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Contexto

El Tratado de Libre Comercio y la autonomía alimentaria

Alejandro Mantilla Quijano[1]

 

El objetivo primordial de la negociación y firma de los TLC, está relacionado con la búsqueda de mayores facilidades para generar fluidez en el comercio internacional. En otras palabras, se pretende que el volumen de compra y venta de bienes y servicios que traspasa las fronteras nacionales sea cada vez mayor, eliminando las barreras que impiden realizar este tipo de transacciones. En este aspecto específico, las figuras básicas sobre las que discuten los negociadores son dos: Reducción arancelaria y trato nacional a las importaciones.

La reducción arancelaria tiene como objetivo la disminución de las tasas, que deben pagar los importadores a la hora de comprar productos de origen foráneo. Esta medida busca poner en igualdad de condiciones a la producción extranjera frente a la local, ya que los aranceles se constituyen en un desestímulo a la importación en la medida en que estos acrecientan los precios de los productos que no son de origen nacional. Por su parte, la figura del trato nacional a las importaciones busca que los estados establezcan los mismos comportamientos y las mismas normatividades frente a las mercancías tanto importadas como criollas; buscando impedir cualquier distinción que no tenga como origen el mercado de bienes y servicios.

Puede decirse que las dos figuras son complementarias. El propósito de la reducción arancelaria es la búsqueda de un mayor estímulo a los intercambios internacionales, generando condiciones que no dificulten el hacer transacciones de comercio internacional por vía de la demanda (importadores), favoreciendo así a la oferta (exportadores). El trato nacional a las importaciones apunta a que los Estados no puedan limitar tales flujos comerciales, impidiéndoles intervenir si buscaran favorecer la producción nacional.

Es con base en estas consideraciones que los Estados plantean políticas públicas, con la finalidad de adecuar sus economías frente a la competencia previsible que implica la liberalización comercial. En esa línea, es bueno resaltar que los Estados no dejan de intervenir o regular la economía, sino que su participación se define por los marcos planteados por el mercado.

 

La decadencia de los cultivos alimentarios

Al reducirse los obstáculos para la realización de transacciones comerciales, resulta obvio que el volumen tanto de importaciones como de exportaciones tiende a crecer. En ese marco, para muchas personas esta situación no tendría nada de lesiva si el volumen de ingresos devengado por exportaciones es mayor del egreso gastado en importaciones, es decir si la balanza comercial es positiva para el país. No obstante, a pesar de su atractivo a primera vista, este argumento resulta bastante peligroso en lo que a lo alimentario se refiere.

Usualmente, cuando se derrumban las barreras internacionales para el comercio, los Estados y las economías nacionales tienden a especializarse en determinados productos, ya que harían un mayor énfasis en producir lo que pueden insertar exitosamente en el mercado mundial, aprovechando lo que la economía política clásica denominó ventaja comparativa2. Dada tal tendencia, tenemos que en lo relacionado con la agricultura uno de los riesgos potenciales es la posible expansión de monocultivos, un régimen de producción donde para el agricultor resulta más rentable la siembra de un solo producto para así obtener mayores dividendos comerciales.

A nuestro juicio, una nueva expansión de determinados cultivos en nuestro contexto indica una grave amenaza para la producción alimentaria. Si analizamos el comportamiento de la política pública agrope­cuaria en los tiempos recientes, encontramos que las ayudas estatales para el sector agrícola dadas en la última década, se han dirigido basicamente a 11 productos: algodón, trigo, cebada, arroz blanco, azúcar blanca, cacao, leche, maíz, sorgo, soya y palma. Así mismo, en materia pecuaria se ha hecho énfasis a lo relativo a pollo, huevos y porcinos. No obstante lo anterior, en algunos momentos el margen de productos tiende a restringirse, si se observa que entre 1999 y 2001, las ayudas se concentraron en 5 productos: aceite de palma, maíz, arroz blanco, azúcar y leche, que requirieron el 83% del total de apoyo en ese periodo3.

Recientemente, el nuevo Ministro de agricultura anunció que el gobierno doblaría las ayudas para este tipo de producción agroindustrial. Mientras en 2004 el apoyo representó aproximadamente 190.000 millones de pesos, para 2005 la cifra sería superior a los 380.000 millones. De este monto total, aproximadamente 150.000 millones se dirigirán al llamado “Incentivo a la Cobertura Cambiaria” que busca compensar a los productores de banano y flores, por el dinero que han dejado de ganar gracias a la reva­luación del peso. Adicionalmente, se mantendría la prohibición a las importaciones de arroz durante 2005 y se tomarán otras medidas para favorecer a los productores de maíz blanco, leche y maíz amarillo4.

Al observar tal comportamiento de la política pública se puede concluir fácilmente que el objetivo primordial es el apoyo a los monocultivos agroindustriales dejando de lado la pequeña producción familiar. Este tipo de producción a pesar de realizarse en muy malas condiciones sigue siendo el principal motor de abastecimiento de productos básicos para la dieta nacional, entre los que se cuentan fríjol, maíz, yuca, tomate, habichuela, arbeja y papa5.

Partiendo de lo anterior, puede decirse que con la negociación y la entrada en vigor del TLC es altamente probable que las tendencias frente a la producción agrícola, pecuaria y alimentaria se dividan así:

1. El gobierno nacional pondría énfasis en apoyar productos no alimentarios como flores, palma y algodón, los cuales a primera vista pueden insertarse en el mercado internacional exitosamente6. También se puede pensar en cultivos no alimen­tarios emergentes como las plantas aromáticas, aunque no habría claridad sobre cual sería la política pública al respecto.

2. Se apoyaría con decisión a aquellos cultivos alimentarios pero marginales para la dieta nacional que también entrarían con fortaleza en mercados internacionales como el banano y otras frutas y alimentos exóticos como borojó, pitahaya, cacao y hasta hormiga culona.

3.  Algunos cultivos alimentarios más cru­ciales para la dieta y que son apoyados por el gobierno, pero que tienen su mercado amenazado en virtud de la fuerte competencia norteamericana serían objeto de ardua negociación. Por esta razón se plantean minirondas de negociación específicas sobre lo agrícola, con el fin de no entorpecer la negociación global7. Dentro de estos alimentos se destacan sorgo, soya, las diversas variedades de maíz, arroz, leche, cerdo y pollo.

De llegar a cumplirse esta directriz, tendríamos ante nuestros ojos un grave problema en materia alimentaria en el corto plazo con miras a agravarse en el mediano y el largo, ya que respectivamente las tendencias se acentuarían de la siguiente manera:

1.  El apoyo a cultivos no alimentarios propiciaría el crecimiento del área sembrada de los mismos, bien sea por la vía de los megaproyectos agroin­dus­­triales o incluso por la vía de la elección de pequeños agricultores que podrían abandonar los cultivos alimen­tarios al observar un mayor rendimiento8.

Un ejemplo ilustrativo es el de la palma africana, cultivo que para el año 2002 contaba con un área sembrada de 161.451 hectáreas, lo que equivalía en su momento al 0.1% de la cobertura nacional, y a un 2.7% del total destinado a la agricultura. Hacia el final de 2003 el gobierno calculaba que se debía llegar a una extensión de 200.000 hectáreas sembradas9, y se espera que siga creciendo.

Dos consecuencias perversas conlleva este tipo de procesos: en primer lugar, el reemplazo de los cultivos alimentarios empieza a ceder frente a la avanzada de cultivos no alimen­tarios, que adicio­nalmente son muy inestables en los mercados internacionales o no generan rendimientos sino a largo plazo, con lo cual se quebranta la autonomía alimentaria de las comunidades en Colombia. En segundo lugar, preocupa la expansión de cultivos que generan daños ambientales o control de semillas como lo son la palma y cultivos transgénicos como el algodón Bt o el clavel azul.

2.  El apoyo a cultivos alimentarios pero marginales cuenta con dos problemas fundamentales: en primer lugar, este tipo de cultivos no contribuyen de manera importante al abastecimiento alimentario nacional, por lo cual solamente tienen relevancia como productos para la exportación. En segundo lugar, también cuentan con una alta vulnerabilidad en los precios globales.

3.  La posibilidad de obtención de ventajas en la negociación para alimentos básicos de la dieta es más que una quimera. Para los intereses comerciales y de seguridad de Estados Unidos resulta clave mantener tanto un buen volumen de producción alimentaria dirigida al control de importantes reservas de alimentos, como a su vez generar importantes ganancias. Por esa razón, para los intereses de los grupos comerciales estadounidenses resulta fundamental el apoyo a su producción alimentaria, de ahí que el desmonte de los subsidios se muestre como algo impensable según la experiencia histórica reciente.

4.  Adicional a lo anterior, vemos como ya es casi una verdad de Perogrullo las dificultades que tiene la producción nacional para competir con la norteamericana, en razón de los subsidios, de la tecnología, de la práctica de producción intensiva, e incluso de la latente posibilidad del dumping comercial10.

 

El aumento de las importaciones... ¿factor inofensivo?

Cabe preguntarse entonces ¿ante tal panorama dónde quedan las fuentes alimentarias para el consumo?, la respuesta parece obvia: ante el marcado énfasis en los cultivos no alimentarios o en los alimen­tarios marginales, las fuentes del consumo se dirigirán cada vez en mayor medida hacia los alimentos importados.

La reducción de aranceles y de derechos de aduana en economías tan vulnerables como la colombiana genera la entrada masiva de productos importados, especialmente productos de origen agrícola y concretamente alimentos. En Colombia ya hemos vivido este tipo de fenómeno con la abrupta reducción arancelaria de los años noventa conocida como “Apertura económica”, cuyos resultados no fueron alentadores. Entre 1991 y 1998 se evidenció una caída en las exportaciones agropecuarias de 429 millones de dólares a 288 millones. En el mismo periodo, las importaciones aumentaron de 230 a 1.150 millones de dólares11. Una experiencia similar se vivió en México tras la entrada en vigor del TLCAN, según datos de la CEPAL mientras en el periodo 1985-1987 las exportaciones de productos primarios representaron el equivalente al 52,8% del total de las exportaciones, en el periodo 1999-2001, estas significaron apenas un 11,5%12. En el campo alimentario las importaciones aumentaron un 40% entre 1993 y 200113. Tal tendencia resulta sin duda bastante lesiva para los productores nacionales ya que según la experiencia reciente es de esperarse que no se inserten muchos de los productos alimen­tarios producidos localmente, y que de forma concomitante ingresen al país cantidades considerables de comida importada.

Pero, desafortunadamente, ese no es el único riesgo. Una de las preocupaciones más relevantes acerca de los alimentos importados tiene que ver con su precaria calidad nutricional, la cual puede explicarse en razón de la forma como son producidos, ya que el modelo intensivo de producción alimentaria practicado por la agroindustria exportadora de los países capitalistas avanzados conlleva riesgos importantes. Tales consecuencias pueden ir desde la simple reducción de su contenido nutricional, hasta casos tan aberrantes como los pollos con dioxinas o las vacas locas, pasando por los alimentos transgénicos14.

 

¿Hacia una nueva etapa en la concentración de la tierra?

Como es bien conocido, Colombia es uno de los países con mayor concentración de la propiedad de la tierra a nivel continental y global15. Algunas razones nos permiten pensar que con la aprobación de un TLC con los Estados Unidos la propiedad de la tierra tendería a estar cada vez en menos manos.

La regulación sobre inversiones es sin duda la herramienta más apropiada para tal fin. Según la definición corriente, una inversión puede entenderse como un desembolso efectuado en bienes de capital tendiente a la adquisición de factores productivos16. En ese marco, la tierra es uno de los factores donde puede situarse la inversión extranjera. En este caso lo preocupante tiene que ver con el trato que los inver­sio­nistas recibirían por parte del Estado colombiano. Dos figuras son fundamentales para entenderlo: trato nacional a los inversionistas extranjeros y trato a la nación más favorecida.

El trato nacional a los inversionistas extranjeros puede explicarse de la misma manera que en materia comercial, busca que no se establezca ninguna diferencia en el tratamiento dado a inversionistas criollos y foraneos, en particular en lo referente a “establecimiento, explotación, gestión, utilización, adquisición, expansión, goce y venta u otro tipo de enajenación”17.

Por su parte, el trato a la nación más favorecida implica que “los países firmantes están obligados a dar un trato no menos favorable que el concedido a los inversionistas y a sus inversiones de los otros países integrantes del acuerdo o de otros países no constituyentes...”18. En suma, de aprobarse el TLC, con esta regulación se dificulta la posibilidad de establecer normatividades o acuerdos de favorabilidad en materia de inversión con países diferentes a los Estados Unidos.

En el ámbito agrícola y alimentario adoptar la figura del trato nacional en materia de inversiones, implica que las empresas estadounidenses podrán adquirir territorios con mayores facilidades para desarrollar proyectos agroindustriales, mineros, energéticos, etc. Adicionalmente, el punto crucial de la figura es la extrema dificultad que tendría el Estado para adelantar una política de redistribución de la tierra, o incluso para impedir que se cultiven trans­gé­nicos o que se desarrollen otro tipo de siembras que menoscaben la naturaleza.

Con la figura del trato a la nación más favorecida se dificulta la posibilidad de establecer inversiones a través de la cooperación con países diferentes a los Estados Unidos. Se crean obstaculos para, por ejemplo, desarrollar inversiones realizadas en asocio con otros países latinoamericanos para producción alimentaria o producción agroecológica.

Para terminar, es bueno tener en cuenta que en este tipo de tratados usualmente se incluye una clausula denominada “Requisitos de desempeño”, la cual tiene como finalidad prohibir que se condicionen las inversiones extranjeras frente a determinadas prácticas medioambientales, sociales, laborales o de otra indole19. En suma, se destierra cualquier posibilidad para poner condicionantes a la inversión estadounidense. Con esta figura se anulan muchas posibilidades de acción contra las transnacionales sin importar el tipo de comportamiento que puedan asumir con sus acciones.

 

La propiedad intelectual o el despojo de la vida

Al hablar sobre propiedad intelectual hacemos referencia a las regulaciones jurídicas que tienen como propósito la protección de las creaciones y las invenciones humanas. En ese sentido, tiene coherencia que el autor de una obra determinada que ha sido patentada deba ser sujeto de variadas formas de salvaguarda que no permitan que otras personas se beneficien injustamente de su creación, estipulando que quien haga uso de dicha invención deba pagar unos determinados montos (derechos de propiedad intelectual) a su autor, quien registra la patente.

Aunque tal definición no genere sospechas a primera vista, los regímenes contemporáneos en materia de propiedad intelectual conllevan prácticas bastante lesivas para la autonomía alimentaria de pueblos y comunidades. Lo anterior puede explicarse de la siguiente manera:

•    Actualmente, se considera que las simples innovaciones o descubrimientos (y ya no solo las creaciones o invenciones) pueden ser objeto de patente, por lo cual es claro que hoy se aplican criterios mucho más laxos en este tipo de regulaciones. En particular el Acuerdo TRIPS20 planteado en el marco de la OMC ha permitido este tipo de definiciones.

•    Con el desarrollo de nuevas tecnologías y en particular con la “sastrería genética”21 (llamada así porque consiste en recortar y pegar genes de unos organismos a otros) se han abierto las puertas para que puedan ser patentadas diversas variedades de semillas, ya que al considerarse que las innovaciones o descubrimientos generan propiedad intelectual, si es descubierta una posible alteración genética para cambiar las condiciones de desempeño de un producto alimentario determinado, entonces podrá ser patentada dicha variedad.

•    Dadas las dos condiciones anteriores, se genera una sinergia entre propiedad Intelectual y biotecno­logía22  que genera consecuencias bastante lesivas para las economías campesinas de países como Colombia, ya que los eventos anteriores solo pueden funcionar para las grandes corporaciones y grupos de capital estadounidenses que tengan los recursos y la tecnología para generar investigaciones de tal envergadura. En ese sentido, en razón de la aprobación del TLC la propiedad sobre las semillas utilizadas por las campesinas y los campesinos en la producción alimentaria ya no dependerá de lo que pueda aportar la naturaleza misma, sino que será resultado de su dominio y apropiación por parte de las corporaciones del capital norteamericano.

•    Adicionalmente, una de las consecuencias más gravosas de estos procesos tiene que ver con la ruptura del ciclo natural semilla-planta-semilla, donde el campesinado recibía de la naturaleza las semillas para la producción alimentaria. Con el despliegue de la biotecnología de las corporaciones, se han creado condiciones biológicas que rompen tal ciclo, generando de esta manera que las semillas no sean obtenidas de la naturaleza misma, sino que deban ser compradas a los grupos de capital.

•    En el marco de los llamados “descubrimientos” susceptibles de ser patentados, aún no hay claridad sobre las consecuencias que podría conllevar esta regulación, pero hay serias motivaciones para pensar que esta es una puerta abierta para que se ejerza propiedad intelectual sobre la biodiversidad, es decir para que se privatice la vida. En palabras del jurista ambientalista peruano Manuel Ruiz, con el TLC:

 “...específicamente en lo que son patentes de invención, Estados Unidos trata de conseguir que sea posible patentar materia viva, componentes de material biológico, e indirectamente –aunque en algunos casos muy directamente– conocimientos de pueblos originarios, que pudieran estar asociados a la biodiversidad...[estamos hablando de plantas y animales, y de componentes de animales, ya sean células, proteínas, secuencias de ADN, todo lo que uno pudiera imaginar que forma parte de plantas, animales, microorganismos...”23.

Tal pretensión es clave para el capital norteamericano en el marco de la negociación del tratado, ya que Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, el primero en aves y anfibios, el segundo en flora, el tercero en reptiles y el cuarto en mamíferos. Si Pierre Joseph Proudhon, anarquista del siglo XIX afirmaba “¡La propiedad es el robo!”24, hoy puede decirse, ¡la propiedad intelectual es el despojo de la vida!

 

La alimentación: una herramienta de transformación

En los años recientes ante la avanzada de la manipulación de la vida, el control de las semillas y de la tierra, la contaminación como práctica sistematica y las facilidades para que los grupos globales de capital desarrollen sus proyectos genocidas, los pueblos y las comunidades de todo el mundo se han organizado para repensar y poner en marcha nuevas realidades para la producción de la vida.

En esa titánica tarea, la producción de alimentos sanos ha sido una herramienta de contrapoder para subvertir la oprobiosa realidad que vivimos día a día. En todos estos pueblos y comunidades la alimentación ha dejado de ser pensada como una simple mercancia, como un perverso valor de cambio, para ser entendido como un valor de uso o como un elemento sagrado de acuerdo a las sabidurias milenarias y contemporaneas.

Colombia no ha sido la excepción, no lo es y no lo será... ¡abajo el TLC!, Alca, al carajo.

 

[1] Alejandro Mantilla. Proyecto Aurora. alejo_mantilla@yahoo.es

[2] La Teoría de las ventajas comparativas, desarrollada por David Ricardo en el siglo diecinueve, sugiere que cada país debe producir para el mercado mundial aquello en lo que es más próspero y que eso repercute comparativamente con respecto a otros países en ventajas para el que produce.

[3] Ver al respecto Salgado Carlos, “Política de crecimiento agrícola versus Desarrollo Rural”, en “Reelección: el embrujo continúa. Informe sobre el segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Bogotá 2004. Balcázar, A., Orozco, M. y Samacá, H. “Fuentes y fundamentos de la competitividad agrorural en Colombia”. Informe de consultoría para el Banco Mundial y la FAO, Bogotá, 2003.     

[4] “El gobierno dobla las ayudas para el sector agropecuario”, en www.portafolio.com, enero 24 de 2005.

[5] Según el IGAC y Corpoica, este tipo de cultivos predominan en zonas determinadas como “asociaciones de cultivos”, ya que éste tipo de tierras se caracteriza por estar compuestas en un 50% por rastrojos, pastos y matorrales, y en un 50% por cultivos. Ver Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Corpoica, “Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia”, Bogotá, 2002. Capítulo 2. 

[6] Pero las apariencias pueden engañar, ya que aunque la palma crezca desmesuradamente, las flores sean uno de los principales productos de exportación, y el algodón tenga un fuerte respaldo gubernamental, al parecer sólo el segundo producto tendría un mercado asegurado. En materia de Palma tres puntos muestran que los anunciados beneficios tal vez no sean tales pues: 1. Se ha evidenciado como los rendimientos solo son susceptibles de ser recibidos a largo plazo 2. Competidores como Malasia son demasiado fuertes en el mercado internacional y 3. Productos de esta naturaleza pueden ser reemplazados fácilmente, por lo cual su precio en el mercado internacional es bastante inestable. En cuanto a algodón se refiere, resulta claro que el emporio norteamericano será muy difícil de vencer y que aunque se tenga una alta productividad no hay mercados asegurados totalmente, ni siquiera en el nivel doméstico.         

[7] “Agricultura y propiedad intelectual, temas que necesitan minirrondas dentro de negociaciones del TLC”, eltiempo.com, 7 de febrero de 2005

[8] “Las diferencias principales entre un agricultor comercial y uno campesino se deben a la magnitud de los recursos a su disposición, pero principalmente al criterio de decisión. El agricultor comercial mantiene la actividad en cuanto esta la reporte una ganancia similar a la que obtendría en otras actividades. El campesino también tiene como objetivo la ganancia, sin embargo no abandona la producción sino cuando esta no suministra el nivel mínimo de subsistencia para su familia. El criterio del comercial es la ganancia mientras que el objetivo del campesino es mantener un ingreso para la familia aunque por periodos no le produzca ganancia”. Valderrama Mario y Mondragón Héctor, “Desarrollo y equidad con campesinos”, Bogotá, Tercer mundo, 1998, p 3.  

[9] Cf, el tiempo.com “Los cultivos que van bien y los que van mal”, agosto 10 de 2003. 

[10] Puede definirse como dumping la práctica de inundar determinados locales con productos de origen foráneos a precios bajos con el fin de quebrar la producción local, para acto seguido subir paulatinamente sus costos. 

[11] Sánchez Jairo, “La crisis estructural y el sector rural”,  Cuadernos tierra y justicia # 2, Bogotá ILSA, 2002, p 34.

[12] CEPAL, “Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2001-2002, Santiago, 2002, p 96.

[13] Datos tomados de Grain,“El campo mexicano no aguanta más”, en www.grain.org

[14] Un ejemplo útil puede verse con el maíz, pues , si tenemos en cuenta que Colombia es el sexto país importador de este producto procedente de Estados Unidos, es muy probable que buena parte del grano importado esté contaminado con Star Link, una variedad transgénica que ha sido prohibida en la Unión Europea, Japón y Corea. Ver al respecto, Germán Vélez, “Los cultivos y los alimentos transgénicos en Colombia ”, en www.semillas.org.co,  Bogotá, julio de 2003. 

[15] En la actualidad el 0.4% de los propietarios (15273) poseen el 61.2% del área predial rural registrada, lo cual equivale a 47.147.680 hectáreas que en su totalidad corresponden a predios mayores a 500 hectáreas, mientras que el 24.2% del área predial rural (18.646. 473 hectáreas) está en manos del 97% de los propietarios, de los cuales la gran mayoría poseen predios menores a 3 hectáreas. Datos tomados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Corpoica, “Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia”, Bogotá, 2002. 

[16] Ver al respecto Orlando Gutiérrez Rozo, “Inversiones extranjeras. Más garantías, más libertades”.  Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Bogotá 2004, Colección alcatemas # 2, p 10. 

[17] Ibid., p 52. 

[18] Ibid., p 54. 

[19] Ibid., p 56 y ss. 

[20] TRIPS es la sigla de Trade-Related Intellectual Property o Propiedad Intelectual relacionada con el comercio.   

[21] El término es de Jorge Riechmann, en “Cultivos y alimentos transgénicos. Una guía crítica”, Bogotá, Pensamiento Crítico, 2004. La idea de tal expresión busca desmitificar la precisión y el rigor matemático que conlleva hablar de Ingeniería Genética, para asumir un término como Sastrería genética ya que está basado en recortar y pegar genes de unos organismos a otros en muchos casos con altos niveles de imprecisión y riesgos.     

[22] Ver al respecto, Vandana Shiva,  “Biopirateria, el saqueo de la naturaleza y el conocimiento”, Icaria, Barcelona, 2001, y Vandana Shiva, “Cosecha robada, el secuestro del suministro mundial de alimentos”, Paidós, 2003.

[23] “TLC y propiedad intelectual, Biodiversidad en riesgo”, disponible en http://www. ecoportal.net/content/v|iew/full/32586

[24] Pierre Joseph Proudhon, “¿Qué es la propiedad?”, Barcelona, Orbis, 1983, pág 29.