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Este escrito pretende señalar las relaciones identificadas entre los proyectos mineros y las afectaciones a las aguas, a la integralidad territorial y del ciclo hidrológico. También pretende plantear algunas ideas y propuestas para aportar a la reflexión y debate amplio en Colombia, desde el análisis de los avances en la construcción del Movimiento por el Agua y los posibles puntos de encuentro con los procesos actuales de articulación frente a la gran minería.
Para los campesinos, indígenas, afrocolombianos, pobladores urbanos, ambientalistas y demás grupos humanos que comprenden el equilibrio unido a las entidades de la naturaleza, el agua que corre a través del río lo configura en puente entre la montaña, los valles, las ciénagas y el mar, y le confiere el papel de entregar multiplicidad de sentidos a las existencias que entrecruza en su recorrido. Para el imaginario de la sociedad moderna, la montaña, el río y el mar en el mejor de los casos cumplen un papel paisajístico comercial, cuyo disfrute está mediado por la capacidad adquisitiva propia de la dinámica del capital. En la crisis ambiental - humanitaria actual, los bienes de la naturaleza pretenden ser despojados de su aporte al equilibrio natural –incluido el aporte a la sobrevivencia humana- y se convierten en centro de disputa entre grupos alineados al proyecto de acumulación del capital corporativo trasnacional y grupos que se asocian comunitariamente para mantener la posibilidad territorial: la memoria, el permanecer y continuar en los territorios.
Para el proyecto neocolonialista de la seguridad democrática colombiana -que combina la militarización del territorio con las leyes del despojo construidas en el Congreso de la República- en el que se materializa el programa neoliberal de doble aplicación: modelo extractivista de economía primaria(1) acompañado de políticas sociales de desmovilización y cooptación del movimiento social que resiste a dicho modelo(2) , la minería se ubica como actividad prioritaria para la economía nacional, entregando a febrero de 2010 más de diez mil concesiones para la explotación, mientras a la misma fecha se encontraban en estudio más de cuarenta mil(3) . Así, en medio de este despropósito, se realizó hace pocos días en la capital colombiana la “Feria minería 2010”, la que señala con orgullo patrio que la inversión extranjera directa -IED- en minería ha aumentado año tras año; en el 2002 fue de 466 millones de dólares, en 2006 de US$1.783 millones y en 2009 fue de US$3.094 millones, lo que evidencia un crecimiento del 73% entre 2006 y 2009. Por otro lado, las exportaciones aumentaron entre 2002 y 2006 de US$2.821 millones a US$5.208, y de US$6.346 en 2007 a US$8.153 en 2009, registrando un crecimiento del 25 por ciento(4) .
Concretamente, en el departamento del Cauca ha sido posible identificar conflictos ambientales por procesos mineros que se adelantan en comunidades campesinas en El Tambo, La Calera, Bolívar, Patía, Almaguer, San Sebastián y Santa Rosa, entre otros, en los que ha entrado o pretende entrar la minería trasnacional en manos de la corporación Anglo Gold Ashanti(5) . De la misma manera se agrava la situación en territorios indígenas; por ejemplo, los Misak, ubicados ancestralmente en cercanías al municipio de Silvia, han denunciado su gran preocupación por los inicios de extracción en el páramo de Pisba. A pesar del NO rotundo que se ha dado a la minería por parte de las comunidades en estos municipios, en territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, y las estrategias que vienen construyendo(6) , las condiciones favorables para la continuidad del arrasamiento territorial se siguen entregando por parte del gobierno, y las empresas continúan con su estrategia divisionista de los tejidos sociales comunitarios.
La situación que vive el departamento del Cauca, una de las principales estrellas hidrográficas del país, y que puede extrapolarse a diversas regiones del territorio colombiano – por ejemplo la explotación de oro en Caramanta y Támesis en Antioquia, de oro y plata en los páramos de Santurbán y la reactivación de las licencias que existen para explotar el carbón en el páramo del Almorzadero en Santander, la intención de explotación de oro en Cajamarca, en La Colosa, en el departamento del Tolima, entre otras- hace claramente manifiesta la afectación a la integralidad del ciclo hídrico, pues, desafortunadamente, las zonas de carga y recarga de las aguas, como el macizo colombiano y demás zonas de páramo, concentran riquezas minerales hoy codiciadas por los grandes explotadores.
En Santander, desde hace varios años, la gente no para de hablar y debatir sobre las implicaciones que tendría el desarrollo minero en el páramo de Santurbán. Las principales fuentes hídricas que abastecen los acueductos de Bucaramanga y otros municipios aledaños provienen de esta importante cadena de páramos. El 20 abril del presente año el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT- dictó el auto 1241, devolviendo a la empresa Greystar el estudio de impacto ambiental de su proyecto Angostura(7) . Una luz de esperanza brilló en los pobladores santandereanos que temen que sus aguas sean contaminadas con los químicos y la remoción de toneladas de tierra de la industria extractivista. El pasado 29 de julio, la asamblea departamental realizó un debate público sobre las implicaciones que tendría el proyecto de la Greystar, una importante movilización social de pobladores y ambientalistas locales llenó las barras del recinto público.
Otra historia similar han vivido desde hace 2 décadas los cerritanos en la Provincia de García Rovira, cuando supieron que en las entrañas del páramo del Almorzadero se hallaban importantes reservas de carbón antracítico. Por 20 años los pobladores de esta región han ingeniado diversas iniciativas para frenar el proyecto minero, logrando ganar un consenso dentro de sus habitantes. En la región ha triunfado la idea según la cual para mantener sus formas de vida campesina es más importante el agua que las regalías o los empleos que podría generar la explotación carbonera(8) .
A diferencia de décadas atrás cuando la gente demandaba trabajos o transparencia en el uso de los recursos de regalías, y pedían que mayor renta minera quedara para el país y hubiera oportunidades de “desarrollo” para las regiones, en la actualidad la preocupación por el agua se ha convertido en el asunto central ante el boom de proyectos mineros. Es así como no sólo en Santander, sino también en Cajamarca (Tolima), en Salento (Quindio), en Tamesis y Caramanta (Antioquia), en Silvia y otros municipios del Cauca, por mencionar sólo los más resonados casos, la movilización contra la minería ha antepuesto la defensa del agua y del territorio.
No es para menos, las minería, en especial las aurífera y carbonera, puede provocar un efecto devastador sobre las fuentes hídricas aledañas, pues requiere la remoción de millones de toneladas de rocas(9) y consume y contamina grandes cantidades de agua durante todo el proceso(10). La demanda por el uso del agua será entonces un problema, pero también a largo plazo se pueden generar efectos que incluyen el drenaje ácido de minas(11) , elevando los niveles de ácido en los ríos y humedales, lo cual es altamente nocivo para la vida silvestre y también para personas y actividades como la producción agrícola. Incluso, algunas minas suelen verter sus residuos tóxicos en ríos, lagos, humedales y océanos y en otras ocasiones se construyen represas para almacenar las colas o sus desechos semi-sólidos, y son frecuentes los accidentes que se producen por fallas en los taludes de represas en muchos casos mal construidas, e incluso que se rebosan en zonas donde hay una alta pluviosidad. El cianuro(12) utilizado en la lixiviación de oro puede contaminar las fuentes hídricas y matar peces y toda forma de vida acuática. Los desechos de la minería incluyen en algunos casos productos como el mercurio y metales pesados, que entran en la cadena alimenticia al ser acumulados en organismos vivos, como los peces, y pueden llegar a los seres vivos en lo que se conoce como bioacumulación
Como se ha señalado, son variados los conflictos hídricos que provoca la gran minería a cielo abierto, pues recordemos que el patrimonio hídrico es un insumo importante en la industria minera, especialmente en todo proceso de beneficio minero que requiere enormes cantidades de agua para su ejecución(13) . Ahora bien, al utilizarse químicos como el cianuro, grandes cantidades de agua contaminada son posteriormente vertidas al ambiente. La demanda creciente de agua de la industria minera impone aún mayor presión a territorios que ya presentan estrés hídrico, propiciando conflictos entre sectores productivos -por ejemplo, minería vs. agricultura- y conflictos en relación a la disponibilidad de agua para consumo humano.
La afectación a las aguas y al ciclo hídrico es notable en todas las etapas del proceso de la minería, y, desafortunadamente, ya se vislumbra como una futura crisis impuesta al ambiente en Colombia. Sin embargo, habiendo hecho claridad en las nefastas consecuencias de la relación impuesta por el modelo de desarrollo entre la minería y las aguas, quisiéramos ahora referirnos a las alternativas que vislumbramos en el marco de los avances que el Movimiento por el Agua ha irrigado en los últimos años, y las relaciones que se tejen con las luchas antimineras.
Desde la puesta en marcha de la propuesta del Referendo por el Agua en Colombia, uno de los aspectos prioritarios que éste encarnaba se relacionó directamente con la protección especial a los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo hídrico. Así, el Movimiento, desde un enfoque principalmente ambientalista, pretendía enfrentar el modelo extractivista en las zonas de páramo, los ríos, los humedales y en general todo el tránsito de las aguas entre la montaña y el mar. En la actualidad, la recientemente creada Red frente a la gran minería trasnacional, centra su atención en los proyectos mineros de las grandes empresas, que con seguridad se traslapan con las zonas de protección especial y de importante actividad agrícola, pero que, sin embargo, no arrojan claridad sobre la posición a tomar frente a otras formas y escalas de explotación minera que también se ubican en dichas zonas. Más que observarse una contradicción entre estos dos empeños, el del Movimiento y el de la Red, la diferencia abre la posibilidad de un camino de diálogo que por lo pronto parece necesario entre estas dos iniciativas, pues la apertura del debate no debiera centrarse únicamente en aspectos de carácter laboral o de la supervivencia de las comunidades que trabajan en la minería, sin restar la importancia que conllevan dichos aspectos, sino abrirse a la búsqueda de alternativas concretas frente la situación de la minería en sus distintas escalas en los ecosistemas esenciales.
En segundo lugar, la defensa del agua conllevó una serie de esfuerzos organizativos que demandó la creación de comités territoriales para coordinar la investigación del estado de las aguas en las regiones, esto como vector para difundir posteriormente la necesidad de apoyo al Referendo; actualmente, la Red viene constituyendo los nodos regionales para articular, en su dimensión, un proceso de investigación, sensibilización y difusión de la amenazas y de los ataques que ya se vienen presentando. Podría ser útil, entonces, recuperar el camino andado en la documentación y articulación popular frente a la defensa de las aguas y buscar la intersección entre la minería y los conflictos ambientales por el agua, ya que de esta manera podría generarse una mayor comprensión de la necesidad de la oposición organizada a los proyectos mineros y vincular efectivamente a comunidades que sin duda verán amenazada como consecuencia de la minería la disponibilidad de agua para sus acueductos comunitarios y para garantizar su soberanía alimentaria –como en los casos de la bota caucana, en el lugar conocido como el Morro, en el municipio de Bolívar, donde los nacederos de los que se surten los acueductos comunitarios están en riesgo por la posible explotación de la Anglo Gold Ashanti. Frente a los riesgos en la producción de alimentos como consecuencia de la minería, un ejemplo concreto se puede observar en la Provincia de García Rovira, en Santander, donde la alternativa de producción agroecológica y la soberanía alimentaria producto de ésta, podría desaparecer de darse la explotación del carbón.
Tercero. La estrategia de comunicación debiera superar el intercambio de información propio del trabajo en red, entregando piezas concretas de comunicación popular construidas en directa correlación con los aspectos señalados anteriormente. A esta altura del avance de las corporaciones en los territorios, la estrategia mediática debiera concentrarse en preparar el proceso organizativo en aquellos lugares en que no están aún determinadas las condiciones, pero en los que sí existe un No a la minería. La elaboración de documentos cortos acordes a las necesidades de la particularidad territorial, las piezas radiales para ser distribuidas en emisoras comunitarias y la producción audiovisual representan un frente a continuar explorando y concretando en esta etapa, pues el sentido de una estrategia de comunicación popular debe orientarse a informar adecuadamente experiencias de conflicto, contaminación y desterritorialización que ha conllevado la minería a gran escala en Colombia , por fuera de los engaños trasnacionales de los supuestos beneficios que la minería traerá para el país.
Ante las situaciones expuestas, entendemos éste como un momento crucial para el futuro de nuestra riqueza natural, y todo lo que ello implica para los territorios amenazados; por tanto, nuestra responsabilidad histórica debería ser asumida desde la perspectiva de unidad intersectorial y comunitaria para hacer un frente conjunto al saqueo, al despojo y a la destrucción. Probablemente en la lucha por la defensa del agua, podamos continuar reconociéndonos y juntándonos para construir senderos de resignificación de nuestras vidas y de las de los seres que nos acompañan.
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1. La minería en el país ocupa el 35% de la inversión extranjera directa, y como lo señalará el presidente electo Juan Manuel Santos, será la base de la economía nacional.
2. Para una ampliación de la manera en que se desarrolla esta cooptación en la última década en América Latina: Zibechi, Raúl. América Latina. Contrainsurgencia y pobreza. Ediciones Desde Abajo. Edición para Colombia. 2010. Capítulos 1 y 2.
3. Cifras entregadas por la Corporación Sembrar en el Encuentro Sin Territorio no hay Paz en la ciudad de Bogotá. Julio de 2010.
4. www.mineriabogota-colombia.com.
5. Jornada de conformación del nodo suroccidente de la Red Frente a la Gran Minería. Popayán. Junio 3 de 2010.
6. En el Tambo, por ejemplo, 3800 familias interpusieron derechos de petición al gobierno colombiano para obtener información con respecto a la explotación, y constituyeron el Sistema Municipal de Protección de Áreas Ecológicas, para incidir en las decisiones municipales frente a la minería.
7. El Ministerio considera que Greystar debe presentar uno nuevo en el que “deberá considerar el ecosistema denominado “Páramo de Santurbán” como área excluida de la actividad minera”
8.Recientemente, los pobladores de este municipio santandereano presentaron al Consejo Municipal una Iniciativa Popular Normativa respaldada por 1.051 firmas, que busca a través del voto popular, se suspendan los proyectos mineros en las zonas de páramo que comprenden más del 60% del área municipal.
9. Un informe del Foro de Recursos Hídricos del Ecuador estima que la explotación del depósito Fruta del Norte por parte de la canadiense Aurelian, requeriría la remoción de 384 mil millones de kilogramos de material de residuos, es decir, 28 toneladas por onza de oro, estimando una concentración de 1 gramo de oro por tonelada. En Acosta, Alberto, La Maldición de la Abundancia, Quito, Abya Yala, 2010. Pag: 114.
10.Por ejemplo, en Crucitas (Costa Rica), para obtener 1,21 gramos de oro, se deberán triturar y tratar 1.000 kg de material (roca) utilizando 2.000 litros de agua. En Javier Baltodano et. Al. Cianuro y Crucitas: veneno y envenenados. En http://www.ecoportal.net/content/view/full/94479
11. El drenaje ácido se provoca cuando los minerales existentes en las minas se exponen a los elementos del ambiente (aire y agua), generan ácidos que luego se filtran hacia el subsuelo y corren hacia las fuentes hídricas. El drenaje ácido se produce durante la vida útil de la mina, e incluso cuando las minas han sido cerradas.(Acosta, 2010: 117, 118).
12. Una de las motivaciones del Parlamento para solicitar a la Comisión Europea la prohibición del cianuro, son: “El cianuro es un químico de alta toxicidad utilizado en la industria de la minería del oro que puede tener un impacto catastrófico e irreversible sobre la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad […] La contaminación de las cuencas hidrográficas y las aguas subterráneas transfronterizas como consecuencia de la minería con cianuro señala la urgencia de que la Unión Europea encare las graves amenazas ambientales inherentes a este tipo de minería […] La minería con cianuro produce pocos empleos, solamente durante un período de seis a dieciséis años. Pero, al mismo tiempo, puede causar enormes daños ambientales; los costos de los cuales no son por lo general asumidos por las empresas mineras, que desaparecen o se declaran en quiebra, sino por el Estado; es decir, por los ciudadanos con sus impuestos." En Becerra, M, Cianuro y minería, El Tiempo, 2010)
13.La Gran minería requiere de inmensos volúmenes de agua durante todo el proceso minero, y especialmente durante los procesos de beneficio. “Para producir una tonelada de cobre se requieren y contaminan entre 10 mil y 30 mil litros de agua (otras fuentes hablan de 70 mil); una onza de oro requiere 8 mil litros de agua. Las minas a cielo abierto comúnmente secan las vertientes alrededor de la mina: mientras más profunda la mina, mayor secamiento y mayores impactos sobre la agricultura, ganadería y el clima local. Se han registrado casos en que las minas han bajado el nivel de las aguas freáticas 300 metros, pues tienen que bombear alrededor de 100 millones de galones de agua diariamente para acceder al material mineralizado (Acosta, 2010: 16 y 17)
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