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En febrero y marzo-abril de 2009, se realizaron la II Minga de Pensamiento –la asamblea decisoria del pueblo Nasa del norte del Cauca-- y el XIII Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, que agrupa a los 9 pueblos indígenas de este departamento. Fueron dos acontecimientos claves para los indígenas del Cauca en materia económico-ambiental: en ellos se debatió y definió la sustancia de lo que hemos denominado desde hace un tiempo como la “autoridad territorial económico-ambiental indígena”, que no es otra cosa que el ejercicio de nuestro derecho a gobernar el territorio y la economía.
Lo que aparece de bulto en las decisiones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Cxab Wala Kiwe), la ACIN, sobre lo económico-ambiental es su enfoque territorial. De hecho, la II Minga de Pensamiento de la ACIN definió que las acciones del Tejido Económico-Ambiental deben estar enfocadas a la consolidación del Territorio Autónomo Interétnico del Norte del Cauca.
Es una conclusión natural luego de 40 años de emprendimientos económicos alternativos, y otros no tanto, realizados por los indígenas del Cauca. Tanto los aciertos, pero sobre todo los errores, debieron decantar una conclusión que en otros espacios varios líderes indígenas del Cauca habían planteado (1) : no es posible una economía alternativa a menos que tenga por lo menos un alcance regional. Los proyectos agroecológicos locales, o las empresas cooperativas de truchas, la consolidación de los tules familiares, han terminado por subsidiar a la economía capitalista que rodea a las comunidades, y que las permea. En el mismo sentido, no es posible una economía alternativa si no es regulada por una autoridad diferente al Estado, pues éste es un agente directo de las formas económicas que atacan la autonomía y economía indígena.
Aunque esta reseña se centra principalmente en los debates económico-ambientales de la II Minga de la ACIN, incluimos varias referencias a lo discutido y aprobado en el Congreso del CRIC, porque se trata del mismo proceso, aunque el CRIC cobija a todas las organizaciones zonales del departamento y debe atender a problemáticas interétnicas más generales y complejas.
La posibilidad de controlar las dinámicas del capital desde las empresas comunitarias o las formas económicas familiares es muy escasa, sino nula. Esto es lo que obliga a una “expansión” de los ámbitos de interés de la autoridad indígena en cuanto autoridad Territorial, económica y ambiental. La Minga de Pensamiento de febrero de 2009 centra su primera política en la “consolidación territorial”, que debería desarrollarse con dos estrategias: la legalización de tierras y el ordenamiento territorial.
Sin duda la legalización de tierras está a la base de cualquier economía indígena. Sin propiedad indígena impera el mercado de tierras, donde los pocos indígenas que son propietarios individuales no tienen posibilidades de resistir. En condiciones de economía finquera, el capitalismo impone las condiciones: arriendo, asociación con grandes empresarios (agrícolas, minero-energéticos o simples rentistas de los grandes proyectos de infraestructura) o venta. Por eso solo los territorios colectivos pueden sustentar una economía alternativa; sea indígena, afro o campesina. Esa fue la apuesta de incluir las “zonas de reserva campesina” en la Ley Agraria, porque sin una figura jurídica que proteja las economías campesinas, éstas terminarán abriendo espacio o siendo derrotadas por la economía latifundista.
Por otra parte, los planes de ordenamiento territorial indígenas son un mecanismo para evitar que la recuperación y legalización de tierras a la larga no termine por sumarse a las dinámicas mercantiles imperantes. Este ordenamiento está ligado por tanto al pensamiento de la Liberación de la Madre Tierra, como el auténtico proceso indígena de reencuentro con la naturaleza y los fundamentos existenciales nasa, que debe orientar estas políticas; en las tesis indígenas aparecidas hace unos años donde se explicita esta concepción, lo más relevante es que no estamos recuperando la tierra para nosotros sino para ella misma, porque solo si la tierra deja de tener dueños, podemos tener una tierra para todos y todas.
Con ese enfoque, la II Minga de la ACIN también determinó dos procesos de ordenamiento especiales, que debemos destacar: un ordenamiento territorial para la identificación de zonas de vida y de riqueza natural, y un ordenamiento territorial ligado a propuestas productivas y a distribución de tierras entre las propias comunidades. Este último ordenamiento de la posesión familiar busca el establecimiento de límites a la posesión, la identificación de los requerimientos de tierras por familias, la definición de criterios de equidad en la asignación de tierras recuperadas, la garantía de los criterios de solidaridad y complementariedad sobre usos y distribución de la tierra, producción de alimentos, etc., entre familias y resguardos. El sentido de este ordenamiento es darle una base jurídica territorial propia a la economía alternativa y las propuestas productivas.
La II Minga de Pensamiento de la ACIN ratificó el enfoque global en materia económico-ambiental que nace de la cosmología indígena nasa, a saber, que cualquier actividad económico ambiental se guía por principios propios de respeto de la Madre Tierra, la reciprocidad, la solidaridad entre comuneros y comunidades, el respeto, la producción orgánica y sustentable, y la consulta a las comunidades. Esta concepción viene de muy atrás, desde la implementación de los proyectos comunitarios, todos ellos movidos por la necesidad de una economía que reemplace en realidad el modelo mercantil, y no solo a los dueños de los negocios.
Pero la ACIN entiende que son desafíos que deben ser llevados a la práctica, y que la práctica de los últimos años ha estado marcada por la contaminación del modelo capitalista dentro de las formas económicas comunitarias. Dicho en palabras más precisas, cualquier opción de reconstrucción de la base productiva propia pasa por resolver y superar las “ofertas” que la economía capitalista hace a las comunidades: la generación de excedentes, el acceso a productos de consumo simbólico y artículos de prestigio, bienes culturales no indígenas, la incorporación de tecnologías de comunicación y transporte, etc. De hecho, el principal problema de la economía indígena no es su propia sustentabilidad en relación con lo que tradicionalmente ha sido el consumo interno de alimentos o bienes perecederos, sino el consumo asociado a la sociedad y economía dominantes, que presiona sobre la rentabilidad, la productividad y la generación de excedentes.
En ese marco se inscribe la adopción de una estrategia de “consolidación de iniciativas propias de producción, transformación y distribución”, el centro mismo de la política de consolidación de un modelo ambiental territorial propio. Se trata de ir más allá de la producción de alimentos; debemos producir y transformar otros bienes que vayan desde vestuario de calidad y estética fuertes, hasta producción de música y otras expresiones artísticas. Sin esos bienes, resulta prácticamente imposible que detengamos la invasión capitalista y que nuestra economía sea atractiva para las nuevas generaciones indígenas.
Ahora bien, la estrategia pasa por aclarar y unificar la concepción sobre el tul, y así lo ha definido la Minga de Pensamiento. Puede resultar un poco extraño que el tul –la forma básica de economía familiar y socialidad indígena nasa— deba ser “aclarado”; pero no lo es si se atiende a los hechos de inserción forzada de la economía indígena en el mercado y la economía occidental los últimos siglos. Tal inserción implicó un reordenamiento de toda la economía, dándole al tul lugares diferentes en las comunidades, dependiendo de la fortaleza política interna, los procesos concretos de resistencia, la cercanía con centros económicos capitalistas, etc. Por ello, aunque todas las comunidades han impulsado su fortalecimiento, lo han hecho dependiendo de esta ubicación en la economía regional; hoy resulta necesario profundizar en este tema, para armonizar el trabajo de los diferentes proyectos comunitarios. Y para resolver una pregunta reiterada desde las comunidades: si el tul tiene potencialidad en la generación de los excedentes requeridos para adquirir bienes de la economía capitalista, o si por el contrario éstos deben basarse en otras fuentes y dejar intacto el carácter tradicional del tul. Esta reflexión también cuenta para el establecimiento obligatorio de las parcelas comunitarias, otra de las acciones decididas, que sirven de escuela política para fortalecer los proyectos colectivos comunitarios.
El otro componente de esta estrategia de iniciativas propias de economía tiene que ver fundamentalmente con el ordenamiento de la producción, para adaptarla a los requerimientos colectivos y para hacerla controlable por las comunidades y autoridades. Se destaca el diseño de un plan de siembras escalonada, que permita la complementariedad entre las comunidades, la diversificación y la superación de cualquier forma de monocultivo.
También para ordenar la producción se ha tomado la decisión de establecer empresas unificadas por cada línea productiva. En este aspecto se ven más fuertes los rasgos de una política regional territorial; no hay que olvidar que dentro de las comunidades del norte del Cauca que reconocen el sistema político indígena, hay por lo menos un 15% de personas no indígenas y un 25% mestizos. Por ejemplo, se decidió establecer en estas empresas los criterios de compensación para las comunidades de la parte plana y las comunidades de la parte alta por los servicios mutuamente recibidos, al igual que en los trueques tradicionales y en las formas tradicionales de complementariedad andina; o impulsar una red de aguas zonal, dirigida por la autoridad territorial ambiental indígena, que coordine los acueductos comunitarios y sea el espacio en que los afros, las organizaciones campesinas y urbanas, puedan definir el manejo de aguas en la zona. Por supuesto, las empresas propias deben ir acompañadas de campañas de promoción del consumo de productos propios (no solo alimentos), privilegiando como destinatarios a las familias, los centros educativos y los encuentros organizativos.
Un desafío que de nuevo ronda a la organización indígena es el establecimiento de un sistema de mercadeo propio, basado en centros de acopio y mercadeo. Se trata de un cuello de botella de los proyectos económicos indígenas de los últimos diez años; exitosos experimentos productivos, declinaron ante los intermediarios y las “grandes superficies” para dar salida a los excedentes; eso pasó con la producción de truchas y amenaza pasar con la producción de derivados lácteos. El desafío consiste realmente en inventar las ya trilladas “redes de mercadeo alternativo”, que siempre aparecen en las reuniones y talleres interétnicos sobre temáticas alimentarias, pero que luego se abandonan por la facilidad, mejores precios y oportunidad que ofrecen los sistemas ya montados de los comerciantes capitalistas. El montaje de este sistema debe ser una decisión motivada por razones políticas y de autonomía, y no de ventaja económica, y así fue entendido por la II Minga de Pensamiento de la ACIN, lo que quiere decir que debemos constituir esas redes aunque en una primera etapa puedan parecer “poco rentables”.
La segunda gran estrategia adoptada para la consolidación de un modelo de economía propia a escala territorial es la investigación y educación en procesos económicos locales y alternativos. Es un hecho destacable, dirigido a superar pensamientos a veces un poco soberbios que a veces tenemos, que plantean que no hay nada que aprender de occidente, ni siquiera del propio saber indígena, lo que a la larga impide sistematizar las experiencias y aprendizajes, sobre todo de los errores cometidos. El principal reto es la actualización del diagnóstico territorial, enfocado a la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial POT zonal y de los resguardos. Hace cinco años la ACIN realizó un pre-diagnóstico ambiental territorial que ahora debe dar paso a una caracterización actualizada de las problemáticas y la situación, y ser estructurado ya en perspectiva de los POT indígena. Eso implica la realización de un conjunto de estudios de potencialidad del suelo, de potencialidades económicas de las tierras recuperadas, de viabilidad empresarial, de implicaciones de formas económicas como el monocultivo (café, etc.), sobre la producción sana, etc.
En un sentido más global, la ACIN decidió realizar investigaciones sobre la definición de alternativas a la economía y a las transnacionales minero-energéticas que cada vez representan una mayor amenaza y el seguimiento permanente de las estrategias de despojo territorial del Estado; el diagnóstico y evaluación del ingreso masivo de recursos externos y de sus impactos (positivos y negativos) en autonomía, en particular lo referido a las transferencias del Sistema General de Participación SGP de recursos fiscales y las que provienen de la cooperación internacional; e incluso profundizar en las posibilidades de un sistema de moneda propia, ejercicio que se ha venido realizando en los trueques. Se trata de investigaciones dirigidas a configurar estados del arte, los cuales deben permitir una discusión orientada a la toma de decisiones políticas. Estas prioridades también fueron adoptadas en el XIII Congreso del CRIC, donde incluso insistió en formular las bases teóricas, políticas y económicas de un sistema financiero indígena regional, que articule además de una moneda propia, un sistema bancario y de crédito.
El control de la economía implica, además de los estudios anotados, la conformación de un sistema de información comunitario articulado para mantener actualizados los diagnósticos productivos y de consumo de alimentos. La determinación de montar este sistema no obedece a la moda de los observatorios y los sistemas informativos; es más el reconocimiento de que hemos venido actuando con informaciones parciales, poco depuradas, de oídas, que conducen a decisiones equivocadas. La II Minga por eso pensó tal sistema como una síntesis de los seguimientos locales y no como una actividad centralizada en el equipo del Tejido Económico-Ambiental; la tarea de urgencia es consolidar la red más amplia de conocedores y técnicos capacitados de las comunidades, asociada a los equipos de expertos que apoyen el diseño y ejecución de proyectos productivos y aporten en el avance jurídico en el tema económico ambiental.
Ese sistema de seguimiento sobre la producción propia debe traducirse en el fortalecimiento de los procesos formativos en asuntos productivos, enfocados a proteger la diversidad, el intercambio de experiencias, la participación en mingas productivas y el desarrollo de propuestas tecnológicas propias a partir de conocimiento de los mayores.
La conclusión del la II Minga --luego de definir las políticas de consolidación territorial y de consolidación del modelo económico ambiental territorial— es realmente el punto de partida, y al que nos referimos al principio de esta reseña: sin una entidad territorial autónoma de orden regional, es improbable que podamos tener una economía propia sólida. El territorio autónomo es todo el espacio ancestral donde vivimos la cultura y que hemos ordenado de acuerdo con nuestra cosmología, donde gobernamos y nos gobernamos, y que no puede ser otra cosa que la forma como nos relacionamos, protegemos y liberamos a la Madre Tierra.
Lo central de esta apuesta es la consolidación del poder alternativo indígena. Que hoy tiene reconocimiento estatal, pero que al mismo tiempo es atacado sistemáticamente por el Estado y las empresas. La idea es consolidar y ampliar ese poder alternativo: legislar, gobernar, liberar la Madre Tierra vivir en armonía y con reciprocidad.
Legislar para proteger la Madre TierraPor eso la estrategia fundamental en este propósito es el “afianzamiento normativo interno”, que no es otra cosa que la re activación de nuestra capacidad legislativa territorial. Esta capacidad no es una concesión del Estado republicano en la Constitución Política, como quieren seguir presentándolo los miembros del establecimiento; es el reconocimiento a una realidad anterior al propio Estado. Tanto en la Ley de Origen –nuestra forma de ordenamiento cosmológico, respetuosa de la Madre Tierra y basada en la armonía, el respeto y la reciprocidad entre los seres humanos y la naturaleza—, como en leyes propias que hemos venido adoptando en nuestra historia de resistencia, ya hemos hecho ejercicios legislativos.
Pero tenemos una nueva realidad: un capitalismo invasivo, depredador, cada vez más agresivo, ahora marcado por un instinto desterritorializador y privatizador; frente a la cual es urgente incorporar nuevos campos en nuestras leyes, nuevas problemáticas que deben ser reguladas, dentro de las propias comunidades; porque ese capitalismo no solo está fuera, sino dentro, y debe ser controlado o neutralizado o expulsado, mediante normas y acciones jurídico-políticas. La presencia de las transnacionales, y en general de las empresas capitalistas que están en su totalidad subordinadas a la lógica de esas transnacionales, es el principal desafío de la ley económico-ambiental propia.
Pero los campos de acción normativa son diversos. Por ello, para la implementación de esta estrategia de reactivación legislativa, se determinó la conformación de un equipo que dinamice participativamente una propuesta y síntesis inicial de normatividad territorial y económico-ambiental, y se presente posteriormente a consideración del Congreso o a un espacio de encuentro de autoridades donde se legisle.
Una segunda gran estrategia para darle forma a la autoridad ambiental territorial, es la gestión normativa hacia ámbitos externos, especialmente para conformar una barrera que nos permita ese ejercicio legislativo interno. La acción concertada con el CRIC para impulsar acciones jurídicas que ayuden a detener el avance de las leyes del despojo, sigue siendo una prioridad, y así lo entiende la ACIN; varios temas están sobre la mesa: demandas contra títulos mineros y leyes minera y de aguas, acciones contra los Planes de Aguas departamentales, adopción de posición de autonomía territorial sobre Parques Naturales y en contra de los regímenes especiales de manejo.
Como parte de esa barrera contra la dinámica del capital y del Estado, se prepara una resolución legislativa sobre el tema minero-energético. Teniendo en cuenta que las leyes indígenas son leyes de la República, la ACIN ha decidido aplicarlas legal y lícitamente a las empresas, sobre todo a las de economía extractiva. En la II Minga se adoptó la Resolución 004, que establece que cualquier empresa o institución “deberá acogerse plenamente a las directrices de la Autoridades Tradicionales y del gobierno propio, acatar los principios culturales del pueblo Nasa sobre la naturaleza y las formas de vida, reconocer la territorialidad del pueblo Nasa y atender los criterios del consentimiento libre, previo e informado en cualquier tipo de consulta”; y la Minga económica-ambiental realizada en septiembre de 2009 fue más allá, al determinar que en el caso de las transnacionales extractivas y comercializadoras de recursos naturales básicos, debe haber una prohibición de principio a su presencia y operación.
Tenemos la voluntad de realizar una consulta popular interétnica contra la invasión de las transnacionales minero-energéticas en el suroccidente. Se trata de replicar la exitosa experiencia que tuvimos con la Consulta Popular contra el TLC, llamando a todas las comunidades de la región, incluidos los pequeños mineros, las autoridades locales y empresarios de la zona, para que participen en un gran proceso de estudio sobre las graves implicaciones de la gran minería y la necesidad de que todos los sectores nos opongamos a que esas transnacionales nos reordenen el territorio, lo destruyan y luego dejen un desierto ambiental. Consideramos que necesitamos liderar junto con las otras organizaciones populares un proceso de agenda regional en materia económica ambiental, que incluye este tema y nuestra alternativa en materia de producción sustentable, para posicionar un modelo regional alternativo.
La II Minga analizó que para consolidar la economía propia debemos trabajar en una estrategia de ordenamiento en materia económica-productiva. Se requiere que los principios de nuestra economía indígena se conviertan en normas específicas para los diferentes emprendimientos económicos, de forma que las empresas indígenas (familiares o comunitarias) no nieguen en su práctica la cosmología nasa.
No se trata de un control que asfixie las ideas de familias, comunidades o proyectos comunitarios en materia económica, sino de formular una propuesta con criterios orientadores de la producción, unos mínimos de trabajo que nos permitan armonizar la actividad económica familiar y los propósitos de autonomía política territorial. Temas como fomentar la producción escalonada, producir para el consumo e intercambio interno de las comunidades antes que para el mercado externo, montar el sistema de tiendas que privilegie la compra-venta de productos propios, armonizar los precios de productos locales, ordenar la distribución de excedentes, las normas sobre acceso de recursos al territorio (públicos, privados, comunitarios), son asuntos urgentes en que el Tejido económico-ambiental se involucrará en el futuro inmediato.
En la II Minga fue reiterada la exigencia de darle capacidad operativa a la autoridad indígena en sus funciones ambientales y económicas. Las autoridades indígenas han desarrollado una fuerte capacidad en materia penal, en liderazgo político, en ordenamiento territorial interno, pero en lo propiamente económico, choca con las resistencias de las mismas comunidades y sobre todo las familias, que ven en esta política una limitación para su propia sobrevivencia; algo similar ocurre con lo ambiental, que por lo general constituye una demarcación a diversas formas económicas. El problema no es distinto al de todas las comunidades rurales en su conjunto: esencialmente radica en que las comunidades y familias reconocen la necesidad de regular la actividad económica, pero sienten que la carga de dicha regulación recae sobre los más débiles y no sobre los principales contaminadores o destructores de la naturaleza o más grandes empresarios; y frente a situaciones de alta vulnerabilidad –propiciada por el capital—constatan que siempre son ellos los que deben aceptar límites. Las comunidades fueron obligadas a adoptar prácticas que en algunos casos son destructivas, y lo saben; y quieren buscar soluciones que no signifiquen empobrecimiento.
La II Minga –y antes el XII Congreso del CRIC de 2007-- sin embargo resolvieron este problema a favor de una autoridad económico-ambiental que ordene, pero que respete; que garantice que los páramos sean protegidos, y al tiempo presione la legalización en las tierras planas; que eduque sobre formas mejores de producir y al mismo tiempo abra caminos para que siempre haya alimentos y bienes. Decirlo es fácil: hacerlo es un trabajo muy complejo; por esto mismo la autoridad indígena avanza lentamente en regular la economía y las situaciones ambientales. Particularmente las limitaciones necesarias a la actividad minera artesanal (que tiene una larga historia en el departamento) son problemáticas por la elevada dependencia económica que tiene para algunas comunidades; todavía no se ha resuelto una posición unificada, por la persistencia de quienes defienden una posición pragmática y quienes consideran que tanto por razones cosmológicas como ambientales la minería no debe tener cabida en nuestros territorios; es una decisión cada vez más urgente, porque todos somos conscientes que la minería artesanal en muchos casos ha sido una puerta de entrada a la minería de gran escala, y nada nos vacuna contra ese riesgo.
Frente a los actores externos es más claro el camino. En este campo, el problema es de capacidad y fuerza política. Por eso se definió un esfuerzo creciente de acompañamiento y apoyo entre las comunidades para hacer cumplir esos mandatos y leyes propias a las transnacionales y otras empresas e instituciones, especialmente de los cabildos más fuertes a cabildos débiles para la implementación y ejecución normativa. De la misma forma que se actúa en minga contra la presencia armada o de la economía ilegal, la ACIN decide que muchas de las empresas autorizadas por la ley del Estado en realidad violan nuestra ley, y por lo tanto se les debe aplicar la ley indígena con toda su potencia y legitimidad.
Un verdadero desafío a la autoridad ambiental y económica es el control de la economía ilegal. Decimos “economía ilegal” porque la coca ni es ilegal ni es ilícita en los territorios indígenas. Pero no somos ingenuos sobre lo que significa la presencia de cultivos industriales de coca en nuestros territorios: sabemos de sus impactos en la economía, en los valores y en la autoridad. Al tiempo que seguimos exigiendo a los narcotraficantes y a los actores armados legales e ilegales que viven del tráfico, que desocupen nuestros territorios; es sabido que algunos miembros de nuestras comunidades se han visto involucrados en esa economía; frente a ello hemos iniciado un diagnóstico de cultivos ilegales ligado a tareas de capacitación acerca de los impactos que tiene sobre cultura y la organización social, y a la identificación de alternativas. Alternativas que incluyen el impulso a la producción de alimentos y otros productos basados en la coca, y la organización de cocaleros indígenas; sin ello no podremos encontrar soluciones a los problemas que produce.
La II Minga no resolvió todos los temas en materia económico-ambiental. Ya reseñamos el debate sobre la minería artesanal o semi-industrial realizada por o en algunas comunidades indígenas, que tiene una dimensión adicional sin solución: los recursos naturales, sobre todo los forestales y minero-energéticos, siguen siendo un atractivo para las transnacionales y pueden representar un factor de vulnerabilidad. La situación ha creado un falso dilema en algunos sectores indígenas: producimos nosotros o ellos vienen y explotan. La realidad es que en casi todos los casos conocidos esta posición ha terminado por legitimar formas extractivas más destructivas, al crear condiciones de dependencia económica de la minería o la explotación maderera sobre las cuales posteriormente cabalgan las grandes empresas. Lo que funciona con el mármol o el azufre –la minería tradicional que tenemos en el Cauca—no funciona para el oro, el molibdeno o la plata, porque en el primer caso se trata de economías poco transnacionalizadas, donde pequeños actores empresariales pueden tener posibilidades de competir, mientras en los otros casos las grandes empresas imponen desde las leyes hasta el precio en las bolsas de valores extranjeras. Sin duda es un tema que deberá ser profundizado.
Otra temática en discusión es la relacionada con los transgénicos y los agrotóxicos. Aunque la ACIN desde su I Minga en 2007, le apostó por una producción limpia, sin químicos, agroecológica, con territorios libres de transgénicos, aun siguen sin implementarse los mecanismos de control para que las transnacionales bioquímicas no avancen en su propósito. Aunque la II Minga no profundizó en esta materia, definió el establecimiento de un banco de semillas, acorde con prácticas tradicionales, y la mayor vinculación de los mayores y médicos tradicionales; las reflexiones del Tejido Económico-Ambiental han sido más intensas y amplias, y la práctica misma en el impulso de los tules ha sido coherente con este propósito de tener un reservorio de biodiversidad en los cultivos mismos.
La I Minga económico-ambiental de septiembre de 2009, al momento de terminar esta reseña, discutía sobre las conclusiones relacionadas de la II Minga de Pensamiento para darles curso y operatividad. El sentido de esta nueva reflexión fue muy claro: mantener los principios espirituales que guían la vida comunitaria, desarrollar la capacidad política y operativa para realizar el plan propuesto.
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