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Contexto

La Reforma Rural Integral

Los acuerdos de paz le han abierto la posibilidad a la sociedad colombiana de plantear nuevas alternativas para la construcción de país, especialmente en los territorios más afectados por las dinámicas del conflicto armado y la violencia generalizada durante más de cincuenta años.

El primer punto de los acuerdos prioriza los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono a través de los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial –PDET- con el fin de resolver algunas de las dimensiones estructurantes del conflicto armado, como lo es la cuestión agraria y territorial en Colombia. Para ello ha formulado una serie de estrategias consideradas fundamentales para llevar a cabo la Reforma Rural Integral, que presta especial atención al tema de uso, acceso, tenencia y formalización de la propiedad. A su vez contiene estrategias para el desarrollo rural de las comunidades, la coexistencia entre diferentes actividades productivas y los mecanismos de participación y negociación necesarios para que los objetivos de esta reforma lleguen a materializarse en dichos territorios.

 

Si bien el acuerdo plantea una Reforma Rural Integral que reconoce a las comunidades étnicas y campesinas y le dé prioridad al fortalecimiento de sus formas de organización, de ordenamiento territorial, sus economías propias, que las proteja de las consecuencias de la inserción del país en las dinámicas de los mercados internacionales de commodities y el libre comercio, el acuerdo promueve con marcada tendencia el desarrollo rural como estrategia para la transformación del campo, por encima de una reforma agraria que redefina las relaciones sociales de producción, desconcentre la tierra y el poder político asociado a esta.

De hecho, uno de los principios rectores del primer punto del acuerdo es el desarrollo integral del campo, es decir que esta reforma rural integral adelantada en el marco de una economía globalizada deberá impulsar las diferentes formas de producción existentes –agricultura familiar, comercial de escala, la agroindustria, turismo-, la competitividad, el flujo de inversión en el campo y el fomento de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción como condiciones para el desarrollo rural.

En el punto 1.3.3.6 respecto a la asociatividad, el gobierno se compromete a fomentar y promover la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, procesadores, comercializadores y exportadores para garantizar una producción a escala y competitiva insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores.

Para ello se prevén estímulos a la producción agropecuaria a partir de subsidios, créditos, programas de asistencia técnica, tecnológica y jurídica, compras públicas de cosechas, la protección de las semillas criollas y los bancos de semillas para que las comunidades puedan acceder al material de siembra, así como el control ambiental y sanitario a los cultivos transgénicos con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.En el punto 1.3.3.6 respecto a la asociatividad, el gobierno se compromete a fomentar y promover la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, procesadores, comercializadores y exportadores para garantizar una producción a escala y competitiva insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores.

Para ello se prevén estímulos a la producción agropecuaria a partir de subsidios, créditos, programas de asistencia técnica, tecnológica y jurídica, compras públicas de cosechas, la protección de las semillas criollas y los bancos de semillas para que las comunidades puedan acceder al material de siembra, así como el control ambiental y sanitario a los cultivos transgénicos con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.

Es de resaltar que al menos para estos puntos, la normatividad vigente condiciona las medidas de protección a la economía campesina debido a las figuras de asociatividad vertical plasmadas en la Ley 1776 de 2016 o Ley Zidres, los requisitos sanitarios y fitosanitarios bajo esquemas de producción convencional tecnificada y los esquemas de certificación de semillas (Resolución 3168 de 2015 del ICA), que ponen en situación de desventaja los sistemas productivos campesinos respecto a los empresariales.

En este sentido y pese a que desde la mesa de negociación se estableció que el modelo de desarrollo no está en discusión, se hace indispensable abordar las cuestiones centrales asociadas al modelo con el fin de construir y consolidar las bases democráticas para el pos-acuerdo y la implementación de las medidas acordadas, teniendo en cuenta los impactos sociales y ambientales que se pueden generar sobre las pequeñas economías campesinas, el ambiente y los territorios rurales por el desarrollo de grandes proyectos de inversión agroindustriales y extractivistas impulsados desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

Más aún cuando la transformación del campo en el PND promueve líneas estratégicas[1] destinadas a incentivar los sistemas de producción agroindustrial a gran escala (especialmente para biocombustibles y forestales), la innovación con tecnología de punta, el mercado de tierras con seguridad jurídica y la asociatividad entre empresarios y trabajadores rurales. 

Si bien la Reforma Rural Integral, de acuerdo con las delegaciones de gobierno y las FARC, contribuye a solucionar las causas históricas del conflicto armado, como lo son la cuestión de la propiedad de las tierras, la distribución, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, hay contradicciones con las actuales políticas de gobierno diseñadas a partir de los estándares de la OCDE que favorecen la competitividad y multinacionalización y no contribuyen a la construcción de paz desde la equidad y el fortalecimiento de las pequeñas economías rurales (Posso, 2015).  

 

 

El desafío político de construir paz territorial en Colombia  

La construcción de paz en el pos-acuerdo requiere afrontar el conflicto ambiental, social y armado, desde el desafío político de promover la democracia, la participación efectiva en la elaboración de una agenda agraria, la garantía de la soberanía alimentaria, la dignidad y autonomía de los pueblos históricamente marginados, la protección de la naturaleza y la adaptación a las nuevas dinámicas climáticas y ecológicas. Sin embargo, el fortalecimiento de la participación política de las comunidades rurales, la disminución de las desigualdades sociales y la protección de los territorios están sujetos a las prioridades que tienen los distintos actores (gobierno, insurgencia, organizaciones sociales) en sus agendas políticas y la compatibilidad de los acuerdos de paz con el contexto social, económico y político actual. 

Es justamente allí donde la concreción de la paz territorial en Colombia encuentra su mayor limitante, debido al favorecimiento político que tienen las agroindustrias, la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras y el extractivismo. De hecho, las políticas públicas para el desarrollo rural perfiladas para el periodo del pos-acuerdo ni siquiera incorporan las consideraciones ambientales y distributivas necesarias para la desconcentración del poder político, económico y por el contrario, estimulan el crecimiento de las actividades industriales y la expansión de las zonas destinadas a la explotación de la naturaleza (Salgado, 2015). Muestra de ello es el aumento de las áreas sembradas con cultivos transgénicos, el impulso a los paquetes tecnológicos, la implementación de leyes de propiedad intelectual a las semillas, el incentivo a la producción de agrocombustibles y plantaciones forestales comerciales, así como el aumento de los proyectos de extracción minera como base para el crecimiento económico y desarrollo nacional, amenazando la base natural y social del campo y poniendo en riesgo la agricultura campesina y comunitaria, en lugar de fortalecerla.   

En este punto, Fajardo (2014) puntualiza cómo los procesos de apropiación de tierras campesinas y baldías han beneficiado a la agroindustria, al extractivismo y a los proyectos de infraestructura. En consecuencia, el pos-acuerdo al que le apuesta el gobierno está dirigido a perpetuar la hegemonía de los grandes dominios territoriales mediante iniciativas como el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Paz, equidad, educación y la figura de las Zidres (Zonas de Desarrollo Rural, Económico y Social), que se encuentran alineadas a las directrices de la política económica global.

En estas circunstancias y pese a que en el escenario actual se continúe haciendo uso del discurso de la reforma agraria y la restitución de tierras, los proyectos de vida campesinos, indígenas y afrocolombianos siguen condicionados por la desventaja que tienen para disputar en el escenario político con los poderes del sistema de producción empresarial (Machado, 2009). En este punto, Fajardo (2014) puntualiza cómo los procesos de apropiación de tierras campesinas y baldías han beneficiado a la agroindustria, al extractivismo y a los proyectos de infraestructura. En consecuencia, el pos-acuerdo al que le apuesta el gobierno está dirigido a perpetuar la hegemonía de los grandes dominios territoriales mediante iniciativas como el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Paz, equidad, educación y la figura de las Zidres (Zonas de Desarrollo Rural, Económico y Social), que se encuentran alineadas a las directrices de la política económica global.

Este contexto plantea interrogantes fundamentales sobre la capacidad de las comunidades para defender sus territorios. Los escenarios de desarrollo futuros promueven un modelo que incentiva los proyectos extractivistas, amenazando los ecosistemas y la existencia misma de las comunidades rurales, quienes cuentan solo con apoyos asistenciales que los marginalizan y aíslan a una vida de oportunidades limitadas (Posso, 2015). De los esfuerzos que las comunidades realicen para implementar estrategias alternativas para el cambio social, de transformación de las relaciones de producción, que incorporen el cuidado del ambiente, dependerá el alcance del proyecto político campesino, étnico y popular como realidad en Colombia.

Es justamente en el proceso de implementación que las propuestas de las comunidades rurales, con larga tradición epistemológica y política en relación con el equilibrio entre la producción y el ambiente (Martínez-Alier, 2015), encuentran una oportunidad, dadas las posibilidades que abren los acuerdos. Es así como el reconocimiento de las diferentes formas de territorialidad campesina, especialmente al impulso de las Zonas de Reserva Campesina –ZRC-, los apoyos a los proyectos de vida de las comunidades rurales, acceso al fondo de tierras, a los factores productivos acordes con sus formas de vida e impulso a sus economías propias, son un punto de partida importante para que las organizaciones materialicen sus propuestas la construcción de paz territorial.  

Ahora bien, para que la transformación del campo tenga verdaderas posibilidades de concretarse, se requiere no solo de una estructura y un funcionamiento del Estado orientado hacia la sostenibilidad del desarrollo rural, sino de la permanente movilización y presión por parte de las organizaciones sociales para que la implementación de dicho acuerdo corresponda con sus reclamaciones y reivindicaciones históricas. Esta movilización social debe orientarse no solo a garantizar que las leyes que se aprueben vía fast track garanticen la implementación de la reforma rural integral concebida en los acuerdos, sino que permitan ampliar el espectro político en defensa de las economías campesinas, las comunidades rurales y sus medios de vida.

El papel de las organizaciones campesinas y del Estado como agente de transformación social será fundamental, especialmente para garantizar la existencia de las formas alternativas de organización, de producción y de ordenamiento territorial, necesarias para la recomposición del tejido social afectado por el conflicto ambiental, social y armado.

En este sentido, entre los muchos retos de la construcción de paz, está el de propiciar las condiciones que garanticen la estabilidad de las comunidades rurales, la sostenibilidad ambiental en el ordenamiento de los territorios y la coexistencia entre las agroindustrias y las agriculturas alternativas locales, sin condicionar o debilitar aún más a éstas últimas.  El papel de las organizaciones campesinas y del Estado como agente de transformación social será fundamental, especialmente para garantizar la existencia de las formas alternativas de organización, de producción y de ordenamiento territorial, necesarias para la recomposición del tejido social afectado por el conflicto ambiental, social y armado.

Por último, mientras que la dominación del mercado mundial continúe devastando al ambiente y acentuando los conflictos ambientales, las propuestas alternativas desde las organizaciones sociales de base seguirán siendo una opción política para el país por el beneficio que representan para las poblaciones locales, especialmente en el fortalecimiento de las relaciones sociales de producción tradicional frente al modelo agroindustrial, el manejo adecuado de los ecosistemas, el fortalecimiento de la autonomía y soberanía alimentaria y la reivindicación de conocimientos tradicionales y comunitarios como estrategia para la defensa y transformación territorial.

 

Artículo basado en: Mateus, L (2016). La agroecología como opción política para la paz en Colombia. Trabajo final de maestría. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 

 

Referencias

Fajardo, D. (2014). Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Machado, A. (2009). La Reforma rural: una deuda social y política. Bogotá D.C.

Martínez-Allier, J. (2015). El ambientalismo y ecologismo Latinoamericano. En F. de Castro, Gobernanza Ambiental en América Latina (págs. 39-73). Buenos Aires: Fluxus Estudio.

Posso, C. (2015). La paz en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Bogotá D.C.: Arfo Editores.

Rodríguez, B. (junio de 2015). Economías para la paz en medio de la guerra: el reto de la economía social. Recuperado el 13 de octubre de 2016, de Grupo Semillas: https://semillas.org.co/es/publicaciones/el-tema-de-tierras-y-desarrollo-rural-en-el-acuerdo-preliminar-para-la-terminaci