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Los proyectos mineros amenazan otra vez con instalarse, pasando por encima de la voluntad de los pobladores con respecto a lo que quieren hacer con el territorio que les pertenece y que han hecho conocer de múltiples formas desde hace más de veinte años. En esta ocasión, la extensión en peligro es mucho mayor que en las oportunidades anteriores y se hace por impulso directo del Estado colombiano.
El páramo es una riqueza de gran significado, especialmente para los departamentos de Santander y Norte de Santander, en el nororiente de Colombia, pero su influencia va mucho más allá, por las quebradas lagunas y ríos que nutre y por la calidad de agua que provee. Es precisamente de alta pureza gracias al tipo de carbón que albergan las montañas, cuya labor es esa: filtrar impurezas del líquido antes de salir de su interior.
Se ha dado el nombre de complejo del Desvaporizadero al sistema de páramos ubicado en los departamentos de Santander y Norte de Santander, que incluye localidades de páramo como Almorzadero, Mogotoroco, Anagá, Juradó ó Las Coloradas, Mantilla, Tona, Berlín y Chitagá (Rangel-Ch., 2000). El complejo hace parte principalmente de los municipios de Chitagá y Silos, en Norte de Santander, y Cerrito, Guaca y Tona, en Santander.. Comprende unas 125.120 hectáreas de extensión que se ubican entre los 3.100 y 4.530 metros sobre el nivel del mar.
La importancia de este complejo de páramos reside en que además de contener componentes bióticos relevantes, se constituye en una fuente de recursos hídricos para el abastecimiento de gran parte de la población de Norte de Santander y del oriente de Santander. Además, una porción del territorio de este complejo hace parte de cuencas hidrográficas de aguas internacionales, situación que también presenta en los páramos la Sierra Nevada del Cocuy, Sumapaz y Chingaza.
Texto tomado de Atlas de páramos de Colombia
Hace un año, el primero de agosto de 2009, comenzó a andar una nueva iniciativa de la población del municipio de Cerrito para proteger El Almorzadero, páramo que se eleva en uno de sus costados. Se llama precisamente así: Iniciativa Popular Normativa, un recurso que entrega la Constitución del país para expresar y dar fuerza a la voz del pueblo.
En la formulación y gestión de esta iniciativa ha sido fundamental la historia de la resistencia en el municipio de Cerrito, pues ha entregado los elementos y las herramientas necesarias para impulsarla, tanto como la fuerza para sostenerla.
Cerca de veinte iniciativas de protección tiene la historia de resistencia a la minería en Cerrito. La primera vez, una empresa logró instalarse por cerca de dos años, entre 1991 y 1993, ofreciendo empleo y más desarrollo. Pero el pueblo entendió con su propia experiencia lo equivocado y peligroso de instalar una empresa minera en una región que necesita del agua limpia para trabajar la tierra, que es parte de su identidad. Esa empresa tuvo que salir por la fuerza de esta convicción.
Luego fue en 2004. En ese año, otra empresa intenta su instalación, esta vez de manera ilegal y buscando aprovechar la infraestructura de la antigua explotación. La alerta movilizó la gente hasta que se consiguieron dos cosas: que la Alcaldía del mismo municipio expidiera una resolución en la que se ordenaba suspender la explotación de las minas de carbón y que la Corporación Autónoma Regional de Santander, autoridad ambiental del departamento, hiciera eco con otra norma, ya no solo de orden de cierre sino de sanción a la empresa.
Pero ya se percibía la intención de convertir a esta en una región minera por parte del Estado colombiano, quizás removiendo y remozando los propósitos de las épocas coloniales. Así, para ser consecuentes con esa alerta los cerritanos adelantaron un Cabildo Abierto a comienzos de 2006. Para entonces se supo que el gobierno tenía listas para licitación 200 mil hectáreas del páramo para explotación del milagroso carbón, extensión que atraería muchísimo a empresas multinacionales. El Cabildo concluyó instar gobierno nacional a suspender cualquier propuesta o proyecto de explotación minera en el páramo el Almorzadero, señalando que los impactos negativos que se generarían no justificaban la minería en este territorio.
A los pocos meses, más de 800 jóvenes se propusieron defender y garantizar sus derechos al ambiente, la identidad y la cultura y proclamaron el agua como un derecho fundamental y alcaldes de nueve municipios consignaron ante el presidente de la República su voluntad de que se declarara una moratoria frente a la actividad minera en el páramo el Almorzadero. Fue en 2006 cuando se creó la Comisión de Vigilancia y Seguimiento para la Protección del Páramo El Almorzadero. En 2007 y 2008 se mantuvo el movimiento, haciendo conocer afuera de las fronteras departamentales y nacionales lo que podía ocurrir de no estar atentos. Incluso el gobierno departamental señaló que no hay ninguna razón que justifique la explotación del carbón y que acompañaría la defensa.
Es un derecho político de los ciudadanos, con el que pueden presentar colectivamente proyectos de acuerdo ante los concejos municipales o distritales. La presentación de estas iniciativas genera para la corporación pública la obligación de debatir el proyecto, sin que tenga que ser aprobado tal como se presentó, pues puede ser modificado e incluso negado en su totalidad.
Para promoverla, debe constituirse un comité de promotores y elegir un vocero. Cumplido lo anterior, se inscribe la iniciativa (presentada en forma de articulado) ante la Registraduría del Estado Civil, que revisa la solicitud y entrega un formulario para que en él se recoja, en el término de seis meses, el respaldo del 5% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral municipal. Si esto se logra, el proyecto popular se presenta ante el Concejo para su discusión.
De muchas maneras se ha actuado y con efectividad para proteger el páramo frente a la minería. Pero vuelven a insistir los empresarios del carbón y el gobierno nacional. Son reales las probabilidades de que el gobierno otorgue licitaciones para la explotación del carbón en una extensión de 200 mil hectáreas. Así lo demuestra lo sucedido en el Páramo de Santurbán, vecino de El Almorzadero, explotado hoy por una empresa multinacional.
El proyecto de ley que se entrega con la iniciativa popular se orienta a determinar la finalidad y el propósito del páramo El Almorzadero como zona excluida de minería en la jurisdicción de Cerrito. Y señala que los entes territoriales deben regular el uso del suelo, delimitando específicamente las áreas de protección especial. En concreto, se busca que el Concejo apruebe una norma jurídica que garantice la consulta previa a la comunidad para decidir el uso de las zonas especiales, sobre la base de declarar el área del páramo excluida de toda actividad minera.
La Comisión de Vigilancia y Seguimiento fue decisiva en el impulso a la formulación y gestión de la Iniciativa Popular Normativa. Ya se consiguió la validación de parte de la Registraduría municipal de 804 firmas que respaldan el contenido. El proyecto de acuerdo respaldado por la comunidad cerritana será debatido en sesiones del Concejo Municipal en agosto de 2010 y según su viabilidad, será sancionado por el alcalde.
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