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Contexto

La grave situación nutricional de la población, reflejo de la crisis alimentaria en Colombia

En Colombia la seguridad alimentaria y nutricional de la población está siendo cada vez más vulnerada, pues la situación económica, social, ambiental, cultural, de violencia y política en la cual está inmerso el país, limita la capacidad de las familias de gozar de este derecho, debido a las deficientes condiciones sanitarias y ambientales, bajos ingresos, desempleo, desplazamiento forzado, costo elevado de la canasta alimentaria familiar, violencia, entre otros. La mayoría son problemas que deberían ser resueltos por los entes estatales para garantizar efectivamente el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana.

Esta situación se ve reflejada en el alto porcentaje de hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el país; según el censo realizado por el DANE en el 2005, el 27.6% de  las personas presenta 1 o más necesidades insatisfechas, cifras que aumentan cuando se miran estos porcentajes desagregados por departamentos. El departamento con el mayor número de personas con NBI es el Chocó  con 79.2%, seguido de Vichada con 66.8%, La Guajira con 65.1%, Guainía 60.2%, Córdoba 59.1% y Sucre con 54.9%; y en otros departamentos como Nariño, afectado actualmente por la violencia y la crisis económica, algunos de sus municipios tienen el 100% de las personas con NBI, como es el caso de Cumbitara y Santa Bárbara.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDS, realizada por Profamilia en el 2005, la región Atlántica (Guajira, Cesar, Magdalena, Barranquilla Área Metropolitana, Atlántico, San Andrés, Bolívar, Sucre y Córdoba) tan solo tiene una cobertura de agua potable del 65%, es decir,  que 35 de 100 hogares no cuentan con fuentes salubres de agua para beber, 50 de cada 100 hogares no cuentan con servicio de alcantarillado y alrededor del 39% tampoco cuentan con servicios formales de recolección de basuras, cifras muy por encima de las del nivel nacional y son factores determinantes de la alarmante situación de salud y nutrición de estos departamento, que reportan hasta en las capitales de departamento, muertes por hambre, como sucedió en el Barranquilla a finales del 2008.

Una de las causas de la drástica disminución del consumo de alimentos, es la grave situación de pobreza que ha obligado a millones de familias a disminuir no solo la cantidad de alimentos comprados, sino la calidad de los mismos. Por ejemplo, los alimentos de mayor aporte nutricional, fuente de proteínas y minerales, vitales para el crecimiento y desarrollo infantil,  representados en lácteos y sus derivados y las carnes representan los mayores costos, obligando a las familias a no consumirlos y sustituirlos por aquellos de menor costo y con mayor poder de saciedad.

La Encuesta  Nacional de Situación Nutricional ENSIN- 2005, informa  que  en Colombia 63.7% de las personas presentan deficiencia en la ingesta de energía; la prevalencia de deficiencia en la ingesta de energía fue mayor para la zona rural y nivel 1 del SISBEN. Los mayores porcentajes de individuos a riesgo de deficiencia de ingesta de energía  se presentaron en la región Atlántica 75.3%, Amazonía y Orinoquía 72.8% y Pacífica 70.3%.

En cuanto al consumo de proteínas en Colombia, la deficiencia fue de 36% y la cifra aumento a partir de los 14 años en donde alcanzó un 43.1% en los hombres y 50.1% en las mujeres; la proporción de individuos en riesgo fue mayor en el SISBEN 1 con 49.7% y en el área rural con 48.5%. Las regiones Atlántica y Pacífica duplicaron las cifras arrojadas en Bogotá con un 44.2%, 43.5% y 23.8%, respectivamente. Los departamentos con mayor prevalencia de deficiencia de proteínas fueron Vaupés 65.3%, Cauca 58.4% y Chocó con 57.1%.

Los resultados para calcio muestran que el 85.8% de la población no consume suficiente cantidad de este micronutriente y a partir de los 12 años aumenta al 90%, cifras dramáticas si se tiene en cuenta que el calcio está presente en la leche y en todos sus derivados. En cuanto al hierro presente en carnes rojas como su principal fuente, se encontró que entre los 14 y 18 años la población que  no consume suficientes cantidades y alcanza un 33.2% de deficiencia en la ingesta, cifra muy elevada que ratifica los riesgos nutricionales de la población adolescente.

 

Situación nutricional: Desnutrición y hambre oculta

Los resultados anteriores reportados ENSIN, muestran la crítica situación que sigue sumida en el olvido, dada la ausencia de soluciones concretas a estos y otros problemas nutricionales que aquejan en particular a los niños y niñas colombianos.  Se mantiene un retraso en crecimiento (desnutrición crónica) para los niños y niñas menores de 5 años alcanza una cifra del 12% y de esta el 2.1% es severa. Los mayores porcentajes corresponden a los niños entre 1 y 2 años (16.9%), del nivel de SISBEN 1 (17.2%) y de la zona rural (17.1%), cifra 2 veces mayor comparado con el 9.5% para la zona urbana. Al mirar las cifras por subregiones, Guajira/Cesar/ Magdalena, Cauca/Nariño y Bolívar Sur/Sucre/Córdoba son las que presentan la mayor prevalencia con un 16.5%, 18.7% y 14.4%, respectivamente que superan la cifra de orden nacional. La desnutrición aguda fue el 1.3% y la muestra no permitió representatividad a nivel regional ni subregional, lo que hubiese dejado ver las brechas entre regiones mas pobres en particular las zonas rurales. Por último, en la desnutrición global (retraso del peso para la edad)  la cifra total fue del 7% con mayor prevalencia en los niños entre los 12 y 23 meses (9.2%) así como en los niveles SISBEN 1 con 10.3%; la Región Atlántica fue la que presento la mayor retraso en las subregiones de Bolívar, Sucre y Córdoba y en la de Guajira, Cesar y Magdalena con 11.6% y 10.5%, respectivamente.

Para los niños y niñas entre 5 y 9 años se encontró que el 12.6% tiene retraso en crecimiento y es mayor en los hombres que en las mujeres con un 14% versus 10.6%; a su vez, la prevalencia es mayor en la zona rural (18.5%) que en la zona urbana (9.7%). La región con la prevalencia mas alta es la Atlántica (15.2%) y es alta en la subregión Guajira, Cesar y Magdalena (19.5%) y en Cauca y Nariño sin litorales (19.5%). En cuanto a desnutrición global para este mismo grupo de edad, la prevalencia son mayores en hombres (6.8%) que en mujeres (4%), al igual que para la desnutrición crónica, las cifras son mayores en la zona rural (7.5%) que en la urbana (4.4%). La región Atlántica y la subregión de la Guajira, Cesar y Magdalena tuvieron los mayores porcentajes con un 8.9% y 10.1%, respectivamente.

Los niños y jóvenes de 10 a 17 años presentaron un retraso en crecimiento del 16.2%, siendo mayor en hombres (18.9%) que en mujeres (13.8%). Es importante destacar que hay tres veces mas retraso en los niños y jóvenes que no tienen ningún nivel educativo (35.9%) que quienes cursan la secundaria (12.3%) y a su vez es mas alto en la zona rural (24%), en especial en la rural dispersa (27.7%).No se encontraron diferencias significativas por regiones, siendo alta la prevalencia de retraso de crecimiento en todas 17.2% en la Pacífica, 16.7% en la Atlántica, 16.4% en la Oriental, 15.7% en la Central, 14.7% en  Amazonía y Orinoquía y 14.5% en Bogotá;

La subregión de Cauca y Nariño sin litorales es la que mas se vio afectada en este grupo de edad con un 26.6%. Los departamentos con la mayor prevalencia de sobrepeso para este grupo de edad fueron en su orden Amazonas, Arauca, Vichada, Guainía, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Tolima, Bogotá, Santander y Caquetá.

En población adulta (18 a 64 años), la delgadez se presenta en un porcentaje pequeño (3.8% de la población) y la mayor prevalencia están en la región Atlántica con 6.6% y los departamento con mayores cifras son Bolívar, Atlántico y Córdoba, respectivamente. En este grupo poblacional es el exceso de peso, el que cobra mayor relevancia, pues es uno de los factores de riesgo más importantes que se identifican (32.2% de sobrepeso y 13.7% de obesidad). Lo anterior indica que el 46% de la población adulta en el país tiene algún grado de exceso de peso medido por Índice de masa corporal. Se observan diferencias importantes por género para el exceso (49.6% las mujeres y 39.9% los hombres) y al igual que en los grupos de niños, el porcentaje es mayor en los adultos de la zona urbana.

Los departamentos con mayor prevalencia de exceso de peso en adultos son en su orden: San Andrés (59.3%), Amazonas ((56.6%), Vichada (56.5%), Putumayo (54.6%), Guaviare (54.4%), Tolima (54.3%), Arauca (53.6%), Guainía (52.6%) y Cundinamarca (52.3%). El país vive actualmente una emergencia que nadie asume, por cuenta del hambre oculta, la cual hace referencia a la situación nutricional ligada a las carencias nutricionales por deficiencias de hierro, calcio y vitaminas, que si bien no matan como el Hambre aguda / Desnutrición aguda severa, genera en los niños retrasos severos en su crecimiento, bajo rendimiento escolar, mínima resistencia a las enfermedades infecciosas, mortalidad materna y perinatal en las gestantes y muy baja eficiencia laboral, pues las personas no pueden responder adecuadamente a sus demandas de actividad cotidiana.  Las cifras arrojadas por la ENSIN 2005 muestran que el 33.2% de los niños menores de 5 años presenta anemia y el 37.6% entre los 5 y los 12 años de edad e igualmente las cifras son mayores en la zona rural, nivel 1 del SISBEN y en la región Atlántica con 39.1%, 47.7% y 45.1%, respectivamente.

Sumado a lo anterior, se realizó un estudio sobre la mortalidad por desnutrición en Colombia en los periodos 1.998-2.002  en el cual muestra que la probabilidad que tiene un niño nacido entre 1998 y 2002 de morir por desnutrición es 252 por cien mil nacidos vivos. Existen municipios en los que esta probabilidad llega a 7500 defunciones por cien mil nacidos vivos.

Este estudio presenta desagregada la información por departamentos y algunos municipios, en los cuales la magnitud de la mortalidad por desnutrición referencia cifras elevadas que coinciden, con aquellas zonas en los cuales se desarrollan “proyectos de alta productividad agroindustrial, minera y petrolera, en los territorios donde hacen presencia resguardos indígenas y en los municipios medios que tienen entre 50 y 100 mil habitantes que son objeto de grandes proyectos de producción de agrocombustibles” (Ruiz, Nubia y Ruiz, Magda, 2006), como es el caso de Bolívar y Atlántico que concentran cerca del 8% de las muertes, seguido de Amazonía, Boyacá, Guajira, Chocó y Magdalena.

Al analizar en los municipios la probabilidad de mortalidad por desnutrición, la investigación presenta setenta y cuatro municipios pertenecientes a veintiún departamentos que superan las 1.000 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. La Chorrera en Amazonas presenta la probabilidad más alta de morir por desnutrición, siete mil niños menores de cinco años por cien mil nacidos vivos. Le siguen Alto Baudó y Bojayá, con cinco mil defunciones de menores de cinco años por desnutrición por cien mil nacidos vivos. Otros, como Belén de Bajirá y Acandí también en Chocó y varios de Guainía superan las tres mil muertes por cien mil nacidos vivos. Los municipios de Amazonas y Guainía, que concentran gran número de población indígena, presentan probabilidades altas (Ruiz Nubia y Ruiz Magda, 2006).

 

Después del CONPES 113… ¿Qué?

Muchas instancias estatales cuestionan los anteriores análisis, por aquello de vigencia, por ello los tildan de poco actuales, pero es claro que datos tomados en el 2002 como la investigación de la Universidad Externado, o los de ENSIN tomados en el 2004, ambos con base en información producida por entidades del Estado, reflejan una realidad que es hoy vigente, si se tiene en cuenta que no se han dado respuestas contundentes de política pública, si esta se entiende de manera correcta, no solo como la expedición de documentos bien intencionados, sino con la concreción en programas y proyectos de gran envergadura y sostenibles financieramente, como amerita la grave problemática nutricional arriba descrita.

Si bien se cuenta hoy con la expedición del CONPES 113 en marzo de 2008, este se ha quedado en un documento de política nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que fue un gran esfuerzo de concreción y negociación  de valientes cuadros técnicos del ICBF y algunas instituciones públicas y privadas que acompañaron  este esfuerzo, pero que sin embargo luego de un año de su publicación, no se ha materializado en acciones concretas urgentes en el corto y mediano plazo, que se compadezcan con  la magnitud y severidad de los problemas nutricionales que aquejan al país y en particular a las poblaciones mas vulnerables, propiciando el recrudecimiento de la inseguridad alimentaria y nutricional nacional alejándose de la posibilidad de garantizar en el corto plazo el derecho a la SAN en el país.

La débil respuesta estatal frente al impacto de las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y nutricional, se ve agravada para la mayoría de sus habitantes, donde solamente se plantean acciones de tipo asistencial que en algunos casos parten de una selección adversa de beneficiarios, además del congelamiento de cobertura de programas, como es el caso del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar que aportan el 70% de los requerimientos nutricionales  a  los niños y niñas menores de 5 años beneficiarios, que provienen de los niveles de SISBEN 1 y 2, optando en cambio por el aumento en la cobertura del programa de desayunos infantiles, que no alcanza a cubrir ni el 20% del aporte día de los niños beneficiarios.

Se han demostrado muchas veces y en muchos estudios que la ecuación negativa del hambre y la desnutrición en Colombia, tiene solución, esto se sabe hace mucho tiempo y  depende de la voluntad política materializada en  inversión y presencia del Estado de manera sostenible, con acciones que si bien pueden partir de intervenciones asistenciales, deben transitar de inmediato a aquellas que erradiquen de raíz la pobreza, causa esencial y básica de la desnutrición y el hambre oculta en Colombia, esa que se concentra en las regiones mas vulnerables del país como son sus zonas rurales.

 

La crisis alimentaria en Colombia

Por todo lo anterior, no debemos entender la crisis alimentaria solo como falta de alimentos, cuando en un país como Colombia, sobran los alimentos.  Hay crisis alimentaria porque existen graves problemas nutricionales que van en aumento, dada la imposibilidad de la gente de lograr un consumo adecuado de alimentos de calidad nutricional ya que son los más costosos de la canasta alimentaria, condenando a la población pobre  a  bajas ingestas de nutrientes básicos. La crisis es aún más cruel y paradójica en Colombia, un país donde los alimentos se podrían producir más y mejor si no fuera prioridad producir  palma para agrocombustibles.
 
Es posible producir hoy suficientes alimentos para  abastecer los grandes supermercados, plazas y centrales de abastos, esos sitios donde hoy  sobran y se pierde comida, se bota, porque el porcentaje de población pobre, que crece en el país, no puede comprarlos, no tiene el poder adquisitivo para hacerlo. En Colombia hay  crisis alimentaria no por disponibilidad de alimentos sino por que se tiene negado el acceso suficiente y adecuado a los alimentos, y por ello somos ejemplo de un país con las peores expresiones de inequidad e injusticia social de Latinoamérica.

Puede que  haya políticas escritas, grandes esfuerzos de técnicos comprometidos y crezcan los programas de asistencia para paliar la crisis, pero por décadas esta demostrado, que si no se rompen las causas básicas de las pobreza en Colombia, estamos cada vez mas lejos de superar la crisis alimentaria, aumentarán los problemas nutricionales y tendremos mas distante cada día el logro de un derecho básico para la gente, como es el derecho a no tener hambre y a una verdadera seguridad alimentaria y nutricional.

 

¿Hay verdaderamente en Colombia una política pública favorable al derecho a la alimentación? Juan Carlos Morales González Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Lejos de ser consecuentes con las obligaciones, recomendaciones y directrices internacionales al respecto, el Estado colombiano se ha negado a propiciar los pasos suficientes y necesarios para la implementación de una política pública favorable al Derecho a la Alimentación que sea, aunque parezca redundante, consecuente con una perspectiva de Derechos Humanos. Esto significa que las acciones asistencialistas impulsadas en Colombia no son, per se, pasos suficientes para la garantía de ése derecho. Es más, tales acciones son apenas un muy pequeño elemento del total de acciones que un país debería desarrollar para la garantía plena del Derecho a la Alimentación de sus pobladores. Tal derecho sólo es posible si se procura, al mismo tiempo, promover y garantizar la producción interna de alimentos (especialmente la derivada de la economía campesina familiar); se protegen las simientes, conocimientos y mecanismos de transacción tradicionales; se defiende el derecho de las poblaciones rurales a permanecer en sus territorios y controlar sus recursos naturales; se protege a las comunidades rurales y urbanas de la injerencia de compañías transnacionales que buscan transformar negativamente las tradiciones productivas o de consumo alimentario; y se garantizan niveles de vida dignos para todas y todas (incluyendo, salud, educación, saneamiento). En ese sentido, mientras estos desafíos estructurales no sean abordados, las causas del hambre en nuestro país seguirán estando presentes a lo largo y ancho de nuestra geografía. Lo argumentado permite afirmar que con sólo enunciar la supuesta existencia de una Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (formalismo que llevado a cabo con el Documento CONPES 113/2008), el problema del hambre en Colombia no será eliminado. Para ello hace falta también generar condiciones legales, administrativas, presupuestales, etc., que al menos garanticen que lo enunciado en dicha Política se desarrolle sin dilaciones. Esto, ni siquiera, se ha dado en nuestro país. De hecho, el actual gobierno ha impedido que tales condiciones se den pues implican un serio obstáculo a un sistema político y económico en el cual la iniquidad y la injusticia social son sus principales motores. Lo anterior explica también lo que de ninguna manera puede ser calificada como una paradoja accidental: aunque el Estado colombiano (en respuesta a la acción de sectores de la academia, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, y la propia comunidad internacional) formalmente reconozca la necesidad de poner en marcha una Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al mismo tiempo impulsa acciones que vulneran dicho derecho. Tal es el caso del Estatuto de Desarrollo Rural (que fomenta la agroexportación y apropiación de recursos, y da vía libre a la usurpación de tierras de la población rural), las reformas laborales (que han precarizado el trabajo y las condiciones del mismo, limitando el acceso a los alimentos de buena parte de la población colombiana), el impulso dado a los agrocombustibles a despecho de la producción interna de alimentos, el impulso a los tratados de libre comercio, y la persecución a los procesos de autonomía alimentaria (de la que han sido víctimas recientemente los productores tradicionales de panela, leche y sus derivados), por sólo citar algunas acciones. En conclusión, en Colombia no existirá una verdadera política pública favorable al derecho a la alimentación si, al mismo tiempo, no se acompaña de medidas suficientes para garantizar la producción interna de alimentos, se protege a las poblaciones rurales permitiendo su tradicional aprovechamiento de recursos y territorios, se crean nuevas fuentes de trabajo y se mejoran las condiciones laborales y de seguridad social, se defiende la soberanía, autonomías y seguridad alimentaria del país, se protegen a las poblaciones vulnerables y, sobre todo, se permite que seamos todos y todas protagonistas en el diseño, ejecución y vigilancia de ésas mismas acciones y políticas.

 

Bibliografía:

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