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La paz y la reconciliación: una mirada desde las Zonas de Reserva Campesina

Justo ahora, cuando los señores oportunistas de la guerra reclaman más sangre, cuando nuestros jóvenes son usados como carne de cañón para que sus cuerpos muertos sirvan de obstáculo en el camino de la paz, vale la pena preguntarse qué significado tiene la reconciliación en los campos de Colombia.<br />La reconciliación de los colombianos en condiciones de paz con justicia social, es sin duda el reto e imperativo ético más importante que afronta la sociedad colombiana. El desencuentro regional y de clase que nos caracteriza, ha hecho de nuestro país un escenario de conflictos que no se resuelven durante décadas y que nos llevó a una larga guerra de enormes consecuencias sociales y humanas. El conflicto colombiano tiene un carácter, político, social y armado que deviene de la sistemática exclusión y del fallo de reconocimiento que padecen grandes sectores de la sociedad colombiana. La exclusión y la falta de reconocimiento permite que una élite poderosa se beneficie de la acumulación del capital mientras que las mayorías padecen de la falta o la mala calidad de la educación, la salud, la energía, la integración vial, las comunicaciones, el saneamiento básico y de una relación formal entre el capital y el trabajo con garantías sociales en el campo.

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El campo es el escenario donde las contradicciones que generaron el conflicto se viven con mayor intensidad. La contrarreforma agraria que expulsó a más de cinco millones de colombianos del campo y que los despojó de cerca de 8 millones de hectáreas en los últimos 15 años, manifiesta claramente el problema: acumulación por desposesión violenta, falta de acceso a la tierra, informalidad en la propiedad, carencias de políticas públicas y de modelo de desarrollo agrario integral, precaria inversión social, injusticia, ilegitimidad del Estado, falta de soberanía e inseguridad. La construcción de la paz en el campo que garantice la reconciliación pasa necesariamente por una reforma agraria integral, el reconocimiento de los derechos campesinos a través de zonas de reserva campesina (ZRC), la ampliación de derechos territoriales para negros e indígenas, la protección ambiental, las garantías para la economía campesina y un ordenamiento territorial incluyente.

Las ZRC son una iniciativa agraria de paz y una oportunidad para construir las condiciones para la reconciliación en el campo, las ZRC son el acumulado de la lucha por la tierra de un sector importante del campesinado colombiano y son la única fórmula reconocida en la ley 160 para solucionar los problemas de acceso a la tierra, de formalización de la propiedad, de ordenamiento productivo, territorial y ambiental, de consolidación de la economía campesina. Tienen un mecanismo apropiado que limita la extensión de la propiedad representado en la Unidad Agrícola Familiar – UAF, un antídoto contra el latifundio, y un instrumento que convoca la presencia efectiva del Estado con políticas públicas, nueva institucionalidad e inversión social: el Plan de Desarrollo Sostenible.

Como están concebidas, las ZRC son el inicio hacia la reforma agraria. Si el Estado cumpliera la ley serían la figura ideal para lograr la sustitución de los ingresos derivados de los cultivos declarados ilícitos, solucionar los conflictos con las áreas protegidas, detener la expansión de la frontera agrícola, controlar el desplazamiento de las masas campesinas hacia la ciudad y la forma de integrar las regiones marginadas a los centros urbanos mediante la producción agropecuarias y el mercado con garantías.

Las ZRC, junto a los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras, son un aporte fundamental al ordenamiento territorial incluyente que el país requiere, lo que sugiere que son un instrumento viable para solucionar conflictos étnicos, territoriales, ambientales y culturales sirviendo de base para proponer soluciones a estos conflictos mediante el diálogo y la concertación que lleven a escenarios interculturales de reconciliación y convivencia. Las ZRC defienden el territorio mediante la organización, la cohesión social y la autonomía, con mecanismos de participación política directa, que confrontan modelos de desarrollo extractivista que destruyen la vida campesina y la naturaleza.

La territorialidad campesina debe corresponderse con un modelo de desarrollo rural que ponga en el centro el respeto por la vida humana y la naturaleza, que regule el extractivismo y la devastación de los recursos naturales, que garantice la integralidad de los derechos del campesinado en todo el país. En la actualidad las economías campesinas controlan tan solo el 14 % de la tierra, acceden al 5 % del crédito, se les adjudica tan solo el 10 % de los apoyos productivos del Estado y el 60 % de los campesinos son pobres. Pero producen el 70 % de los alimentos del país, generan el 53 % del empleo en el campo, aportan el 40 % al PIB agropecuario, y son el soporte ambiental para la industria urbana. La economía campesina es hasta 40 veces más productiva que los latifundios ociosos, que hoy ocupan más del 30 % de la superficie del país.

La explotación de la riqueza minera, energética y de hidrocarburos deber hacerse en forma consultada, gradual, delimitada, diferenciada y revertida al desarrollo local y nacional. La explotación minera y de hidrocarburos debe garantizar la permanencia en el territorio de las comunidades agrarias, y la soberanía nacional energética, puesta al servicio de toda la sociedad. La explotación minera se desarrollará con límites de escala, tiempo, métodos, ejecutores beneficiarios. Se debe articular la política minera con el desarrollo agrario de una manera integral, mediante la redistribución de la renta minera, petrolera y energética, evitando dependencia de esta actividad y promoviendo el fortalecimiento de otros sectores productivos.

Las ZRC como inicio de un proceso de reforma agraria que solucione los problemas asociados con la exacerbada concentración de la tierra, el minifundio y el microfundio, serán un componente fundamental del ordenamiento territorial, productivo y ambiental del país. Para tal efecto se debe conformar un Sistema Nacional de ZRC que promueva la articulación de los actores involucrados en el objetivo de propiciar que las ZRC se fortalezcan como instrumento de Reforma Agraria y de superación del problema agrario colombiano. Igualmente se debe constituir un Programa Nacional de Zionas de Reserva Campesina - PNZRC, contenido dentro del Plan Nacional de Desarrollo con un articulado que explicite su papel y sus alcances. El PNZRC incluirá todos los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC, así como todas las iniciativas y proyectos de las ZRC que están en proceso de constitución.

Un eventual acuerdo de paz debe garantizar un marco de transformaciones económicas, sociales y políticas que posibilite las soluciones estructurales que el campesinado y la economía campesina requieren. Sin cambios estructurales, la sola dejación de las armas dejaría abierta la puerta a la exclusión, a la multiplicación de conflictos y a la violación continuada de los derechos del campesinado.