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En Colombia se percibe una alta expectativa por Río+20, un escenario que celebra los veinte años de la Cumbre de la Tierra realizada en 1992, el cual pretende fortalecer el proclamado desarrollo sostenible, a través de una propuesta de economía verde. Esta propuesta puede conocerse en un documento preparado de cara a Río+20 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, el cual la define como:
[…] aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente, y es socialmente incluyente. En una economía verde, el aumento de losingresos y la creación de empleos deben derivarse de inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones de carbono y la contaminación; a promover la eficiencia energética, así como en el uso de los recursos; y a evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los ecosistemas. Dichas inversiones han de catalizarse y respaldarse con gasto público selectivo, reformas políticas y cambios en la regulación. El camino hacia el desarrollo debe mantener, mejorar y, donde sea necesario, reconstruir el capital natural como activo económico fundamental y fuente de beneficios públicos, especialmente para las personas desfavorecidas cuyo sustento y seguridad dependen de la naturaleza.
Esta propuesta surge en un momento de crisis civilizatoria, la cual engloba, entre otras, una crisis financiera, energética y climática. La economía verde, como diversas perspectivas que han surgido desde organismos internacionales, apunta a enfrentar, de manera simultánea, todas estas crisis, resaltando que es necesario conciliar el crecimiento económico con la lucha contra el cambio climático y la pobreza.
En este sentido, una nueva perspectiva de desarrollo comienza a surgir, fundamentada en la creación de nuevos mercados verdes; la ampliación de la matriz energética a partir de fuentes de energía limpias, y una nueva mentalidad empresarial y corporativa “ambiental y socialmente responsable”. Todas estas respuestas buscan ser el camino de transición y ajuste verde del capitalismo, sin la necesidad de alterar las relaciones sociales y de producción del sistema capitalista, causa principal de la actual crisis civilizatoria.
Dentro de las principales soluciones se encuentra el comercio de carbono como eje estructural, ideológico y financiero de una nueva perspectiva del desarrollo. La compra o venta de carbono resulta en el criterio a partir del cual se cataloga la “limpieza” de cualquier actividad y las diferentes propuestas enmarcadas en las políticas de cambio climático buscan mostrar, a partir de una mayor participación de este mecanismo de mercado, los logros en el enfrentamiento del cambio climático y el desarrollo de una economía verde.
La problemática del cambio climático es hoy una prioridad tanto de las instituciones financieras internacionales como de la banca de desarrollo para fortalecer fondos de inversión climática y direccionar recursos hacia la definición de políticas y el desarrollo de proyectos para enfrentar el cambio climático. Esto se hace desde una visión macroeconómica de dimensión global que integra variables económicas y ambientales, en función de incluir riesgos de carácter ambiental en la planificación económica; definir políticas para en frentar el cambio climático y desarrollar nuevos mercados, lo que es la base para transitar hacia la nueva perspectiva de desarrollo bajo en carbono promovida desde el Banco Mundial.
Tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, definieron un marco estratégico para el cambio climático como nueva prioridad del desarrollo. Para el BID se trata de la Estrategia integrada para mitigación y adaptación al cambio climático, y de energía sostenible y renovable (ESCC). En 2010, se destinó a dicha estrategia el 25% del presupuesto general de esta fuente de financiamiento multilateral, en el Noveno Incremento General de Capital.
Sobre esta, se señala que “servirá para guiar y facilitar el diálogo entre el Banco, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en la materia” (INTAL, 2010:1); ello se posibilita por que las acciones del BID se encaminan a crear todas las condiciones para que diferentes actores entren en la dinámica del mercado de carbono. A eso apunta la compleja arquitectura de conocimiento, financiera, política y comercial que responderá a este y a otros mercados que se desarrollan de manera paralela como lo son los de servicios ambientales, energías renovables y de riesgo, a partir de la promoción de redes, alianzas o plataformas entre sector público y privado, banca comercial, banca de desarrollo y sociedad civil, y facilitar el acceso a fondos climáticos. De esta manera, se dota a estos nuevos mercados de todo tipo de condiciones para garantizar los incentivos e inversiones financieras que requieren. La financiación va mucho más allá de la definición de las políticas públicas, reformas institucionales o el desarrollo de marcos legales, esta también logra determinar unas condiciones políticas pero también moldear las relaciones y accionar de la mayoría de los actores que confluyen entorno a dicha política.
En Colombia, las operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo posibilitan identificar el objetivo que persigue el financiamiento climático de crear todas las condiciones necesarias para dinamizar los mercados de carbono; a continuación se presentan distintos tipos de operaciones:
Las operaciones del BID en Colombia apuntan a definir los lineamientos de la política de cambio climático. Ello puede identificarse en el Plan Nacional de Desarrollo y su componente ambiental denominado: “Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo”, el cual resalta la necesidad de mantener el capital natural y los servicios ambientales que este provee como base para garantizar el crecimiento económico del país y la sostenibilidad de las cinco locomotoras de crecimiento.
La política de cambio climático está compuesta de un plan nacional de adaptación al cambio climático, siendo Colombia el primer país en América Latina en definir una estrategia de este tipo. Como segundo componente se establece la necesidad de identificar diferentes opciones de mitigación para enfrentar el cambio climático, todas ellas enmarcadas en una Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono que permita que el “país acceda a recursos financieros favorables de bajo costo, a transferencia de tecnología apropiada, participe en mecanismos de mercado de carbono y fondos de mitigación” (PND 2010-2014, p. 442), el objetivo es que se desarrollen acciones de mitigación de emisiones de carbono en todo los sectores de la economía, esto significa un cambio sustancial en el carácter de la política que hasta ahora solo contemplaba el desarrollo de proyectos aislados.
Se genera la necesidad de desarrollar un marco normativo que fomente acciones en los sectores de la economía, posibilitando la destinación de presupuestos nacionales que incentiven acciones de mitigación, desarrollen capacidades para acceder a mayores fuentes de financiación y fortalezcan la participación en los mecanismos de mercado.
El nuevo enfoque posibilita, además, establecer prioridades y metas en cada uno de los sectores de la economía. Así, la política de cambio climático determinará el componente ambiental o carácter sostenible del desarrollo, por ser la más favorable en términos de garantizar incentivos financieros a proyectos de desarrollo y acciones de diferentes sectores de la economía y promover nuevos mercados, entre ellos los mercados de carbono. Con esto se configura una política de cambio climático cuyo fin principal es atraer fuentes de inversión nacional e internacional.
En el financiamiento climático ocupa un lugar especial el desarrollo de REDD como una de las propuestas de mitigación en el país. REDD es un mecanismo que pretende enfrentar las emisiones de carbono generadas por la deforestación de los bosques en países en desarrollo; aún no existe claridad sobre la regulación de este mecanismo por parte de Naciones Unidas, no obstante ya existen proyectos piloto y un significativo avance en la preparación nacional del mecanismo. Este hecho se evidencia en el establecimiento de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-1014, y plasmada en el Conpes 3700 de 2011.
La preparación del mecanismo no se da solo en un sentido normativo, esta preparación se realiza en dos vías, una liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, que permite acceder al financiamiento de la estrategia nacional; y otro camino paralelo que busca concretar proyectos pilotos REDD en diferentes regiones del país y adecuar las condiciones financieras y comerciales para posibilitar el mercado de carbono forestal. Ambas vías confluyen en una efectiva estrategia de cooptación de comunidades para legitimar la entrada de los mercados de carbono en los territorios de bosque.
De tal manera que en este proceso de preparación de REDD participan el gobierno, la banca, organismos internacionales, sector empresarial, ONG conservacionistas y organizaciones indígenas o afrodescendientes, estableciendo relaciones institucionales hacia la definición de una política, adecuación institucional, desarrollo de capacidades técnicas para el monitoreo de los proyectos REDD y realización de proyectos pilotos; todo ello se configura en una compleja arquitectura promovida desde el Grupo del Banco Mundial, para la creación de todas las condiciones que den viabilidad y legitimidad al mercado de carbono forestal en el país.
Resulta necesario resaltar que todas estas acciones obedecen a la creciente expectativa sobre los beneficios financieros que puedan recibirse a través de REDD en los mercados de carbono, lo cual ha significado un creciente número de actores interesados en los territorios de bosques, que en Colombia se encuentran en su mayoría en territorios de pueblos indí- genas y comunidades afrodescendientes. Ya se comienzan a percibir dinámicas de asedio y negociación con las comunidades para que estas participen en el mecanismo REDD, lo cual puede significar una creciente amenaza de que la autonomía sobre sus territorios y derechos sean desconocidos y vulnerados al quedar supeditados a proyectos enmarcados en los mercados de carbono.
ATB - Amigos de la Tierra Brasil, 2010. REDD y el futuro de los bosques: ¿una opción por el ambientalismo de mercado? NAT Brasil, Porto Alegre.
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INTAL - Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, 2010. Cambio en América Latina y el Caribe: Una tarea prioritaria para la acción del BID. Revista Integración & Comercio. 30, 5-8.
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