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Juan Camilo Mira (1)
Un Informe IFPRI, denominado “Panorama global del agua hasta el año 2025. Cómo impedir una crisis inminente” proyecta para al año 2025, que la escasez de agua causará anualmente pérdidas globales de 350 millones de toneladas cúbicas del potencial de producción ligera de alimentos. En otras palabras, esto significa que uno de los principales factores de la limitación de la alimentación para el futuro será el agua. El efecto más duro lo sufrirán los más pobres. Si bien es cierto que el agua es un recurso escaso, el ser humano ha desarrollado muchas formas de usar este recurso de manera más eficiente. Pero de nada sirve tener políticas, técnicas y tecnologías para ahorrar agua si las mismas no se llevan a la práctica.
En 1995, en el mundo se extrajeron 3.906 kilómetros cúbicos (km3) de agua. Se ha proyectado que para el año 2025 la extracción de agua para diversos usos (doméstico, industrial y ganadero) habrá aumentado. Esto limitará gravemente la extracción de agua para riego, que aumentará solamente un 4 por ciento, lo que restringirá a su vez la producción de alimentos. En la actualidad, en todo el mundo se riegan unos 250 millones de hectáreas. El riego ha ayudado a aumentar los rendimientos y la producción de la agricultura y a estabilizar la producción y el precio de los alimentos. Si bien los logros en materia de riego han sido extraordinarios, en muchas regiones su mal manejo ha reducido significativamente las cotas del agua subterránea, dañado los suelos y reducido la calidad del agua.
En cuanto se refiere a los alimentos, la escasez de agua puede llevar a una caída de la demanda y un aumento de los precios. Es posible que los precios de los principales cereales aumenten a más del doble y, a la vez, la demanda de alimentos podría verse considerablemente reducida, especialmente en los países en desarrollo. Más aún, los aumentos de precio pueden tener un impacto todavía mayor en los consumidores de bajos ingresos.
La hidrografía colombiana es extensa y muy rica. Los ríos más largos corren por las llanuras orientales hasta desaguar en el Orinoco y en el Amazonas. Esta distribución permite distinguir en Colombia cuatro vertientes y seis grandes cuencas: la vertiente Pacífico, la vertiente Caribe que incluye las cuencas Magdalena, Cauca, Atrato y el Catatumbo principalmente, la vertiente del Orinoco y la vertiente de la Amazonía. La vertiente del Pacífico la forman más de 200 ríos. Esta vertiente se caracteriza por su altísima pluviosidad (de las más lluviosas del mundo), sus ríos son cortos y caudalosos por la cercanía de las montañas a la costa. La vertiente del Caribe es la más importante de Colombia porque en esta región vive la mayor cantidad de población del país y es la que ha tenido los procesos de transformación más drásticos. La vertiente es alimentada en especial en el llamado Macizo Colombiano o Estrella Fluvial Colombiana. Comprende los ríos que corren de sur a norte, entre los grandes valles interandinos: el sistema Magdalena - Cauca y los ríos Atrato, Sinú y Catatumbo.
La cuenca del Orinoco ocupa algo más de 320.000 km2 del territorio Colombiano. Sus principales afluentes en Colombia son los ríos Meta, Arauca, Vichada y Guaviare. La vertiente del Amazonas comprende los ríos más largos del país. Estos ríos bañan las regiones llanas y selváticas de la Amazonía. A Colombia le corresponden sólo 116 km de su gran extensión, al sur del trapecio amazónico. Los ríos colombianos que forman parte de la cuenca del Amazonas, son muchos, pero se destacan: el Negro o Guainía, el Caquetá, el Vaupés y el Putumayo.
La zona comprendida entre los ríos San Jorge y Cauca constituye la mayor depresión cenagosa del país conocida como “Depresión Momposina”. Comprende un área de 6.000 km2 (600.000 hectáreas) y se extiende desde Zambrano y Plato por el norte, hasta Ayapel en el sur y desde Caimito y San Marcos en el oeste, hasta El Banco en el oriente. Constituye un inmenso sumidero sometido a un constante proceso de hundimiento ocasionado por el peso de los sedimentos traídos por las aguas de inundación. Este fenómeno de hundimiento o subsidencia fluctúa entre 0.9 y 2.5 mm anuales. La Ciénaga Grande de Santa Marta es una laguna costera ubicada en la margen derecha del río Magdalena en su desembocadura. Cubre un área aproximada de 4.280 km2, de los cuales 730 km2 son espejos de agua correspondientes a más de 20 lagunas interconectadas entre sí a través de caños. Los humedales de la Orinoquía están presentes en las sabanas inundables del Departamento de Arauca, zonas inundables del río Meta y Casanare y en los complejos de humedales que forman el río Vichada y el Tomo, en el tercio final antes de desembocar al río Orinoco (Corporinoquia 2002). Las áreas inundables formadas por las cuencas hidrográficas antes mencionadas están cercanas al 32% de la superficie inundable del país, algunos reportes clasifican estas áreas inundadas y otros cuerpos de agua en lagos, lagunas, caños, esteros, morichales, ciénagas y pantanos2.
Los estudios actuales de exploración y evaluación de aguas subterráneas a nivel regional y local realizados en Colombia, han permitido identificar algunas áreas donde existe un potencial en la oferta en cantidad y calidad para diferentes usos. Estudios hidrogeológicos realizados en el país por diferentes entidades encargadas de la investigación y planificación del uso, manejo y aprovechamiento de las aguas subterráneas estiman preliminarmente que el área total de Colombia con posibilidades de contener importantes almacenamientos de aguas subterráneas, cubre una extensión de 415.000 km2 (36% del país), de la cual solo se ha estudiado un 15% aproximadamente.
De acuerdo con Germán Márquez3, de cinco grande cuencas, solo la del Caribe occidental está completamente transformada, mientras la Amazonía está conservada. Las cuencas que se extienden desde las montañas hasta las tierras bajas, tiene zonas conservadas en partes altas de las montañas, en pendientes abruptas y en zonas pantanosas. De las cuencas medias muchas están completamente transformadas, al lado de algunas preservadas en la misma cuenca principal. Así, 50 (45.4%) de las cuencas medias están transformadas, en especial la cuenca del río Magdalena, que es la cuenca social y económicamente más significativa. Mientras que 27 (24.5%) de las cuencas medias no están perturbadas y drenan el 53% del país, pero no incluyen ninguna cuenca de los Andes o del Caribe; otras 33 cuencas, esparcidas por el territorio, están parcialmente transformadas. Las principales causas de la pérdida de coberturas boscosas en el país son: la ampliación de la frontera agrícola, en particular el establecimiento de pastos para ganadería; el establecimiento de cultivos ilícitos que está afectando principalmente la Amazonía colombiana con cerca de 100.000 hectáreas entre coca y amapola; y finalmente, una causa asociada a la pérdida de bosques son los incendios forestales que representaron cerca de 300,000 hectáreas entre los años 85 y el 95.
De acuerdo con los muestreos y mediciones del Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos (IDEAM) durante el 20034 los ríos que presentan un deterioro alarmante en su calidad, son el Bogotá, Medellín, Chicamocha, alto Cauca, Lebrija y Chulo, por los vertimientos que reciben de origen domestico e industrial de las áreas más pobladas del país, ya que presentan resultados críticos en todas las variables como DBO, OD, pH, entre otras. Lo anterior es corroborado por datos mas recientes incluidos en el “Perfil del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente en Colombia 2001”, según los cuales: “La generación total de DBO estimada para 1999 fue de 887.161 ton, de las cuales se vertieron un total de 624.746 ton. De este vertimiento neto 462.759 ton (74%) corresponden al sector doméstico y 161.987 ton (26%) al sector industrial”5. El impacto generado por la actividad agrícola intensiva es preocupante pues según el mismo estudio se estima un consumo de 25.000 ton de Ingredientes Activos –IA– en los últimos 25 años, que representa una intensidad de uso de alrededor de 6 Kg de IA/ha cultivada. El número de estas substancias que han sido sintetizadas es ya del orden de algunos miles, y en Colombia se utilizan actualmente alrededor de 300 ingredientes activos diferentes en casi un millar de formulaciones.
Los efectos del cambio climático, demostrado en el aumento de la temperatura mundial en cerca de 1 grado centígrado en el último siglo, tienen diversas formas. En el país pueden distinguirse en la oferta hídrica para los diversos usos, en la producción agropecuaria, especialmente de los cultivos transitorios y en la salud de las personas. El abastecimiento de los acueductos y las actividades agropecuarias se reduce, dificultando los procesos de planificación y la vida diaria de los colombianos. Los rendimientos de los cultivos dependen de los factores ambientales y tecnológicos, especialmente la precipitación y la humedad, reduciendo los niveles de producción y por supuesto de ingreso en los agricultores. El aumento de la temperatura y la variación de factores como la humedad generan aumentos en las enfermedades tropicales como las infecciones respiratorias agudas, la tuberculosis, malaria, fiebre amarilla, dengue, cólera, que han coincidido con anomalías climáticas por el efecto de la sinergia de este con otros elementos del medio.
La conservación del agua en el país está asociada directamente con el cambio en el modelo de ocupación del territorio, esta es su causa principal, que de manera sinérgica con otros factores como los cambios en el clima, generan la crisis actual en relación con el deterioro del agua en el país.
El IDEAM en su estudio nacional del agua calculó la demanda de agua actual cercana a los 5.461.574.000 metros cúbicos y la proyectó para el 2015 en 7.823.314.000 metros cúbicos y para el 2025 en 10.114.007.000 metros cúbicos. Esto quiere decir que la demanda total de agua en el país se duplicará en el primer cuarto del siglo XXI de seguir las tendencias de crecimiento actuales.
El sector que usa la mayor cantidad de agua tiene que ver con el abastecimiento de agua para riego. Si se presume que parte de la agricultura se trabaja en concordancia con los ciclos hidrológicos se entenderá que su demanda de agua se suple con el balance hídrico, entonces los requerimientos críticos de agua se circunscriben a los distritos de riego que corresponden a 3.499.000 hectáreas con una demanda cercana a los 1.757.771.000 metros cúbicos que representan el 32,2% del total del consumo de agua en el país6. El sector industrial manufacturero se encuentra localizado en las grandes ciudades y en sus alrededores conformando centros industriales. La industria urbana y la gran industria representan el 6,6% del consumo total del agua en Colombia y aunque mucha de ella tiene sus propias fuentes de abastecimiento como pozos profundos, también demanda una gran cantidad de agua tratada en los acueductos domésticos. La demanda hidroeléctrica y termoeléctrica se estima en 48.000 millones de metros cúbicos, diez veces superior al resto de los usuarios.
En un año seco promedio el índice de escasez afecta a 209 cabeceras municipales en las categorías de alto, medio alto y medio involucrando al menos 18 millones de personas. Los mayores valores se presentan en el valle alto y medio del río Cauca, en el altiplano cundiboyacense, en el cañón del Chicamocha y el Suárez, en el cañón del Zulia, en la Guajira, en San Andrés y Providencia y en algunos municipios dispersos de la costa Caribe. En el resto del país el índice es mínimo o no significativo7. En relación con la vulnerabilidad que mide cualitativamente el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una disponibilidad segura ante la sequía, tenemos que 14 municipios presentan un nivel muy alto en Valle, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y la Guajira. Las categorías media y alta vulnerabilidad se presentan en la zona Andina y en toda la región Caribe. Pero la vulnerabilidad media también se extiende hacia la Orinoquía, especialmente Casanare.
De acuerdo con la información del Departamento Nacional de Planeación (DNP)8 respecto al ICV o índice de calidad de vida, este se ha incrementado entre 60.2% en 1985 a 75.7% en el 2000. El incremento del índice se debe principalmente al aumento de indicadores como abastecimiento de agua (4.8 a 6.3), recolección de basuras (0 a 5.1) y personas por cuarto (5.8 a 10.9). Esto quiere decir que la calidad de vida ha mejorado por una mayor cobertura de los servicios públicos básicos de agua y saneamiento básico. La calidad de vida rural sigue siendo mucho más baja en estas zonas que en las cabeceras municipales y se presentan enormes distancias con relación a las coberturas de los servicios básicos. La lectura del ICV por departamentos indica que aquellos periféricos de la Amazonía, el Chocó y San Andrés tienen los accesos al agua potable más bajos del país, los departamentos con ciudades intermedias reportan mejores niveles de calidad de vida por el acceso al agua potable y finalmente los departamentos con mejores reportes son aquellos con ciudades capitales grandes como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.
De acuerdo con el informe del control de la calidad del agua en Colombia 2003, de la Superintendencia de Servicios Públicos, de un total de 231 municipios evaluados, al 18% se le suministró agua apta para el consumo humano, es decir 189 municipios recibieron agua no potable, lo que representa un 82%. De un total de 23‘908.989 colombianos que recibieron agua a 8´187.542 se les suministró agua no potable, lo que representa un 34% del total de la población. El estudio de la Defensoría del Pueblo (2005), presentado recientemente corrobora los datos de la Superintendencia (2003). De las pruebas analizadas, se concluye que el agua que se consume en el país no cumple en su mayoría con el parámetro del 95% en los aspectos biológico y fisicoquímico. Especialmente, se afecta la población más vulnerable, como son los menores de edad y todas aquellas personas que viven en condiciones de extrema pobreza.
La cobertura del alcantarillado nacional total9, para viviendas en 1985 solo alcanzaba el 59.5% y aumentó al 63 en 1993 y para el 2000 llegó al 73.3%, por el contrario en las zonas rurales era del 11.3% en 1985 y se incrementó la cobertura al 14.4% en 1993 y al 37% en el 2000, corroborando la tendencia a la inversión en los cascos urbanos de los municipios. Los departamentos con coberturas menores al 30% son, de menor a mayor: Vichada, Guaviare, Vaupes, Choco, Córdoba, San Andrés, Boyacá, Guainía, Casanare y Putumayo. Entre el 30 y el 50% de cobertura en alcantarillado se encuentran departamentos como: Sucre, Arauca, Bolívar, La Guajira, Nariño, Magdalena, Cauca, Caquetá, Amazonas, Cesar y Cundinamarca. Finalmente, los departamentos que tienen coberturas superiores al 50% de las viviendas son: Tolima, Meta, Huila, Norte Santander, Santander, Atlántico, Antioquia y Caldas. Con coberturas mayores al 80% están Valle, Risaralda, Quindío y Bogotá.
Según cálculos realizados por el MDE10, dotar con sistemas de tratamiento de aguas residuales solo a 300 municipios que cumplen las condiciones técnicas previstas, tendría un costo cercano a los US $3.400 millones, incluyendo US$800 millones requeridos para completar las redes de colectores e interceptores. Los recursos disponibles en las diferentes fuentes podrían financiar aproximadamente el 12% de los requerimientos de inversión. Pretender financiar el faltante con aumentos tarifarios, aunque legalmente posible, llevaría incrementos adicionales a los planeados por desmonte de subsidios de hasta el 50% en el estrato 1, lo que sería difícil dada la situación política y social del país. Vale la pena anotar que en este escenario, la inclusión de la tasa retributiva en la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado generaría un incremento adicional del 2%. De no realizarse las inversiones en sistemas de tratamiento de aguas residuales, dicho componente aumentaría hasta 7.5% en el quinto año.
El servicio de agua potable y alcantarillado es de competencia municipal. Actualmente, existen más de 2.000 prestadores, de los cuales 830 se encuentran registrados ante la SSPD. De esta muestra, sólo el 12% asumió la forma de empresa de servicios públicos (ESP); de estas sociedades el 61% son privadas, 28% mixtas y el resto oficiales. La gran mayoría de los prestadores se han acogido a otras figuras de excepción permitidas por la ley de servicios públicos como prestación directa por el municipio y comunidades organizadas. El 32% de las entidades son prestadores en áreas rurales.
Los procesos de privatización que las entidades oficiales del sector destacan son: el caso de la Triple A en Barranquilla, adquirida por operadores españoles; en Cartagena se llevó a cabo el proceso de participación privada con Aguas de Barcelona; en Montería se adjudicó un contrato de concesión a la empresa Proactiva; en Tunja, Santa Marta y Maicao se realizaron procesos de vinculación de particulares a la prestación de los servicios. En Bogotá (12% de los habitantes del país), los servicios de acueducto y alcantarillado son prestados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), sociedad por acciones de carácter oficial. En Medellín los servicios de saneamiento están a cargo de las Empresas Públicas de Medellín (EEPPM) y en Cali son atendidos por Emcali, empresas de sus respectivos municipios. El sector de agua potable está atomizado. Sin embargo, en municipios pequeños, en general, la administración sigue a cargo del servicio, aún cuando se haya dado una separación de cuentas y se haya mejorado la información sobre la prestación de los servicios.
La inversión gubernamental en agua potable se incrementa a finales de la década de los 80. Por la Constitución Nacional que incorpora las nuevas instituciones y la descentralización, el gasto en este rubro se dispara teniendo su máxima expresión en 1993 para luego estabilizarse entre el 1,5 y el 2,5% del gasto social nacional11. Las causas evidentes en el atraso de los sistemas de servicios públicos en los municipios colombianos son la baja asignación presupuestal desde el nivel central, una escasa o nula planificación del sector, por supuesto la corrupción administrativa, que aun se mantienen y un proceso acelerado de concentración poblacional en los cascos urbanos, por diversos motivos dispararon la demanda doméstica de agua potable y saneamiento básico. Se cambió la forma y la magnitud de las transferencias y los procesos de la administración local. Este proceso que fue muy importante hasta el 2000, y ha comenzado a revertirse con los procesos de centralización y reformas a la legislación reciente como la ley 715.
Como se puede ver, la inversión pública ha aumentado, hay una regulación estricta, hay libertad de mercados pero seguimos tomando agua no potable en la mayoría del país. Además la política pública al respecto ha fomentado el aumento de tarifas (Reglamentación CRA). Este aumento tarifario ha reducido los niveles de consumo por usuario cercanos a 25 m3 por mes hasta promedios por debajo de 20 m3.
A partir de las leyes expedidas bajo el nuevo marco constitucional, los recursos del presupuesto nacional se destinan a subsidios. En acueductos, los balances entre contribuciones y subsidios se realizan a nivel municipal, y es muy común encontrar déficit en aquellas localidades con participaciones muy bajas de usuarios contribuyentes. En este caso, el Estado no asume ningún compromiso por cerrar estos desbalances. Sin embargo, un porcentaje del Sistema General de Participaciones, se debe utilizar necesariamente en sistemas con bajas coberturas y calidad del agua, lo que permite aliviar la carga tarifaria para los usuarios. Se estima que en los próximos años se destinarán 250 millones de dólares anualmente, que permiten cubrir una cifra cercana a $10.000 por usuario subsidiable al mes, que representa cerca de una tercera parte del costo total del servicio. El balance entre subsidios y aportes solidarios presenta un hueco peligroso12. Como resultado del seguimiento a los recursos otorgados para el cubrimiento de subsidios en los servicios de acueducto y alcantarillado, se encontró que en el 2002 el déficit en una muestra de 120 empresas es de unos 270 mil millones de pesos (US$ 125.6). El resultado altamente negativo, entre subsidios y aportes pone en riesgo el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a los estratos más bajos de la sociedad colombiana.
Por otra parte, la entrada de participación privada, no es muy probable como solución para los municipios menores o en áreas rurales con usuarios muy dispersos. Los altos costos de transporte del agua limitan las posibilidades económicas de desarrollar sistemas regionales para la producción y distribución de agua. El mercado municipal es, por naturaleza, en el caso de este servicio, la escala óptima desde el punto de vista los activos y desde el punto de vista de los usuarios que no quieren pagar más para que unos pocos se llenen los bolsillos.
Teniendo en cuenta la situación actual del país y las tendencias en relación con la oferta y la demanda de agua, las regiones Andina y Caribe son las más vulnerables. La tendencia es al incremento de la vulnerabilidad actual y a la aparición cada vez de nuevas áreas con índices críticos, por cuanto los procesos de deterioro por contaminación o disminución de la oferta por afectación del ciclo y un aumento constante en la demanda se mantendrán en el mediano plazo.
Sobre la base del modelo actual de oferta y demanda de alimentos y agua, si persisten las actuales políticas sobre el agua, a los productores agrícolas les va a resultar realmente difícil poder satisfacer las necesidades alimentarias. El efecto más duro lo sufrirán los más pobres. Si se siguen desatendiendo las inversiones y las políticas vinculadas al agua, se generará una grave crisis en el suministro de esta, que a su vez llevará a una crisis en el suministro de alimentos. De nada sirve tener políticas, técnicas y tecnologías para ahorrar agua si las mismas no se llevan a la práctica. Cuando los incentivos y las instituciones no son apropiados, con frecuencia impiden un uso eficaz del agua13 .
El agua es parte esencial de la naturaleza, y su conservación para asegurar los ciclos naturales que garantice la supervivencia de los ecosistemas y de las plantas y animales, y a su vez los ecosistemas ayudan a regular la cantidad y la calidad del agua, debe ser una prioridad nacional, concentrando esfuerzos en las estrellas hidrográficas del país como el Macizo Colombiano, el Nudo de los Pastos, el Nevado del Huila, el Nevado del Ruiz, el Páramo de Sonsón, Tatamá, la Serranía de los Yariguies, la Sierra Navada de Santa Marta, los Farallones del Citará, entre otros. También es necesario concentrarse en el manejo y conservación de los humedales a lo largo y ancho del país, ellos almacenan agua durante las lluvias, la liberan en los ríos y recargan el agua subterránea, además de muchos otros servicios ambientales fundamentales para la naturaleza misma y para la sociedad colombiana.
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La contaminación del agua, un factor de escasez La tragedia del río Magdalena El río Magdalena tiene una extensión de 1.540 kilómetros. En esta cuenca se asientan 73 municipios, y en su área de influencia más de 700 poblaciones en jurisdicción de 18 departamentos. De acuerdo con los datos presentados por IDEAM tanto en su reporte “Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en Colombia 2004” como del “Perfil del estado de los recursos naturales y del medio ambiente en Colombia 2001 SIAC Tomo 3”, en el río de la Magdalena se presentan valores normales en indicadores tales como la DBO, DQO y el oxígeno disuelto, en parte debido a los grandes volúmenes de agua y la alta velocidad de su curso, lo que permite diluir los contaminantes orgánicos que recibe. Sin embargo, al río Magdalena desaguan los ríos más contaminados del país. El río Bogotá recibe los contaminantes orgánicos y de metales pesados de la industria de curtiembres en Villapinzón, luego recibe las aguas de los municipios de la Sabana y de Bogotá en donde recibe cargas orgánicas cercanas a 135 mg/lt. El río Chicamocha recibe los lixiviados de la industria en la parte alta, es además fuente receptora de vertimientos de industrias floricultoras y productos lácteos. El río Cauca en el Departamento del Valle del Cauca presenta un tramo crítico que va desde Puerto Isaac (Yumbo) hasta Mediacanoa (Yotoco). En este tramo el río recibe los impactos del área del Departamento que concentra las actividades económicas más relevantes: zona industrial Cali –Yumbo–, agroindustria de la caña y el mayor volumen de población correspondiente a la ciudad de Santiago de Cali y su región metropolitana. Varios tributarios del río Cauca tales como los ríos Yumbo, Cali, Amaime, La Paila, Guachal y Jamundí presentan tramos críticos por niveles bajos de oxígeno disuelto. A partir de allí, recibe las aguas del río La Vieja, el San Juan en Antioquia y más abajo las del Porce que trae las aguas contaminadas del Medellín para luego desembocar al Magdalena. Otro cauce que presenta niveles altos de contaminación es el San Jorge que recibe todos los sólidos de la minería, al igual que los residuos de mercurio y cianuro en la minaría del oro. Pero el mayor problema de la contaminación del río se expresa en las zonas bajas de la depresión Momposina y la Ciénaga Grande de Santa Marta donde se han encontrado incrementos progresivos en los niveles, de por sí muy altos, de metales pesados (aguas, sedimentos y organismos) tales como cadmio, cobre, zinc. El impacto de esta contaminación se da en la salud de las personas que consumen el agua o los recursos hidrobiológicos provenientes de estos ecosistemas. Es un envenenamiento silencioso, muy lento pero letal. Además los sistemas de salud difícilmente relacionan las enfermedades con este tipo de causas. El 74% de la cuenca del río Magdalena está intensamente intervenida; prácticamente toda la región del Magdalena Medio está deforestada y la mitad del bosque del Macizo Colombiano donde nace el río ha sido talada. El río recibe 3,8 millones de galones de plaguicidas al año, además de la enorme cantidad de residuos tóxicos de las refinerías de petróleo, de la industria y de la minería. Esta situación ha causado la extinción de muchas especies de animales terrestres y acuáticas (peces, reptiles). Las estadísticas de pesca muestran que mientras en 1970 se registraron 72 mil toneladas de pescado, en 1998 se extrajeron sólo 7.562 (la décima parte), como resultado del desarrollo agrícola, urbano e industrial, la contaminación y de la deforestación en la cuenca del río. En su tránsito desde la cordillera de los Andes al mar Caribe, recibe diariamente unas 200 toneladas de residuos domésticos, según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La cuenca del río Magdalena presenta una tasa de erosión de 330 toneladas de suelo por hectárea al año, según el Departamento Nacional de Planeación, y una elevada carga de sedimentos; la navegabilidad del río también se ha lesionado. Adicionalmente, el régimen de lluvias ha cambiado por la deforestación y por planes de ordenamiento territorial irracionales, según expertos. La colonización en la cuenca y el inadecuado uso de la tierra, especialmente en las tres últimas décadas, ha destruido más de 3,5 millones de hectáreas de bosque, que representan cerna del 50% del bosque originario. Especialmente la ganadería en la zona Andina, ha convertido en pastizales miles de hectáreas de bosque, afectando la estabilidad de los suelos, ha incrementado los procesos de erosión y ha alterando la dinámica del río. El caso del río Bogotá, uno de los afluentes del río Magdalena, es muy crítico, puesto que se ha convertido en una alcantarilla a cielo abierto. Este río tiene una extensión de 380 kilómetros; allí se localizan 41 poblaciones, incluida Bogotá. Al pasar por la cuenca alta, el río Bogotá recibe contaminantes como: cromo, sulfuros, sangre y excrementos de las curtiembres y los mataderos. En su paso por la capital del país recibe 442 toneladas diarias de desechos, 89 kilogramos de plomo, 5,2 toneladas de detergentes y 1.473 toneladas de sólidos, además de mercurio y cadmio. |
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[1] Coordinador Campaña El Agua un bien Público. Ecofondo. C.e: econfon@ecofondo.org.co
[2] Tomado del documento de línea de base de la Unidad Regional Orinoquía.
[3] Marquez Germán. De la abundancia a la escasez. La transformación de los ecosistemas en Colombia. En, Naturaleza en Disputa. Ensayos de historia ambiental de Colombia. Universidad Nacional. 2001
[4] IDEAM Op Cit.
[5] Sistema de información Ambiental de Colombia – SIAC, IDEAM y otros 2.002
[6] IDEAM op cit.
[7] IDEAM. Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en Colombia. 2004
[8] DNP. DIOG. SISD, versión 2.0 1997
[9] SISD op. cit.
[10] SSPD, op Cit.
[11] Impacto sectorial de los 10 años de la legislación marco de servicio públicos domiciliarios en Colombia. Colección documento SSPD. Roda P. 2004
[12] www.superservicios.gov.co
[13] IFPRI. Panorama global del agua hasta el año 2025. Cómo impedir una crisis inminente. 2004
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