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Contexto

La coca en el Pacífico colombiano

Fernando Castrillón[1]

En la región del Pacífico, tanto pueblos indígenas como de comunidades negras se encuentran acosados por dos políticas, que de entrada parecen antagónicas pero que en la práctica son complementarias. Por un lado, aquella que fuerza a los territorios colectivos para que se vinculen a la producción de hojas de coca, síntesis de pasta básica y cocaína y la movilización del producto final de exportación de esta. Esta práctica en conjunto constituye el más eficiente encadenamiento productivo en el país. Por otro lado, las represiones legales e ilegales a la producción, síntesis y tráfico de la coca, direccionadas principalmente por la política antidrogas del gobierno de Estados Unidos. Estas políticas y acciones se complementan en tanto que una, eleva la rentabilidad de la otra: entre más producción y tráfico, más oportunidades de negocios, empleo y oportunidades para quienes fumigan. A su vez las acciones que conducen a una reducción de la producción provocan aumento o estabilidad de los precios. Existe también un segmento intermedio menos visible y que tiene amplio beneficio en esta cadena, constituido por empresas productoras y comercializadoras de químicos para la producción y para la síntesis de coca, pequeños y medianos comerciantes, proveedores de cemento y gasolina y transportadores. Esta lógica aunque sencilla no es completamente entendida por las comunidades, aunque sí por los dirigentes de varias organizaciones de la región.

Intentar cambiar esta situación resulta bastante difícil para las organizaciones, en la medida que los actores vinculados a los procesos de estímulo/represión de la producción y tráfico de la coca, han sido en la práctica intocables y no han garantizado interlocución para llegar a acuerdos firmes y respetados.

Las comunidades entonces, sienten los tremendos impactos, que tanto una como otra actividad generan en la vida e integridad de pueblos enteros y de sus territorios. Esto no ha podido ser debidamente tratado y ni se ha tenido en cuenta en los planes y agendas de las organizaciones, y la situación es cada vez más preocupante, en la medida que este modelo de intervención política, económica y militar se expande a lo largo de la región. En la región del Pacífico no se ha hecho un análisis serio que de cuenta de la producción total de ilícitos y de sus impactos ambientales, socioeconómicos y culturales, dado que:

1.      Se considera como región, estrictamente a los departamentos con litoral costero sobre el océano Pacífico. El Sur de Córdoba y las regiones de Urabá, Atrato Medio y Bajo Cauca antioqueño constituyen también por extensión ecosistémica al Chocó biogeográfico.

2.      Es evidente que amplias zonas productoras no figuran en las estadísticas.

3.      La complejidad de las formas jurídicas y delimitación de los territorios colectivos y de las áreas protegidas, que existen en el Pacífico, no permite claramente saber si los plantíos están en Parques y/o resguardos al mismo tiempo, en resguardos o en territorios colectivos. La Unidad de Parques ha ido avanzando en sistemas de información consistentes y serios[2], pero aún así como en el caso de los dos parques del Pacífico más afectados, Paramillo y Munchique, las áreas registradas que no superan las 400 hectáreas, son inferiores a lo que se conoce en campo.

4.      El temor infundado sobre rumores de enajenación, promovidos por sectores gubernamentales[3], ha llevado a encubrir la problemática en los territorios indígenas y de comunidades afrocolombianas.

 

La expansión de los ilícitos en la región del Pacífico colombiano

Las cifras del año 2005[4] mostraron que existen 11556 lotes de producción de coca, que representan un área de 17044 hectáreas. Una mirada más detenida sobre estas cifras, muestra que realmente es el Chocó Biogeográfico la zona de mayor producción de coca en Colombia, al considerarse que en Antioquia la producción de coca se realiza en el Bajo Cauca y en Córdoba en el Alto Sinú y San Jorge, ambas consideradas en esta región ecosistémica.

Tabla 1. Área de Producción de coca en Colombia por departamentos.
 

Departamento	Hectáreas
Nariño	14154
Antioquia	5168
Córdoba	1536
Valle	45
Chocó	323
Cauca	1266
Total	22492

Fuente: Colombia, censo de cultivos de coca, Junio de 2005. Naciones Unidas y Gobierno de Colombia
 

Actualmente, es bastante difícil conocer con certeza en qué ríos y zonas de la región no se encuentran cultivos de coca y su verdadera dimensión. Las fumigaciones realizadas ponen en evidencia los casos poco a poco, pero es preocupante que no se evidencie la magnitud y la intensidad del problema, debido a que su evaluación solo se hace mediante ejercicios de las instituciones regionales y locales, pero no se realiza a partir de los censos elaborados por las entidades encargadas legalmente del control del problema.

Esta expansión del cultivo de coca avanza en la lógica de los ciclos depredadores del capital humano y natural de los pueblos y territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Las consideraciones de quienes promueven los cultivos y de quienes los reprimen, sesga e ignora las condiciones de las comunidades y de sus organizaciones, y desconoce de entrada las consideraciones ecosistémicas, culturales y sociales que ello implica.

En el Pacífico colombiano se integran todos los pasos y elementos de la cadena de producción, tráfico y blanqueo de ilícitos; pero también se corre el riesgo, de manera acelerada de acuerdo a la tendencia en el resto del país, que esta actividad gobierne aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de las sociedades locales y regionales, ante la débil institucionalidad de la región.

 

¿Las organizaciones han incorporado el tema de los cultivos ilícitos o proscritos y el de las fumigaciones, en las agendas institucionales y en las de las organizaciones comunitarias?

El tema de las fumigaciones en los territorios colectivos  ha puesto en primer plano la problemática y sobre ésta se evidencia y denuncia el problema. Sobrada razón tienen quienes manifiestan que las fumigaciones provocan serios impactos ambientales, en la biodiversidad, en la economía, la salud y la soberanía alimentaria de las comunidades. Sin embargo no puede dejar de considerarse que la aplicación de productos químicos en la producción de coca y síntesis de la pasta es también una fuente de impactos significativa.

Es preocupante entonces que las soluciones que el gobierno de Colombia y de Estados Unidos unilateralmente imponen a los cultivos ilícitos se centren solamente en las fumigaciones. Es fundamental repensar la estrategia antidroga y que ésta se haga de forma seria y responsable por el Estado, especialmente en un lugar excepcional del planeta como es el Chocó Biogeográfico, considerado punto caliente o “hot spot” de la diversidad biológica. Varios aspectos y situaciones merecen ser tenidas en cuenta para la búsqueda de soluciones a este problema,  tanto por las organizaciones de las comunidades indígenas y afrocolombianas; como por las instituciones: el Instituto de Investigaciones del Pacífico, las gobernaciones, los municipios, las corporaciones autónomas ambientales y de desarrollo sostenible y las ONG.

En primer lugar es fundamental que se considere que la implantación de cultivos de coca en la región, desplaza de manera inmediata la producción de alimentos y en general afecta estructuralmente los sistemas de producción tradicional. También afecta los procesos organizativos y la gobernabilidad, en la medida que se establecen e imponen nuevos gobiernos y mecanismos de control social, con poder real y efectivo basado en las armas y el dinero.

Los planes autónomos o propios que venían tomando fuerza en la región, bajo el nombre de Planes de Vida y Planes de Etnodesarrollo, quedan bloqueados, confrontados y en algunos casos dejan incluso heridos de muerte, puesto que la funcionalidad y concepción del ordenamiento sobre bases y visiones propias del desarrollo a largo plazo, queda liquidada por propuestas de respuesta inmediatista, y de economía fácil que cautivan y enganchan a la población joven principalmente.

De mantenerse la expansión de los cultivos de coca en la región, no sólo se genera el agotamiento de la rica y frágil base natural de las comunidades, que de manera limitada procura los medios de vida para la permanencia sostenible de la gente en la región, sino que también se provoca a todas luces un desplazamiento de la población y la salida y pérdida de gran parte de los jóvenes, quienes son parte fundamental para el futuro sustentable de esta región.

 

Los impactos locales en la región

El pacífico colombiano es un singular espacio de diversidad cultural, expresado en la heterogeneidad de rasgos diferenciados de procedencia y africanía de las comunidades negras que actualmente lo habitan También se caracteriza por la presencia de los pueblos indígenas embera eyabidá, embera oibidá, embera chamí, embera dobidá, eperara siapidaara, tule, zenú, nasa, inga y awá.

La convivencia entre los grupos humanos históricamente ha sido posible en la medida en éstos fijen como código común el respeto por la naturaleza y coincidan en las estrategias y prácticas para el  uso, acceso y manejo ordenado de los recursos naturales. Los recursos allí existentes tienen además múltiples funciones no sólo para la atención de las necesidades físicas, sino por el valor cultural y simbólico que encierran. En esta región se presenta esta conjunción hombre, vida y diversidad claramente enriquecida desde múltiples visiones étnicas.

El asunto delicado que enfrentan las comunidades que ya venían siendo enfrentadas a los impactos de la minería y de la explotación forestal selectiva, se acentúa aún más con el cultivo de la palma africana y sobre todo con la expansión de los cultivos de uso ilícito y las consecuentes medidas implementadas para contrarrestarlos. Vale anotar que tanto el problema como la solución frente a los ilícitos, son condiciones impuestas de manera externa y ajena a las comunidades, puesto que la coca para uso ilícito es una idea foránea, como también las fumigaciones y las drásticas medidas para atacar la expansión de estos cultivos.

Al estar en riesgo la biodiversidad, están en riesgo los bosques y los recursos hídrobiológicos, pero especialmente son vulnerables y afectadas las comunidades que potencian y conservan estos recursos.

Los impactos negativos que son generados por la economía de la coca sobre  las comunidades en la región del Chocó Biogeográfico son múltiples, entre estos se destacan:

·         Un importante impacto tiene que ver con el aplazamiento de los planes autónomos en los territorios colectivos, incluye aspectos como la titulación, el manejo del territorio, la aplicación de los reglamentos para el uso y manejo de los recursos del territorio. Es decir, se afecta de manera directa la gobernabilidad y también los sistemas de control interno. El esfuerzo por ejercer el gobierno propio, es menoscabado en todos los casos donde aparecen los ilícitos. Nuevas formas de ordenamiento territorial se imponen obedeciendo a las lógicas de los cultivos de coca y las rutas para mover los insumos y la pasta. Un hecho contundente que ilustra la situación es la negativa de los campesinos que están utilizando las tierras para la siembra de coca, en ceder éstas áreas para la ampliación del Resguardo Embera Katío del Alto San Jorge, alegando la compra de las mejoras a precios impagables desde lo económico y lo legal.  Otro caso que evidencia las alteraciones de las formas propias de gobierno, ha ocurrido en la Nupa, consejo comunitario del área de Nariño, donde se denunció la presión de narcos para hacer parte de la Junta del consejo.

·         La des-estructuración del complejo tejido social que construyeron durante centurias las comunidades étnico – regionales. Por ser casos de familias extensas, la afectación significa el rompimiento de las redes de solidaridad, de intercambio, de autonomía alimentaria. A esto se suma el abandono de las prácticas tradicionales de manejo de la selva y de la agricultura y el menosprecio al rol de las personas que no adoptan la siembra de los ilícitos, que finalmente se ven arrastrados por un nuevo modelo económico y de estilo de vida.

·         La distorsión económica local y microregional, al generarse una “inflación” que no corresponde a las condiciones reales de la región y que arrasa con las prácticas de intercambio, trueque, minga y mano cambiada. Comunidades no inscritas en una economía dependiente del dinero como sistema único de transacción, se encuentran enfrentadas a la escasez de mano de obra, al encarecimiento de los alimentos, de los arrendamientos, de los pasajes, de la gasolina y en general de los bienes y servicios. Dos situaciones particulares llaman la atención con la anormalidad de las economías locales y que tipifican la situación actual: el valor de una unidad de plátano en Satinga hace 2.5 años era de $ 1.500; pero más grave aún es la deserción de niños estudiantes en los grados cuarto y quinto de las escuelas del Alto Naya, al ser éstos retirados por sus padres para vincularlos a la economía de la coca, al arreo de mulas, en el caso de los niños y al despacho y manutención de trabajadores en el caso de las niñas.

·         La afectación de los ecosistemas que significa un cambio de la cobertura boscosa para ser sembrada por cultivos de elevada densidad, con un fuerte paquete de aplicación de agroquímicos, que generan la contaminación de fuentes hídricas y vertimientos de residuos de la síntesis de la pasta de coca.[5]

·    El incremento de acciones criminales ligadas al narcotráfico o de atropellos basados en el control del procesamiento y tráfico de pasta. Buenaventura y Tumaco se convirtieron en dos escenarios fuertes de violencia ligada a los cultivos ilícitos y prueba de esto son las múltiples masacres, asesinatos y desapariciones que se han vivido en los últimos años. La pastoral afrocolombiana, denunció cómo en Buenaventura, las muertes violentas superan los 200 casos en el 2006 y la mayoría se concentran en la población juvenil. Cabe anotar que no todas las situaciones de violación de los derechos humanos se encuentran asociadas al tráfico y producción de coca, pero sí muchas de las agresiones a la población civil son amparadas o justificadas por la fuerza pública estatal en relación a esta problemática.

·         Denuncias recientes como la que emite el Cabildo embera del Alto San Jorge, muestran una tendencia muy preocupante de las fumigaciones, que son similares a denuncias de comunidades afrocolombianas de la Ensenada de Tumaco y de comunidades campesinas de la zona de Crucito en el área del embalse de Urrá en Tierralta. Las comunidades del Alto San Jorge en su denuncia dicen: Estamos convencidos que la economía de la coca, las fumigaciones no fumigan la coca, pero si la comida de la gente. Los temas que deben ser revisados por el gobierno de manera urgente en Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta, son la expansión de la minería de gran impacto y sin control alguno, la concentración de la tierra y la miseria de miles de personas[6].    

·         La fumigación directa y la deriva (arrastre debido al viento) sobre las áreas de cultivo de alimentos, sobre las ríos y quebradas, rastrojos y sobre los animales utilizados como fuente de proteína, ahorro familiar y apoyo a las faenas de campo, genera de manera inmediata hambre en las comunidades. También se está provocando una pérdida de recursos genéticos locales de manera acelerada, tanto de la biodiversidad cultivada ligados a la producción de alimentos tales como semillas de arroz, plátanos, cerdos criollos, maíces, yuca y frutales; y también de la biodiversidad silvestre.

·         Los impactos a nivel de salud, siguen siendo desestimados y las medidas de las autoridades para aceptar tales daños, colocan de manera irresponsable y desventajosa la carga de la prueba en las comunidades para demostrar los daños. El arrasamiento de amplias áreas de cultivo no se considera como tal, sino se demuestra con sofisticadas pruebas emitidas por determinados laboratorios. No es suficiente el hambre, las señales de intoxicación en la piel, los vómitos y diarreas que manifiestan las personas; al igual que la mortandad de animales, bosques, recursos hidrobiológicos y cultivos. Un ejemplo claro de esto es la contaminación sobre el agua. Para admitirse tal contaminación debe estar soportada en muestras que sean llevadas rápidamente a laboratorios especializados que se encuentran principalmente en Bogotá y las principales ciudades y al llevarlos hasta allí desde sitios distantes la muestra se desnaturaliza y se alteran los resultados.

·         Las medidas asistencialistas como la entrega de alimentos, si bien atienden al derecho de contar con éstos para no morir de hambre, no distinguen en la práctica su verdadero alcance. Estas medidas provocan impactos adicionales más serios, como la dependencia alimentaria y el cambio de rol de los agricultores y agricultoras. Esta dependencia a su vez genera una pérdida adicional con relación a la gastronomía propia; y la pérdida de recursos genéticos es más fuerte y acelerada, luego de las acciones que atienden las llamadas de emergencias alimentarias.

Todo esto muestra que existen serias fallas que no son suficientemente estimadas y tenidas en cuenta por las mismas organizaciones de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, para valorar los impactos de la producción de coca, la síntesis y el tráfico de cocaína, así como los impactos de las fumigaciones.

Un claro aprendizaje para enfrentar una situación que terminará afectando a todos los pueblos del Pacífico, puesto que este fenómeno es expansivo, es el establecimiento de acciones y demandas sobre estas acciones ilegales; como también es urgente la solidaridad con los pueblos seriamente afectados como los awá, los embera del San Jorge y las comunidades afrocolombianas de Guapi, Ensenada de Tumaco, entre varios casos.

Pero lo más grave sigue siendo las intencionalidades de quienes promueven y reprimen los cultivos de coca, que son en definitiva los verdaderos responsables. Las contradicciones y la inefectividad de la política antidrogas promovida por los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia, finalmente alienta y promueve a los narcotraficantes y productores, situación evidenciada en la expansión y traslado geográfico del cultivo. Las autoridades locales y regionales tampoco han podido integrar acciones coherentes que tengan en cuenta a las comunidades locales; y especialmente se han caracterizado por la ausencia, desgano e indiferencia de las corporaciones ambientales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda, Desarrollo Territorial, lo cual recrudecerá el impacto de manera negativa a esta especial región del Planeta.

 

[1] Coordinador Programa Territorio, Derechos Colectivos y Gestión local en el Pacífico Colombiano- TDG. Swissaid Colombia. C.e: programatdg@swissaid.org.co

[2] Análisis multitemporal de cultivos de coca en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Naciones Unidas, UAESPNN. Período 2001- 2004.

[3] El ex-senador Juan Gómez Martínez elevó la propuesta de enajenar territorios colectivos con coca. Igual posición mantuvo el ex ministro del primer período del Presidente Uribe, Fernando Londoño.

[4] Colombia, censo de cultivos de coca, Junio de 2005. Naciones Unidas y Gobierno de Colombia.

[5] En el Alto Naya se observaron densidades de 14.000 plantas por hectárea y una aplicación mínima de ocho productos para la producción de hoja, que incluyen herbicidas, fungicidas y fertilizantes foliares y radiculares.

[6] Comunicado emitido por el cabildo embera del Alto San Jorge en nov 2006, ante el ataque de las FARC a Tierradentro.