GRUPO
SEMILLAS

Contexto

La guerra del agua de Cochabamba – Bolivia. La movilización de todo un pueblo en defensa de un bien común

Grupo Semillas (1) 

Al igual que en Bolivia la corriente privatizadora recorre el mundo y precisamente es el agua donde comienza a apreciarse la verdadera esencia del neoliberalismo y sus efectos sobre la población de menores recursos. Se parte de un principio esgrimido sutilmente por los organizamos de financiamiento internacional como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que señalan que no se está pagando suficientemente el costo del agua y por lo tanto el agua debe ser tratada como una mercancía cualquiera y por ende la misma debiera ser privatizada para que pueda tener un precio de mercado y una adecuada gestión (Cama­cho, 2001).  

Cochabamba se ha caracterizado desde hace décadas por acarrear un gran problema en relación a la escasez y a la mala gestión del agua. La expansión de la población, debido a la migración de campesinos y mineros desempleados, entre otras causas, ha ocasionado con el paso de los años un incremento enorme de los habitantes y de la demanda de agua para uso doméstico. A esto se añaden circunstancias ambientales como las sequías, que en determinadas temporadas generaron a lo largo de la historia una situación real de carencia de agua. Todo esto trajo consigo una cadena de conflictos, los cuales llegaron a un punto máximo en septiembre de 1999 cuando el gobierno boliviano, en complicidad con el municipio de Cochabamba, entregó en concesión el servicio y distribución de agua de la ciudad a la empresa “Aguas del Tunari” –subsidiaria de la transnacional norteamericana Bechtel. Al mismo tiempo se promulgó la Ley 2029, bajo la cual el agua era convertida en mercancía, atentando contra los usos y costumbres de la gestión de agua de los campesinos regantes (López, 2006).

Inmediatamente, organizaciones populares, como la Federación Departamental de Regantes (Fedecor), el Comité de Defensa del Agua y organizaciones ambientalistas (Crespo, 2003) denunciaron esta iniciativa de privatización del agua:  

•    La Ley no respeta los sistemas tradicionales de manejo del agua, basados en usos y costumbres.

•    Prohibición de funcionamiento a sistemas alternativos de distribución de agua, en áreas de concesión de las ciudades (asociaciones, comités, cooperativas de agua).

•    Monopolio a concesionarias en áreas de concesión.

•    Reducción de competencias a municipios para fijar tarifas y otorgar concesiones.

•    Concentración de poder en la Supe­rintendencia de Aguas.

•    No participación ciudadana en la fijación de tarifas, indexadas al dólar americano.

•    Aplicación del principio de “full costs recovery” (recuperación total de costos) en la fijación de tarifas.  

Claudia López (2006), señala que la consecuencia inmediata de la instalación de Bechtel en la ciudad, fue: la elevación en las tarifas de pago por el uso del agua que se incrementaron hasta en un 200% en algunos casos. En el área rural, la nueva empresa afectaba a los campesinos regantes cuyos sistemas y usos tradicionales y auto­gestionarios en la gestión del agua se veían en riesgo: a través de la colocación de medidores para el cobro por el uso del agua, la trans­nacional intentaba apropiarse de los pozos y sistemas de riego que estas comunidades agrarias habían construido con sus propias manos. En una palabra, se trataba de la privatización del agua en la ciudad y en el campo.  

Esta situación generó un gran rechazo popular que se cristalizó a  fines de diciembre de 1999, cuando de forma casi espontánea, surgió un heterogéneo tejido social compuesto por varios sectores: sindicatos obreros, juntas de vecinos, asociaciones de profesionales, transportistas, maestros, campesinos regantes, campesinos cocaleros, estudiantes,  etc. 

Todo este conjunto diverso de sectores halló su expresión y unidad en torno a una nueva entidad organizativa denominada Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. 

La Coordinadora de Defensa del Agua es una especie de sindicato ciudadano que aglutina a varios sectores tanto de la ciudad como del campo; pero se diferencia radicalmente con los sindicatos tradicionales porque en su interior confluyen una gran diversidad de sectores, los cuales se reúnen sin intermediarios en grandes asambleas para  discutir, decidir y ejecutar. La columna vertebral de la Coordinadora la constituyeron los campesinos regantes y los trabajadores fabriles, quienes junto a los demás sectores, emprendieron un ciclo de movilizaciones que desembocarían en la gran revuelta popular de abril de 2000, sublevación que consiguió expulsar a Bechtel de Bolivia. 

Finalmente López (2006), resalta como la Guerra del Agua es una de las experiencias de lucha colectiva más importantes de los últimos tiempos, sobretodo porque derivó en un triunfo de los movimientos sociales después de décadas de derrotas y adormecimiento, y también porque se convirtió en un referente que abrió una nueva época en Bolivia: una etapa de victoriosas y reiteradas rebeliones contra el neolibe­ralismo. La incorporación de los trabajadores fabriles al conflicto fue importante para lograr la generalización del mismo, ya que con ello se consiguió establecer una articulación entre campesinos regantes y trabajadores urbanos del sector industrial. 

Crespo (2003), señala como en enero del año 2000, se organizó un nuevo bloqueo regional, esta vez convocado por la Coordinadora, contra la Ley 2029 y la Concesión, particularmente el incremento en las tarifas del agua potable, establecido por la concesio­naria. La policía reprimió violentamente las moviliza­ciones urbanas, pero se logró un acuerdo para modificar ambos documentos. En febrero del mismo año, la Coordinadora organizó la llamada “Toma Simbólica de la Ciudad de Cochabamba”, para demandar pacíficamente cinco puntos:  

•    Anulación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

•    Anulación de reglamentos que hicieron posible la Concesión.

•    Anulación del Contrato con “Aguas del Tunari”.

•    Renuncia del Superintendente de Aguas.

•    Consenso con todos los sectores sociales en la Ley del Recurso Agua.

A pesar de la represión violenta de la movilización urbana, pero esta continuó, junto con los bloqueos de los regantes, con un saldo de 22 heridos, más de 100 detenidos, y un acuerdo, bajo mediación de la Iglesia y el Defensor del Pueblo, estableciendo la revisión del Contrato con “Aguas del Tunari”, la modificación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado con participación de campesinos, regantes y organizaciones urbanas distribuidoras de agua y la suspensión del incremento tarifario mientras continúen las negociaciones.

Durante las negociaciones de la Ley, la Fedecor y la Coordinadora lograron hacer modificar casi la mitad de los artículos, hecho inédito en la historia judicial del país; pero en la negociación del Contrato de Concesión no hubo avances, pues el gobierno se empeñaba en mantener la Concesión.

En el mes de marzo de 2000 la Coordinadora organizó un Referéndum, denominado “Consulta Popular” donde se preguntó a la población si estaba de acuerdo con rescindir el Contrato con “Aguas del Tunari” y la modificación de la Ley 2029. A pesar de la escasa difusión, la participación fue masiva; más del 90% de los votantes apoyaron las acciones de la Coordinadora. Con este respaldo, la Coordinadora convocó a la llamada “batalla final”, demandando que Aguas del Tunari abandone el país. Desde el 4 de abril la ciudad fue prácticamente tomada por la multitud durante una semana y el bloqueo de carreteras paralizó al departamento. Hubo enfrentamientos con la policía y el ejército, con un saldo de 1 muerto y 30 heridos. Se declaró el estado de sitio, pero las movilizaciones continuaban. El 10 de abril casi 50.000 personas estaban en la Plaza Central de Cochabamba esperando la decisión del gobierno. El gobierno anunció la cancelación del contrato con “Aguas del Tunari”. La Coordinadora declaró la victoria, bajo el lema: “el agua es nuestra, carajo!” (Crespo, 2003). 

Aún a pesar del éxito de las protestas del pueblo cochabambino que obligaron a la filial de Bechtel, Aguas del Tunari, a abandonar el país, la empresa se escabulló y ataca de nuevo como un felino herido. En febrero de 2002,casi dos años después de retirarse de Cochabamba, Bechtel/Aguas del Tunari entabló una demanda judicial contra el gobierno boliviano, amparándose en un tratado bilateral de inversiones, reclamando US$ 25 millones en indemnización por concepto de las ganancias que dejó de percibir (lucro cesante) por la cancelación del contrato de privatización (Waskow, 2003). 

La revuelta de Cochabamba, la cual comenzó 6 años atrás, terminó el mes de enero de este año (2006), cuando Bechtel, formalmente abandonó el caso legal que pedía del pueblo boliviano 25 millones de dólares. Bechtel había puesto la demanda en una corte secreta del Banco Mundial. Luego de una larga campaña de protestas, presiones sociales locales e internacionales, Bechtel retiró la demanda y el pueblo ganó, lo cual marca un referente histórico a nivel mundial (López, 2006). 

A partir de esta problemática del agua, comenzó a generarse una conciencia mundial de características nuevas con una fuerte imbricación con el movimiento antiglobalización. El aporte de Cochabamba al fortalecimiento a esta nueva conciencia mundial sobre el agua ha sido fundamental; la forma como lo ha hecho, la participación ciudadana en esta acción y su magnitud, han sido esenciales en el impulso a todas las organizaciones, personas y movimientos en el proceso de lucha contra las grandes empresas (Camacho, 2001).

____________________

[1] Documento elaborado a partir de las siguientes fuentes consultadas:

·         Gabriel H. Camacho. 2001. Cochabamba y la nueva conciencia sobre el agua. Foro Boliviano sobre el medio ambiente y desarrollo

·         Claudia López. 2006. La guerra del agua, el inicio de otras luchas.

·         Carlos Crespo Flores. 2003. La guerra del agua de Cochabamaba: cinco lecciones para luchas antineoliberales en Bolivia.

·         David Waskow. 2003. Bolivia, privatización fallida en Cochabamba. Amigos de la Tierra No. 102.