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Contexto

Editorial. Revista Semillas 69/70

En 2017 se inició la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las Farc, en medio de grandes dificultades, retos, desafíos y expectativas de la sociedad de lograr cambios políticos, socioeconómicos y de participación ciudadana, que permitan ir cerrando las enormes brechas de inequidad y exclusión, especialmente en el campo colombiano. El gobierno nacional tuvo la oportunidad durante 2017 de aprobar en el Congreso, en el marco del “fast track”, actos legislativos que fueran prioritarios y fundamentales. Pero en este periodo el Congreso solo expidió 34 decretos ley, de ellos 12 se dirigen a viabilizar aspectos de la Reforma Rural Integral (RRI). Los nuevos proyectos de leyes solo podrán ser aprobados por tramites ordinarios en el Congreso, procesos que serán complejos, impredecibles y difíciles de implementar.

El proceso de implementación  de los acuerdos de paz, ha permitido evidenciar mas claramente que la política rural y agraria en los últimos años busca promover, implementar y consolidar modelos de desarrollo rural basados en la producción agroindustral, como alternativa para modernizar y concentrar el control corporativo del campo; bajo las premisas de productividad, eficiencia y competitividad; contempladas en las políticas establecidas en el Plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario (Pectia, 2017-2027), las leyes de propiedad intelectual, la ley Zidres y la ley de innovación agropecuaria, entre otras normas. Igualmente siguen estos enfoques, los nuevos proyectos de leyes que se quieren aprobar en los próximas legislaturas, como son los casos de la ley de tierras, la ley de adecuación de tierras y el decreto de bancos de semillas criollas, entre otras; que  en general continúan invisibilizando y relegando el mundo étnico y campesino.

 

Luego de la firma de los acuerdos de paz, la salida de las Farc de muchos territorios en regiones selváticas en la Amazonía, la Orinoquía, y el Pacifico y la concentración de los excombatientes en las zonas de reintegración, ha generado el reacomodo de los grupos armados ilegales que se disputan el control político, económico y social de territorios estratégicos. En estas regiones se está presentando un alarmante aumento de la deforestación y degradación de los ecosistemas; en donde intervienen no solo otros actores armados ilegales que continúan en estos territorios, sino también actores políticos y de la economía formal e ilegal, que están incrementando las áreas de cultivos de uso ilícitos, la concentración de tierras, la minería ilegal y el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura y  agroindustriales.

 

En medio de las dificultades de la implementación del proceso de paz y del avance de los modelos extractivos  minero energéticos, que buscan pasar por encima de las poblaciones y territorios rurales, han surgido en el país numerosas iniciativas de consultas populares, que buscan que los ciudadanos ejerzan el derecho a la autodeterminación del futuro de sus territorios, frente a la implementación de estos modelos de desarrollo. En todos los municipios que se han realizado estas consultas, los ciudadanos le han dicho mayoritariamente No, a estas actividades extractivas y actualmente más de cincuenta municipios tienen en trámite sus procesos de consultas populares; a pesar de que el gobierno está buscando afanosamente la manera de como limitarlas o invalidarlas. Todas estas iniciativas populares, nos muestran caminos que permitan ejercer los derechos ciudadanos a la participación y autodeterminación y que sean reconocidos plenamente por el Estado colombiano.

 

También es de destacar la reciente declaratoria del municipio de San Lorenzo (Nariño), como territorio libre de transgénicos. Esta iniciativa de origen popular y expedido por las instancias del gobierno municipal, es un referente político muy importante, puesto que la ciudadanía tomó decisiones autónomas sobre implementar una agricultura basada en semillas criollas y no manipuladas genéticamente; lo cual es un paso muy importante hacia la garantía del derecho a una alimentación sana.

 

En el país las organizaciones sociales, campesinas y étnicas vienen construyendo tejidos sociales y territoriales que buscan soluciones a los profundos problemas ambientales, productivos y de convivencia ciudadana, que van mas allá de los alcances de los acuerdos de paz. Es en este contexto que las organizaciones de la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, las redes de productores de agricultura familiar y diversas organizaciones ambientales y rurales, deben buscar sus propias agendas políticas y de alternativas técnicas y productivas, que permitan garantizar la sostenibilidad de los territorios y de los medios de vida de las poblaciones y comunidades presentes, pero sobre todo, para las generaciones futuras.