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La globalización, como proceso de recodificación de la naturaleza en términos económicos, se ha traducido en la sistemática implantación de políticas que configuran la apropiación del patrimonio natural para utilización mercantil. Ese tipo de intervención sobre la naturaleza afecta, entre muchas otras dinámicas, la hidrológica planetaria, pues la devastación y apropiación de los territorios, característica de los procesos privatizadores, tiene como consecuencia directa la afectación de los ciclos hídricos y, con ellos, de las fuentes de agua.
Las diferentes formas de privatización, que se despliegan en distintos niveles (apropiación de acueductos comunitarios, privatización de ríos, agua embotellada, inclusión del agua en los Tratados de Libre Comercio, entre otros) y que cuentan con diversas estrategias (militares, jurídicas, culturales, entre otros), intentan someter a la naturaleza a las lógicas del mercado; pero intentar articular los patrimonios hídricos, con sus ciclos y particularidades, a esa instrumentalidad, entra en conflicto con visiones y prácticas ancestrales, comunitarias y cotidianas en las que el agua es entendida como derecho humano fundamental, bien común y público, no como mercancía.
Reconocer el agua como derecho humano fundamental, implica garantizar a cada habitante del planeta igualdad en el acceso sin importar su condición económica, su capacidad de pago. Pero esto es completamente contrario a la amenaza que aparece con los procesos de privatización, en los que, entre otras cosas, se defiende el interés de apropiarse de las fuentes hídricas.
En este artículo se hará referencia a la forma de privatización que se genera cuando el Estado, por encima del derecho de las comunidades a hacer un uso soberano de su patrimonio hídrico, prioriza intereses particulares, que buscan intensificar la producción agrícola mediante la construcción de una presa sobre el río Ranchería que abastecerá distritos de riego en la baja Guajira colombiana.
Aunque tradicionalmente el río Ranchería ha sido fuente principal de agua dulce de los guajiros, seguido por los arroyos que refrescan el área en eventuales épocas de invierno en la región, hace cinco años se inició la gestión gubernamental para construir sobre el río una presa llamada El Cercado, que abastecerá extensas áreas de cultivo y, selectivamente, algunos municipios de la baja Guajira.
El sofisma del desarrollo, con los modelos de vida que ha impuesto, ha desplazado a los centros mayormente poblados de la Guajira2 gran cantidad de alijunas (hombre blanco), atraídos por la actividad comercial e industrial de la región; por tanto, ha aumentado la necesidad de agua potable en aquellas zonas. Por otro lado, aunque ancestralmente estas tierras no fueron explotadas para la agricultura, ésta ha cobrado gran importancia en la última década. Los estudios presentados por la Unión Temporal Guajira (UTG) han sustentado y señalado la posibilidad de abastecer con agua para riego cerca de 18.000 hectáreas por medio de la construcción de la represa sobre el río Ranchería.
La instrumentalidad en el manejo del patrimonio hídrico se hace manifiesta en el abastecimiento de agua hacia extensas áreas de cultivo, objetivo principal de la construcción de El Cercado. El libre curso del río implica el beneficio comunitario de gozar de un ambiente sano y de tener acceso digno a una fuente segura de agua dulce por parte de las comunidades que interactúan con él desde la parte alta de la cuenca hasta la desembocadura en el mar Caribe; sin embargo, con la construcción de la represa, esta interacción está amenazada.
El aumento de la cobertura agrícola por medio de la implementación de los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar, y el abastecimiento de siete acueductos de la región sur de la Guajira, son los principales argumentos que dan viabilidad financiera al proyecto; sin embargo, la construcción del embalse potenciará actividades de producción ajenas a las tradicionales llevadas a cabo por los Wayúu, y a su vez afectará la calidad de vida de comunidades indígenas ubicadas en cercanía a los municipios Karasía, Aremasín, Roche, entre otros, que suplen sus necesidades con el cauce del río aguas abajo de la represa. Las actividades de subsistencia se afectarán y el impacto a la cultura será ostensible por la variación de las actividades tradicionales relacionadas con el acceso al patrimonio hídrico; por otra parte, es notable la pérdida de soberanía de las comunidades ancestrales en la gestión del agua, puesto que los distritos de riego están diseñados únicamente para abastecer los cultivos de terratenientes de la zona.
Garantizar el acceso digno y de manera igualitaria a todos los sectores de la población es mandato constitucional que el Estado debe cumplir; pero, el caso del río Ranchería representa una desatención a este principio, en virtud de que los beneficios de El Cercado vinculan sólo a una parte de la población del sur de la Guajira, limitando el acceso al agua que tradicionalmente han tenido los habitantes de la alta Guajira.
En este caso, el Estado tiene una responsabilidad ética al actuar como privatizador en el sentido de privar a las comunidades que tradicionalmente han visto en el río su posibilidad de supervivencia, y entregar la fuente hídrica a quienes ven en ella un instrumento para regar sus grandes cultivos.
En la construcción de la represa el Estado ha cedido ante los intereses privados, lo que podríamos catalogar como un comportamiento éticamente rechazable, generado por presiones de entes privados que propenden por intereses individuales, financieros, etc. El Estado ha tomado decisiones que afectan a las comunidades, al permitir la privatización de patrimonios hídricos que han sido fuente de supervivencia para grupos con fuertes procesos de apropiación territorial, beneficiando a una minoría que sólo persigue fines económicos para la acumulación de capital y privando de sustento a quienes tienen interrelación legitima con el patrimonio natural.
El apoderamiento del río Ranchería por parte del Estado, que obedece directamente a intereses de particulares en la construcción de la represa El Cercado, constituye un caso contundente de injusticia ambiental, puesto que se vulnera la soberanía de las comunidades en la gestión del agua, para introducir el patrimonio natural en la lógica mercantil. La construcción de El Cercado ocasionará que las comunidades ancestrales de la región sean quienes asuman los pasivos ambientales de la construcción de la represa.
Frente a esta injusticia es menester que los movimientos nacionales e internacionales en defensa del agua, que dentro de su lucha propenden por el reconocimiento del agua como derecho fundamental, aúnen sus esfuerzos para incidir políticamente en los espacios de toma de decisiones para obstaculizar la entrega ilegítima del patrimonio hídrico a agentes privados.
La construcción de la represa El Cercado sobre el Río Ranchería según el documento CONPES 3362, costaba alrededor de $177.100 millones de pesos de 2001, y tras las sugerencias y recomendaciones de Corpoguajira sobre el diseño preliminar, el costo ascendió a $347.548 millones de pesos de 2005.
El Cercado represará 200 millones de metros cúbicos de agua, los cuales surtirán aproximadamente 15.000 mil hectáreas en el distrito de Ranchería, 3.000 mil hectáreas en San Juan del Cesar y siete acueductos municipales de la baja Guajira.
En la actualidad se está ejecutando la primera etapa del proyecto que contempla la construcción de la represa y el descapote de 15 kilómetros para la construcción de vías a la represa, 14 kilómetros a Caracolí, y además la desviación del río por medio de un túnel de un kilómetro. La segunda etapa del proyecto contempla la construcción del conducto a San Juan y a Ranchería.
El distrito de riego proyecta ampliar el área de cultivo de 6.000 a 37.000 mil hectáreas anuales, según reportó el INCODER en mayo de 2006.
En la primera fase de desarrollo de distrito de riego se construirá el embalse, el Cercado, sus obras anexas y las conducciones principales hacia ranchería y hacia San Juan del Cesar, que tendrán un cuada de 10 y 2.5 metros cúbicos por segundo, respectivamente. La presa tendrá una capacidad de almacenamiento de 198 millones de metros cúbicos de agua y para su construcción se inundará 638 hectáreas, cuyos predios ya comenzaron a ser adquiridos por parte de la empresa constructora, Consorcio Desarrollo Guajira (CDG). La segunda etapa comprenderá las obras complementarias del distrito de riego, como redes de distribución y las que van directo a los predios de los productores beneficiados.
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[1] Censat. C.e: energia@censat.org
[2] En la actualidad, aproximadamente, el 56% de la población la componen los Alijunas, el 41% la comunidad indígena Wayúu y el 3% restante está compuesto por otras comunidades indígenas.
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