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La campaña del agua busca la construcción de políticas públicas en defensa del agua como un bien público a partir de acciones y medidas concretas, validadas y desarrolladas en campañas regionales, y que está estructurada en tres fases: una primera de investigación, la segunda fase de socialización y la tercera fase final de movilización. La campaña inició su trabajo en abril de 2005 con el lanzamiento en la biblioteca Virgilio Barco y comenzó la fase de investigación en julio del mismo año. En noviembre, en el marco del Encuentro Identidades Culturales y Patrimonios Naturales, integrante del Foro Social Colombia, realizado en Caloto Cauca, se llevó a cabo el lanzamiento de los Foros regionales correspondientes a la segunda fase los cuales se realizaron entre marzo y mayo del presente año. A partir de cada foro se inició la fase de movilización a través de campañas estructuradas con base en los casos símbolo escogidos en los foros.
De esta manera, la campaña ha construido documentos de línea de base en doce regiones colombianas, que sintetizan y analizan diversos tópicos relacionados con el agua que por la separación temática en las políticas públicas se encuentran dispersos y desestructurados. En los documentos podemos encontrar las características de las relaciones dinámicas entre usos del agua y la hidrografía colombiana, la relación entre las carencias de los sistemas de agua potable y saneamiento básico y las enfermedades, especialmente, en los niños y niñas de Colombia y el contraste entre la estructura institucional que maneja el agua en el país y los diferentes movimientos sociales en torno a la defensa del agua.
La fase de socialización contó con la realización de 16 foros regionales. Su preparación requirió de la conformación de comités de impulso constituidos por organizaciones sociales y movimientos en las regiones, no necesariamente asociadas a Ecofondo, que implicó una dinámica de trabajo intensa. Los foros han reconocido procesos y problemas ambientales claves en relación con el agua. Al respecto, cada foro produjo una declaración conjunta y escogió un caso símbolo.
En relación con las declaraciones, estas se estructuraron con los siguientes temas: el origen de la declaración en el foro regional, el reconocimiento a la crisis planetaria del agua, la vinculación como parte del movimiento mundial por la defensa del agua, las causas de la crisis del agua en la región, la oposición rotunda al proyecto de ley del agua, la formulación de propuestas o un programa de trabajo para la defensa del agua en la región, y el compromiso de los participantes con la campaña.
Los casos símbolo escogidos en los foros regionales para la fase de movilización y que permitirán desarrollar las propuestas de políticas públicas a partir de estas acciones concretas a nivel regional se sintetizan en 3 tipos de conflictos:
Los conflictos relacionados con acueductos y distritos de riego se caracterizan por el enfrentamiento de estas formas de organización social con las políticas públicas y la aplicación de la normativa frente a la prestación de servicios públicos domiciliarios, que no contienen estas figuras de organización (llamadas entidades autorizadas por la ley 142). En general los acueductos comunitarios están siendo presionados por los gobiernos locales y regionales para que sean privatizados. Los mejores ejemplos de este fenómeno son: Adamiuin, que solucionó a mas de mil familias el problema de disponibilidad de agua potable para el sector norte de la ciudad de Ocaña y en la actualidad viene aunando esfuerzos para mejorar la calidad en la prestación del servicio, mejorando todo el sistema de acueducto. Otro caso es el de Acuanorte, en donde un comité busca lograr la participación en el manejo Público-Comunitario del Acueducto del Norte, obra que beneficiará a la población de 29 veredas del Noroccidente del Municipio de Popayán y a los moradores de algunos barrios de las comunas 2 y 9 de la zona urbana de la ciudad. También el caso del acueducto de Bonda en la ciudad de Santa Marta, que presta el servicio a al corregimiento pero que se enfrenta a los procesos de expansión de la empresa privada que presta el servicio a la ciudad de Santa Marta; Por último el caso de los acueductos comunitarios de Ibagué, que atienden cerca de 100.000 personas y presentan debilidades como la calidad del agua ofrecida y en algunos aspectos técnicos y de organización.
Las organizaciones comunitarias han llevado acabo audiencias públicas y foros de socialización frente a los procesos de construcción y manejo de los acueductos. También se han acometido acciones de protección de las cuencas abastecedoras o programas de educación ambiental en la comunidad.
En el caso de las cuencas y los ecosistemas reguladores del ciclo hidrológico, los casos repiten la dinámica a lo largo, ancho y complejo del país: son ecosistemas con una alta biodiversidad, una oferta ambiental considerable, en donde muchas comunidades se abastecen, pero que tienen niveles de intervención de alto impacto por otras formas de apropiación como la minería, la extracción forestal, la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo y el consumo domiciliario. En estas zonas se presenta una reducción notoria y destrucción del potencial biológico de la tierra, hay tala y quema del bosque en especial en zonas de nacederos y las cabeceras, existen también vertimientos de aguas servidas de los asentamientos humanos, residuos de agroquímicos como abonos, o el establecimiento de potreros, la arrasadora extracción de madera en forma selectiva, o los impactos de la minería sobre el suelo y el agua; además de este panorama, la desordenada intervención de agentes públicos con obras de infraestructura. Adicionalmente el conflicto se agudiza cuando se impone un modelo de planificación de cuencas donde la participación social tiene serias deficiencias.
En este tipo de conflictos encontramos, por ejemplo, las selvas nubladas y páramo del Almorzadero en Cerrito; las 60.000 hectáreas de bosque y páramo en Sisavita en el municipio de Cucutilla (N.S.); el Alto Patía; la cuenca alta del río Chicamocha; el Lago de Tota; el río Combeima en el nevado del Tolima; el río las Ceibas del municipio de Neiva; el río Pance que nace en los Farallones de Cali; la Laguna de El Chircal o de Sonso en Buga; el Bajo San Juan, el Medio y Bajo Atrato y el río Juradó en el Chocó, por citar solo algunos.
Las principales alternativas que se identifican en estos procesos son el fortalecimiento institucional y de la capacidad técnica local; la formulación y puesta en marcha de planes de manejo de los territorios; los reglamentos propios de uso de los recursos; procesos de capacitación y apropiación de tecnologías; y los programas ambientales dirigidos a la comunidad, entre otras.
Los conflictos relacionados con proyectos de ingeniería que corresponden a inversiones millonarias apoyadas por los gobiernos locales, regionales y nacional que concentran el uso del agua en una sola actividad.
En particular las campañas regionales abordarán los siguientes casos: La Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) y las comunidades vecinas del río Ovejas se enfrentan por el uso del agua para hidroenergía. Se está reactivando el proyecto para desviar el 75% del caudal del río Ovejas hacia el embalse de Salvajina, cercano a la población de Suárez (Cauca), para aumentar su capacidad de generación. En la Laguna de la Cocha es una de las más extensas y bien conservadas del gran sistema de humedales de la ecorregión de los Andes de Norte, es el objetivo del Proyecto Multipropósito Guamués (PMG), que pretende utilizar sus aguas para generar energía eléctrica, distritos de riego y para proveer de agua al acueducto de la creciente y cercana ciudad de Pasto trasvasando agua hacia la cuenca del pacífico, cerca de 26.9 metros cúbicos de agua por segundo. El trasvase del río Guarinó al proyecto Miel I de la EPSA tiene las mismas características de los casos anteriores. Se trasvasa el agua para aumentar la capacidad de generación de energía de Hidromiel y se afectan varios ecosistemas importantes y varias comunidades, entre ellas 8 municipios que toman el agua del río Guarinó para sus acueductos. Aunque las comunidades han actuado de manera estratégica, el MAVDET autorizó el proyecto y dio la licencia ambiental. Las comunidades están trabajando para encontrar el apoyo social y los argumentos científicos que corroboren los suyos para enfrentar el proyecto por la vía de las acciones jurídicas y la movilización social.
Estos conflictos por el agua tienen muchas cosas en común. Enfrentan las comunidades más pobres con poderes políticos y económicos regionales, apoyados por las transnacionales que manejan las decisiones gubernamentales; se invoca el interés común o público, pero se benefician unos pocos intereses privados a través de la gestión estatal; la planificación y el ordenamiento territorial se hace para concentrar los usos del suelo y las actividades productivas de las comunidades, en función solo de ese interés priorizado en las políticas energéticas: un Estado al servicio de pocos pero muy poderoso.
Mientras tanto, el Estado colombiano se empeña en profundizar la privatización como única alternativa, a través del desarrollo de políticas como: la de tarifas de servicios públicos, la limitación a las competencias y la autonomía de los municipios, la creación de incentivos a la inversión extranjera, el debilitamiento del SINA; y el proyecto de ley del agua que crea los mercados del agua a través de las concesiones de largo plazo y su traspaso entre particulares sin la intervención gubernamental. Detrás de todas estas estrategias están las instituciones financieras internacionales que presionan a los gobiernos a tomar medidas o los llamados planes de ajuste estructural, los cuales tienen terribles consecuencias en la degradación de los derechos económicos, sociales y culturales y sobre el medio ambiente.
Los procesos sociales que enfrentan estas situaciones están en condiciones desiguales y son sumamente vulnerables a los factores de violencia. Solamente la movilización y el respaldo social amplio les permitirán obtener resultados positivos perdurables.
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[1] Campaña: agua un bien público. Ecofondo. C.e: ecofon@ecofondo.org.co
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