC y del Estado, después de una movilización de las comunidades afectadas, se reúnen en la gobernación del Cauca entre los días 12,13,14,15 y 16 de agosto de 1986, los señores: Carlos Ossa Escobar, Consejero Presidencial para Asuntos de Rehabilitación, Víctor Gómez Gómez, gobernador del departamento del Cauca, Oscar Mazuera González, director ejecutivo de la CVC, Guillermo Regalado, director técnico de la CVC, Pedro José Illera Maya, jefe de bienes de la CVC, Lesterz Gutiérrez, director de cuencas y recursos naturales de la CVC, Jaime Rehenes Mateho, subgerente jurídico del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, Leonor Quintero de Amézquita, Procuradora Regional de Popayán, los alcaldes de los municipios de Morales, Buenos Aires y delegados de las comunidades campesinas indígenas, gobernadores indígenas y el presidente de la Asociación Prodamnificados por la represa de la Salvajina.
En ésta reunión se acordaron soluciones concretas a través de un plan de desarrollo integrado para la región y se suscribió un acta que contiene el pliego petitorio de las comunidades en los siguientes aspectos: vías de comunicación y transporte, puentes, carreteras, instalación de planchones para facilitar el paso a lo ancho del lago y para el transporte a lo largo del embalse; el gobierno departamental del Cauca se comprometió a entregar a la comunidad dos botes taxis y la CVC, dos buses acuáticos para carga y pasajeros; la CVC a construir doce embarcaciones; para el transporte terrestre; el Consejero Presidencial a conseguir un camión para el transporte de la comunidad afrodescendiente entre el desembarcadero vecino a la represa y a la población de Suárez y dos camiones para el sector indígena de la zona del embalse; también se comprometió a averiguar las causas por las cuales se suspendió el servicio del ferrocarril entre Cali y Suárez y las posibilidades de reiniciarlo; en caso positivo la CVC, debía reinstalar los rieles en forma inmediata.
• En educación la CVC, el ICCE y la Secretaría de Educación del Cauca, debían construir cerca de veinticinco escuelas y cuatro colegios y el Consejero Presidencial haría gestión para conseguir la creación y reposición de las cuarenta y seis plazas para el funcionamiento de estos establecimientos educativos.
• En el área de Salud, la CVC construiría puestos de salud en San Vicente, Chimborazo y Agua Negra y la dotación estaría a cargo del Servicio de Salud del departamento del Cauca; la gobernación del Cauca aportaría recursos para construir y dotar el puesto de salud en el Bajo Naya; la seccional de salud haría el diseño de un plan de salud para la región y se haría un convenio entre la CVC y el servicio de erradicación de la malaria (SEM) para la fumigación periódica de la zona.
• En acueductos la CVC y el gobierno nacional dotarían de acueductos a las veredas de la Turbina, Tamboral, Pueblo Nuevo, La Toma, San Vicente, Arenal, San Cristóbal, Santa Bárbara, San Isidro, Santa Rosa, San Roque y las veredas del resguardo de Honduras, Alto Rico, Agua Blanca, El Manzano, Poreto, Badeas, Santana, La Meseta, Senderito, El Paraíso y la escuela de Liberia, Mindalá, Vista Hermosa, La Vetulia, Portugal, Lomitas, San José y El Mesón.
• En cuanto a letrinas y tratamiento de desechos, se comprometieron con un programa de letrinaje paralelo con la construcción de acueductos.
• En telefonía, el gobierno y Telecom instalarían teléfonos rurales en Alto Rico, La Meseta, Mindalá, Arenal, resguardos de Chimborazo y Honduras, además de una línea manual a la escuela de Liberia conectada con la línea de Chimborazo.
• En electrificación, la CVC garantizaría un suministro confiable de energía y reemplazar el sistema de distribución de energía para el casco urbano de Suárez y CEDELCA instalaría la línea de transmisión en Santander de Quilichao y la correspondiente subestación; la electrificación rural quedó a cargo de CEDELCA, invirtiendo recursos generados por la Salvajina, principalmente en el área del embalse, aplicando la ley 56 de 1981; para electrificar la zona rural del margen izquierdo del embalse, se construiría una línea de alta tensión con créditos de la financiera eléctrica nacional (FEN), cuya amortización sería aplicando la ley 56 de 1981; además se comprometieron a definir en un término de tres meses, el tiempo en el que electrificarían los resguardos indígenas de Chimborazo, Agua Negra y Honduras y en un año determinarían el plan global de electrificación en la zona de influencia del embalse.
• En producción y empleo, la CVC, debía entregar al INCORA aproximadamente 1000 hectáreas. de tierra para la reubicación de los campesinos desplazados por el embalse. El INCORA hoy INCODER, adelantaría programa de parcelación para los campesinos de las comunidades afectadas en un plazo de dos a tres meses e incluía créditos y asistencia técnica. Para el funcionamiento de la cooperativa de producción y mercadeo ubicada en los antiguos campamentos de la CVC en Suárez, sería mejorado y entregado a la alcaldía municipal de Buenos Aires, el cual se obligaba a entregarlos a la Asociación Pro-Damnificados y la cooperativa tramitaría la consecución de capital de trabajo. La Procuraduría se comprometió a investigar sobre pagos engañosos a los propietarios desalojados. La CVC adquirió el compromiso de gestionar una consulta ante el Consejo de Estado “para determinar si procede legalmente el pago de la prima de reubicación familiar en los casos de parcelas de casa de habitación y la prima de negocios, figuras ambas contempladas en la ley 56 de 1981, los términos de la consulta serían redactados conjuntamente con los abogados de la Asociación Pro-Damnificados”. La CVC instalaría equipos y estaciones metereológicas y apoyaría la capacitación para el manejo de estos por los miembros de la comunidad.
• Minería, pesca y reforestación, el gobierno y la CVC, comprarían tierras con potencial aurífero en Tijeras, El Hato – frente a San Vicente, El Bosque, Pueblo Nuevo, Tamboral, Maraveles, La Turbina, Ovejas, San Francisco, Matecaña, Machaqueo y La Estrella, para la Asociación de Mineros Independientes. La CVC, haría la apertura de vías hacia los sitios de explotación definidos en los estudios, montaje de equipos y asistencia técnica para la explotación minera. La CVC, se compromete a entregar un espacio para tal efecto, en las antiguos campamentos de la CVC ubicados en Suárez.
• Pescadores, balseros y areneros, en relación con la indemnización solicitada no fue posible acceder a ella por impedimentos de carácter legal, sin embargo solicitaron a la Asociación Pro-Damnificados, una relación de personas que se dedicaban a estos oficios antes del llenado del embalse, para que la CVC diera prelación y se pudieran beneficiar de los programas que se iban a desarrollar en la región. El plan pesquero en el embalse sería supervisado por la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia ANPAC. Los permisos para el aprovechamiento pesquero forestal serian atendidos por la CVC.
• Plan de Reforestación, la CVC empezó a adelantar la reforestación en el área aledaña al embalse, pero no terminó el compromiso.
• Comisión de Seguimiento(1) , el gobierno nacional se comprometió a nombrar una comisión asesora para la búsqueda de soluciones a los problemas que afectaran a los habitantes que vivían entorno al embalse y sus funciones eran:
1) Velar porque los acuerdos y planes consignados en el acta sean ejecutados en su totalidad.
2) Analizar, proponer e implementar planes generales o proyectos específicos de desarrollo o de servicios.
3) Proponer medidas de carácter legal a nivel Nacional o Departamental y garantizar la asignación de recursos a la solución de problemas que alteren o desmejoren las condiciones de vida de la comunidad que habite esta área.
4) Mantener relación con las comunidades y autoridades responsables de la elaboración y ejecución de los planes que adopten.
De todos los compromisos adquiridos por parte de la CVC y el gobierno departamental y Nacional, han cumplido el 40%. Esto significa que no ha habido ningún interés por parte de las entidades del Estado para solucionar los problemas de las comunidades damnificadas por la construcción de la represa de la Salvajina. Para la gente esta obra les ha generado más problemas que beneficios, por que en época de alto verano el lago se seca y no tienen posibilidad de transportarse ni en planchón, ni en lancha. La población proveniente de diferentes regiones, como Tierradentro y las poblaciones de la parte baja del resguardo de Honduras, confluyen a Puerto Cabildo y no logran pasar a la otra orilla del Lago, teniendo que transportar los productos que compran y venden en la espalda, caminando largo trayecto hasta encontrar el lago alto con suficiente agua para pasar al otro lado. Lo mismo ocurre con los que llegan de la cabecera municipal de Morales a la vereda de Santa Bárbara - Salvajina.El 50% de las viviendas ubicadas en torno a la Salvajina, carecen de electrificación y el 50% que tienen energía es de mala calidad, la comunidad reclama que de los treinta días del mes, sólo reciben el servicio nueve días.
Finalmente la comunidad manifiesta que en los inicios para la construcción del embalse, no hubo una consulta de corresponsabilidad entre las partes y ahora no hay receptividad ni relación permanente entre la comunidad y EPSA. Por el modelo de desarrollo que ha impulsado la empresa, no se cumplió con las expectativas creadas en la generación de empleo, mas bien han abandonando a la gente con muchas necesidades creadas y sin un plan de manejo ambiental, cultural, social y económico.
(1)Esta comisión estaría integrada por: 1) Consejero Presidencial para la Reconciliación, Normalización y rehabilitación Nacional o su Delegado; 2) El Director Ejecutivo de la CVC. o su delegado, 3) El gobernador del Cauca o su Delegado; 4) El Procurador Regional del Cauca; 5) El Contralor Departamental; 6) Dos Delegados de la Asociación Pro-Damnificados por la Represa de la Salvajina; 7) Dos representantes de las Comunidades Indígenas; 8) Un Asesor de las Comunidades Campesinas; 9) Un Asesor de las Comunidades Indígenas; 10) Dos delegados de otras organizaciones que representen otras comunidades”. La comisión era de carácter indefinida, la reunión la convocaría el Consejero Presidencial a solicitud de los delegados, en la primera semana de cada mes. Esta acta para su validez fue firmada en Popayán a los diez y siete (17) del mes de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986), así: Carlos Ossa Escobar; Víctor Gómez Gómez; Oscar Mazuera Gonzalez; Jaime Rehenes Matehieu; Leonor Quintero de Amézquita; Oscar Bernardo Mosquera; Mancel de Jesús Ibarra; Gersaín Chocue; Jesús Caviche; Juan José Flor; Alvaro Tombe.
Calle 28A No. 15-31 Oficina 302 Bogotá Teléfono: (57)(1) 7035387 Bogotá, Colombia. semillas@semillas.org.co
Sitio web desarrollado por Colnodo bajo autorización del Grupo Semillas
MAPA DEL SITIO | CONTACTENOS