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Contexto

Editorial

<p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif">Los Tratados de Libre comercio -TLC- y los Acuerdos de Asociación -AdA- que quiere firmar afanosamente el gobierno de Colombia con Estados Unidos y con la Unión Europea, se constituyen en la más importante transformación del Estado colombiano relacionado con la globalización, la desregulación de la economía y la privatización de los recursos naturales. Los países industrializados al encontrar que la agenda global del libre comercio no avanza significativamente en la Organización Mundial del Comercio, han optado por introducirlas a través de Acuerdos de Comercio bilaterales y regionales. El TLC se basa en establecer relaciones de “reciprocidad” entre países profundamente asimétricos; es decir se establecen normas iguales para países desiguales, en cuanto a su riqueza, el Producto Interno Bruto, y sus sectores productivos.

El eje fundamental de interés en los TLC y AdA, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea, es que estos acuerdos se constituyen en un proceso de subordinación y control político y económico de los países del Sur frente a las economías industrializadas; en función de la maximización de las ganancias de los grandes capitales. Se establece la apertura y garantía para las inversiones extranjeros, en absolutamente todos los sectores de la economía, mediante la garantía de “trato nacional” a todos los inversionistas y  a través de la “estabilidad jurídica”. Lo que se busca es hacer grandes inversiones privilegiadas en sectores estratégicos como las obras de infraestructura, transporte (carreteras, hidrovías, puertos), hidrocarburos, energía, áreas biológicas protegidas, bioprospección, agroindustria, ecoturismo, servicios ambientales, privatización de territorios y recursos de comunidades locales, entre otros.

Estos TLC y AdA, crean condiciones para profundizar la expropiación y saqueo de los patrimonios públicos y los bienes y servicios de la nación, y desconocen  los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianos y campesinos, al avanzar en la  privatización, la expulsión de la población rural, el control de los territorios y de los recursos naturales locales, a través de la aplicación de amplios y estrictos sistemas de propiedad intelectual. Los modelos económicos impuestos profundizarán el control de la producción agrícola y alimentaria en manos de las grandes empresas.

Los países firmantes de los TLC quedan obligados a adherirse a numerosos tratados internacionales y a realizar cambios jurídicos que garanticen las inversiones y el control externo de los recursos y de los sectores económicos. El gobierno de Colombia desde hace varios años viene cumpliendo juiciosamente la tarea de realizar estas transformaciones, en materia de garantías a los inversionistas, explotación y privatización de los recursos naturales, normas de propiedad intelectual, fomento de modelos productivos de monocultivos agroindustriales, reformas laborales y limitación de los derechos colectivos y de los ciudadanos, los cuales están generando fuertes impactos especialmente sobre las poblaciones rurales y urbanas marginadas.

Uno de los aspectos más críticos de estos tratados  y acuerdos con Estados Unidos y Europa, es el tema de la agricultura. Los enormes subsidios que los países del Norte entregan a sus agricultores y exportadores, tema que no es negociable en el marco de los TLC; que ha generado una fuerte distorsión de la economía mundial mediante “dumping”, que permite la inundación en nuestros países de productos alimenticios e industriales importados “subsidiados y más baratos”, además exige a nuestros  países que eliminen la franja de precios y aranceles para productos agrícolas y pecuarios, quedando en total desventaja y muy afectada la débil producción nacional. Los mas afectados finalmente son los pequeños y medianos agricultores, a quienes les aniquilan sus sistemas de producción local y su soberanía alimentaria, puesto que son considerados “no eficientes y competitivos”. Las economías industrializadas definen unilateralmente la especialización de la producción mundial para la agricultura y la alimentación, basada en que los países de la zona templada suministren la dieta básica mundial de maíz, trigo, soya, arroz, sorgo y la producción de algodón; y obligan a los países tropicales a especializarse en la producción de café, cacao, banano, frutas tropicales y agrocombustibles; lo que genera una guerra entre más de sesenta países para competir por un mismo mercado que es controlado por las transnacionales en el Norte. Este modelo económico genera severos impactos socioeconómicos  ambientales.

Uno de los temas prioritarios para Estados Unidos y la Unión Europea, es la “propiedad intelectual” que en realidad es un tema que no se negocia, sino que se impone unilateralmente. El punto de partida y de llegada en la supuesta negociación es: aplicación de patentes en todos los ámbitos del comercio, incluye inventos y métodos (sin excepciones, ni exclusiones), se amplía el ámbito de lo patentable, especialmente sobre materia viva y conocimiento asociado y sobre productos farmacéuticos y también se amplía el tiempo de las patentes.

Los países que firmen estos acuerdos se comprometen a suscribir el convenio UPOV 91 (Unión de Protección de Obtentores de Variedades Vegetales), que asigna derechos de propiedad sobre las variedades “mejoradas”, que es equivalente a una patente. La mayoría de los países del Sur solo han adherido a UPOV 78, que es una norma menos restrictiva y reconoce  el “derecho de los agricultores”. El TLC con Estados Unidos les exigió a los países Andinos modificar la Decisión 486 de la CAN sobre propiedad industrial, en aspectos de propiedad intelectual sobre plantas, animales y medicamentos. Esta obligación no aceptada por Ecuador, Bolivia y Venezuela, origino que este último país se retirara de la CAN.

Los países centroamericanos y Perú le ganaron a Colombia la carrera para tirarse por el precipicio del TLC con Estados Unidos. Al poco tiempo de entrar en vigencia estos tratados, se evidenciaron efectos funestos en Perú, en donde recientemente el gobierno pretendió cambiar las leyes ambientales y de inversiones en territorios indígenas de la Amazonía, lo que genero una matanza y una fuerte revuelta de los pueblos indígenas, que llevo culminó con el retiro “temporal” de estas normas. Igualmente luego de quince años de firmado del TLCAN, la situación en el campo mexicano es dramática, y los campesinos sufren una profunda crisis. Estos campanazos de lo sucedido a otros países, muestran lo que nos esperaría en Colombia cuando finalmente el Congreso de Estados Unidos le de luz verde al TLC ya aprobado.

En este número de la revista Semillas, abordamos como tema central los Tratados de libre Comercio con Estados Unidos y los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea. Consideramos muy importante activar esta discusión transcendental para el país, puesto que estos acuerdos avanzan a espaldas de todo el país de forma rápida y silenciosa; especialmente la negociación de un AdA, entre Perú y Colombia con la Unión Europea, que el gobierno espera finalizar este año. También debemos tener en cuenta que aunque actualmente el TLC con Estados Unidos está detenido por el gobierno de Obama, pero es probable que en poco tiempo cambie esta situación. Bajo esta mirada nos centramos en temas relacionados con los impactos que tienen estos tratados sobre la biodiversidad, la propiedad intelectual, la producción agropecuaria y especialmente sobre los pequeños agricultores y la soberanía alimentaria de Colombia; además incluimos un análisis sobre el Tratado de Budapest, que se refiere al procedimiento preliminar para la aplicación de patentes sobre microorganismos, que es un tema importante por la potencialidad que tienen nuestros países en biodiversidad de microorganismos, tema que a pasado desapercibido en el debate público.

Adicionalmente en este número abordaremos temas que son de interés por su relación con los cambios en las políticas, ambientales y rurales y con los modelos productivos insustentables que promueve el gobierno nacional, y que direccionan los acuerdos de libre comercio. Incluimos análisis sobre las normas sanitarias para la producción, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios y su impacto sobre los pequeños productores; el fracaso del algodón transgénico en Colombia; los proyectos de Minería en el suroeste de Antioquia; las conclusiones de la misión internacional de verificación sobre los agrocombustibles de palma aceitera y caña de azúcar en Colombia y la situación del referendo por el derecho humano al agua.

Finalmente incluimos una síntesis de los mandatos y decisiones de los pueblos indígenas del Cauca, adoptadas por el Congreso del CRIC - ACIN, y en el marco de la Minga de resistencia social y comunitaria, en donde convergen, muchas otras iniciativas y procesos sociales. También reseñamos algunos avances de las campañas: “Semillas de identidad”, por la defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria y de la “Campaña SALSA”, en defensa de la soberanía alimentaria, seguridad y autonomía en Colombia.

Es urgente que todos los sectores sociales nos movilicemos y que no bajemos la guardia frente a los tratados y acuerdos de libre comercio que el gobierno quiere imponer a espalda de la sociedad colombiana; y es fundamental fortalecer la articulación de estrategias y acciones para enfrentar las políticas rurales y ambientales que pretenden entregar la soberanía nacional y profundizar la privatización de los patrimonios públicos y colectivos. Las múltiples iniciativas sociales y comunitarias de resistencia civil frente al modelo económico y político insustentable que promueve la economía global y las políticas el gobierno nacional, se constituyen en vías para construcción de alternativas de soberanía y autonomías alimentaria.