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En las últimas dos décadas, la dinámica de crecimiento alcanzada por la agroindustria de la palma de aceite ha sobrepasado las situaciones de injusticia social y la destrucción de la biodiversidad. A inicios de la década de 1990, en Colombia existían cerca de 100.000 hectáreas sembradas en palma aceitera y a finales del año 2006 había alrededor de 300.000. Gran parte de esta área a partir de plantaciones grandes de inversionistas y empresas en zonas potenciales para el cultivo. También un área significativa corresponde al trabajo de pequeños y medianos productores, que por las condiciones mismas de la actividad han sido llevados a que se organicen en alianzas productivas, modelo en el cual se agrupan cerca de 4.500 agricultores vinculados a 83 alianzas, que responden por el 25% del área nueva sembrada en palma de aceite entre 1998 y 2005, equivalente a 33.000 hectáreas. El objetivo de este artículo es mostrar cómo se promueve desde el gobierno el agrodiesel y la dinámica de negocio que hay tras de la palma de aceite.
Los propietarios de las plantaciones de palma en Colombia se ubican en 78 municipios del país [1], de las cuales un porcentaje significativo se encuentra bajo el esquema de alianzas productivas y modelos de trabajo a destajo, que, según el gobierno nacional “está mejorando la calidad de vida de más de 4.500 pequeños productores y de sus familias” (Ver tabla No 1). Pero que en realidad los que se están beneficiando son un puñado de empresas que controlan todo el proceso y también la mano de obra barata.
Para el sector palmero y para el gobierno uno de los mayores problemas es la baja productividad. Es por ello que se ha buscado pasar de rendimientos promedio de 4 toneladas de aceite crudo por hectárea a 7 y 8 toneladas. Adicionalmente el problema de las enfermedades y plagas, tiene fuerte incidencia en algunas regiones [2]. Por ejemplo, en el Pacífico sur, muchos agricultores de palma en Tumaco, han sido fuertemente afectados por estos problemas fitosanitarios, lo que los ha llevado a abandonar los cultivos y han vuelto a los cultivos ilegales como única opción.
¿Por qué Colombia tiene costos de producción superiores a los principales productores de aceite de palma y otros aceites y grasas sustitutos? Entre estas se destacan: una tasa de cambio no competitiva, alto costo de la mano de obra, alto precio de la tierra, alto costo de transporte, la logística de comercialización y exportación, una alta incidencia de enfermedades y plagas en el cultivo, el bajo aprovechamiento de economías de escala, el alto costo del capital léase como tasa de interés, y finalmente los altos costos asociados con la inseguridad y los cultivos ilícitos.
Esta situación ha llevado a que no se pueda competir con los costos de producción que se tiene en los países del sureste asiático, en donde el Estado ha entregado a las transnacionales casi gratis el territorio nacional y las condiciones laborales son mucho peores que en Colombia. En la publicación El amargo fruto de la palma aceitera [3], se muestra que mientras el costo promedio de producción de una tonelada de aceite de palma en Colombia costo alrededor de 359 dólares en los años 2004 y 2005, en Malasia, la misma tonelada costo 246 dólares y en Indonesia de 158.
Esta visión de los que promueven el cultivo [4] indica que se presentan tres grandes riegos. Primero, la salubridad en relación con las plagas como la pudrición de cogollo (pc), que atacó las palmas de Tumaco y ya se había presentado en los Llanos. Segundo, el orden público, cuyo ejemplo puntual son las recientes publicaciones de palmeras en el Urabá antioqueño, por trato indebido con los pobladores de estas zonas. Tercero, la infraestructura vial puesto que obstaculiza la articulación y la conectividad con los mercados.
Los palmicultores y el gobierno ven como obstáculos, principalmente las limitaciones productivas y de infraestructura para el desarrollo del sector; pero se olvidan plantear los problemas de fondo del modelo que se quiere implementar a gran escala en el país; como son: los impactos ambientales que genera el reemplazo de grandes extensiones de bosques tropicales por monocultivos de palmas; también los impactos socioeconómicos que genera este modelo productivo, como la usurpación de territorios colectivos, la imposición de alianzas productivas totalmente desventajosas para las comunidades locales y la violación de los derechos laborales y salariales de los trabajadores del sector, entre otros.
El gobierno, para viabilizar el modelo productivo de agrocombustibles, promovió la conformación de la mesa nacional de biocombustibles por gremios [5], gobierno [6] y otros sectores [7], lo que permitió que en el año 2006 se estructurara y pusiera en marcha el Programa nacional de biodiesel, que a su vez, estructuró y ajusto la normatividad jurídica y técnica; estableció arreglos institucionales, acciones en materia de campañas de promoción y educación sobre el nuevo producto, y principalmente oferto incentivos económicos; lo que atrajo un grupo representativo de inversionistas, a quienes les interesa el desarrollo de proyectos de plantas de biodiésel en las zonas palmeras, que actualmente se encuentran en diferentes etapas de implementación y entran en operación entre 2007 y 2009.
Marco Jurídico: Ley 939 de 2004• Plantea el inicio del programa de incorporación de aceite de palma al diesel que se consume en el país: enero de 2008 % de Incorporación: 5% (B5) en 2008 y 2009 10% (B10) en 2010. Incentivos tributarios: Exención de impuestos - IVA, global – |
El área sembrada en 2006 fue de 303.768 hectáreas, y la superficie en producción fue de 183.905 hectáreas [8]. Por su parte, la producción de aceite de palma crudo se situó en 713.254 toneladas, que corresponden a un crecimiento de 6% anual. De dicha producción, el 66,6% se destinó al consumo interno, con lo cual el consumo per-cápita de aceite de palma registró un aumento importante para alcanzar los 11,2 kilogramos por año. Para 2007, el área sembrada se incrementó un 10% y el área en producción 15%. Las exportaciones, decrecieron 3,9%. Al finalizar este año, el gobierno aspira a tener 330 mil hectáreas en todo el territorio nacional. En cuanto a las áreas potenciales de expansión del cultivo, de acuerdo con un estudio de Cenipalma y Corpoica, en el país existen 3,5 millones de hectáreas potencialmente aptas, 82% de las cuales están ubicadas en los departamentos del Meta, Casanare, Magdalena, Cesar, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Santander, La Guajira y Norte de Santander [9].
Pero lo que no dicen el gobierno y el gremio de palmicultores, es que gran parte de estos nuevos proyectos se implementaran en tierras de territorios colectivos de comunidades afrocolombianas e indígenas, en el Chocó biogeográfico y también a través de la adjudicación de tierras “baldías” e incentivos a los inversionistas, por parte del gobierno, mediante del Estatuto de Desarrollo Rural, como esta sucediendo por ejemplo en el Sur de Bolívar y en la Orinoquía.
Planta de Agrodiesel en CodazziEl 8 de Julio de 2007 se inauguró en el municipio de Codazzi (Cesar), la primera planta de producción de agrodiesel que entra a funcionar antes de finalizar el año. El complejo agroindustrial del grupo Oleoflores S.A. propiedad Carlos Roberto Murgas, tiene capacidad para procesar unas 50 mil toneladas de aceite crudo de palma aceitera al año. Pero no solo esta es propiedad de Murgas, quien es muy allegado al gobierno y fue Ministro de Agricultura de Andrés Pastrana, también lo son la Hacienda las Flores que es la que abastece la planta, Morgas & Lowes De H., que tiene las palmas madres y Frutiflores que cultiva árboles de cítricos. Según el artículo del Espectador “El zar del Agro” del Sábado 17 de Marzo de 2007, durante el periodo en el que Murgas oficio como Ministro, hubo decisiones legislativas que favorecen a los palmicultores. |
La iniciativa de contar con un documento Conpes sobre política para la palmicultura surgió del Presidente Uribe Vélez, la cual se materializó en julio de 2007, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, documento CONPES 3477: “Estrategia para el desarrollo competitivo del sector palmero colombiano”. El objetivo planteado es: Incrementar la competitividad y la producción de la agroindustria de la palma de aceite, en forma económica, ambiental y socialmente sostenible, aprovechando las ventajas del país y el potencial de un mercado creciente, con el fin de ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo, empleo y bienestar en las zonas rurales; y las metas trazadas son:
• Incrementar el área sembrada en palma de aceite como mínimo a 422.000 hectáreas en 2010.
• Reducción del 15% como mínimo de los costos de producción del cultivo y extracción de aceite de palma en 2010.
• Aumentar la capacidad promedio de extracción por planta de beneficio de 18 a 32 toneladas de racimos de fruta fresca por hora en 2010.
Luego de las críticas que ha tenido en todo el mundo el cultivo de palma aceitera, por su fuertes impactos ambientales y socioeconómicos, se han creado programas para mostrar el negocio como sostenible en tiempo y espacio por ejemplo, programas de Manejo Integrado de Suelos - MIS, Manejo Integrado de Aguas - MIA y Manejo Integrado de Plagas –MIP– buscando reducir el consumo de agrotóxicos y plaguicidas [10] y también con mejores condiciones socioeconómicas para las poblaciones involucradas. En el Chocó Biogeográfico, las organizaciones afrocolombianas e indígenas, en una reunión promovida por WWF, plantearon un rechazo a involucrarse no solo al modelo productivo de la Palma aceitera, sino también a la iniciativa de “palma sostenible” (ver documento de posición de las organizaciones comunitarias del Pacifico, en este número de Semillas).
En el Sur de Bolívar, El Programa de Paz del Magdalena Medio y otras instituciones está promoviendo, la “palma campesina”, que busca involucrar el cultivo de palma dentro del sistema productivo agroalimentario. Aunque ha sido acogido por algunos agricultores, es necesario evaluar su sustentabilidad a largo plazo, porque finalmente se debe no solo evaluar si el cultivo es viable y rentable para el agricultor, sino también quien finalmente controlara todo el proceso.
Con la firma del Convenio de Producción Limpia en 1997 [11] se involucraron a 32 empresas con planta de beneficio bajo la dirección y supervisión de Fedepalma, buscaran crear la tecnología de reducción de gases mediante una especie de invernaderos para capturar gas metano del ambiente, y con ello contribuir y participar en el mercado internacional del carbono. De allí se puede generar energía y también entrar al mercado de certificados de emisiones en el marco del Protocolo de Kyoto. Este proyecto se contextualiza en el negocio mundial de los sumideros de carbono; es así como Fedepalma espera comercializar 700.000 certificados por año. Además de los incentivos para los inversionistas y los beneficios tributarios que les garantiza el gobierno al sector de agrodiesel, los empresarios obtendrán una ganancia adicional en este mercado del carbono; pero en ningún momento han planteado que este nuevo negocio adicional lo van a compartir con los pequeños agricultores involucrados en la producción.
Para el gobierno, uno de los mayores argumentos y justificación para promover el negocio de los agrocombustibles, es que estos van a generar muchos empleos de buena calidad. Pero en el mundo existen suficientes evidencias que es todo lo contrario, en los lugares en donde han sido viables y rentables estos cultivos es porque se basan en un sistema laboral vergonzosamente ilegal y en muchos casos semi feudal, como ocurre en Malasia y en Brasil.
En Colombia, la RSE en la actividad palmera es efímera. Este sistema productivo no genera empleo estable, no tiene una remuneración fija ni condiciones dignas de vida y de trabajo. Las estructuras empresariales del sector palmero no permiten la afiliación a la seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones, y mucho menos el acceso a los beneficios de salud ocupacional y seguridad industrial y la inestabilidad laboral. Todo esto se suma a la inseguridad, el grado de corrupción, el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas, los problemas ambientales generados por la actividad, y en general las enormes ganancias de las empresas no se comparten con las regiones, lo que se evidencia en que las poblaciones donde se desarrolla esta actividad son muy deprimidas y con altos índices de pobreza.
La figura legal mediante la cual las cooperativas evaden las obligaciones con los trabajadores es a través de las alianzas productivas; estas, incorporan al trabajador como socio; lo que le permite a la empresa, contar con una oferta de materia prima permanente, sin tener ninguna vinculación laboral con los trabajadores. En síntesis es un negocio redondo en donde los propietarios de la tierra ponen la mano de obra barata, sin prestaciones sociales, ni horas extras, liquidaciones, jubilación, etc.; y la empresa controla todos los procesos de elaboración y comercialización y distribución de “ganancias o pérdidas”. En el contrato que se hace con las empresas, en lo referente a la vinculación laboral, se estipula que el valor del salario por jornada se debe pactar con la cooperativa, no obstante, es la empresa quien impone el valor a la cooperativa, en caso tal de que esta se niegue, la empresa negocia con otras buscando un precio más bajo [12].
Durante 2006, la Escuela Nacionas Sindical hizo seguimiento a los descuentos que realiza una cooperativa de palma aceitera como Coopalmira en Puerto Wilches Santander, encontrando que un asociado que devenga alrededor de 15.000 por tonelada de cosecha se va con las manos vacías. Dentro de los descuentos que realiza la cooperativa se encuentran: salud, pensión, riesgos profesionales ($4.900), parafiscales ($1.100), transporte ($3.000), herramientas y dotación de trabajo ($3.000), administración cooperativa ($1.300), aporte social a la cooperativa ($700), y otros ($1.000). Esto da un total de $15.000, lo que quiere decir que resultan ser más los descuentos que el mismo sueldo, y que pese a su esfuerzo físico y las malas condiciones de las plantaciones, no recibe recompensa alguna por su labor. La viabilidad de este modelo de enganche de mano de obra, se fundamenta en la economía del endeude, en donde la cooperativa le presta dinero al trabajador, lo que genera un amarre que no le permite salir de este modelo de explotación.
Las plantaciones de palma aceitera en Colombia, son “un triste ejemplo del cóctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que al pretender ser productivo se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra [13]”. Mondragón 1999, denomina estas alianzas como aparcerías en gran escala, en las cuales el indígena y el campesino entregan su tierra para que los terratenientes y empresarios se beneficien. Esta figura comenzó su regulación desde 1999 con el proyecto de ley agraria 151, que buscaba condicionar la recuperación de tierras indígenas a la elaboración de “proyectos productivos” pero desconocía la protección constitucional de los territorios colectivos y de a la diversidad cultural.
En síntesis, lo que se busca es que en los territorios de comunidades locales e indígenas, donde existan cultivos ilícitos que sean erradicados por las fumigaciones, estos, tengan como única opción los contratos de aparcería a gran escala. Mondragón 1999 [14], define estos como “una contra-reforma agraria, en la cual se sustituiría la producción campesina por el dominio de grandes cultivadores, que se beneficiarían de la mano de obra campesina e indígena, con formas de servidumbre”.
La ley forestal y el Estatuto rural, plantean que el modelo productivo que se impondrá en la política ambiental y rural, son las formas productivas que sean eficientes y competitivas, basado en una fuerte apertura a los inversionistas y a la concesión de tierras para establecer sistemas extractivistas de bosques naturales y para el establecimiento de monocultivos agroindustriales de exportación y de cultivos permanentes, dentro de los cuales está en primera línea la palma aceitera.
Estas leyes planean que la forma como se involucrara a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas es mediante las alianzas productivas, para la explotación de los recursos madereros en los territorios colectivos y mediante convenios de asociación para el establecimiento de plantaciones de palma. Estas alianzas asociativas se han establecido en el pacifico mas que con consejos comunitarios, con agricultores independientes, y en el Sur de Bolívar con campesinos que tienen muchas décadas de ocupación de estos territorios, a quienes los empresarios y paramilitares les han ayudado a obtener los títulos legales, pero amarrándolos a contratos de asociación para establecer palma.
La estructura de la tenencia de la tierra en Colombia sigue siendo de carácter feudal y es uno de los países que tiene mayor inequidad en la distribución de la tierra, en donde se concentra en muy pocas manos. En el territorio nacional tiene 114 millones de hectáreas, de éstas 51.3 millones de hectáreas son consideradas como superficie agropecuaria. La tenencia de la tierra tiene una relación directa con el ejercicio del poder [15], actualmente 30 millones de hectáreas se usan para la ganadería extensiva, un uso inadecuado generalmente asociado al latifundio (tradicional, de los narcotraficantes, de los paramilitares y de los agroindustriales) [16]. El territorio nacional solo 10 millones de hectáreas son realmente adecuadas para la agricultura [17].
De esta área aproximadamente cinco millones de hectáreas se establece agricultura agro industrial, y el resto del área está constituida por suelos en zonas de ladera y también en zonas bajas tropicales no aptos para la agricultura intensiva de monocultivos, en donde existen principalmente sistemas productivos tradicionales de pequeños productores que son los que están sustentando gran parte de los alimentos que todavía se producen en el país. El rasgo característico de la relación entre el campesino o colono y la tierra en Colombia, ha sido la precariedad de las formas de ocupación y posesión. El Procurador General de la nación en su análisis crítico del Estatuto Rural, señala que el 85 % de los habitantes del campo carecen de títulos de propiedad de la tierra, siendo en su mayoría poseedores, ocupantes y tenedores de buena fe.
Para el caso de las zonas en donde se ha desarrollado el modelo productivo de la palma aceitera, desde, las empresas cultivadoras llegan a los territorios ancestrales de comunidades nativas y campesinas, despojando a dichas comunidades de sus tierras, y por lo tanto de todos los elementos necesarios para su supervivencia. El resultado final es el desplazamiento de las comunidades y finalmente les queda vía libre a los cultivos [18]. Esta ha sido la triste historia del desarrollo de la palma aceitera desde hace décadas en las regiones del Medio y Bajo Magdalena y recientemente en el Chocó y en el Sur de Bolívar.
Este “modelo” ha afectado doblemente al sector campesino [19]: los cambios inducidos en los usos del suelo, en particular en aquellas zonas donde se ha cambiado la vocación agrícola por el desarrollo de las actividades ganaderas, han dejado sin empleo a muchos de los jornaleros y pequeños productores rurales (en la práctica la fuente posible de empleo para los jóvenes es enrolarse en las fuerzas armadas del Estado o con los grupos armados que hacen parte del conflicto). Es así como las amenazas o el empleo de la violencia, sobre la población rural, obliga al campesino a vender (por lo general cinco a diez veces por debajo del precio del mercado) o en muchos casos tiene que dejar abandonadas sus parcelas [20].
En este contexto se ubica la situación de violencia [21] donde los neolatifundistas proponen la conformación de sociedades y alianzas productivas a los pequeños e incluso medianos propietarios y productores induciéndolos a asociarse a los proyectos de monocultivo, como en el caso de la palma aceitera, mediante un sistema de endeudamiento, con el sofisma de la “economía campesina de la palma” [22]. En realidad lo que los empresarios buscan con estas alianzas es garantizar una oferta de materia prima permanente, sin tener ninguna vinculación laboral entre los latifundistas que controlan los procesos de elaboración y comercialización; pero que finalmente los campesinos quedan más empobrecidos [23].
Son varias las investigaciones a nivel nacional y mundial que se han realizado en relación con los impactos ambientales de la palma aceitera sembrada como monocultivo en grandes extensiones, cultivo al que se le ha denominado desierto “verde” [24]. De acuerdo con las realizadas por el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, los impactos provocados por los monocultivos forestales, como es el caso del cultivo de la palma aceitera, son analizados sobre el agua, el suelo, la flora, la fauna y el paisaje, en tanto en el segundo se tratan los efectos sociales y económicos [25]. Los suelos cambian sus características empobreciéndose y la capacidad agronómica de éstos, se pierde [26]. Adicionalmente, se presenta un empobrecimiento de la biodiversidad vegetal y animal.
Para el caso del Chocó biogeográfico, la sustitución de los bosques por palma, ha generado una explotación ilegal de madera, pues se han extraído muchas especies maderables sin ningún tipo de control estatal [27]. En efecto, cuando los monocultivos forestales dan lugar a déficit en el ciclo hidrológico, esto no constituye una cifra negativa en el balance hídrico sino que se reflejará por ejemplo, en una escasez en el abastecimiento de agua para la gente local, para la cual el agua constituye un recurso esencial en materia de agua potable, para la agricultura, para el ganado y para la pesca.
En las plantaciones de palma aceitera ubicadas en zonas de alta pluviosidad, es necesario drenar las aguas, pues si la palma crece en tierras húmedas, el fruto se amarillea y no da el rendimiento esperado. Para maximizar el rendimiento, es decir la cantidad de aceite por fruto o por planta, hay que secar las tierras [28]. Las plantaciones de palma aceitera necesitan de fungicidas, herbicidas, y plaguicidas, dado que al no tratarse de un cultivo autóctono, sembrado como monocultivo a gran escala, se ve sometido a muchas plagas y enfermedades. El más conocido es el herbicida Roundup, fabricado por Monsanto [29], cuyo elemento activo es el glifosato, que se usa también en las fumigaciones de cultivos ilícitos. El uso de este herbicida y de otros químicos sumamente tóxicos, provocan problemas en la salud de los trabajadores que se encargan de la aspersión de los mismos, siempre sin cumplir las mas mínimas medidas de seguridad en el trabajo [30].
Los problemas ambientales generados por las plantaciones de palma en la región del Bajo Atrato (Chocó), han sido causados por la intensa deforestación y el uso inadecuado del recurso bosque, que asociado con la intensa lluvia y el inadecuado uso del suelo, ocasionan la pérdida de la biodiversidad en la región. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt [31] afirma que “Es importante recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto usualmente resulta en impactos sociales y ambientales negativos: decrece la producción de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora, se pierde la base del sustento de la población nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona”. Algunos ejemplos ya se han documentado, como es el caso de “la zona palmera del municipio de Tumaco (Nariño)”, en donde la destrucción del bosque primario ha estado asociada, en muchos casos, al establecimiento del cultivo de la palma.
Sin comenzar todavía en forma el negocio del agrodiesel en Colombia, ya se sienten lo impactos de este nuevo modelo económico que se impondrá en buena parte de las regiones bajas tropicales potencialmente aptas para el cultivo de la palma aceitera. Ya existen múltiples evidencias en el mundo del eminente fracaso de este modelo de agrocombustibles para solucionar de una forma sustentable el problema de disponibilidad de combustibles, especialmente por los impactos ambientales, socioeconómicos y en la soberanía alimentaria. A pesar de estas evidencias, el gobierno de Uribe, insistentemente se ha metido de lleno a promover este agronegocio, es así, como se han adecuado las leyes, y se les ha dado garantía e incentivos a los inversionistas a cambio de nada.
Para el caso de la palma aceitera, a través del Estatuto de Desarrolo Rural no solo se les va a entregar en concesión a los inversionistas grandes extensiones de tierras, que los campesinos poseedores no han podido legalizar; también serán legitimadas e incorporadas a este negocio, muchas de las tierras que terratenientes y paramilitares le han arrebatado a los campesinos a sangre y fuego; además muchas de estas nuevas tierras legitimadas por el Estado para ser destinadas al cultivo de palma son alimentadas por el negocio de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Es de suma gravedad lo que está pasando en el Chocó Biogeográfico, en donde el cultivo de la palma se está imponiendo en los territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, violando los derechos territoriales y destruyendo estos frágiles ecosistemas de bosques tropicales. Especialmente en el Norte del Choco ha habido en fuerte rechazo y expresiones de solidaridad nacional e internacional frente a este problema, aunque este modelo productivo sigue avanzando con el aval del Estado. Igualmente es muy crítico lo que está sucediendo en las regiones del medio y bajo rio Magdalena y otras zonas del Caribe, en donde estas plantaciones avanzan a pasos agigantados y de forma poco visible, puesto que en las regiones en donde predomina la posesión de tierras por campesinos, sin títulos de propiedad legales, además están sumergidos en medio de la guerra, y es precisamente allí donde este agronegocio de la palma se esta estableciendo con mayor fuerza; negocio que se hace viable a través de la legitimación de tierras a los inversionistas mediante la ley de justicia y paz y del Estatuto Rural. Pero lo triste de lo que está ocurriendo por ejemplo en el Sur de Bolívar, es que allí los campesinos no tienen quien los defienda, porque para el Estado ellos son invisibles.
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[1] FEDEPALMA, Informe de Gestión 2006.
[2] La pudrición de cogollo (PC) y la marchitez letal son un ejemplo, y a medida que se aumente el área cultivada, estas se volverán más agresivas y virulentas.
[3] WRM Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. 2001. El Amargo Fruto de la Palma Aceitera: despojo y deforestación.
[4] Palma y aceites: Empresas pujantes y dinámicas participan en la cadena de las semillas oleaginosas, del aceite de palma y la producción de grasas y aceites, que funciona principalmente en tres fases: cultivos, extracción y refinación. En Revista Dinero edición 278 Mayo 25 de 2007.
[5] Fedepalma, Cenipalma, ANDI, ACP, Fendipetroleo y Fedispetrol.
[6] Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Transporte, Colciencias, ECOPETROL – ICP.
[7] Universidades, transportadores y organizaciones privadas.
[8] Fedepalma, Informe de Gestión 2006.
[9] Conpes aprueba lineamientos para desarrollo del sector palmicultor. En Revista Dinero. 07/11/2007.
[10] Con el uso de controladores biológicos en la mayoría de los casos se fortalece la sanidad de los cultivos y se incrementa la diversidad de especies que conviven e interactúan en estos sistemas productivos.
[11] Con los Ministerios de Ambiente Vivienda y desarrollo Territorial, M. Agricultura y Desarrollo Rural, las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en las zonas palmeras.
[12] Escuela Nacional Sindical. 2007. Ricardo Aricada. Documentos de la Escuela Nacional Sindical No 62. Las Cooperativas de Trabajo Asociado en la agroindustria de la palma aceitera: Desierto verde y ruina laboral.
[13] Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra. (ACVC)
[14] Mondragón, H. 1999. ¿Inversiones con violencia o inversiones para la paz? En: Revista de ciencias sociales América latina hoy VOL. 23, Pp. 61-65
[15] Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. 2001.Ponencia presentada por la ACVC en la Conferencia Internacional "El otro Davos":
El neoliberalismo, la cuestión agraria y el conflicto social y armado en Colombia
[16] Cartilla Propiedad de la Tierra y desplazamiento forzado en Colombia.
[17] Fajardo, C.J. 2006. La “banda” presidencial: ¿patriota o realista? Agencia de prensa rural. http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article15
[18] Comisión Intereclesial de justicia y Paz. Palma Aceitera en Colombia: Impactos ambientales socioeconómicos y efectos sobre la tenencia de la tierra, en comunidades campesinas, negras e indígenas.
[19] Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. 2000. Plan de desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.
[20] Ibid.
[21] Pérez, S. 1999. Sustitución de tierras, no de cultivos. En: Conocimiento y Humanismo N° 5, Universidad Autónoma de Colombia.
[22] Martín Martín, V. 2005. Actualidad de la cuestión agraria en el mundo: viejo problema, ¿nuevos enfoques? IV Conferencia Internacional de Geografía Crítica. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco – Grupo Internacional de Geografía Crítica. México D.F., 8-12 de Enero.
[23] Medina Gallego, C. 1997. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia; Editorial de documentos periodísticos; Bogotá.
[24] Pinzón Sánchez, A. 2007. El Plan Colombia II. Texto leído en el Circulo Simón Bolívar de Milán (Italia), el martes 13 de noviembre por Argenpress.
[25] Human Rights Everywhere, Diócesis de Quibdo. 2004. El cultivo de la palma aceitera en el Chocó. Legalidad ambiental, territorial y derechos humanos.
[26] Grupo Semillas. ¿La redención o el infierno para el Chocó biogeográfico? Palma aceitera en los territorios de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó”
[27] CENSAT. Colombia: ¿la redención o el infierno para el Chocó Biogeográfico? Palma aceitera en los territorios de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó. http://www.censat.org/A_A_Documentos_112.htm
[28] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Agronegocios de palma y banano en el Bajo Atrato. Impactos ambientales y socioeconómicos.
[29] Multinacional Estadounidense comercializadora de Organismos Genéticamente Modificados.
[30] WRM Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. 2001. Boletín número 52. Los trabajadores de la empresa Plantaciones Unipalma de los Llanos S.A. denuncian situaciones de este tipo.
[31] INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. “Incentivos Económicos Perversos para la Conservación de la Biodiversidad. El Caso de la Palma Aceitera”, Boletín No. 21 de agosto del 2000. En Amicus Curiae “Explotación Maderera y Derechos Humanos en el Bajo Atrato – Chocó” Defensoría del Pueblo. Bogotá, 2002.
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