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La reforma agraria constituye uno de los desafíos más persistentes en la historia colombiana. Representa la aspiración de transformar la estructura agraria del país mediante la redistribución equitativa de la propiedad rural, buscando reducir la concentración histórica de la tierra que ha caracterizado a Colombia y ha contribuido a la emergencia del conflicto armado y las desigualdades territoriales. A diferencia de las reformas redistributivas -que alteran la estructura de propiedad existente mediante la expropiación o redistribución de tierras privadas-, Colombia ha implementado principalmente reformas distributivas, centradas en la adjudicación de baldíos y la colonización de nuevas tierras, sin lograr transformar la estructura agraria concentrada. Tras setenta años de intentos fallidos de reforma agraria, que incluyen desde la Ley 200 de 1936 hasta la Ley 160 de 1994, el país enfrenta la persistencia de factores estructurales que han obstaculizado históricamente estos procesos: el poder político de las élites terratenientes organizadas en gremios como Fedegán y SAC, el conflicto armado que ha resultado en el despojo sistemático de 6 millones de hectáreas, la debilidad institucional crónica evidenciada en el desmantelamiento de la institucionalidad agraria, y un modelo económico extractivista que favorece sectores minero-energéticos y agroindustriales sobre la economía campesina familiar, étnica y comunitaria.
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