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El reto de la restituci贸n frente al modelo de desarrollo rural y la concentraci贸n de la tierra

Yamile Salinas Abdala. Foto: Simone Bruno. , Julio 31 de 2011, Este art韈ulo ha sido consultado 363 veces

Se aprob贸 el pasado 10 de junio la ley de v铆ctimas, en la que se incluye un cap铆tulo encaminado a cumplir el compromiso del presidente Santos de restituir las tierras a las v铆ctimas del desplazamiento forzado y del despojo yabandono de tierras y territorios. Se trata, sin lugar a dudas, de un paso para la reparaci贸n de m谩s de cinco millones de personas expulsadas de sus lugares de origen, gran parte de ellas privadas de sus derechos de propiedad o posesiones sobre sus predios, en una superficie que se estima entre 6,6 (Comisi贸n, 2011) a 8 millones de hect谩reas (Acci贸n Social - PPTP, 2010).

Sin desconocer la voluntad pol铆tica con las v铆ctimas, no est谩 clara a煤n la manera como la restituci贸n se har谩 efectiva en el marco de un modelo de desarrollo rural que, en nombre de la competitividad, favorece y estimula el atesoramiento de tierras en manos de inversionistas nacionales y for谩neos. Distintos estudios, como los de Ib谩帽ez y el proyecto de Protecci贸n de Tierras y Territorios, PPTP, de Acci贸n Social 鈥揳hora del Ministerio de Agricultura鈥, as铆 como datos del Instituto Geogr谩fico Agust铆n Codazzi, IGAC, evidencian el aumento en la concentraci贸n de la tierra y de su uso con destino a proyectos minero-energ茅ticos y agroindustriales para la producci贸n de agrocombustibles, a base de palma y ca帽a, de alimentos para animales (ma铆z y soya), y forestales.

Seg煤n Ib谩帽ez & Mu帽oz (2010) entre los a帽os 2000 y 2009 el Gini (3) nacional pas贸 de 0.86 a 0.88, particularmente a partir de 2005 en el 56,5 por ciento de los municipios del pa铆s. Del estudio adelantado por el PPTP sobre la tenencia de la tierra, con base en las Unidades Agr铆- colas Familiares 鈥揢AF鈥 se colige que en 2009 el 80,5 por ciento de los predios, pertenecientes al 78,3 por ciento de los propietarios, ocupaban menos del 6 por ciento de la superficie, mientras que el 54,6 por ciento de la superficie correspond铆a a gran propiedad en manos del 1,1 por ciento de los propietarios y el 0.9 por ciento de los predios (Acci贸n Social - PPTP, 2010). Similares resultados arrojan los datos del IGAC: el 78,3 por ciento de los propietarios de 1 a 5 hect谩reas ocupan menos del 6 por ciento del 谩rea registrada, mientras que el 55 por ciento del 谩rea pertenece al 0,15 por ciento de los propietarios de predios superiores a 1.000 hect谩reas (脥dem).

Tradicionalmente, el atesoramiento de la tierra se ha vinculado al latifundio ganadero (el 谩rea se increment贸 en m谩s de 500 mil hect谩reas, entre 2004 y 2009). Sin embargo, la concentraci贸n tambi茅n est谩 asociada al crecimiento de los cultivos permanentes (60%) y forestales (23%) las 891 mil hect谩reas que se sembraron entre 2000 y 2010 (MADR, 2010-a). Dicho aumento se deriva de las gabelas otorgadas a conglomerados econ贸micos, nacionales e internacionales, integrados vertical y horizontalmente, para la producci贸n de energ铆a y alimentos para animales (AIS, acceso a tierras, exenciones tributarias y zonas francas, entre otras).

 

Las tierras para las locomotoras del agro y la miner铆a

El Plan Nacional de Desarrollo 鈥淧rosperidad para Todos鈥 (2010 - 2014) ha priorizado cinco locomotoras, entre ellas las del agro, la miner铆a y la infraestructura, las cuales demandan grandes extensiones de tierra. Por esta raz贸n, los bald铆os 鈥搕itulados o no鈥 y las zonas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959 han adquirido especial relevancia. Para los primeros, en el proyecto de ley del Plan, se incorporan tres art铆culos tendentes a eliminar la prohibici贸n legal de adquirir bald铆os titulados que superen el tama帽o de la UAF (4) , y se flexibilizan las condiciones para crear zonas de desarrollo empresarial. Adem谩s, en el proyecto de Ley General de Tierras y Desarrollo Rural (5) se simplifica el tr谩mite de sustracci贸n de las reservas forestales; se crea el Programa de Formalizaci贸n Rural administrativa (titulaci贸n) y judicial (juicios de pertenencia) con el objeto de dar seguridad a las relaciones con la tierra. En este proyecto se incorpora el derecho real de superficie, definido como 鈥渦n derecho aut贸nomo que otorga el uso, goce y disposici贸n jur铆dica de la superficie de un predio y hace propio lo plantado, construido o ubicado en superficie ajena鈥 (6), figura similar al vuelo forestal (7) regulado para promover las plantaciones forestales comerciales, declaradas de 鈥減rioridad nacional e importancia estrat茅gica鈥, en el proyecto del Ministerio de Agricultura. Las reformas mencionadas responden a los requerimientos de gremios y empresarios del agro, a trav茅s de las cuales se busca superar los obst谩culos en la puesta en marcha de proyectos agroindustriales.

 

Modalidades de acceso a la tierra

En tanto se modifican los aspectos mencionados, cabe preguntarse c贸mo grupos econ贸micos y empresarios han adquirido tierras para sus proyectos. La respuesta es sencilla, cuando se trata de terrenos que est谩n en el comercio, es decir que son de propiedad privada y, por ende, se pueden comprar sin limitaci贸n en cuanto a su tama帽o, sin perjuicio de que los compradores sean colombianos o extranjeros. No sucede lo mismo cuando se trata de bald铆os de la Naci贸n, titulados o no. Los primeros s贸lo pueden comprarse cuando no superan el tama帽o de la UAF y han transcurrido quince a帽os desde su adjudicaci贸n. En cuanto a los segundos su adquisici贸n est谩 prohibida, dado que son bienes de uso p煤blico, cuya primera vocaci贸n es garantizar a las comunidades rurales el derecho constitucional de acceso a la tierra.

Las citadas prohibiciones se acent煤an en regiones como la Altillanura, con grandes atrasos en la titulaci贸n de bald铆os y en la constituci贸n de resguardos ind铆genas, lo que agudiza la tradicional inseguridad en la tenencia de la tierra en todo el pa铆s. Sin embargo, algunas empresas han acudido a pr谩cticas que contrar铆an la normativa vigente, como es la compra de predios sin t铆tulos. A este prop贸sito el ex director de la Fundaci贸n Altillanura, Carlos Aguel Kafruni, expres贸: 鈥淣o puedo decir que ese procedimiento sea bueno o malo, ni recomendarlo, pero tampoco hemos visto que a alguien le hayan quitado la tierra por esa situaci贸n鈥 (8). En algunos casos, algunos agentes privados legalizan las compraventas de bald铆os, v铆a sentencias de pertenencia, pese a su car谩cter de imprescriptibles, con el concurso de jueces y funcionarios de catastro, notariado y registro. Otra pr谩ctica empleada para desconocer las restricciones legales es el fraccionamiento de las empresas. Tal es el caso de Grupo brasile帽o M贸nica, que cre贸 siete empresas con los mismos socios para acceder a parte de las 13 mil hect谩reas que destinar谩 a la siembra de ma铆z y soya en Puerto Gait谩n, Meta, lo que tambi茅n le permiti贸 acceder a recursos del cuestionado programa Agro Ingreso Seguro, tal y como lo hicieron reconocidas empresas nacionales. Caso semejante es el del fondo de inversi贸n conformado por profesionales colombianos y extranjeros, que constituyeron 25 sociedades con el fin de acceder a las 25 mil hect谩reas del proyecto de reforestaci贸n comercial que impulsan en la Orinoqu铆a.

Tambi茅n se emplean otras figuras de acceso a tierras que no implican transferencia de dominio, pero s铆 concentraci贸n de su uso, como lo son los arrendamientos y contratos de participaci贸n, frecuentes en las industrias del az煤car y de los forestales; y las alianzas productivas estrat茅gicas y las cooperativas de trabajo asociado, comunes en la palma.

El sesgo a favor de la agroindustria a gran escala en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, y su efecto en la concentraci贸n de la tierra y de su uso en manos de conglomerados nacionales y locales, integrados horizontal y verticalmente, como los que se describen en los cuadros siguientes, puede dificultar el logro del compromiso de la restituci贸n de las tierras a las v铆ctimas. Esto por varias razones, entre ellas la asimetr铆a entre la pol铆tica de desarrollo rural con la de restituci贸n. La primera se implementa desde hace por lo menos 12 a帽os y cuenta con recursos presupuestales del Plan Nacional de Desarrollo (est铆mulos, incentivos, cr茅ditos y otras gabelas) en beneficio de grandes agentes econ贸micos. Por su parte, la pol铆tica de restituci贸n se enmarca dentro de un proceso residual como el de Justicia y Paz, sin institucionalidad y recursos suficientes para su puesta en marcha. Adem谩s, al contrario de los grupos econ贸micos, las v铆ctimas no tienen el poder de incidir en la formulaci贸n de pol铆ticas y regulaciones a su favor. Asimismo, algunas de las reformas previstas, como la formalizaci贸n y el derecho de superficie pueden contribuir a que agentes privados, nacionales o extranjeros, de buena o mala fe, legalicen situaciones de despojo o de ocupaciones de tierras abandonadas.

 

Relaci贸n de grupos y empresas vinculadas a proyectos agroindustriales de gran escala, nacionales y extranjeras (9)

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1 El presente texto se basa en el documento elaborado para la FAO: Din谩micas de la tenencia del mercado de tierras en Colombia, en proceso de publicaci贸n.
2 Datos de la autora del art铆culo Yamile Salinas Abdala
3 El coeficiente Gini fue inventado por el estad铆stico italiano Corado Gini. Es un n煤mero entre cero y uno que mide el grado de desigualdad en la distribuci贸n del ingreso en una sociedad determinada. El coeficiente registrar铆a cero (0.0= desigualdad m铆nima) para una sociedad en la que cada miembro recibiera exactamente el mismo ingreso y un coeficiente de uno (1.0= desigualdad m谩xima) si un miembro recibiera todo el ingreso y el resto no recibiera nada. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribuci贸n desigual. Colombia est谩 entre los pa铆ses con mayor desigualdad del mundo, en lo que a tenencia de la tierra se refiere.
4 Durante las dos administraciones de 脕lvaro Uribe se impulsaron fallidamente iniciativas para reformar la UAF (Incoder. Acuerdo 148 del 29 de julio de 2008) y para otorgar concesiones sobre tierras del Estado (Carimagua).
5 Proyecto de ley Por la cual se expide la Ley General de Tierras y Desarrollo Rural y se dictan otras disposiciones. Borrador elaborado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Versi贸n abril de 2011.
6 Este derecho, que se puede heredar, se adquirir谩 a trav茅s de contratos elevados a escritura p煤blica, por un plazo que no puede superar los 30 a帽os.
7 El vuelo forestal es el volumen aprovechable sobre el cual el titular o el propietario de un cultivo con fines comerciales, tiene derecho para constituir una garant铆a. Para todos los efectos jur铆dicos, se entiende que los 谩rboles son bienes muebles por anticipaci贸n conforme lo establecido en el art铆culo 659 del C贸digo Civil.
8 Revista Altillanura. Los precios condicionan el futuro. Edici贸n 14 de marzo de 2009.
9 Relaci贸n extra铆da del documento 鈥淒in谩micas de la tenencia del mercado de tierras en Colombia鈥.
10 Fazenda deteriora v铆as del Resguardo Achagua.En: http://actualidad.hemeracomunicar.org/index.php?option=com_content&view=article& id=8275%3Afazenda-deteriora-vias-del-resguardo-achagua&catid=57&Itemid=115

Publicado en Julio 31 de 2011| Compartir
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