GRUPO
SEMILLAS

Los territorios colectivos de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó se encuentran ubicados en el oriente del departamento del Chocó, en límites con Antioquia. En zonas cercanas comunidades indígenas han hecho presencia ocasional desde épocas ancestrales, posteriormente a la conquista española las comunidades negras comenzaron a ocupar estos territorios y luego, a mediados del siglo XX, llegó población que fue desplazada principalmente del norte del país, entre otras razones por los conflictos armados que desde aquella época provocaron el destierro de los campesinos más pobres de las regiones mas ricas. Estos emigrantes tuvieron la libertad para habitar estos territorios que durante muchos años fueron observados como territorios baldíos que no le interesaban al Estado y mucho menos a los inversionistas. Allí vivieron durante varias décadas protegiendo el medio ambiente local y cubriendo ellos mismos sus necesidades básicas, mediante un manejo autónomo y armónico de su entorno; hasta el punto de que el Estado allí no hacía presencia para ofrecer nada ni para exigir nada.

Con el transcurrir de los años la región fue tomando importancia en el ámbito nacional por intereses económicos particulares apoyados por el Estado, hasta convertirse en un objetivo de grandes empresarios que bajo estrategias paramilitares y en complicidad con la Brigada 17 del ejército, en 1997 iniciaron acciones de desalojo de la región presionando para que los campesinos vendieran sus tierras con la ya tristemente famosa frase de “si usted no nos vende le compramos a la viuda”. Con el pretexto de adelantar una lucha antisubversiva ocasionaron la muerte de cerca de 150 personas y en 13 ocasiones el desplazamiento forzado de miles de familias, muchas de las cuales huyeron hacia zonas urbanas para vivir de la caridad y en condiciones que nunca antes se habían imaginado. Otros lo que hicieron fue huir hacia la selva viviendo en forma nómada, escapando de los ataques de los paramilitares y el ejercito, cargando sobre sus hombros a sus familias y literas; permanentemente poniéndose a salvo cruzando ríos y montañas.

En la medida en que los paramilitares y el ejército avanzaban en el desalojo de la población, los empresarios los seguían, primero extrayendo toda la madera valiosa de la región, luego haciendo tala rasa del bosque remanente y finalmente implantando cultivos a gran escala de palma de aceite, financiados [1]  y aprobados por el propio Estado (en esto participaron entidades como Finagro, Corporaciones Autónomas y el Ministerio de Agricultura), mediante acciones como: canalización ríos, drenado de extensos territorios, quema de casas, saqueos, robo de ganado, expulsión de la fauna de la región y construcción de vías; todo esto sobre lo que anteriormente era parte de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

Pero al mismo tiempo en que los paramilitares y el ejército avanzaban en el desalojo de estos territorios con la confianza en que sus actos serían irreversibles, sin ellos saberlo se expedían las Resoluciones [2] que reconocían estos territorios a las comunidades que lo habían habitado por más de 150 años. Las comunidades desplazadas con el paso de los meses afrontaron el terror que les había sido metido en el alma y decidieron organizarse para defender sus territorios, los que habían huido desde las tierras colectivas de Curvaradó hacia el sur, donde se encuentran las tierras colectivas de Jiguamiandó; y aquellos que habían huido hacia cabeceras municipales decidieron establecer con la ayuda de algunas organizaciones sociales, lo que hoy se conoce como “Zonas humanitarias”, que son terrenos privados dentro del territorio colectivo, donde se prohíbe la entrada de cualquier actor armado; allí las comunidades se sienten mas seguras y se afirman como población civil con derechos, porque como dice la premisa “La unión hace la fuerza” y así las comunidades viviendo en conjunto son capaces de reaccionar para protegerse de los actores armados; además respaldados por organizaciones sociales que han logrado que desde muchos países del mundo hayan personas atentas al acontecer de las comunidades.

Con el paso de los años han sido muchas las personas y organizaciones que han conocido la experiencia de resistencia de las comunidades y ha crecido el número de personas que se han vinculado a este proceso, lo que ha llevado a avanzar en la consolidación de nuevas Zonas Humanitarias reconocidas como concreción del Derecho Humanitario mediante medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuevas formas de resistencia, que permitan la protección, el retorno de los campesinos y la recuperación de sus territorios en Curvaradó y Jiguamiandó.

Son cerca de siete mil hectáreas de ecosistemas heterogéneos que han sido convertidos en monocultivos homogéneos de palma de aceite, más de trece mil en otros usos de alto impacto como ganadería y más de 31 mil hectáreas de bosque cuya madera fue robada. En la región fueron muchas las víctimas asesinadas, desplazadas y saqueadas por los actos de los paramilitares; además cientos de especies vegetales han sido erradicadas de la región y cientos de especies de fauna también desplazadas, presentándose un enorme deterioro en las condiciones físicas del suelo y de las aguas de la región. Luego de esta situación los habitantes originarios quieren retornar a sus territorios porque es allí a donde pertenecen así como el territorio les pertenece a ellos, por eso las comunidades han decidido establecer algunos mecanismos como: las Zonas Humanitarias, Zonas de Reserva de Biodiversidad y la Comisión Ética. Las primeras son un instrumento para la defensa de la vida de las comunidades y sus derechos fundamentales. Las segundas buscan la defensa del territorio en términos geográficos y ambientales mediante el establecimiento de áreas de protección en donde se adelantará la recuperación de la flora y fauna de las zonas más impactadas por los usos industriales implantados por los paramilitares, la conservación de las zonas que aún mantienen la riqueza ambiental original y la organización del territorio de manera que las comunidades puedan nuevamente vivir en armonía con el entorno. Por ultimo la Comisión de Ética, es un instrumento con el que se busca que lo que ha sucedido con estas comunidades y su territorio no quede en el olvido y se garantice la memoria de estos hechos para el mundo, mediante la puesta en marcha de una Comision de la Verdad cuyos resultados sean reconocidos y confiables para las comunidades.

La evidencia en la historia oficial

Incluso organismos gubernamentales han tenido que pronunciarse frente a la fortaleza de las evidencias, en un primer informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, publicado en marzo de 2005, indicó que el 93% de las siembras de palma se encuentran sembradas ilegalmente dentro del Territorio Colectivo de Curvaradó4. La Defensoría del Pueblo a través de la Resolución Defensorial 039 indicó que debería cesar cualquier extensión de la siembra de palma en el Curvaradó. En diciembre de 2006 a través de dos Resoluciones 2672 y 2658 [4], el Incoder, indicó que seis títulos presentados por personas afines al cultivo de palma, tienen invalidez jurídica, por lo que la Superintendencia de Notariado y Registro debe proceder a anularlos.

El Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, el 18 de julio, en el foro: “La tierra de los paras: ¿Qué tienen y qué va para las víctimas?”, señalo que 37.200 hectáreas habían sido usurpadas a las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó y Curvaradó, y agregó que, “el vuelo forestal de la palma que hay allí le pertenece a las comunidades negras”. El alto funcionario en agosto de 2006, respondió a la Revista Semana en un artículo titulado:”Palma Desplazada” que el gobierno devolvería 25 mil hectáreas que fueron usurpadas a las comunidades negras en el Chocó [5]. En este mismo sentido se pronunció en  el Noticiero CMI [6]  y la radio Todelar.

El sentido de las palabras del Ministro y las afirmaciones expresadas por funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en las que han indicando a los pobladores que pueden disponer del uso de las tierras, pues les pertenecen [7], se suma el reconocimiento de Derecho Consuetudinario, como lo indica la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo [8]  y la expedición del título colectivo a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó [9] y Jiguamiandó [10]  dando piso de legitimidad a la decisión de los habitantes de iniciar siembras de pan coger en las propiedades que han protegido, cuidado y sobre las que han exigido garantías de protección.

Las resoluciones del Incoder

La resolución 2159 del 24 de agosto de 2007, reconoció un título Colectivo al Consejo Comunitario del Jiguamiandó de 51.870 hectáreas más 9.236 metros cuadrados y la Resolución 2424 del 10 de septiembre de 2007 le reconoció a Curvaradó 42.792 hectáreas más 9.880 metros cuadrados. Así mismo, sustrajo del título colectivo los predios individuales que se inscribieron antes de concluir el trámite de titulación colectiva ocurrida en el año 2000.

Las resoluciones de la Superintendencia de Notariado y Registro

Mediante resoluciones 6286, 6523, 6525, 6526 de septiembre de 2007, la Superintendencia de Notariado y Registro del Ministerio del Interior y Justicia resolvió dejar sin valor ni efecto las anotaciones correspondientes a las escrituras públicas que se levantaron luego de las accesiones fraudulentas de los predios de Lino Antonio Días Almario, Sixto Pérez Díaz, Jeremías Durango Guisao y Luis Urango Quintero. Las tierras con título individual pasaron irregular e ilegalmente de un área total adjudicada por el Incora de 130 hectáreas con 9.768 metros a 17.719 hectáreas con 6.265 metros. Por la decisión de la Superintendencia, las 17.589 hectáreas se deben sumar o incluirse dentro del título colectivo.

Por otra parte dentro del proceso judicial 979348 por fraude procesal, en su parte motiva y en el  párrafo segundo de la parte resolutiva, indica que: “En consideración a lo dispuesto en el artículo 21 del C.P.P., que trata del restablecimiento del derecho, se dispone a oficiar a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo sostenible del Chocó - CODECHOCO, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Ambiente y a la Presidencia de la República (sic), ordenando a los Ministros, Gerentes de los Institutos mencionados y al señor Presidente de la República, por que se trata de la defensa del artículo 55 transitorio de la Constitución Nacional, en concordancia con el Numeral 3 del artículo 189 y el artículo 217 de la Constitución Nacional, que se adopten las medidas necesarias para cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan a su estado anterior, explicando que en forma irregular se han sembrado cultivos agroindustriales de palma de aceite en la propiedad colectiva de la Comunidad negra en la cuenca del río Curvarado, (sic) ubicada en Carmen del Darién (sic) Chocó, (sic) anexando copia de la resolución que adjudicó colectivamente esas tierras a la comunidad negra, aclarando que cuando se realizó la adjudicación esos terrenos pertenecían a Riosucio, por que no existía Carmen del Darien (sic)”.

Sin embargo, tal reconocimiento legal no se ha traducido en la restitución material de la propiedad. Los empresarios continúan en la extracción del corozo de la palma y en la protección de la extensión ganadera. “Ellos son la ley y el factor de poder”.

Ante el hecho inminente, probado en derecho, de la propiedad individual y ancestral se ha iniciado una fase de control social territorial, tal como se plantea en los textos del Plan de Consolidación como fase del Plan Colombia. Sectores paraempresariales e institucionales han mostrado la preocupación e interés por las condiciones de vida de las comunidades, los invitan a negociar, a llegar a acuerdos, puesto que plantean “como se va perder tanta inversión”. Además del reconocimiento exclusivamente verbal, detrás de la posible negociación de las comunidades con sus victimarios, también se podrían encontrar, el desconocimiento histórico y material de los perjuicios causados y una serie de compromisos económicos y laborales innecesarios e inconvenientes para ellas. Asumir una posición clara y decidida frente a estas circunstancias es el nuevo reto que tendrán que afrontar las comunidades.

La afirmación del derecho

Los habitantes de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad  se encuentran en grave riesgo a pesar de la desmovilización del Bloque “Elmer Cárdenas” ocurrida en el 2006. Los pobladores perciben a los desmovilizados con armas cortas, radios de comunicación, custodiando la extracción del fruto de la palma que llevan a “Extractora Bajirá S.A.” en Mutatá en camiones. En otras ocasiones, los desmovilizados, marcan los árboles de selva como primer paso de la devastación forestal. A través de los llamados “grupos emergentes” o las estructuras paramilitares llamadas “Águilas Negras” que se encuentran en Nuevo Oriente, Caño Manso, Brisas, Santa María. Allí estos grupos han configurado listas de las nuevas víctimas de asesinatos, amenazando e intimando a la población. El pasado 17 de septiembre los paramilitares realizaron un atentado contra dos promotores del Regreso, después de 7 años de desplazamiento de los habitantes de Caño Manso. Las víctimas Walberto Hoyos y Miguel Hoyos fueron heridos de gravedad con arma de fuego por los paramilitares en pleno casco urbano de Belén de Bajirá y en medio de la policía de la localidad. Igualmente otros campesinos han sido amenazados.

Enrique Manuel Petro, de la comunidad de Andalucía Caño Claro y miembro del Consejo Comunitario de Curvaradó, y uno de los líderes comunitarios, junto con toda su familia han sido amenazados de muerte por estos paramilitares. Igualmente con el apoyo de desmovilizados y agentes estatales su propiedad (habitada por éste desde hace más de 40 años, en un área de 150 hectáreas y que hacen parte del Territorio Colectivo) ha sido ocupada con camiones y maquinaria pesada para extraer palma. Esta propiedad fue sembrada en más de 90 hectáreas con palma aceitera, tres años después de que la familia fue obligada a desocupar sus tierras por tercera ocasión en el 2003 y se le impidiera  el regreso por parte de militares y paramilitares. La propiedad es reconocida por la representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó con base en la Resolución 02809 del 22 de noviembre de 2000. Las mismas empresas palmicultoras en un documento de transacción firmado por el gerente de Urapalma, Javier Daza, refrendado por el general Pauselino Latorre, uno de los comandantes de la Brigada 17 del Ejército, reconocen el 5 de agosto de 2004, que la mejora es de Enrique Manuel Petro e incluso asumen el compromiso de un pago por daños causados. En las mejoras de la propiedad de éste campesino, ya iniciaron la resiembra de sus productos de pan coger como un intento de satisfacción del Derecho a la alimentación, del que se han visto negados en los últimos 10 años. La siembra ilegal de palma dentro de sus tierras, como los incumplimientos en materia humanitaria de parte del gobierno, y el desarrollo de un proceso de deslinde y delimitación, ha sido aprovechada por los empresarios en apoyo con paramilitares para evitar la restitución de la propiedad; esta situación ha motivado a la comunidad a tomar la decisión de recuperar sus tierras y establecer resiembras.

La familia afrocolombiana Renteria ubicada en la comunidad de Cetino, cuenta con una extensión de 128 hectáreas ubicadas en Curvaradó y La comunidad de Camelia. Ésta familia también ha sido hostigada por estas estructuras armadas cuando ha ejercido su derecho a la propiedad. Éste territorio fue apropiado por la empresa Urapalma y Agropalma, después del asesinato de Jose Alberto Mosquera, el 22 de diciembre de 1997. Con este crimen y el abandono de la propiedad, los paramilitares se apropiaron de 60 hectáreas de plátano, deforestaron 30 hectáreas de selva primaria, protegida por estos afrodescendientes desde 1957, año en que la familia llegó al lugar. La propiedad familiar comprende tres títulos individuales que suman 98 hectáreas reconocidas por las Resoluciones 0650  del 28 de diciembre de 1987, 0595 del 26 de julio de 1989 y 0586 del 29 de septiembre de 1988. El resto de la propiedad es parte del título colectivo otorgados por el Incora, actual Incoder, mediante la Resolución 02809 del 22 de noviembre de 2000. En esta propiedad, la empresa Urapalma instaló el vivero de  la plantación desde el que sembró cerca de 7.000 hectáreas de los títulos colectivos de las comunidades afrodescendientes; igualmente la familia Renteria están realizando el proceso de resiembra en su tierra.

Desde el 1 de agosto y hasta el 12 de Agosto acompañados por organizaciones ambientalistas en ambos lugares, como un sentido de dignificación más de 40 hectáreas de palma fueron segadas e iniciadas la siembras de pan coger y la recuperación ambiental. Estos actos de desobediencia civil y de objeción a la ilegalidad, a la arbitrariedad se replicarán en otros espacios por las comunidades constituyendo el otro derecho, el de la dignidad.   

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[1]  El Gobierno aprobó la financiación de proyectos de plantación de palma aceitera en Curvaradó y Jiguamiandó a través de Banco Agrario por mas de 18000 millones de pesos hasta Marzo del 2005, según la Resolución  defensorial No. 39 de Junio del 2005 de la Defensoria del Pueblo.
[2]  Resoluciones  02801 y 02809 del INCODER del 22 de Noviembre del 2000. Adjudicación de tierras a las comunidades negras de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó respectivamente.
[3]  Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Titulación Colectiva de territorios tradicionales en el Chocó. Marzo 14 de 2005, p. 12
[4]  Del 06 y 05 de diciembre de 2006 respectivamente, por las cuales se deciden los recursos de reposición interpuestos contra las Resoluciones 702 y 703 de 22 de marzo de 2006 “por la cual se inicia el procedimiento de delimitación o deslinde de los territorios colectivos adjudicados a las comunidades negras organizadas en los Consejos  Comunitarios del Río Curbaradó y del Río Jiguamiandó, ubicados en la jurisdicción del municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó, de aquellos que pertenecieren al dominio privado de los particulares”. Proferida por el Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER.
[5]  Revista Semana.  Julio 09 de 2006. En: http://www.semana.com/
[6]  Noticiero CM&. Emisión del 10 de julio de 2006. En: http://www.cmi.com.co/
[7]  Revista Semana. Julio 25 de 2007.
[8]  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.  Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Observación Individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. (núm. 169) Colombia (ratificación: 1991) Publicación: 2007
[9]  Resolución No. 2809 del 22 de noviembre de 2000, por medio de la cual se adjudican en calidad de “tierras de las comunidades negras” los terrenos baldíos ocupados  colectivamente por la comunidad negra, organizada en el Consejo Comunitario del Río Curbaradó, ubicado en jurisdicción del municipio de Riosucio, departamento del Chocó.
[10]  Resolución No. 2801 del 22 de noviembre de 2000. , por medio de la cual se adjudican en calidad de “tierras de las comunidades negras” los terrenos baldíos ocupados  colectivamente por la comunidad negra, organizada en el Consejo Comunitario del Río Juguamiandó, ubicado en jurisdicción del municipio de Riosucio, departamento del Chocó.