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Contexto

Gran minería en Colombia, ¿Para qué y para quién?

La política minera de los últimos 20 años en Colombia impuesta por el capital multilateral, diseñada por el Banco Mundial y aplicada a la brava por los acuerdos de desempeño del Fondo Monetario Internacional, abre lo que queda de país al capital Transnacional que dirige sus empeños a consolidar un modelo desarrollo minero-energético a costa de la vida de millones de seres humanos, al sacrificio de áreas ambientalmente sensibles, a la destrucción de culturas milenarias, a la propagación de la miseria y la violencia en pos de lo que el establecimiento eufemísticamente llama “prosperidad democrática” que implica en las prioridades del plan nacional minero facilitar la actividad minera, es decir entregarle los yacimientos al llamado “segmento tres”, que son las empresas con “alta capacidad de inversión y conocimiento del negocio minero”, o sea al capital Transnacional fuertemente ligado al control de depósitos minerales a nivel mundial, la transformación industrial y el comercio de estos(1).

Se plantea promover el desarrollo sostenible, y para eso se aliaron el establecimiento colombiano, el gobierno canadiense, los abogados de las multinacionales y los criminales de guerra que fungieron como congresistas, para crear un Código de Minas y una legislación ambiental(2) , donde la multinacional es la que pone las condiciones, amplía o reduce las licencias ambientales, utiliza sus propios funcionarios para que fiscalicen el manejo ambiental, introducen artículos que garantizan total impunidad en desastres ambientales , para que al final tal y como lo señala Alfredo Molano, de los 7.000 títulos mineros 1.800 están en la Amazonia, en reserva forestal y 44 en Parques Nacionales, lo que producirá desastres ambientales(3) de enormes proporciones habida cuenta del carácter destructivo de la minería(4) .

Fiscalizar el aprovechamiento minero en áreas bajo control militar-paramilitar, con organismos colosalmente corruptos como Ingeominas, con funcionarios que primero son del Estado y luego de las multinacionales, como en el caso de funcionarios de la Anglogold Ashanti, solo por poner un ejemplo; donde se tiene una práctica permanente de evasión del pago de regalías, como en el caso Drummond que bajo conceptos amañados en contra de los intereses de la nación, ha dejado de pagar casi un billón de pesos(5) ; igualmente el fraude en la declaración de estas empresas, como el que se presenta con Cerromatoso que adeuda 24 mil millones de pesos, sumado a que por malas liquidaciones entre el 2004 y el 2008 se “perdieron” 23 mil millones de pesos y $420.000 dólares con Prodeco-Glencore(6); es así como la corrupción se traga lo poco que pagan las compañías, constituyéndose a todas luces una burla a los intereses nacionales.

Inversión y “Desarrollo”

Entregar estos recursos al sector privado corrupto, ineficiente ambientalmente, violento, generador de pobreza y miseria para solo producir lo que el Plan Nacional Minero no llama ganancia, sino “captura de valor”(7) es profundizar los problemas estructurales que sufre el país; como no vamos a ganar nada vamos a intentar “capturar” algo de una inversión en minería y energía de 140 millones de dólares/año, que de paso hay que compensarla a través de rebajas tributarias a una tasa de 105 dólares por cada 100 dólares que ingresen al país, es decir por cada 100 dólares que invierta una multinacional, ustedy todos los colombianos debemos devolverle 105 dólares en compensaciones y la ganancia del proyecto será para la multinacional, esto es posible a través del Código de minas, la ley de estabilidad jurídica, la ley de medio ambiente y la nueva legislación de impuestos que fueron creadas por un congreso abiertamente paramilitar.

Un caso especifico de los efectos del “crecimiento minero” son los departamentos de Cesar y Guajira, donde las condiciones laborales de los trabajadores mineros son pésimas, la Drummond lleva diez y seis trabajadores muertos en accidentes de trabajo, cuatro sindicalistas asesinados, ambas minas cuentan con asociación de enfermos y el Cerrejón a pesar de reconocer que hay aéreas en la mina que son de alto riesgo, se ha negado a aplicar la Convención Colectiva en lo tocante a proteger estos trabajadores con la pensión por alto riesgo; el incremento de la extensión del área contratada, que desde junio de 2001 a abril de 2005 creció en el 72%, paso de 12.510 Km2 en septiembre de 2003, a 22.210 Km2 a junio de 2005 y ascendió del 1.09% al 1.94% del total del territorio nacional, esto se ha hecho a través de operaciones militares-paramilitares como en el caso del área de extensión de la mina el Descanso de Drummond, que a través de pagos a paramilitares y funcionarios corruptos, se expulso a punta de asesinatos y desapariciones forzadas a los reales dueños de las áreas, para que luego esta compañía procediera a “legalizarlas” para doblar la producción de Carbón, con destino a los Estados Unidos, que es principal mercado y responsable de la aplicación de este modelo. Hecho similar ocurrió con la masacre de indígenas Wayuu en Bahía Portete, donde el Cerrejón intenta extender el puerto en búsqueda de duplicar sus exportaciones por medio de alianzas con grupos militares-paramilitares que en operaciones conjuntas masacran la población, la desplazan, la estigmatizan, la re-victimizan a través de calumnias de todo tipo que buscan legitimar su proceder criminal(8).

Otro ejemplo de “desarrollo” son las áreas de las cementeras, el 69% del crecimiento minero se centra en materiales de construcción(9) (bajo el manejo de monopolios como Holcim, Cemex, Cementos Argos, Ladrillera Santa Fe; en ellas los organismos de seguridad del estado y los paramilitares adelantaron varias masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y hoy es la zona de mayor ocurrencia de los llamados falsos positivos; el 54% han ocurrido en la minería de esmeraldas (industria muy ligada al paramilitarismo y el narcotráfico) y un 19% en carbón (10) , industria que está bajo control de monopolios transnacionales, ubicadas principalmente en zonas donde se ha implementado la guerra financiada por países desarrollados, los monopolios nacionales y transnacionales, quienes son los directos beneficiarios de estas acciones, las cuales se han extendido hacia áreas protegidas, las zonas de nacimiento de agua, los parques nacionales, las áreas de paramo, y en las zonas mineras en territorios colectivos de indígenas y de afrodescendientes e incluso como el caso del Cerro cara de perro, en lugares sagrados para las comunidades indígenas.

 

Inversión extranjera directa y violación a Derechos Humanos

Los flujos de inversión comienzan a llegar en la misma medida en que se consolida el modelo económico impuesto a través de las acciones militares-paramilitares en áreas de interés de monopolios nacionales y transnacionales. Por ejemplo en 1996 la inversión fue de solo 51 millones de dólares, en 1998 cuando aun no se había aprobado el Código de Minas, baja a 6 millones, pero luego de aprobado el Código sube en 2001 a 524 millones, en 2004 a 1.246 millones, en 2005 a 1.981 millones (11) y 2008 la suma fue de 2.116 millones de dólares (12).

En hidrocarburos ha tenido el mismo comportamiento, comienza con 778 millones de dólares en 1996, pasa a 511 millones en 1998, luego a 521 millones en 2001, 528 millones en 2004, 1.237 millones en 2005 (13) , en 2007 a 3.333 millones y en 2008 subió a 3.571 millones de dólares. Se resalta que las principales beneficiarias resultan ser la empresas petroleras canadienses o con inversión de capital de ese país, cuyos abogados, conjuntamente con funcionarios del gobierno han elaborado con criminales de guerra (parapolíticos) la legislación petrolera, minera, de medio ambiente y de estabilidad jurídica de las inversiones extranjeras; ahora estas empresas desarrollan sus proyectos principalmente en Putumayo, Huila, Llanos Orientales y Magdalena Medio(14) .

Esas inversiones han hecho subir el Producto Interno Bruto (PIB minero) del país de 1.294 en 1996, a 1.535 en el 2001, a 2.305 en el 2004, y a 2.586 en el 2007(15) , en similares rangos ha subió el PIB de minerales como carbón que paso en 1996 de 513.993 a 774.035 en 2001, a 1.104 en el 2004, a 1.395 en el 2007(16) , el de los minerales no metálicos y el de minerales metálicos, aquí cabria la pregunta sobre a quién beneficia ese aumento del PIB?.Las exportaciones de carbón con la venta del Cerrejón y con la entrega total de nuestro recurso mineral, pasó de 544,8 millones de dólares FOB(17); en 1990 a 861,2 en el 2000 a 2.598,2, y a 5.043,3 en el 2008 (dato parcial). Para el caso del ferroníquel en 1990 se exportó 146,3 millones de dólares FOB, en 2005 fue de 737,8, y para 2007 paso a 1.680,3 millones de dólares FOB (18).

Teniendo en cuenta el balance total del ejercicio del proceso productivo, que incluye la suma de lo que deja la producción de carbón por el pago de regalías, las contraprestaciones económicas, cuando las había, los impuestos versus las rebajas tributarias, los incentivos a inversión extranjera, sin contar con el fraude en la declaración de regalías, la evasión de impuestos, la doble contabilidad que llevan las empresas etc; el resultado económico para el país es la perdida en los últimos 30 años de más de 14 billones de dólares(19). Esa es precisamente la política nacional minera que desean las multinacionales y los gobiernos de los países del Norte -así es que se desarrollan- y también los monopolios nacionales ligados a procesos de violencia y saqueo, como forma primaria y casi exclusiva de acumulación de ganancias.

 

Destrucción de la vida y el medio ambiente

La aplicación de estas políticas, el incremento de la producción minera de carbón y las condiciones en que se hace, tiene un ejemplo particular en el Departamento del Cesar; ello ha significado que la Drummond y todas las compañías mineras que operan allí, hayan creado y/o pagado a los grupos paramilitares que se dedicaron a asesinar a mas de 600 personas en todo el corredor férreo que va de la mina del municipio de la Loma-Cesar al puerto de Ciénaga- Magdalena(20), y han desplazado a mas de 200.000 personas y desaparecido alrededor de 100; así como han extendido el área de explotación de las empresas Drummond y Prodeco a punta de crímenes, desplazamiento forzado, compra y venta fraudulenta de tierras arrancadas criminalmente a los poseedores legales de estas tierras, tal y como lo denuncio la Fiscalía General de la Nación(21). Similar situación aunque en proporciones mayores ha ocurrido en los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Guajira y Magdalena; allí los homicidios han aumentado de 681 en 1995, a 767 en 1.999, luego a 1.294 en 2000, y a 1.667 en 2001. Las masacres tuvieron un comportamiento similar, ocurrieron 36 en 1996, 57 en 1.999, 98 en 2.000, y 105 en 2.001. Las detenciones arbitrarias pasaron de 206 en 1.999 a 2.300 en 2002(22) .

Es decir las violaciones a Derechos Humanos, se incrementaron en la proporción similar a la llegada del capital transnacional, que no solo en el caso de Colombia ha participado de la imposición del modelo económico a través de la violencia; igual ocurrió en la segunda guerra mundial, donde el capital norteamericano, alemán e incluso judío respaldó a Hitler y a sus políticas imperialistas y expansionistas en la guerra; también en las dictaduras de los países del cono Sur, en donde los militares entregaron a los sindicalistas que se le oponían a sus prácticas de saqueo; y también en Guatemala, donde la construcción de una represa, derivó en el crimen de cientos de personas y el desplazamiento forzado de miles; ni hablar de los casos ocurridos en Nigeria, Sudan, Irak, Irán, Afganistán etc. Es aquí donde nos respondemos hasta ahora para qué y para quien han sido las ganancias del sector extractivo.

 

El reto

El reto está en construir una política minero-energética soberana, racional con el manejo de los recursos, que sea capaz de suspender la explotación minera a gran escala, puesto que no es viable para la humanidad; esta política debería impulsar la nacionalización del recurso minero, y reclamar la condonación de la deuda externa, para que se invierta en la construcción de la infraestructura básica de nuestra población; también debe permitir que el grueso de la población que trabaja en el sector, se dedique a construir esos servicios básicos que no posee el territorio nacional y a recuperar el daño estructural ambiental que se ha hecho con esa explotación por parte de las grandes compañías mineras que operan en el país.

Además habrá que construir una entidad que defienda los intereses nacionales contra el interés de las grandes corporaciones multinacionales y que construya, en vez de destruir el territorio. Esta entidad debe tener fuertes controles a la corrupción, que eviten que sus funcionarios luego sean empleados de las transnacionales, quienes trasladan información de un lado hacia otro, en detrimento de la seguridad nacional y los intereses del país. Eso por supuesto deberá ser la propuesta del movimiento social colombiano que ahora resiste y construye contra el imperio multinacional y los monopolios nacionales.

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 1. La Gran Minería en Colombia, Las ganancias del exterminio, Sintraminercol, año 2004.
 2.Ibídem
 3.El Espectador, Columna de Alfredo Molano, Agosto 22 de 2010
 4.Comunicado de la oficina del senador Robledo, Septiembre de 2010
 5.La desastrosa política minera- Juan Pablo Fernández, 22 de Septiembre de 2010
 6. Plan Nacional Minero, Visión al 2019.
 7. Declaraciones de paramilitares a la televisión pública Holandesa Agosto de 2010.
 8. Fuente Banco de la Republica
 9. Ibídem
 10. Ibídem
 11. Ibìdem
 12. Agencia Nacional de Hidorcarburos
 13. Ibìdem
 14. Banco de la República
 15. Ibídem
 16. FOB:Mercancía puesta a bordo, libre de gastos de fletes y aduanas, por cuenta del destinatario
 17. Ibídem
 18. La Gran Minería en Colombia, Las Ganancias del Exterminio, Presidencia de Sintraminercol 2004
 19. Demanda contra la Drummond en Alabama año 2010.
 20. Fiscalía General de la Nación, comunicado de julio de 2010.
 21. La Gran Minería en Colombia, Las ganancias del exterminio. Presidencia de Sintraminercol 2004