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El andamiaje para la privatización del agua

Gustavo Castro Soto (1)

Convertir todo lo público en privado conlleva una estrategia fundamental: la privatización, concepto que ha ido modificándose a lo largo de los últimos 30 años. La primera generación del concepto de “privatización” se enfocó principalmente a los activos de los Estados, a sus empresas productivas agrícolas o industriales.

El modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 30 años es el puente que está preparando las condiciones para el modelo económico corporación-nación, último peldaño del sistema capitalista en su fase Terminal2. Es así como la liberalización comercial llega a todos los niveles que, en la lógica de la acumulación del capital, todo cuanto existe pretende ser incorporado a la lógica del mercado. El beneficiario intrínseco de las privatiza­ciones son obviamente las empresas privadas y en la lógica de la competencia, las mega-Corporaciones Trasnacionales (CT) que identificamos –en el marco de la competencia del mercado global– como sujeto principal que impulsa y se beneficia de este proceso de acumulación del capital que transita por diversos modelos económicos.

Convertir todo lo público en privado conlleva una estrategia fundamental: la privatización, concepto que ha ido modificándose a lo largo de los últimos 30 años. La primera generación del concepto de “privatización” se enfocó principalmente a los activos de los Estados, a sus empresas productivas agrícolas o industriales. La segunda se enfocó en el sector de algunos servicios. La tercera generación se ha enfocado en los recursos naturales y estratégicos: oxígeno (servicios ambientales), genes (biodiversidad) y agua. En el caso del proceso de la privatización del agua ésta se ha iniciado desde hace más de una década de manera silenciosa. Y es que, como lo afirmó la revista Fortune: “el agua promete ser en el siglo XXI, lo que el petróleo lo fue en el siglo XX: una preciada mercancía que determina la riqueza de las naciones”3. Por ello, convertir el agua en un recurso estratégico de múltiples usos y modalidades de explotación de plusvalor replantea la concepción geoeconómica y geopolítica que se ha tenido en torno a otros recursos comerciales4.

La necesidad del agua para el planeta5, para la sobrevivencia de cualquier tipo de vida pero en especial para el ser humano plantea la necesidad de garantizar el acceso a toda la humanidad. De ahí su carácter público, nacional, comunal y con funciones sociales y ambientales6. Teóricamente el agua alcanza para 20 mil millones de personas lo que equivale a más de tres veces la población mundial7. Sin embargo el modelo económico neoliberal y el tipo de gestión que se le da, no hace del agua un recurso renovable ni permite que sea disponible para todos. El vital líquido es ahora el recurso de las ultimas trincheras de la privatización para la cual se disputan mercados nuevos para la venta de grandes volúmenes de agua, más allá de las fronteras incluso trasatlánticas, rutas comerciales, apropiación de las fuentes de agua, etc., en sus diversos niveles: urbano y rural por un lado; y agropecuario, industrial y doméstico por el otro.

El andamiaje global

A partir de la década de 1970 y en el contexto de la crisis mundial de la deuda externa contraída con la banca multilateral por los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ésta inicia un proceso de implementación condicionante de políticas de ajuste estructural (PAE). Estas políticas han tenido desde entonces diversas generaciones, niveles y procesos8. Los principales instrumentos mundiales utilizados para imponer las condiciones que abrieran la economía del “tercer mundo” a un nuevo modelo que liberara principalmente al capital trasnacional de cualquier atadura de inversión y asegurara sus “derechos” fueron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Sin embargo, las presiones sociales que se desataron por todo el mundo contra estos dos instrumentos, entre otras razones, obligaron a que los recursos económicos y el destino millonario de prestamos a los países pobres fluyera por otros canales que no le impusieran límites a sus inversiones, o que los sujetara a la observación de norma­tividades internacionales en materia medio­ambiental o de derechos humanos. Estos canales fueron los bancos continentales (ver cuadro No. 1).

Pero de nuevo cuenta la presión ejercida sobre los bancos continentales para la observancia de normati­vidades internacionales en materia medioam­biental y de derechos humanos, lo que llevó al capital a deslizarse hacia los bancos regionales que no contaban con compromisos vinculantes.

De ellos la sociedad tenía poco conocimiento. Es entonces que los gobiernos nacionales, para ser miembros de esos bancos multilaterales y poder tener acceso a esos recursos, contratos de inversión y privatizaciones, fueron solicitando su membresía en un contexto en que América Latina y el Caribe, en este caso, aceleraban los procesos de privatización en la década de los 90 (ver cuadro No. 2).

 Cuadro No. 3.

Sin embargo, las ACE’s no cumplen con estándares internacionales, normas o criterios en materia de derechos humanos, de un medio ambiente sano y sostenible o de un desarrollo justo. Extorsionan y presionan a la privatización y liberalización de los precios con el fin de que los gobiernos no controlen las ganancias de sus empresas. Su poca transparencia sobre el uso de los recursos públicos las convierte en una entidad hermética para el público actuando como IFI’s privadas y sin pagar impuestos. Ante esta situación, en 1998 una coalición de Organismos No Gubernamentales (Ong) reunidas en Mesum, Alemania, lanzó la “Declaración de Mesum” como una campaña para exigir normas medioambientales internacionales que deberían aplicar todas las ACE’s. Pero hasta diciembre del 2003 las ACE’s aceptaron Enfoques Comunes para el Medio Ambiente que en muchos aspectos son más rigurosos que la política ambiental del BID. Esta presión de que el capital se sujete a normatividades internacionales también ha llegado a los bancos privados10. Por si fuera poco, en el 2004 el BM y el BID han lanzado una estrategia para “descentralizar” hacia los gobiernos las norma­tividades medioambientales y de derechos humanos.

Para lograr que el agua se convierta de un bien público a un bien comercial, como en el caso de otras privatizaciones, las Corporaciones Transnacionales (CT) requieren, además del instrumento de las IFI’s, de aliados que en este caso son los gobiernos más ricos e industrializados del mundo quienes desde 1975, década en que inicia las PAE del FMI y del BM, forman el club privilegiado del Grupo de los Siete (G-7). Al menos cinco de esos países juntos (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón) tienen en sus manos el control del 35 al 50% aproximadamente de los votos y por lo tanto de la definición de las políticas del BM y del FMI.

La imposición de condiciones también se lleva a cabo en escenarios desde donde se pretende legalizar de forma global y por encima de las naciones los derechos de las CT. Por ello, la nueva oleada de privati­zaciones en el mundo estuvo acompañada del nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que sustituyó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1994 y que regulaba la importación y exportación de productos. Con la OMC se amplía la capacidad de un escenario mundial de imponer nuevas reglas comerciales en torno a bienes y servicios, la agricultura y propiedad intelectual. Sin embargo, las presiones políticas y sociales y nuevas correlaciones de fuerzas no permitieron que las negociaciones de la OMC en Seattle (1999) y Cancún (2003) avanzaran. De esta forma el gobierno de los Estados Unidos hinca su estrategia para lograr la imposición de medidas comerciales en torno al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que se ha visto truncado por la oposición de Brasil, Venezuela, de un gran movimiento social y de la Alianza Social Continental lo que limitaron el alcance y rapidez de la liberalización comercial. Esto llevó Estados Unidos a modificar su estrategia a otro nivel y centrar sus acciones en el ámbito regional por medio del Plan Puebla-Panamá (PPP), el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés), la Iniciativa de Integración Regional para Sur América (IIRSA), la profundización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN plus), entre otros. Pero una vez más, en la medida en que esto no se logra a la medida de la administración Bush, Estados Unidos impulsa los tratados bilaterales de libre comercio, país por país. Por medio de estos esquemas, el capital financiero y las empresas trasnacionales construyen las pistas y los circuitos para el libre movimiento de sus capitales e inversiones, entre ellos el tema estratégico del agua.

El andamiaje de la privatización del agua

La agenda de la privatización del agua no se entiende sin el andamiaje global. Pero de la misma forma requiere de sus propias pistas para aterrizar el objetivo de convertir el agua en un recurso económico.

La agenda de la privatización del agua inicia con más claridad en la década de los 90. Es en 1990 cuando en la Declaración de Nueva Delhi se estableció como una nueva ordenación global que las políticas de gestión del agua estuviera basada en las cuencas. En 1991 la ONU crea el Secretariado Internacional del Agua. Un año después, en 1992, en la Cumbre de Río sobre Biodiver­sidad se define como horizonte el año 2000 como meta para establecer nuevas estructuras institucionales y jurídicas en torno al agua bajo el diseño, apoyo y financiamiento del BM y del FMI quienes serían los acicates por medio de los cuales se presionaría a los gobiernos a modificar sus legislaciones y preparar el terreno para el mercado abierto del agua. El posterior encuentro en Dublín ya sólo es dedicado al tema del agua. Estos son los eventos previos a la creación de la OMC en cuyo amparo se crean otras instituciones que promoverían la privatiza­ción del agua como el caso de la Coalición de las Industrias de Servicios con sede en los Estados Unidos, y el Foro Europeo sobre Servicios de la Unión Europea. Al mismo tiempo en que nace la OMC y se firma el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA por sus siglas en inglés) en 1994, nace el Banco de Desarrollo de América del Norte (BND) para financiar proyectos del sector público y privado en materia de agua.

Sin embargo, hay tres instituciones globales claves del agua –apoyadas e impulsadas por el BM, el FMI y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– encargadas de diseñar la agenda mundial privatizadora del agua e imponer las condiciones necesarias a los gobiernos, condicionar préstamos y modificaciones legales, presionar para lograr las concesiones privadas, crear una infraestructura y cultura de pago del agua, otorgar créditos endeudando a las instituciones publicas encargadas de hacer los cambios e inversiones necesarios antes de rematar la infraestructura y el negocio del agua.

Estas instituciones las componen las IFI’s, las grandes corporaciones privadas y los gobiernos:

1)  Consejo Mundial del Agua (WWC por sus siglas en inglés). Creada en 1996 con el fin de diseñar la estrategia privatizadora de la gestión del agua a nivel mundial. Su financiamiento proviene de las IFI’s, de las corporaciones multinacionales, de organismos multilaterales y gobiernos.  

2) Asociación Mundial del Agua (GWP por sus siglas en inglés). Creada en 1996 por el BM, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Dirige la estrategia para promover el agua como “bien económico” e impulsar las reformas en los sistemas públicos de agua potable, drenaje y saneamiento. Es financiado por las ACE’s, la Fundación Ford, el PNUD y del BM cuyo Vice-presidente Ismail Serageldin es el primer presidente del Comité Directivo de la GWP.

3)Comisión Mundial del Agua para el Siglo XXI. Creada en 1998. Es financiada por las ACE’s de Canadá y Holanda así como de organismos multilaterales de la ONU (PNUD, FAO, UNICEF y UNESCO). Apoya e impulsa la agenda diseñada para abrir el agua a los mercados y está conformada por 21 personalidades de todo el mundo entre ellos el Director William J. Congrove quien fuera asesor del BM y actualmente trabaja para Vivendi; e Ismail Serageldin que fungió como presidente del Consejo Directivo.

Inmediatamente después de la creación de este andamiaje institucional, se constituye en 1997 el escenario de imposición de la agenda privatizadora del agua creándose el Foro Mundial del Agua (FMA) donde las grandes CT y sus gobiernos aliados depositan la agenda a seguir en torno al recurso agua. En el FMA se dan cita las principales CT interesadas en el recurso económico del agua, las IFI’s, los organismos multilaterales, representantes de los gobiernos y científicos y especialistas que, junto con algunas Organizaciones “No” Gubernamentales que hacen eco de las políticas neoliberales. En el FMA se lleva la agenda previamente discutida, las conclusiones, los diagnósticos y las futuras líneas estratégicas sólo para que sean formalmente avaladas incluso por el espejismo de que la sociedad civil ha sido consultada. En torno a cada FMA se intensifica una fuerte campaña por parte de los gobiernos y empresas sobre la necesidad de la inversión privada y el correspondiente pago que la población debe hacer para tener acceso al agua. A todas las voces que critiquen este proceso y reivindiquen el agua como un derecho humano es señalado incluso por especialistas e intelectuales de “paternalismo”, discurso que en otrora no se justificó.

Desde 1997 y cada tres años se lleva a cabo el FMA. El primero se realizó en Marruecos, luego en Holanda, el tercero en Japón y el cuarto en México (ver cuadro No. 4). En el 3er FMA las CT propusieron la creación de seguros de riesgos y programas de garantías a sus inversiones cubiertos por el BM y el FMI, ACE´s y otras IFI’s. Ya desde hace muchos años el BM elabora sus diagnósticos en torno al agua para justificar la protección de las inversiones privadas11. En estas mismas fechas, en 1998, el BID informó de otros actores involucrados en las estrategias del mercado del agua. Entre ellos la Organización Mundial Meteorológica y el Global Water Partnership entre otros12.

 Cuadro 4

Luego del 1er FMA el BID definió en 1998 la estrategia para el recurso agua que sintetizó así:

 “(...) el Banco apoyará y estimulará la participación del sector privado y de un sector público con capacidades de fluidez y regulación en todas las actividades y servicios referentes al agua; como componentes importantes de acciones ampliadas para la modernización de subsectores de suministro de agua y sanidad, hidroeléctricas e irrigación, así como del sector de recursos hídricos como un todo”13.

En ese mismo año la CEPAL diagnosticó la agenda privatizadora del agua:

“(...) casi todos los gobiernos de América Latina y el Caribe han anunciado una política de aumento de la participación privada en los servicios públicos relacionados con el agua (...) solamente en algunos países se ha traspasado al sector privado la función de administrar los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, si bien otros funciones dentro de esos servicios, de carácter más técnico, efectivamente se han traspasado en muchos países”14.  

En este marco, las modificaciones constitucionales que se han impuesto a los países desde la década de los 90 a la fecha para crear nuevas leyes de aguas tienen las siguientes constantes:

1)  Se modifica legal y constitucionalmente el concepto de “bien público” y “bien natural”, a “bien comercial”, “bien económico”, “bien privado” o “bien estratégico”.

2)  Se crea una campaña publicitaria pública y privada en varias direcciones: “hay crisis del agua”; “millones de personas en el mundo mueren por falta de agua o por su mala calidad”; “el agua se está acabando y en un futuro será incierto para la humanidad”; “la culpa la tienen los indígenas por talar árboles, y la población en general por no cuidarla”; “el gobierno ya no tiene dinero”; “el cambio climático y la contaminación del agua agrava la situación”; “es justo que todos paguen por el servicio”; “el subsidio es paternalismo”; “sólo la inversión privada puede salvar la situación”; “la inversión privada mejorará el servicio, lo garantizará a toda la población y reducirá sus costos”; “es necesario legislar sobre el agua”.

3) El Estado permite la concesión de la gestión del agua de un país en manos privadas nacionales o internacionales. La concesión puede ser hasta de 30 años y con posibilidades de renovación. Las concesiones van ligadas a leyes de privatización de la tierra, los bosques y las selvas.

4)  La concesión incluye todo el ciclo del servicio: propiedad sobre mantos, pozos, ríos y otros acuíferos (asociado con la propiedad de la tierra); propiedad sobre la extracción del líquido desde donde esté y su transportación; propiedad sobre el almacenamiento (embalses); propiedad sobre la infraestructura (canales y sistemas de riego, presas, ductos, tuberías urbanas y alcantarillado); propiedad sobre la distribución y comercialización o cobro al usuario (público, domiciliario o industrial urbano o agropecuario); propiedad sobre los sistemas de reciclado y venta tratamientos de aguas antes de volverlos a la cuenca.  

En el año 2000 el FMI otorgó los préstamos a 12 países bajo la condición de privatizar del agua15. Entre ellos estaban Angola, Benin, Guinea-Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Rwanda, Senegal, Tanzania, Yemen y Sao Tomé y Príncipe16. La misma condición impuso el BM entre 1990 y 1995 al conceder 21 préstamos que aumentaron a más de 60 entre 1996 y 2002 con un fondo de 20 mil millones de dólares para proyectos de agua. En este tiempo México, El Salvador, Honduras, Argentina y Bolivia entre otros países viven diversos procesos y niveles profundos de privatización del agua. En septiembre del 2005 en Guatemala más de 15 mil personas se movilizaron frente al Gobierno Departamental de Toto­nicapán para rechazar la nueva Ley de Aguas.

El proceso de privatización del agua va también asociado a la financiación de represas en todo el mundo. En este caso, los recursos del BAD, BAfD y el BID y la financiación bilateral para hidroelectricidad con grandes represas en el mundo fueron más de 4 mil millones de dólares anuales. De sumar a todos los bancos multilaterales y bilaterales, a final del siglo XX se habían destinado 125 mil millones de dólares17. El proceso de privatización del agua también tiene que ver con el negocio del agua embotellada18 (ver cuadro No. 5) y otros sectores empresariales que consumen grandes cantidades del líquido. Entre ellos el sector petrolero, automotriz, de cervezas y refrescos, minero, textil, aluminio, hidroeléctrico, del papel y el cartón, agroindustria y en especial las grandes extensiones de monocultivos para la exportación, entre otros (ver cuadro No. 6).

Mientras que en algunos países fácilmente se imponen las políticas del BM y del FMI, en otros se usa la estrategia de la descentralización de las estructuras del Estado y sus servicios y aparatos gubernamentales para facilitar la imposición de políticas, modificaciones legales, exclusión de la población en la toma de decisiones sobre la gestión del agua y exclusión de las tierras donde están las fuentes de agua.

Fuente: (www.cepis.ops.oms.org)

En el caso de México el proceso inició desde 1992 con la nueva ley de aguas y en ese mismo año el BM otorgó un crédito de 250 millones de dólares al gobierno para impulsar su privatización previamente con el mejoramiento de la infraestructura de las ciudades mayores en el país19. El proceso se ha profundizado hasta la fecha donde las trasnacionales como Suez, Vivendi y Bechtel –camuflajeada como Unites Utilities– han sido las más beneficiadas aunque el proceso no ha tenido todo el éxito deseado20. Por su lado, a inicios del 2000 el BID aprobó a El Salvador un préstamo de 46 millones de dólares del cual el 75% son fondos para la reforma empresarial con el fin de promover la inversión privada y crear las condiciones para que se apropien del negocio21.

El futuro que nos depara

El agua dulce será el motivo de muchas guerras en el mundo por disputarse su acceso y control. Esto no es nuevo. Hace 4,500 años las Ciudades-Estados Sumerios de Lagash y Umma negociaron para dar fin a su confrontación por el agua del río Tigris. Desde el año 805 se han firmado entre naciones aproximadamente 3,600 tratados relacionados con el agua, la mayoría de ellos sobre navegación y límites nacionales, pesca, irrigación de cultivos, delimitación de fronteras, accesos a manantiales, etc. Alrededor de 300 se refieren a aspectos relacionados con la cantidad de agua, su calidad y la hidroenergía. Muchos de ellos se limitan a aspectos relativamente restringidos y no establecen principios para la gestión integrada del recurso en toda la cuenca22. Pero si tomamos en cuenta desde los años previos a la Revolución Industrial a finales del S. XX, se puede observar que desde 1820 al año 2000 se firmaron más de 400 acuerdos que consideran al agua un recurso precioso, caro, limitado y finito.

Después de la II Guerra Mundial, entre los años de 1948 al 2002 se registraron 1,831 interacciones provocadas por el agua, de las cuales 1,228 fueron de carácter cooperativo que terminaron en la firma de 200 tratados de reparto de aguas y la construcción de nuevas represas. También se registraron 507 conflictos de los cuales 37 fueron violentos, 21 con intervenciones militares y 30 han sido protagonizados por Israel y sus vecinos. Sin embargo, todo parece indicar que la incorporación del bien agua como recurso económico será el detonador de los mayores conflictos en el mundo durante el Siglo XXI. Ismail Serageldin, Vicepresidente del Banco Mundial lo expresó afirmando que “la próxima Guerra Mundial será por el agua”23.

Curiosamente, en algunos de los países con recursos hí­dricos escasos están muchas de las empresas transna­cionales que andan tras la producción de energía hidroeléctrica y la privatización del sector agua. Entre los 15 países con mayor “estrés de agua” (crisis de agua) están, por orden de importancia: Arabia Saudita, Yemen, Egipto, Israel, Corea (Hyundai), Irak, Mada­gascar, España (Unión Fenosa, Endesa, Iberdrola), Irán, Marruecos, Pakistán, Alemania (Siemens), Italia, Sudáfrica y Polonia24. Esto contrasta con otra realidad: Brasil tiene el 17% del agua dulce del mundo; Rusia tiene el 11%; Canadá el 7%; China el 7%; Indonesia, Estados Unidos y Bangladesh tienen cada uno el 6%; India el 5%; y el 35% está en el resto de los países del mundo25.

Si los conflictos por el agua ya se daban antes de incluirla como un “bien comercial”, en la medida en que se acelere el proceso de privatización éstos serán los niveles de conflictos26:

1.  Dentro y fuera de las naciones. En el mundo hay 261 vertientes que cruzan fronteras políticas de dos o más naciones las cuales se encuentran en 145 países. Estas cuencas abarcan un 45% de la superficie terrestre del mundo, contienen un 80% del caudal fluvial global y afectan a un 40% de la población mundial. De 261 vertientes, 80 se encuentran en el Continente Americano donde está el 14% de la población mundial y el 41% del agua del mundo27. Sin embargo, la tendencia no es sólo la privatización de la superficie terrestre donde escurre o se estanca el agua, sino la privatización del subsuelo ya que las reservas de agua se concentran básicamente ahí en forma de acuíferos y equivalen a 60 veces más de la que circula en la superficie28.

2.  Entre poblaciones rurales y urbanas. Se han registrado guerras y conflictos de diversa índole en Israel, Jordania, Siria, Palestina, Egipto, Yemen, Irak, Kuwait. Estados Unidos también le disputa el agua a México y lo hace en la Triple Frontera con Argentina, Uruguay y Paraguay. También hay conflictos en las cuencas del Mar Aral, Jordán, Nilo y Tigris-Eufrates.

3.  Entre intereses río arriba y río abajo. De seguir la tendencia, podremos encontrar en un futuro conflictos en torno a los ríos Lempa, Bravo29, Ganges, Kunene, Río de la Plata, Mekong, Orange, Sene­gal, Tumen, Zambeza, Lim­popo, Han, Incomati, Usu­macinta, Lago Chad, entre otros.  

4. Entre los sectores agrícola, industrial y doméstico. La agricultura consume el 67%; la industria utiliza el 20% (el equivalente a toda la producción mundial hidroeléctrica); y los usos municipales y domésticos un 10%.  

5.  Entre las necesidades humanas y los requisitos de un medio ambiente sano. En las ciudades de los países pobres el 70% de pobres no tienen agua potable. Además, se calcula que para el año 2025 el 70% de la población mundial no tendrá acceso a agua suficiente, esto equivaldrá a 3 mil 500 millones de personas que vivirán en países con estrés de agua.  

En la medida en que se agudicen las políticas neoliberales la demanda y la violencia en torno al agua aumentarán. La demanda de agua potable crece por varias razones: incremento de la población; mayor concentración de la población rural en áreas urbanas (actualmente más de la mitad de la población mundial se concentra en las ciudades) provocada por los tratados de libre comercio, la pobreza y falta de apoyo al campo; incremento de la privatización de la tierra y la consecuente expulsión de población indígena y rural; construcción de infraestructura (carreteras, aeropuertos, acueductos, oleoductos, canales secos, represas, etc.) que implican necesariamente la misma expulsión; mayor contaminación de ríos y mantos acuíferos y pozos por la industria; uso intensivo de agroquímicos; plantaciones de transgénicos que demandan más agroquí­micos y grandes extensiones de monocultivos para la agro exportación; y el incremento de la producción minera extractiva, entre otras consecuencias. Esta demanda de agua potable hace cada vez más atractivo el negocio de la creación de infraestructura privada y del consumo de agua embotellada.

Además de la pérdida de soberanía de los países sobre sus recursos estratégicos, el recurso agua en manos privadas llevará a una mayor pobreza. Los cada vez más pobres no tendrán acceso al agua por la imposibilidad de pagarla una vez que el agua no sea un derecho humano y un recurso natural sino un recurso económico. En todas estas ciudades será donde las colonias y barrios populares ya no contarán con cuotas fijas en el servicio del agua sino que se elevarán aumentando la pobreza en los mismos cinturones de miseria. Esta situación ya ha traído múltiples movilizaciones sociales en todo el mundo. Se calcula que más de 600 conflictos existen actualmente por el agua.

Y ya nos encontramos con muchos ejemplos. Las protestas en Bolivia por la privatización del agua impulsada por el BM en manos de Bechtel y Abengoa son ya conocidas. Desde comunidades campesinas en Chiapas hasta en Soweto se han instalado ya medidores para el cobro del agua pero al mismo tiempo el descontento ya ha cobrado vidas humanas. En este país africano la represión ha llegado a la detención de manifestantes contra las multinacionales. En Argentina el FMI exige que las empresas multinacionales del agua y la electricidad aumenten sus tarifas hasta en un 30% en un país donde un 50% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Por su lado los israelíes desvían agua de Gaza a sus regiones agrícolas. En Irak Bechtel logra importantes contratos sobre el agua. En Uruguay las lucha se centra contra la privatización en manos de Aguas de Bilbao. En Chile por la privatización del agua en manos de Endesa. En Perú contra el alza de los precios del agua30. Y así podemos seguir recorriendo el mundo lleno de brotes que reclaman el agua como un derecho humano.

En términos ambientales, la comer­cialización del agua llevará a justificar la construcción de más represas, infraestructura que mayor impacto medio ambiental ha provocado en el mundo y que aporta grandes cantidades de gases de efecto invernadero acelerando el cambio climático. Por si fuera poco es la infraestructura que más población ha desplazado en el mundo (entre 80 a 100 millones de personas las más de 45 mil grandes represas que han bloqueado el 60% de los ríos del planeta). Por si fuera poco la contención de grandes volúmenes de agua en los embalses ha provocado una agudización en las condiciones de vida de los desplazados y han provocado graves enfermedades31. Esta presión sobre la tierra y los recursos hídricos ha llevado a la conformación del Movimiento Mesoamericano contra las Represas, del Frente Guatemalteco contra las Presas, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del Movimiento Latinoamericano e internacional contra las represas32.  

Paralelamente a los FMA se han conformado otros procesos de resistencia global como el llamado Foro Mundial Alternativo del Agua que en su tercera versión en marzo del 2005, en su Declaración Final, reafirmó el derecho al agua como derecho humano, el estatuto del agua como bien común, el financiamiento colectivo del acceso al agua y la gestión democrática del agua en todos los niveles. Al mismo tiempo se reafirmó la necesidad de fortalecer la campaña contra el Acuerdo General de Comercios y Servicios de la OMC (GATS por sus siglas en inglés), contra la privatización y por la defensa de los servicios públicos de distribución del agua33. Del mismo modo, en el V Foro Social Mundial llevado a cabo en enero del 2005 se lanzó la Plataforma Global de Lucha pro el Agua refrendando el líquido como un derecho humano y un recurso público. La Plataforma se comprometió a una campaña contra las ET como Vivendi, Suez y RWE; luchar para que el agua no sea incluido en el GATS; luchar contra las políticas priva­tizadoras de las IFI’s; preservar las aguas de la naturaleza y defender el Acuífero Guaraní; hacer énfasis en la cuestión de género y los grupos más débiles y ampliar las alianzas para la unidad de la lucha mundial contra la privatización del agua. No cabe duda que los procesos organizativos que surgen por todo el mundo son signos de esperanza de que podemos construir un mundo donde quepan todos los mundos, un mundo donde el agua alcance para todos y sea signo de paz.

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[1] Gustavo E. Castro Soto. Educación La paz (EduPaz). Chiapas, México. C.e: guscastro@laneta.apc.org

[2] Para ver una propuesta de análisis sobre el modelo corporación-nación véase el Boletín “Chiapas al Día” No. 463, 27 de abril 2005, CIEPAC, www.ciepac.org

[3] Fortune Magazine, EE.UU., mayo de 2000, citado por Delgado, Gian Carlo, “Agua y Seguridad Nacional. El recurso natural frente las guerras del futuro”, Ed. Debate, 1ª edición, México 2005.

[4] Gian Carlo Delgado Ramos, “IIRSA y la Ecología Política del Agua Sudamericana”, Publicado en Enfoques Alternativos. Argentina. Julio de 2004.

[5] El ciclo hidrológico desde la perspectiva de la termodinámica es fundamental para el mantenimiento y renovación del planeta como un “sistema abierto” de agua y aire. El planeta es visto como una unidad. Véase: 1) Murota, T. Y Tsuchida, A., “Fundamentls of the entrophy theory of the water cycle, ecocycle, and human ecology”, York University, Toronto 1985; 2) Murota, T. “Environmental Economics of the Water Planet Earth”, Pille, G. y T. Murota (editores), ‘Environmental Economics, The Analysis of a Major Interface’, Ginebra 1987.

[6] Según Pedro Arrojo “Tradicionalmente, desde la coherencia regeneracionista y sus inercias históricas, se ha tendido a valorar el agua como un simple recurso productivo, relegando al olvido otros muchos valores de carácter ambiental y social”. Arrojo Agudo, Pedro y Bernal Cuenca, Estrella. “La Racionalidad Económica en la Nueva Cultura del Agua”, Departamento de Análisis Económico Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Zaragoza. Cuadernos Económicos “Escuela y Despensa”, Número 12, 2001.

[7] Equipo Maíz, “Gota a Gota, el Agua se Agota”, Asociación Equipo Maíz, El Salvador, 2001, p.10.

[8] Para una comprensión de las generaciones de Políticas de Ajuste Estructural (PAE) puede consultarse “¿Qué es el Ajuste Estructural?” de Luis Ignacio Román Morales, ITESO, Julio de 2000

[9] Muñoz, Alberto, Unión de Usuarios y Consumidores-CTA Asamblea Provincial por el Derecho al Agua.(Tomado de www.pacificar.com, diciembre del 2003).

[10] Para julio de 2004 al menos 23 bancos más grandes del mundo habían firmado los “Principios Ecuatoriales” que se sujetan a algunos criterios de inversión del BM. Entre ellos están: ABN Amro, Bank of America, Barclays, BBVA, CIBC, Citigroup, Credit Suisse Grp, Calyon, Dexia, Dresdner Bank, Eksport Kredit Fonden, HSBC, HVB Group, KBC, ING , Mediocredito Centrale, Mizuho Corporate Bank, Rabobank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, Unibanco, WestLB, Westpac. Ver www.equator-principles.com

[11] Independent Water Entrepreneurs in Latin America-The other private sector in water services [Proveedores independientes de agua en América Latina - El sector privado alternativo de servicios de agua]. Para más información sobre las actividades del Banco Mundial relacionadas con el agua y el saneamiento en la región de América Latina y el Caribe, visite: www.bancomundial.org/agua

[12] BID, “Strategy for Integrated Water Resources Management” (ENV-125), Washington, diciembre de 1998, pp. 15-16.

[13] BID, Op. Cit., p. 19.

[14] CEPAL, “Progresos realizados en la privatización de los servicios públicos relacionados con el agua: reseña por países de México, América Central y el Caribe”, (LC/R.1697) Documento Restringido, Febrero de 1998, p.4

[15] Sara Grusky , “IMF Forces Water Privatization on Poor Countries”; Globalization Challenge Initiative, sgrusky@igc.org

[16] Los documentos se pueden consultar en www.imf.org.

[17] Castro Soto, Gustavo, “No Seas Presa de las Represas”, Ciepac, México 2005.

[18] Coca-Cola-FEMSA, la embotelladora más grande de América Latina, vende 30 millones de litros diarios de refrescos en América Latina que equivale al consumo normal de agua diaria de 14 millones 500 mil personas. Entre 2000 y 2003 en México el gobierno otorgó 27 concesiones para la extracción de agua en 10 estados y sobre 15 ríos del país a 16 embotelladoras. Véase Castro Soto, Gustavo, “La Coca-Cola en México. El Agua tiembla”, Chiapas al Día No. 445, www.ciepac.org

[19] Sara Grusky, International Water Working Group, Water for All Campaign, Public Citizen, www.citizen.org/cmep/water

[20] Para conocer un análisis y el contrato sobre la privatización del agua entre el BM y el gobierno del presidente Vicente Fox y el gobierno de Chiapas, véase el Boletín “Chiapas al Día”, Nos. 348 y 357, Ciepac, www.ciepac.org

[21] Equipo Maíz, Op.Cit.

[22] Comisión Mundial de Represas (CMR), Informe 2000, p. 180. Se puede consultar el informe en www.dams.org

[23] Rothfeder, J. , “Every Drop for Sale”, 2001. Citado en Sandia Water Initiative. Ver, www.sandia.gov/water/

[24] CMR, Op. Cit.

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] Ibid.

[28] Delgado, Gian Carlo, Op. Cit., p.23

[29] Para una historia sobre el proceso del conflicto entre Estados Unidos y México en torno a las aguas del Río Bravo véase Delgado, Gian Carlo, “Agua y Seguridad Nacional. El recurso natural frente a las guerras del futuro”, Ed. Arena Abierta, 1. Edición, México 2005.

[30] Para más información véase Tony Clarke y Maude Barlow, “La furia del oro azul. La privatización de los sistemas de agua en Latinoamérica”, memoria. No.188 octubre 2004.

[31] Para más información véase la CMR y McCully, Patrick, “Ríos Silenciados. Ecología y política de las grandes represas”, Proteger Ediciones, traducción de Leticia Isaurralde, Argentina. 2004.

[32] Para conocer el proceso mexicano, guatemalteco, mesoamericano, latinoamericano e internacional de lucha contra las represas, véanse los boletines “Chiapas al Día” No. 395, 396, 404, 422, 434, 472, 457, Ciepac, www.ciepac.org

[33] Declaración Final del 3er Foro Mundial Alternativo del Agua, Ginebra, Suiza, Marzo de 2005. Ver www.fame2005.org