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Tomás León Sicard
Introducción
El debate está claramente planteado: de un lado aparecen las voces que se alzan para exigir la fumigación aérea con herbicidas de cultivos de uso ilícito como la forma más eficiente para eliminar plantas y cultivos de coca en los Parques Nacionales y de otro se escuchan las de quienes se oponen a tales procedimientos y en su lugar proponen procesos diferentes, que contemplen la raíz misma del problema. En las dos orillas se acomodan por igual políticos profesionales, decisores públicos, grupos de opinión, activistas sociales, colombianos rasos, grupos de interés económico, político y militar, habitantes rurales y académicos.
Los académicos ocupan lugares destacados en esta polémica. Algunos de ellos han preparado informes alegando que los herbicidas empleados en Colombia no generan impactos sobre la salud de los seres humanos ni sobre los componentes del ambiente. El objeto de este artículo es el de examinar la posición de la ciencia frente a la erradicación de cultivos ilícitos para derivar de allí, una reflexión global sobre el pensamiento científico y su deber ético en un mundo que poco a poco va perdiendo la suma de valores que conforman los altos sueños de los hombres.
La polémica sobre el uso de herbicidas para erradicar cultivos de uso ilícito en Colombia, es realmente vieja; debe tener por lo menos veinticinco años, si no más.
Los primeros argumentos que esbozaron algunos científicos y que el autor de estas líneas ha oído incluso en días recientes, es que tales herbicidas, por contener moléculas de nitrógeno y fósforo al final resultarían siendo benéficas para los suelos porque podrían ser utilizadas como ...¡fertilizantes!
Esta tesis resulta a todas luces muy peregrina e incluso ingenua, pero ha hecho carrera: se cree en muchos círculos que el glifosato y sus coadyuvantes no generan riesgos. Incluso no ha faltado quien se deje rociar con este producto o que insinúe que es capaz de beberse un trago del herbicida al frente de las cámaras de televisión, como una muestra de confianza en el veneno y en sus bajos efectos sobre la salud de los seres humanos.
El argumento del “herbicida - fertilizante” se origina en la ignorancia científica pero se aprovecha en la tribuna política, que la malinterpreta y la utiliza a su favor. El científico que expuso esta tesis estaba muy lejos de comprender el sentido de la fabricación y de la utilización de venenos en la agricultura y posiblemente se engañó al estudiar la composición relativamente simple del herbicida.
La realidad, por supuesto, es otra. Los herbicidas se diseñaron para matar plantas, impidiendo o trastornando su metabolismo, interfiriendo en la síntesis de proteínas y disminuyendo sus defensas inmunológicas. No tienen nada que ver con fertilizantes, así aporten moléculas sencillas de elementos nutritivos. La primera acción de un herbicida es eliminar físicamente las plantas. Una vez al interior de la misma, el veneno puede transformarse en otras sustancias, hacer parte de la biomasa y ser degradado por diferentes rutas. La planta muere indigesta de nitrógeno y fósforo, pero muere al fin y al cabo. No hay tales efectos benéficos.
De otra parte, un grupo de expertos internacionales contratados específicamente por la Oficina para el Control y Abusos de las Drogas (CICAD) dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), expuso públicamente su trabajo de más de un año en el que conceptúan, palabras más, palabras menos, que el glifosato tal como se usa en el Programa de Erradicación Aérea de Cultivos Ilícitos (PECIG) no genera riesgos para la salud humana o para el ambiente (Solomon et al., 2005). Cualquier observador imparcial que escuche estas aseveraciones, seguramente se extrañaría y quien haya profundizado en el análisis del referido informe de la CICAD - OEA seguramente tiene observaciones de fondo sobre estas conclusiones tan particulares.
León, et al. (2005) quienes son profesores del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (IDEA), examinaron el documento citado y tanto a la luz de la teoría ambiental como del simple sentido común, realizaron críticas de fondo a esta posición singular de los investigadores que contrató la CICAD. Afirman, por ejemplo que el estudio no consideró, o si lo hizo fue de manera tangencial, los riesgos directos o indirectos del uso masivo de este herbicida sobre ecosistemas o agroecosistemas vecinos y sobre la sociedad en general, tanto a nivel social como económico.
Señalan que el trabajo de la CICAD tiene una grave deficiencia: gran parte de su análisis se basa en estudios secundarios para estimar los efectos del herbicida en la salud humana, acogiendo la mayor parte de los que juegan a su favor, pero desestimando aquellos que indican riesgos. Es más: los autores no consultaron la lista de quejas (en la actualidad reposan más de 8.000 en la Defensoría del Pueblo)3 que han interpuesto diferentes actores de la sociedad colombiana sobre los efectos ambientales de las fumigaciones.
Finalmente los profesores del IDEA le señalan a los de la CICAD que no estudiaron, ni tomaron muestras, ni analizaron mínimamente los efectos del glifosato sobre los bosques aledaños a los campos de cultivo, no evaluaron los daños a los cultivos de uso lícito (cacao, maíz, yuca, plátano), no midieron la erosión de los suelos que se desencadena cuando las plantas mueren y la cobertura vegetal desaparece de la superficie de los terrenos, no analizaron la muerte de animales domésticos (aves de corral o ganado vacuno) ni realizaron estudios directos sobre afectaciones de salud de los campesinos, niños, mujeres, o indígenas afectados con las fumigaciones. Entonces, preguntan los investigadores de la Universidad, ¿cómo los científicos contratados por la OEA se atreven a concluir que los daños ambientales son leves y que este herbicida no tiene afectaciones sobre la salud o que sus riesgos son mínimos?
Pero el asunto va más allá: las argumentaciones de partida del estudio CICAD - OEA reconocen que “... el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos es tema de intenso debate por razones políticas, sociales y de otra índole...” y por lo tanto “.... se excluyen del estudio específicamente todos los aspectos sociales, políticos y económicos y el informe final se basa estrictamente en la ciencia y en argumentos basados en la ciencia...”.
León y sus colaboradores indican que esta aseveración es muy polémica, por lo menos por tres razones: primero, porque excluye a las ciencias sociales, humanas y económicas del análisis ambiental; segundo, porque coloca el acento solamente en las explicaciones que provengan de las ciencias naturales o ciencias “duras” en un fenómeno que, en realidad, toca muchos más de los aspectos considerados por ellos y tercero, porque es ineludible que este estudio, o cualquier otro de la misma índole se utilizará con fines políticos, como ha sucedido en efecto.
La ciencia no puede declararse neutra frente a la sociedad, alegando que su método es puro e imparcial, cuando sus motivaciones y resultados se insertan en el debate social. Más aún cuando se trata de temas tan sensibles social, económica, política y militarmente, como el que trata el estudio, que se encuentran en el centro de polémicas con repercusiones mundiales y que se ligan con derechos humanos fundamentales, como el de la vida, el ambiente sano y la salud de los colombianos.
La confianza total en la ciencia también es relativa. Las argumentaciones en contra del glifosato, también son abundantes en la literatura mundial y, sin embargo, no fueron suficientemente exploradas por los autores. Ello quiere decir que la ciencia enfrenta problemas cuando pretende ser objetiva, porque es un ejercicio humano. Aquí vale la pena anotar el famoso ejemplo del vaso que está hasta la mitad de su volumen ocupado con agua; para algunos observadores está medio lleno y para otros estará medio vacío. La pretendida objetividad científica de las ciencias positivas, también está en duda.
¿De qué manera puede el científico solitario escapar de la responsabilidad social que le impone el trabajar en materia tan difícil y justificar su actuación hacia esa sociedad que le demanda juicios “imparciales”? ¿Hasta qué punto esa “imparcialidad” existe? ¿Qué dosis de ingenuidad o por el contrario de militancia política existen en quienes aceptan ejecutar tales trabajos?
Es obvio que tales preguntas no las puede contestar sino el trabajador de la ciencia que se interroga a sí mismo en la soledad de su oficina, cuando se encuentra aislado de toda pretensión inútil para agradar a quien le paga por estas labores. Lejos estamos nosotros, simples críticos de estas actuaciones, para juzgar el corazón y el ánimo de quienes transitan por el afilado camino de la ciencia –utilidad política o de la ciencia– ética.
Basta con señalar de nuevo que el científico debería constatar la complejidad de su objeto de estudio, que sus afirmaciones no son gratuitas, que sus conclusiones afectarán a cientos o quizás a miles de personas y que su estudio será utilizado por individuos con intereses económicos y políticos en direcciones que tal vez nunca se habían imaginado. ¿Estarían suficientemente informados estos científicos que su investigación iba a ser utilizado para justificar las fumigaciones aéreas en los Parques Nacionales Naturales de Colombia, hecho que se daría por primera vez no solo en la historia de este país sino de la humanidad misma?
Es cierto que los científicos de la CICAD - OEA se apegaron a las especificaciones formales para efectuar análisis de riesgos de plaguicidas pero es que el caso que nos ocupa excede de lejos cualquier marco normativo o regulador vigente. Insistimos en que se trata de la primera vez en la historia de la humanidad en que un país es sistemáticamente sometido a fumigaciones con herbicidas para erradicar un cultivo (que no es una maleza), atado por milenios a la cultura local y a la actual conflictividad social, económica y política de Colombia que es, sin duda, compleja. Ello de por sí invitaba, incluso, a debatir si las metodologías clásicas de evaluación de riesgo son adecuadas o no para establecer los umbrales de riesgo y los efectos ambientales en estas condiciones.
Los buenos científicos también deben preocuparse por la manera en que sus métodos corresponden o no con los objetos de estudio, máxime si se trata de trabajos que incorporan la palabra “ambiental”.
La primera discusión que el equipo de investigadores debió enfrentar era, precisamente, ese análisis general que incluyera todo el proceso de producción, transformación y erradicación de los cultivos proscritos por la ley. De haberse hecho así, probablemente se hubieran dado cuenta de la urgente necesidad de haber incorporado otros profesionales de las ciencias sociales, económicas, ecológicas y ambientales que seguramente les hubieran aportado visiones y enfoques diferentes a la evaluación de riesgo.
La ciencia siempre ha avanzado de la mano de las contradicciones de los métodos con la realidad. En este caso más que en cualquier otro, se requería formular un marco teórico de tipo ambiental, probablemente nuevo para las escuelas de evaluación de riesgo, pero muy necesario para cualificar el trabajo.
La sociedad entera vuelca la mirada sobre la comunidad científica, en busca de respuestas que justifiquen o no la continuidad de las acciones de fumigación. Muchos creen que la ciencia debe dirimir el conflicto y que su veredicto zanjará de una vez por todas el problema planteado, bien porque demostraría que el glifosato no posee consecuencias negativas sobre el ambiente biofísico y sobre las poblaciones humanas o bien porque las pruebas científicas dejarán ver todo lo contrario: que sí existen efectos persistentes sobre suelos, aguas, fauna, flora y seres humanos.
Esta demanda que la sociedad colombiana le ha hecho a su aparato científico, más allá del debate sobre si la ciencia debe o no dirimir un problema que pertenece a otras órbitas sociales, ha desnudado otra verdad que estaba oculta a los ojos de la mayoría de colombianos: la debilidad de las universidades y de los centros de investigación para responderle al país sobre sus problemas fundamentales. Colombia nunca se planteó con seriedad las consecuencias del uso de venenos en la agricultura y por muchas décadas impulsó y aún impulsa la utilización indiscriminada de fungicidas, herbicidas, insecticidas y otras sustancias venenosas sin realizar estudios serios y monitoreos continuos sobre sus efectos a corto, mediano y largo plazo en diversos componentes de los ecosistemas y en la salud de los consumidores.
Con excepción de los valientes trabajos de la red Rapalmira (ONG que ha logrado la prohibición de más de una docena de agroquímicos tóxicos, entre ellos el endosulfán), el país no cuenta con estudios continuos sobre estos temas. Existen, claro está esfuerzos aislados, tesis de grado y algunos trabajos de corto plazo que han abordado el tema, pero sin que ello constituya la conformación de grupos de excelencia, con suficiente personal dotado con laboratorios adecuados, salarios decentes y estímulos a la investigación.
El problema del consumo de alimentos con residuos de plaguicidas no merece la atención de la gran prensa, ni convoca reflexiones profundas de la sociedad, ni mueve los presupuestos económicos del Estado, tal vez porque detrás de ellos se mueven poderosos intereses económicos. Las ventas de las nueve empresas de agroquímicos más poderosas del mundo alcanzaron cifras de 31.000 millones de dólares en 1998 (algo así como 71 billones de pesos colombianos equivalentes a casi dos veces el presupuesto nacional de ese momento).
El país no posee estudios serios sobre los efectos del glifosato ni en los ecosistemas ni en la sociedad. Ello no quiere decir que tales efectos no existan. ¿Pero quién ha estudiado estos efectos en las regiones amazónicas y en los páramos colombianos? Nadie. Tal vez porque la intensidad de la fumigación no tiene tampoco antecedentes en el mundo. No hay venenos seguros. Lo único seguro es que Colombia ha estado de espaldas al conocimiento, tanto de sus selvas húmedas tropicales como de sus modelos agrarios y ahora le reclama a la comunidad científica que le explique cómo es que los herbicidas afectan a los hombres y a los ecosistemas. Tal vez un poco tarde.
León, S.T., Burgos, S.J., Toro, P.C., Luengas, B.C., Ruiz, R. C. y Romero, H. C. 2005. Observaciones al “Estudio de los efectos del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente”. Bogotá, Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) - Universidad Nacional de Colombia. 35 p.
Solomon, K.,Anadón, A., Luiz, C.A., Marshall, J. y Sanin, L.H. 2005. Estudio de los efectos del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) - División de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 143 p.
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[1] Documento preparado para las deliberaciones del comité asignado por la Universidad Nacional para estudiar la reglamentación de los institutos nacionales. Bogotá, septiembre de 2005.
[2] Agrólogo, Ph.D. Profesor Asociado Instituto de Estudios Ambientales – Universidad Nacional de Colombia. C.e: teleons@unal.edu.co
[3] Comunicación personal de funcionarios de la Defensoría del Pueblo (abril de 2005).
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